Las buenas intenciones

El capítulo del programa electoral del PP sobre “regeneración democrática” es igual a cero, no hay nada de nada, lo del sistema de elección del Tribunal Constitucional es una broma que no impide su politización, y todo eso de la transparencia y el buen gobierno no compromete a nada. El contrapunto a este vacío programático lo ha querido poner el diario El Mundo al presentar “100 propuestas para defender y fortalecer la democracia”, un empeño tan desmedido como inútil -aunque aparezcan propuestas de interés- en línea con el empeño ‘pedrojotista’ del “todo a 100″: cien medidas anti-crisis; cien interrogantes sobre el caso Faisán; y cien preguntas al que fue ministro de Interior Rubalcaba, sobre la conspiración del 11-M, que nunca existió. ¿Se acuerdan?

No ponemos en duda el talento y la vocación democrática (y monárquica) del profesor Jorge de Esteban que parece haber coordinado el trabajo, pero previamente tenemos que plantear unas cuestiones que conviene despejar: ¿es plenamente democrático el vigente sistema político que tenemos en España? ¿Acaso las carencias del sistema, mas bien partitocrático, español no están en el origen del deterioro político, social y económico que invade España, incluido el deterioro de la cohesión nacional? Si esto es así no se debe hablar de la regeneración sino de reforma (revolución será excesivo) del sistema político español, el que entre otras cosas no garantiza algo tan esencial en toda democracia como es la separación de los poderes del Estado. Lo que es peor favorece la acumulación de dichos poderes y evita todo control democrático del poder ejecutivo. Lo que acompañado del vigente sistema electoral conduce al secuestro de la soberanía nacional por parte de los aparatos de los partidos que habitan la mayoría gobernante (o que esperan su turno en la alternancia). Y todo ello a medias con poderes ‘fácticos’ ajenos al campo democrático como son el financiero (la obscena intervención actual de los mercados en la vida democrática, dan fe de ello); y en el caso español la ‘cama redonda’ de la política, finanzas y grandes medios de comunicación, así como las injerencias en la soberanía nacional de potencias ajenas a nuestro país como la Iglesia Católica (desde tiempo inmemorial) o Estados Unidos(desde el franquismo).

Si esto no fuera así sería impensable que personajes de la escasez política e intelectual como Zapatero y sus ministros -del “todo a 100- hubieran llegado al Gobierno de España; o que nadie los hubiera podido controlar o expulsar del poder ejecutivo ante los destrozos causados, que han llevado el país a la ruina y a la desunión nacional, sin control alguno. O que aún siga floreciendo en España la corrupción; o que se tapen o indulten los abusos y escándalos de los poderosos del dinero; o que España se trague el escudo anti misiles por decreto; o una reforma encubierta de la Constitución para el insolidario estatuto catalán; o unas reformas de la Carta Magna en quince días y sin referéndum; o la legalización de Bildu y otras tantas cosas más, y sólo citamos casos recientes y a la vista de todos (y muchos de ellos bajo el pacto del Gobierno y la Oposición).

El debate sobre la necesaria reforma democrática en España es apasionante y bien merece una extensa disertación. Pero permítasenos en esta crónica de urgencia resumirlo en muy pocas ideas, o propuestas para la reforma del sistema partitocrático español (hijo menor de la Democracia): en un primer lugar sobre el Poder Ejecutivo: se ha de elegir al presidente del Gobierno, (en una Monarquía Parlamentaria), o al Jefe del Estado (en una República, previo referéndum sobre ambas formas de gobierno) en unas elecciones presidenciales a dos vueltas de circunscripción única nacional y ajenas a las Legislativas. Dos: el Poder Legislativo: el Parlamento debe elegirse con los candidatos en las listas abiertas en circunscripciones de toda España (el sistema mixto alemán, con una lista global incluye el virus partitocrático, aunque no es malo del todo). Tres: El Poder Judicial: ni el poder Ejecutivo ni el Legislativo pueden intervenir en la elección de los órganos gestores del poder Judicial (tal y como ocurre ahora) y por lo tanto tampoco deben influir en la formación de los altos tribunales del Estado. Los órganos judiciales del Estado deben tener jurisdicción nacional y ser elegidos solo por todos los cuerpos jurídicos del Estado.

Sin estas tres reformas esenciales todo lo demás -las “propuestas a 100″- son variantes para lavar la cara y para consolidar la partitocracia vigente. A ellas hay que añadir medidas importantes como la retirada de financiación a los partidos políticos (el modelo actual vicia el sistema electoral y crea una discriminación flagrante con las minorías); y otras relativas a la separación definitiva en España de la Iglesia y el Estado; el fin de bases extranjeras en nuestro territorio; y el cumplimiento inexcusable de la legalidad tanto a los poderosos como a los nacionalistas, cuyo chantaje permanente se tiene que acabar. Si conseguimos, además, erradicar la partitocracia de los medios de comunicación (al menos en los públicos), para que la prensa ejerza con su independencia la función de contrapoder que le corresponde, pues todavía mejor. Si se ponen en pie estas reformas democráticas esenciales que son el núcleo de todo sistema democrático y la garantía de la soberanía nacional, a partir de ahí podremos hablar de otras mejoras y ocurrencias más o menos positivas. Pero sin todo esto, empezando por la elección directa y el control democrático ecutivo lo demás es dejar las cosas como están.

Publicado en República.com http://www.republica.com/2011/11/01/la-democracia-del-todo-a-100_405687/

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ConclusionesConclusiones del Congreso de la Sociedad Civil

2011-10-01T18:25:00.001+02:00

1.- Reforma constitucional que reconozca y potencie la Iniciativa legislativa popular, con: Reducción del número de firmas acreditadas necesarias; extensión de la iniciativa a materias propias de ley orgánica y de reforma constitucional; simplificación del procedimiento de presentación y de tramitación parlamentaria de la iniciativa popular; y finalmente, reconocer la iniciativa legislativa popular revocatoria de leyes aprobadas por el Parlamento.

2.- Reforma constitucional para la independencia judicial, por la que ningún militante de partido ni miembro de Gobierno y asimilados, puedan acceder al ejercicio de la función jurisdiccional.

3.- Transformar el actual Estado de las Autonomías y en general, crear una organización territorial del Estado eficiente susceptible de ser costeada.

4.- Reducción del número de Ayuntamientos allí donde el tamaño, la viabilidad económica y la proximidad, aconseje agrupar varios municipios y pedanías bajo un único órgano rector.

5.- El Articulo 2 de la Constitución. deberá quedar redactado como sigue: “La Constitución se fundamenta en la indisoluble unidad de la Nación Española, patria común e indivisible de todos los españoles, y reconoce y garantiza la igualdad y el derecho a la solidaridad, entre todas las regiones y provincias de España.”

6.- El Articulo 3 de la Constitución, en sus apartados 1 y 2, quedará redactado del modo siguiente.

3.1.- El castellano es la lengua española oficial del Estado. Su enseñanza, uso y aprendizaje es irrenunciable.

3.2.- Las demás lenguas españolas gozarán de protección estatal, pudiendo ser objeto de enseñanza y aprendizaje como segunda lengua a elección de los progenitores, pero nunca en detrimento del idioma oficial de España.

7.- Una nueva ley del Referéndum Popular, tanto consultivo como vinculante, ampliando las materias que puedan ser objeto del mismo, modificando las mayorías necesarias para su convocatoria y su aprobación, introduciendo los medios de la era digital en la que actualmente vivimos, constituyendo Internet una herramienta necesaria y práctica para el voto no presencial, con todas las garantías.

8.- Sistema financiero: Recapitalización con fondos públicos de las entidades financieras que lo necesiten, incluso nacionalizándola si fuera preciso, siempre antes del 31 de diciembre de 2011. Aprobación de límites a la compra de deuda pública.

9.- Reforma del sistema de convenios colectivos, para que dejen de ser obligatorios.

10.- Obligación de que Sindicatos y Asociaciones empresariales presenten sus balances y cuentas de resultados en el registro mercantil, como hacen la totalidad de empresas y otro tipo de entidades empresariales y fundaciones en España

11.- Supresión de las subvenciones generalizadas por parte de todas las administraciones a todo tipo de empresas, fundaciones y organismos, salvo casos claros, y expuestos públicamente.

12.- Transferir el sistema de formación de los trabajadores, es decir, las políticas activas de empleo, a un organismo dependiente del Ministerio de Educación, sin intervención sindical.

13.- Reformar el Estatuto del Ministerio Fiscal, en todos los aspectos que limitan su independencia.

14.- Introducir modificaciones en el sistema de financiación de las elecciones, estableciendo límites a los gastos electorales, perfeccionando el sistema de control por parte del Tribunal de Cuentas.

15.- Reforma del Sistema Electoral Español, en orden a consagrar, incluso constitucionalmente, el principio democrático de “un hombre, un voto y con el mismo peso político.”

16.- Instar al Gobierno de la Nación y a las Cortes Generales, para que implementen herramientas digitales de democracia participativa y deliberativa.

17.- Eliminación de cualquier estatuto jurídico privilegiado para la clase política.

18.- Responsabilidad civil, o penal, para todas aquellas personas que gestionen irresponsablemente, o irregularmente, fondos públicos.

19.- Eliminación de la financiación pública de los partidos políticos, sindicatos, patronales, fundaciones de partidos y ONG de dudoso servicio a la sociedad.

20.- Establecimiento por Ley de penas muy severas para aquellos jueces y fiscalesque con abandono del derecho, dicten resoluciones o actúen por servilismo político o por motivos espurios de las personas físicas que encarnan el poder judicial en cada momento.

21.- Realizar una profunda reestructuración de las funciones y cometidos del Estado. Recuperar el principio de excelencia en la Administración Pública. Recuperar el principio de Administración Única y eficiente, descentralizando funciones para acercar el control del poder a los ciudadanos.

22.- Sin censura previa, se reclama una ley que regule la actividad de los medios de comunicación y que establezca responsabilidades civiles y penales capaces de disuadir de la utilización torticera de su poder, especialmente cuando se usa en calidad de terminal mediática de los partidos políticos

23.- Creación de una Facultad Universitaria de Administración Pública con el grado de licenciado para la formación de los futuros funcionarios, sin perjuicio de tener que superar las oposiciones que puntualmente se convoquen para los puestos específicamente demandados en cada convocatoria.

24.- Arbitrar el sistema para que cada electo responda directa y personalmente de sus decisiones políticas ante sus electores, al margen de cuál sea el partido político que lo nomine.

PETICIONES FINALES

Pedimos a los partidos políticos que incorporen estas medidas en sus programas electorales.

Finalmente, anunciamos la celebración en los próximos meses, de encuentros sectoriales sobre Reformas políticas, sobre Sanidad, Educación, Justicia, Economía y Empleo, y Democracia Participativa, para debatir sobre aspectos puntuales de cada una de las materias y elaborar propuestas más especificas.

FUENTE: Fundación Civil

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Un guión

2011-09-09T09:01:00.001+02:00

La corrupción política solo puede combatirse mediante la libertad política colectiva y la separación de poderes. Es decir, mediante una Cámara de diputados elegidos directamente en candidaturas unipersonales en distritos pequeños (sujetos al elector bajo mandato imperativo y revocable), un poder ejecutivo independiente, elegido en elecciones separadas de las legislativas, y un poder judicial elegido también independientemente por un cuerpo electoral compuesto por todos los agentes del mundo judicial. Es necesario que exista además un mecanismo de mutuo control de la Cámara y el Gobierno, de modo que puedan disolverse entre sí ambos poderes en caso de conflicto político insoluble o corrupción de cualquiera de los poderes. La justicia debe operar, a mayor abundancia, sin privilegios para la clase política. Este sistema político que ampara la libertad colectiva, separa los poderes del Estado y combate la corrupción mediante instituciones y mecanismos inteligentes, se llama República Constitucional. En España, el grupo civil Movimiento Ciudadano por la República Constitucional (MCRC), fundado por el jurista y político Antonio García-Trevijano, promueve dicho sistema político en Europa, frente al monopolio del poder de la oligarquía de partidos, en vigor desde la II Guerra mundial, que sustituyó a los regímenes dictatoriales fascio-nacistas. Los libros Teoría Pura de la República y Libertad Constituyente, de Antonio García-Trevijano, publicados recientemente en España, dan cuenta de las bases teóricas de la República Constitucional y del proceso de acción, ya iniciado, de conquista de la libertad política colectiva y la democracia representativa (formal o política).

Publicado en Facebook por José María Aguilar Ortiz

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El secuestro de la democracia en España

2011-08-29T10:19:00.001+02:00

Si alguien tenía la esperanza de que la democracia se recuperase en España de la mano de estos políticos y de estos partidos habrá quedado chasqueado: la reforma constitucional anunciada por los dos partidos dominantes es una operación de imagen, probablemente baldía, para defender ante propios y extraños la capacidad de un sistema político, carcomido por la partitocracia, que desprecia a los ciudadanos y que utiliza sus tribulaciones para venderles elixires curalotodo. Por eso, no es extraño el desapego y la irritación creciente de parte de la sociedad ante tal estafa.

Quienes proponen esta reforma constitucional, cuyo contenido no es más que un breve recordatorio de algunos principios de buen gobierno, saben de su inutilidad, si no se hacen los cambios constitucionales necesarios para ordenar seriamente el Estado y para vigorizar el poder público. Es como trazar una raya en el agua de la tormenta económica. También lo saben, y si no lo averiguarán pronto, los inversores y los llamados mercados, para los que la crisis española es una pieza de caza mayor en la cacería del euro y de la unión monetaria europea, sobre cuya ruptura o desaparición se cruzan ya apuestas. Tampoco parecen ajenos a este enjuague los capitanes de la Unión Monetaria y del Banco Central Europeo, los de la carta-ukase secreta, atrapados en el laberinto de la crisis financiera, producto de la expansión crediticia que estimularon con entusiasmo. Por ello, parece justificado huir de los consejos turbios y de las amalgamas imposibles y enfrentarse a los problemas con energía, claridad de ideas y autenticidad democrática.

Creo que para abordarlos, y no eludirlos con meras campañas de imagen como la que nos ocupa, conviene insistir en que la crisis española, salvo demostración en contrario, es política y económica y trasciende a la internacional, aunque es verdad que ésta ha creado una situación crítica en Europa que agrava nuestros males. Pero en tanto no se reconozca así, seguiremos condenados a ser rehenes de la estulticia y del instinto de supervivencia de un sistema cuyo único objetivo es resistir. La meta ahora es procurar la sustitución del gobierno en las elecciones anunciadas y ya se verá. Aunque todos saben que el problema es de mayor enjundia, nadie quiere asumir el fracaso de un modelo político y económico que ha agostado para largo tiempo las ilusiones de los españoles.

Un Estado hipertrófico

En lo político tenemos los españoles un Estado hipertrófico, producto y cosecha de la Constitución otorgada en 1978, que ha engordado a lomos de la bonanza económica y del esfuerzo fiscal de sucesivas generaciones, y que ahora se nos muestra incapaz de responder a las necesidades de sus ciudadanos: las múltiples y variadas administraciones públicas, ansiosas otrora de competencias y presupuestos, se desgañitan sobre sus penurias actuales y su incapacidad para atender los compromisos; pero, eso sí, la estructura política existente es sagrada y ninguno plantea su cambio o simple abrogación.

En lo económico, sufrimos el desmoronamiento de un modelo excesivamente especulativo, que tiene malherido al sistema crediticio y que ha devastado el tejido empresarial. La recuperación tardará porque nuestras capacidades financieras y educativas están muy mermadas, aunque si se insuflase algo de seriedad y ejemplaridad por parte de las clases dirigentes, la sociedad conseguirá salir del pesimismo y de la desesperanza, sobre todo si no se ve tratada como una menor de edad, con espectáculos como el de esta proyectada reforma constitucional y otros parecidos que pueden venir en los meses próximos. Parece que nos aguardan grandes tardes de gloria.

Lo sucedido y anunciado en estos días es tan burdo y tan poco democrático que hasta algunos componentes del sistema de partidos y de sindicatos han elevado sus protestas, incluso los del partido del gobierno, que patrocina la reforma. Bien es verdad que protestan contra tal reforma, pero no hacen ni la menor mención a los cambios constitucionales que sí podrían oxigenar la vida pública. De todas maneras, las protestas no pasarán de un pequeño lío de familia y todo el mundo votará sumiso la propuesta de reforma constitucional, porque la han fabricado en una noche los señores que hacen las listas electorales. Y, de momento, no hay más.

Después de año y medio de gobernar por decreto-ley, ahora se propone una reforma constitucional con métodos análogos. Lo que venga después no lo sabemos, desde luego nada bueno, porque con elecciones o sin ellas, si se persiste en el fraude democrático y en el embalsamiento de la crisis española, la incertidumbre seguirá dueña de nuestros destinos. Por eso, la democracia en España tiene primero que ser rescatada y luego reconstruida.

*Manuel Muela es economista

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Eliminar diputaciones... y ayuntamientos

2011-08-21T21:07:00.001+02:00

Editorial en Libre Mercado

Hay que reconocer a Rubalcaba la habilidad con que ha colocado la eliminación de las diputaciones en el centro del debate político. Es cierto que otros países europeos con problemas han comenzado a reformar y reducir su estructura administrativa. Pero cabe preguntarse si la socialista es la única propuesta posible o siquiera la mejor alternativa.

No nos cabe duda de que el PSOE ha optado por promover la supresión de las diputaciones porque, como ha recordado el PP, prácticamente se ha quedado sin ninguna tras las últimas elecciones. Es difícil tomarlo como una propuesta seria cuando el propio Rubalcaba apoyaba una simple reforma y no su eliminación hace poco más de un mes. Pero no es menos cierto que estas instituciones serían las que menos echarían en falta esas "quince millones de personas" que Ana Mato calculaba que se verían afectadas por su supresión. Primero porque no se elige directamente a nuestros representantes en ellas y, en segundo lugar, porque resulta difícil encontrarles competencias que no puedan asumir entre ayuntamientos y comunidades autónomas. De hecho, las regiones que cuentan con una sola provincia ya carecen de diputaciones, y nadie parece haberlas echado de menos.

La medida no estaría exenta de problemas. Para empezar, en el País Vasco las diputaciones forales sí que tienen bastante presupuesto y muchas competencias que en el resto de España corresponderían a las comunidades autónomas, y su eliminación sería constitucional y políticamente muy complicada. Otro tanto sucede, aunque en menor medida, con los cabildos y consejos insulares de Canarias y Baleares. Aunque siempre podría establecerse la supervivencia de estas instituciones, eliminando las demás diputaciones.

Por otro lado, siendo la Constitución tan explícita en su artículo 141.2, que regula el Gobierno de las provincias, es posible que su eliminación obligara a una reforma constitucional, de modo que sólo podría llevarse a cabo con el acuerdo de ambos partidos, salvo un descalabro del PSOE sin precedentes. Así que la propuesta de Rubalcaba no deja de ser un brindis al sol, como previsiblemente lo serán todas y cada una de las que haga en campaña.

Sin despreciar esta propuesta, posiblemente necesaria, cabe pensar que no es la única posible, ni siquiera la mejor forma de reducir duplicidades y gastos superfluos en nuestra estructura administrativa. Cuando tenemos 8.112 ayuntamientos, casi los mismos que Alemania con aproximadamente la mitad de su población, de los que el 80% gobiernan municipios de menos de 5.000 habitantes, parece claro que su reducción es un imperativo. Mientras que en España se han creado 32 nuevos consistorios desde el año 96, Gran Bretaña ha pasado de 1.500 a 400, Alemania de 25.000 a 8.4000, Bélgica de 2.359 a 596 y Grecia de 5.300 a poco más de mil.

Italia, que es el país que más recientemente ha presentado una reforma de su estructura administrativa, eliminará las provincias más pequeñas, sí, pero también obligará a fusionar casi 2.000 ayuntamientos de menos de mil habitantes de los 8.094 que hay en el país. De hecho, mientras que el PSOE no ha estimado cuánto se ahorraría por la supresión de las diputaciones, UPyD ya calculó en16.000 millones de euros al año el gasto público que podría reducirse fusionando ayuntamientos pequeños. Es la diferencia entre una ocurrencia y una propuesta seria.

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Menos Ayuntamientos

2011-08-15T06:55:00.002+02:00

Lo hizo Grecia, ahora Italia fusiona ayuntamientos de menos de 1.000 habitantes. ¿Cuando nos toca?

Rosa Díez escribe de ello:

Hace ya casi un año, cuando nadie hablaba de estas cosas en España, presentamos un estudio que abordaba este problema y ofrecía soluciones. Nuestro objetivo era demostrar que el modelo municipal español -diseñado en las Cortes de Cádiz y que se mantiene prácticamente inalterable desde entonces- necesita un repaso urgente si queremos garantizar la universalidad y la calidad de los servicios que se prestan a los ciudadanos.

La España liberal de hace casi dos siglos definió un modelo municipal campesino-parroquial que aún perdura. Sirvan algunos datos como ejemplo: España tiene 8.114 municipios para 46.951.532 habitantes; 6.821 municipios (el 84,1%) tienen menos de 5.000; 907 (el 11,2%) tienen entre 5.001 y 20.000, y sólo 240 (el 1,04%) tienen entre 20.001 y 50.000 habitantes.

Somos el único país europeo que no ha hecho reformas para reducir el número de municipios en el último siglo, lo que ofrece un panorama de descompensación en tamaño y población que trae como consecuencia directa que no todos los municipios prestan los mismos servicios considerados esenciales con una calidad mínimamente homologable a los ciudadanos. Por otra parte, el tamaño excesivamente pequeño propicia un exceso de alcaldías y órganos de gobierno local en modo alguno justificado desde la exigencia de los servicios que se prestan.

Como demostramos en el estudio de referencia, los datos sobre eficacia y eficiencia en relación con el tamaño de los municipios aconsejan la puesta en marcha de políticas públicas para promover de forma urgente la fusión de municipios. El ahorro de recursos en diferentes capítulos sería evidente.

Se produciría una importante supresión de cargos políticos, pasando, por ejemplo, de los 48.733 concejales que hay en los 6.821 municipios de menos de 5.000 habitantes a 13.000 concejales si se fusionasen en 1.000 municipios de 5.000 habitantes; o a 7.500 concejales si la fusión se hiciera en municipios de 10.000 habitantes.

Se suprimirían un buen número de empresas y fundaciones redundantes; se reduciría considerablemente el número de empleados públicos; se suprimiría un importante número de coches oficiales, dietas, gastos de representación, etcétera; se liberarían inmuebles que podrían venderse… En suma, aflorarían recursos públicos que podrían destinarse a prestar más y mejores servicios a los ciudadanos en vez de utilizarse para mantener estructuras duplicadas y obsoletas que no tienen, en muchos casos, otro objeto o sentido que la representación institucional.

La ley que regule las fusiones debe obedecer al principio de que la estructura territorial no es un fin en sí mismo, sino un instrumento al servicio de los ciudadanos. En nuestra propuesta consideramos la continuidad geográfica, con un núcleo principal que sea el más poblado, y el establecimiento de un periodo voluntario con ayudas finalistas condicionadas a la fusión, que pasaría a ser obligatoria cumplido un determinado plazo.

En definitiva, dentro del proceso de racionalización del conjunto de las administraciones públicas, es preciso que España acometa también la reforma de los municipios. No podemos seguir manteniendo un modelo obsoleto, que se ha mostrado ineficiente, sólo por atender las apetencias de poder de los dirigentes políticos. Esta reforma -que deberá ser impulsada y dirigida por el Estado, como garante de la igualdad y la estabilidad de las instituciones- es imprescindible.

Me consta que habrá muchas resistencias (tenemos una clase política tremendamente conservadora, más allá de la descripción ideológica con la que quieran definirse), pero lo que no hemos sido capaces de hacer como consecuencia de una reflexión rigurosa habremos de abordarlo obligados por las circunstancias. Una España solvente, con una Administración moderna, debe poner las instituciones al servicio de los ciudadanos, profesionalizando la Administración, luchando contra la corrupción y evitando la descapitalización social.

Rosa Díez es diputada nacional y portavoz de UPyD

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Declaración de Principios y Valores

2011-08-02T09:51:00.001+02:00

I. Porque los seres humanos no nacen iguales en capacidad física y mental, ni en condición social, la Sociedad y el Estado deben garantizar la igualdad de derechos y de oportunidades.
II. Porque existe un imperativo moral en todas las conciencias, es condenable el oportunismo personal, social y político.
III. Porque los individuos no pueden desarrollar sus vocaciones ni sus acciones fuera del contexto social, la lealtad es fundamento de todas las virtudes personales y sociales.
IV. Porque los españoles padecen temores derivados de su tradicional educación en el Estado autoritario, sólo la valentía personal puede crear la fortaleza de la sociedad civil frente al Estado.

V. Porque durante siglos se ha sacrificado y despreciado la inteligencia y el espíritu creador, apartándolos de los centros de enseñanza, del Estado y de los Partidos, esas facultades individuales han de organizarse para tener presencia activa en la sociedad civil.
VI. Porque la decencia constituye el decoro de la civilización, la sociedad civil debe civilizar a los Partidos y Sindicatos, sacándolos del Estado.
VII. Porque entre el Estado de partidos y la sociedad civil no existe una sociedad política intermedia, la parte más civilizada de aquella debe orientar la formación de ésta, sin el concurso del Estado.
VIII. Porque la política afecta al universo de gobernados, si el lenguaje de políticos y medios comunicativos no es directo, correcto y expresivo del sentido común, disimula una falsedad o esconde un fraude.
IX. Porque no son legítimas las razones ocultas del poder político, siempre será ilegitima la razón de Estado.
X. Porque a la razón de gobierno sólo la legitima la libertad política de los que eligen el poder ejecutivo del Estado, son ilegítimos, aunque sean legales, todos los gobiernos que no son elegidos directamente por los gobernados y no pueden ser revocados por éstos.
XI. Porque la razón de la ley está en la prudencia de legisladores independientes, elegidos por los que han de obedecerlas, no son respetables, aunque se acaten, las leyes emanadas de Parlamentos dependientes del Gobierno.
XII. Porque la razón de la justicia legal está en el saber experto de una judicatura independiente del gobierno y del parlamento, no pueden ser justas ni dignas las resoluciones de una organización judicial dependiente de ambos poderes.
XIII. Porque la razón del elegido está en el mandato unipersonal, imperativo y revocable del elector, es fraudulento el sistema proporcional de listas, que sólo representa a los jefes de partido.
XIV. Porque los medios de comunicación forman la opinión publica, no puede ser imparcial ni veraz la información controlada por un oligopolio de poderes económicos.
XV. Porque la corrupción es inherente a la no separación de los poderes estatales, sólo la puede evitar, con su separación, el recelo y la desconfianza entre sus respectivas ambiciones.
XVI. Porque las Autonomías fomentan los nacionalismos discriminadores o independentistas, deben ser compensadas integrándolas en la forma presidencial de Gobierno.
XVII. Porque las Autonomías fomentan gastos públicos improductivos, sus competencias susceptibles de ser municipalizadas deben de ser transferidas a los Ayuntamientos.
XVIII. Porque la Monarquía de Partidos carece de autoridad para garantizar la unidad de la conciencia española, y ha sido foco de golpes de Estado y corrupciones, debe ser sustituida por una República Constitucional, que separe los poderes del Estado, represente a la sociedad civil y asiente el natural patriotismo en la forma presidencial de Gobierno.
XIX. Porque la única razón de la obediencia política reside en el libre consentimiento de los gobernados, éstos conservan su derecho a la desobediencia civil y resistencia pasiva, sin acudir a la violencia, frente a todo gobierno que abuse del poder o se corrompa.
XX. Porque el pasado no puede ser revivido, sin imponerlo la fuerza del Estado, no es posible la restauración pacífica de la II República, cuya forma de gobierno parlamentario tampoco era democrática.
XXI. Porque el sistema de poder de las naciones europeas, ideado para la guerra fría, no es democrático, los españoles están obligados a innovar su cultura política para llegar a la democracia como regla formal del juego político.

Por lealtad a la sociedad civil, los Partidos Políticos, Sindicatos y Organizaciones No Gubernamentales no pueden ser financiados por el Estado; y por lealtad a la conciencia personal de los integrantes de este Movimiento de Ciudadanos, el MCRC no se transformará en partido político, y se disolverá tan pronto como su acción se agote con el referéndum que ratifique la Constitución democrática de la III República Española.

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Irrepresentación

2011-07-08T19:38:00.001+02:00

Juan Seoane escribe "Una tarde con Mario" en Diario de la República Constitucional

Hace unos días, movido por la coincidencia de haber nacido en el mismo año, el mismo mes y compartir la afición por E. M. Cioran, acudí a escuchar a Mario Conde en la conferencia que impartió sobre la situación actual de España. Como era de esperar, el conferenciante mostró alardes de un dominio del entramado y evidenció una excepcional brillantez en la descripción de los efectos de la actual crisis política y económica que estamos padeciendo. Sin embargo, a la conferencia del ilustre personaje, “la faltó” lo que en el argot taurino se define como rematar la faena.

Enumerar los efectos de la crisis a estas alturas, no es nada novedoso y a buen seguro, la mayoría de los asistentes los conocían de manera directa o indirecta. Pero lo que se espera de estas conferencias y conferenciantes con pedigrí, no es solamente la descripción de los efectos de una crisis, sino descubrir las causas que nos han llevado a esta situación de precariedad, para poder articular las medidas oportunas, que impidan el abuso y la corrupción de los poderes públicos.

No se mencionó, la situación real de estos partidos políticos artífices del bipartidismo, donde todos defienden la misma ideología gremial con un sentido conspiratorio del voto y ponen el mismo celo en agradar con privilegios insultantes, a las oligarquías financieras y mediáticas. Partidos estatales, que están anclados en el Estado y que no representan a la sociedad civil en absoluto, resultando inútil la sustitución de un partido por otro, donde la ausencia de vocación por la verdad ha consagrado la falsedad de llamar partidos a meras facciones de poder integradas en el Estado.

No se analizó, el sistema electoral de representación proporcional, que produce dos efectos nocivos para la sociedad. Uno, el visible que impide la representación de los electores, y otro el invisible, de considerar al Estado como sociedad política, eliminando la posibilidad de que emerja de la sociedad civil una corriente que pueda ser mediadora entre la comunidad nacional y el Estado para llevar las aspiraciones de la sociedad civil al mismo.

Tampoco se analizo el dignificar la vida pública con unas reglas de juego, que garanticen la Libertad política y la democracia, inexistentes actualmente.

No se mencionó, que las leyes emanadas del parlamento son en realidad anticonstitucionales, porque todos los diputados las votan bajo mandato imperativo de los partidos, prohibido por la Constitución Española del 78.

Sobre la figura del Jefe del Estado, responsable de garantizar la cohesión territorial de la nación, y de la igualdad de los españoles frente a la ley, ni se le mencionó en estos momentos de quiebra institucional, donde es más necesario que nunca, abrir un periodo con total libertad de información para configurar una nueva forma de Estado.

El Sr. Conde manifestó que lo deseable es que de esta situación “se sale”. Pero la única forma pacifica de “salir”, es aislando a esta clase política estatal, provocando una crisis de legitimación del sistema oligárquico actual a fin de sustituirlo por el único sistema que permita elegir en conciencia opciones realmente diferentes y otorgar a los diputados, el carácter representativo de los electores mediante organizaciones políticas sacadas del Estado y devueltas a la sociedad civil, donde cada una se pagará sus gastos mediante las cuotas de sus afiliados exclusivamente. Y a este proceso, se le llama pacíficamente; abstención. Palabra esta no mencionada en ningún momento por el conferenciante, siendo clave para la ruptura con el sistema oligárquico que impera en España.

La brillantez de la conferencia hubiese sido total, sin las sombras de la falta de compromiso en el análisis de las causas de la actual crisis moral y económica, que nos está arruinando como nación.

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Manipulación mediática

2011-06-23T07:40:00.004+02:00

Por mucho que se empeñen los voceros mediáticos de la partidocracia, la democracia no consiste en votar a un partido, sino a un candidato. El que no entienda esto, o no quiera entenderlo, deberá denominarse de otra manera, pero nunca demócrata. Aunque se empeñen en descalificar con sus embustes a los movimientos ciudadanos que llenaron las calles y plazas de toda España el 19-J, nadie en ellos ha puesto en entredicho la existencia de partidos y sindicatos, sino el papel que detentan en la actualidad.

Los partidos no son intermediarios entre el ciudadano y el Estado, sino instrumentos de la sociedad civil, que nacen de ella y están en ella, para articular la participación política de la sociedad civil, no para someter a la sociedad civil a los dictados de la oligarquía partidista gobernante. Si se empecinan en seguir siendo intermediarios, y no mandatarios de la voluntad política de los ciudadanos, la distancia entre los partidos y sindicatos respecto de ciudadanos y trabajadores se irá ampliando hasta alcanzar extremos paranoicos. La sociedad seguirá su camino, prescindiendo de ellos, por retardatarios de la Libertad política.

Los manifestantes del 19-J quieren que el Estado y las instituciones políticas no sea el botín electoral de los partidos, quieren que el Estado sea de ellos, y verse reflejados y amparados en todos sus derechos y libertades por las instituciones. Quieren ser el sistema, estar en el sistema, en la toma de decisiones. Y para ello son necesarias reformas tan serias y profundas que ineludiblemente pasan por un periodo delibertad constituyente.

Si la clase política continúa con sus listas y su reparto proporcional de escaños, la representación directa y mayoritaria de los ciudadanos en la política continuará ausente, la democracia permanecerá inédita y el grito: “No nos representan” se oirá más alto, más fuerte y lo pronunciará cada día más gente.

El espectáculo coral de los medios de comunicación tras las manifestaciones de 19-J, nos avisa de que son fundamentales para el sostenimiento de la impostura partidocrática, con sus tertulianos, opinantes, comentaristas, todos ellos encantados de entonar el himno de las bondades del régimen que les propicia las prebendas que les engordan. Ese es el primer baluarte de defensa de la partidocracia, pero tiene un punto débil, las redes sociales de Internet, donde la información fluye de abajo a arriba extendiéndose como una infección vírica, y propicia la victoria de la opinión pública sobre la publicada.

No hay duda, si alguien albergaba la esperanza de que la inteligencia pusiera a andar la rueda de la partidocracia hacia la democracia, hoy ya sabemos que tendremos que ganárnosla a su pesar, tendremos que sortear sus trampas y trucos indecentes, vencer su manipulación mediática; pues la democracia no se pide, se conquista.

Publicado en Diario República Constitucional

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Yo #soy15m

2011-06-17T21:20:00.001+02:00

Lo recojo del blog de Enrique Dans

Como parte del #15m me declaro una persona pacífica y condeno radicalmente todo tipo de violencia: la de los violentos infiltrados en nuestras manifestaciones, y la del Estado, que ha causado más dolor y heridos. Además, condeno la manipulación mediática que enfatiza la información sesgada, parcial o errónea con el propósito de demonizar a los ciudadanos.

Si me manifiesto en la calle es porque:

Mi participación como ciudadano se ha reducido a votar a listas cerradas cada cuatro años para ver cómo los representantes de los ciudadanos no respetan lo prometido en su programa.
Se hacen leyes a favor de grupos de interés en vez de hacerlas a favor del conjunto de la sociedad.
Se invierten recursos públicos para ayudar a minorías poderosas, y no a quienes están pasando situaciones desesperadas ocasionadas por la especulación financiera.
Los grandes partidos están más preocupados por mantener su poder que por ofrecer soluciones para superar esta crisis histórica.
Está a punto de firmarse un “Pacto del Euro” que consiste fundamentalmente en medidas para reducir la inversión pública en servicios esenciales.
Desde diferentes órganos del estado se ha insultado a los ciudadanos, e incluso se ha justificado el recurso a la violencia contra manifestantes pacíficos.

Como parte del #15m, acepto y respeto la diversidad ideológica del movimiento. Cuando participo en una manifestación no reclamo un régimen o una ideología en concreto, ni un modelo social no democrático, ni la eliminación de los partidos o los parlamentos. Lo que reclamo es una democracia mejor y más humana que, entre otras medidas, necesita urgentemente:

Cambios en la Ley Electoral para permitir una mejor y más directa representación de los ciudadanos en los parlamentos y una mayor participación ciudadana en las decisiones importantes.
Aprobación de una Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para obligar a la publicación en formatos adecuados y reutilizables de todos los gastos, decisiones y reuniones con grupos de presión por parte de funcionarios y cargos públicos.
Tolerancia cero a la corrupción de candidatos y cargos públicos, y controles ciudadanos para la exigencia de responsabilidad política.
Separación clara, real y efectiva de los poderes del estado.
Control fiscal efectivo de grandes fortunas y operaciones financieras; eliminación de privilegios fiscales a cargos electos.
Políticas encaminadas a solucionar de forma efectiva los problemas hipotecarios y de vivienda.
Servicios públicos de calidad, fundamentalmente salud, justicia y educación.
Eliminación de las leyes que permiten el control administrativo de Internet. La red ha demostrado ser esencial para la libertad de expresión y para responder al peligro de manipulación mediática.

Por todas estas razones volveré a salir pacíficamente a la calle el 19 de junio, #19j.

Si estás de acuerdo, aprópiate del texto y divúlgalo (enlace al documento original)

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Cosas del diario Público

2011-06-13T07:22:00.005+02:00

Publicado en Diario de la República Constitucional

El lunes 6 de junio de 2011, el periódico Público (*) resumía las peticiones del movimiento 15 M y cómo conseguirlas, recordando que muchas de ellas ya están en vigor en países europeos y las supuestas dificultades de las mismas.

De las 21 ideas que cita el periódico sorprendentemente ha desaparecido por arte de magia partidocrática ¿ rubalcabaniana ? una reivindicación interesante, a saber, la reivindicación fundamental de la separación o división de poderes en origen que estaba en el punto 13 de la Asamblea de Sol desde el principio del movimiento y que se mantenía y mantiene en el día de hoy en la mayoría de las asambleas.

¿Qué le han ordenando al periódico Público desde las altas esferas poéticas del partido? ¿Está intentado engañar a los indignados, él que tanta simpatía tiene con ellos? ¿Qué piensa Luis García Montero, el poeta de la experiencia, sobre tal olvido?

Una vez que se saca de las reivindicaciones y las ideas del movimiento 15M precisamente a la idea más trascendental para cambiar el régimen antidemocrático del Estado de partidos todo queda ya más “simpático” pero inofensivo.

Aún así el periódico no puede ocultar tres ideas que también han estado presentes en las acampadas: las tres tienen que ver con el poder legislativo y la representación de los electores y una de ellas tiene que ver además con la esencia de la democracia, a saber, la posibilidad de elegir y destituir a tu gobierno o jefe de estado. Y ya que no pueden ocultarlas, pues proceden a su tergiversación. ¿Están tomando por ignorantes políticos a los indignados?

Recordemos las tres ideas a las que se refiere Público: la primera idea es la reivindicación de una Ley Electoral democrática, la segunda es la exigencia de que los electores puedan revocar el mandato dado a sus representantes políticos cuando no cumplan con lo prometido o sean corruptos y la tercera se refiere a eliminar los obstáculos para las iniciativas ciudadanas en el ámbito legislativo y del referéndum democrático.

Público empieza por afirmar que la Ley Electoral más democrática que se reivindica es, y aquí está ya la mentira, una simple “ley electoral más proporcional”, es decir, una ley electoral como la existente ahora mismo pero con una modificación pertinente para que los partidos políticos estatales pequeños puedan conseguir más escaños para poner al servicio de su jefe de partidito.

A eso lo llaman respeto de las minorías, pero de las “minorías de partido”, habría que decir. No se refieren, en cambio, a respeto alguno de minorías de la sociedad civil. La mentira es evidente: los jóvenes piden leyes electorales más representativas y el periódico afirma que el sistema proporcional es el más representativo y democrático porque “así no anula la voz de los territorios”. ¿Pero qué voz de territorios? La facultad de elegir es propia de los ciudadanos y no de “los territorios”. Los paisajes, por muy sublimes que sean, no pueden elegir a sus representantes. Y, además, ontológicamente las personas tienen piernas y no “raíces”.

La voz democrática es la de los electores reunidos en su distrito o mónada, independientemente de su territorio. El sujeto político es el distrito y no el territorio del distrito.

Es más, sigue afirmando el periódico Público que la propuesta tiene una gran dificultad para conseguirse, a saber, la de que se requiere una reforma de una ley orgánica y nada más y nada menos que una “ reforma de la Constitución de 1978”. ¿Qué mensaje envía con ello a los indignados? Pues que la constitución de 1978 y sus leyes orgánicas que sustentan la partidocracia es intocable, que es una utopía, no ya hacer una verdadera Constitución, sino tan siquiera proceder a una reforma constitucional.

La segunda idea, debido a su peligrosidad democrática, es rechazada de plano por los “sabios políticos “de Público. Me refiero a la idea básica de toda la indignación: poder revocar el mandato a quien, en nombre de los electores, está practicando la corrupción o no está cumpliendo con lo que quieren los electores. La propuesta del 15 M es elemental y así lo recoge el periódico: “Propuesta 4: dar a los electores la posibilidad de destituir a un cargo electo”.

Es evidente que si eliges a tu representante de distrito y éste no cumple con su programa o es corrupto (al igual que si contraes matrimonio y tu marido te maltrata) tienes el derecho democrático de cambiar de representante de forma inmediata, es decir, de destituirlo. Claro que sí, es evidente que puedes hacerlo (al igual que tienes el derecho civil de divorciarte de inmediato).

Y ese derecho no es contrario a democracia alguna, es la esencia de la democracia. Pero un periódico del estado de partidos, por muy “buen rollito” que lleve con los jóvenes, no puede poner en peligro la esencia del mismo.

El periódico no puede defender que la democracia es poder elegir y deponer a tu jefe de estado y gobierno. Le cuesta mucho, así que señala la dificultad de tener que reformar la Constitución de 1978 y procede a comparar la esencia de la democracia con repúblicas del cono sur y gobernantes cambiados democráticamente y sustituidos por los electores por un nuevo representante que no les parece “ chic” a los del periódico Público: “Así llegó al Gobierno de California Arnold Schwarzenegger, en 2003: los ciudadanos críticos con el entonces gobernador, Gray Davis, lograron juntar las firmas necesarias para convocar un referéndum de destitución pese a que Davis había sido reelegido en 2002 y lo ganaron. Esta posibilidad (recall, en inglés) está prevista en 18 estados de EEUU y en países como Venezuela y Bolivia. Y puede aplicarse también contra diputados. En California, para forzar un referéndum revocatorio se necesita reunir firmas equivalentes al 12% de los votantes que participaron en las anteriores elecciones. En España, además de las reticencias que provoca en muchos expertos, que temen que los lobbies lo utilicen en beneficio propio, resulta más difícil de aplicar al tratarse de un régimen parlamentario. Además, los diputados tienen garantizado el escaño durante cuatro años en la Constitución". Lo que es antidemocrático es no poder revocar el mandato a tu representante o gobernante. En Público parece que no saben el significado de la democracia, además de ocultar la característica esencial de la independencia de los poderes.

La tercera idea democrática que asusta a Público es la de una democracia participativa, también básica para los jóvenes de todas las edades del movimiento del 15 M: las iniciativas populares y referendos.

Esta idea también les parece difícil de conseguir y utópica a los señores sabios del periódico, es decir, que “disminuir las restricciones para que los ciudadanos puedan promover referendos vinculantes o iniciativas legislativas” parece una idea utópica porque “exige reformar la Constitución de 1978”. ¿Pero qué es eso tan intocable de la Constitución de 1978? ¿ Es que perdemos las libertades si queremos democracia ?

No saben responder a esta pregunta ya que les pondría en evidencia, pero no tienen otro remedio que reconocer que en los estados en los que existe un poco de democracia (si es que podemos hablar así, que no es el caso): “En países como EEUU o Suiza, entre otros, la iniciativa de referendos no está en manos de las autoridades, sino de los ciudadanos. Y continuamente hay consultas vinculantes”. Dicho esto, en la redacción del periódico Público cunde la alarma de nuevo y tienen que añadir la siguiente barbaridad: “Sin embargo, algunos expertos advierten de que este modelo tiene también inconvenientes porque, en la práctica, la gente con más dinero suele tener también más capacidad de recoger firmas y de financiar campañas.” Según Público y sus “algunos expertos” los ricos son los que “recogen más firmas” de la sociedad civil para defender sus privilegios, las medidas de recorte social y las guerras de agresión a otros países.

En Público lo tienen claro: la iniciativa legislativa popular y los referéndums son bastante antidemocrático. Los “sabios políticos” de Público olvidan de nuevo que si los representantes políticos fueran verdaderos representantes de sus electores, agrupados en distritos, a los cuales se supeditarían con mandato imperativo y revocable, entonces las iniciativas legislativas populares y los refrendos serían parte de los mismos programas electorales. Pero bueno, esto sería mucho pedir para el conocimiento político de la prensa partidocrática.

En definitiva: la confusión que quieren trasladar a los jóvenes de todas las edades del movimiento 15 M es maquiavélica , en el peor sentido de la palabra, porque primero ocultan la reivindicación fundamental de las protestas: la separación de los poderes en origen; segundo, afirman que la ley electoral democrática es la que impone el sistema proporcional; tercero, sostienen que las iniciativas legislativas populares y los refrendos son antidemocráticos; y, por último, y ante todo: tratan de desanimar a los jóvenes con las dificultades de tener que reformar la constitución de 1978, cuando lo democrático y correcto es precisamente ese camino, a saber, el de hacer una nueva constitución, en este caso: el de hacer una verdadera Constitución democrática. Mienten y tergiversan hasta el final porque no se exigen simples reformas legislativas o constitucionales, lo que se exige es una nueva Constitución, la democrática que permita elegir y deponer al jefe del estado y de gobierno, que separe los poderes legislativo, judicial y ejecutivo en origen y permita la representación de los distritos electorales mediante mandato imperativo y revocable utilizando la más democrática de las reglas, a saber, la regla de la mayoría.

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Entrevista a García Trevijano

2011-05-30T19:13:00.002+02:00

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La Izquierda y el sistema electoral

2011-05-27T18:28:00.001+02:00

Artículo de David Serquera:

La propaganda de los partidos monárquicos autodenominados de izquierdas, debe recurrir a la falsa propaganda del sistema proporcional, para poder seguir cobrando del Estado monárquico tras haber desindustrializado la nación y haber sumido a la clase obrera en el paro, la marginación y la precariedad. El verdadero problema radica en que la izquierda política no puede existir con el sistema proporcional de listas en los estados financieros. El sistema de listas únicamente favorece la interlocución entre el jefe de partido y los grandes financieros para seguir dando de comer a los zampatortas aprietabotones que medran por un lugar en la lista electoral mediante la adulación al jefe.

La única posibilidad para que la izquierda pueda existir en Europa Occidental es hacer de la asamblea vecinal, del distrito electoral o monada republicana, el sujeto de la acción política. En estas condiciones, el mandato imperativo de la asamblea de vecinos a su representante hace que éste pueda defender fielmente sus intereses ante las corporaciones sin rostro. Es la única forma de que los problemas concretos del vecindario puedan ser atendidos por la nación. Supone una descentralización política tal que la presión de los lobbies se diluye y se controla de forma efectiva. Con el sistema mayoritario uninominal a doble vuelta con capacidad para deponer al representante, éste acude a la asamblea vecinal cada quince días, ante la cual rinde cuentas en primer lugar, y posteriormente escucha y recibe las peticiones de sus electores. Si éstos encontraran que el representante no cumple las promesas por las que fue elegido, le pueden revocar el mandato. Al recibir el sueldo de la mónada o distrito electoral y no del partido-Estado, el representante está sujeto a sus vecinos. Si aquel no cumple con las peticiones de la asamblea, se le retira el sueldo y el cargo, si se desayuna los ágapes servidos en las bandejas de plata de los poderosos, en contra de sus vecinos, se le destituye; si no cumple sus promesas, se le despide. La mónada actúa políticamente no sólo a través de un control institucional, sino que puede habilitar los espacios públicos donde el discurso conforma la política adecuada a la realidad. La doble retroalimentación, de la nación al distrito y de éste a la nación representada en la cámara de representantes conforma una unidad integradora de todas las dimensiones de la política y de lo político.

Atendiendo exclusivamente a la motivación justa de un sistema electoral democrático, el sistema uninominal mayoritario es el único que cumple con la regla 1 hombre = 1 voto y es el único que garantiza la Libertad política pues permite que un candidato independiente, sin filiación partidista, pueda presentarse ante sus vecinos para poder ser portavoz de sus intereses.

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Indignación de la ignorancia

2011-05-21T06:46:00.001+02:00

Publicado por Antonio García Trevijano:

Si necesariamente hemos de reducir todo para comprender algo, el problema actual de España, el origen de su permanente e insoportable malestar económico, cultural y político, hay que buscarlo en el cambio operado con la transición de la dictadura permanente de un solo partido estatal a la dictadura transitoria de dos partidos estatales. La invariante ha sido la ausencia de toda posibilidad de control del Poder, con Franco o con la Monarquía de Juan Carlos. La variante ha consistido en sustituir la represión de los nacionalismos periféricos por su incorporación al Estado, para tener garantizada siempre, con ellos, la mayoría absoluta gobernante. Si Tocqueville creyó ver en la Revolución Francesa la continuación del proceso de centralización estatal, iniciado por Luis XVI y culminado por Napoleón, mucho más evidente y menos discutible es que la Monarquía de Partidos, mediante la hegemonía de la socialdemocracia compartida por todos los partidos estatales, ha rematado la faena de suprimir cualquier atisbo de sociedad política intermedia entre la Sociedad Civil y el Estado.

Quien no comprenda esto no sabe absolutamente nada de lo que está sucediendo ahora con las manifestaciones y acampadas de numerosos súbditos del Estado que no quieren llegar a ser ciudadanos, por absoluta ignorancia de la cuestión primordial que les concierne: la representación política. No hay en los indignados de imitación una sola voz de la sociedad civil, una sola consigna que expresa la absoluta falsedad de las elecciones por el sistema de listas. Cerradas o abiertas no cambia nada. Ninguna es representativa del elector ni de la sociedad. Todo el que vota a un partido estatal, grande o pequeño, está votando a un órgano del Estado para que se represente a sí mismo en el juego de las facciones estatales. Todo el que vota a listas de facciones del Estado no se ha desprendido de su impregnación franquista, aunque ahora solo tenga 18 años. Fuera de la abstención no hay sitio para el honor, la decencia, el decoro, la dignidad. ¡Indignados que quieren votar la indignidad!

Entre un millón de posibilidades no hay una sola que autorice a creer que el MCRC pueda encaminar a estos inconscientes indignados, ignorantes de la causa de su indignación, hacia la revolución de la Libertad política y la puesta en pie de la sociedad civil. A quien no le repugne votar una lista estatal sobre la que no tiene la menor posibilidad de control, a quien no le indigne ser representado legalmente, sin mandato voluntario revocable, como a menores o incapacitados, no se le puede enseñar el camino de la libertad política. Nuestro prestigio y nuestra influencia aumentarán si no somos compañeros de los fracasos de la ignorancia manipulada.

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Tres Consejos de Luis Garicano

2011-05-20T05:44:00.001+02:00

Los tres consejos de un economista a los ‘indignados’: contrato único, fin de las viviendas vacías y educación global

Queridos “indignados”: me alegro muchísimo de que os hayáis decidido a dar un puñetazo en la mesa y expresar vuestro hartazgo con la situación económica y política. La situación a la que os enfrentáis es dramática, con números de paro juvenil en varias comunidades autónomas por encima del 50% y malísimas perspectivas para los próximos diez años, los años en los que normalmente deberíais encontrar trabajo.

Pero leyendo las crónicas de las manifestaciones, veo un miedo desconexo e incoherente que no se transforma en un programa de demandas. Os propongo tres, sencillas, pero que harían una diferencia sustancial a vuestro futuro.

Mercado laboral: contrato único

Tenemos un modelo dual de mercado laboral: unos tienen trabajo asegurado a largo plazo, y otros no tienen nada, rotan sin parar de subempleo a paro y de paro a subempleo, sin posibilidad de salida. La idea de los sindicatos es que los hijos se conviertan en los padres, que con el tiempo los jóvenes podáis aspirar a entrar en el núcleo del mercado de trabajo. Empíricamente, esto es falso. El 40% de los jóvenes que entraron en el mercado de trabajo a los 20 años siguen, a los 40 años, con contratos temporales. Esto es económicamente demencial y socialmente injusto. Hay que cortar por lo sano, y la reforma es sencilla: acabar con los contratos temporales y sustituirlos por el contrato único. Un contrato que empieza flexible, pero que va incrementando la protección con cada año en el que uno trabaja. Aquí va unaexcelente explicación de Samuel Bentolila.

Vivienda: poner en el mercado los miles de viviendas vacías

En un país con quizás 1,5 millones de viviendas vacías, suficientes para cubrir toda la demanda 7 años, los precios de las casas siguen siendo demencialmente altos y la oferta en alquiler es bajísima. Por ello, a pesar del enorme exceso de oferta, el 65% de los jóvenes españoles con edades comprendidas entre 25 y 29 años viven con sus padres, frente al 20%-22% en Francia, Holanda o el Reino Unido. Es necesario dinamizar el mercado inmobiliario. ¿Cómo? Primero, forzar al reconcomiendo de las pérdidas en el sector bancario, de forma que los bancos y cajas dejen de dirigir el crédito a promotores de hecho quebrados, con lo que se pondrán en el mercado cientos de miles de viviendas. Segundo, dar muchísima más seguridad jurídica al contrato de alquiler para asegurar que los propietarios ponen en alquiler los pisos aunque lo que reciban sea una cantidad modesta. Aquí va nuestra propuesta al respecto.

Educación para competir en la economía global

La globalización y el cambio tecnológico son imparables. China, India, Latinoamérica… van a entrar en los mercados globales durante los años claves de vuestra vida, y la información va a continuar haciéndose más barata. Reaccionar a estos cambios requiere que tengáis la formación para competir en el mundo globalizado. Pero en España el sistema educativo ha fracasado en conseguir este objetivo. Entre debates estériles sobre religión o ciudadanía, se ha perdido consciencia de la enormidad del fracaso escolar, al 31%, el doble que en los países de nuestro entorno. Hace falta aprender idiomas, hace falta una universidad en la que los profesores enseñen e investiguen, en la que los estudiantes se formen. Juanjo Dolado escribió unpost excelente con diagnóstico y propuestas, desgraciadamente tan actual ahora como lo era cuando lo escribió en 2009 (nada ha cambiado).

Con esas tres reformas, vuestro futuro cambiaría sustancialmente. Son reformas factibles, y las dos primeras se pueden hacer en cuestión de meses.

No demonizar el mercado

Notad lo que no hay en mis propuestas: el cabreo con el mercado o el “sistema capitalista”. El mercado, en España tan impopular, es el mecanismo que ha sacado de la miseria a cientos de miles de personas en China, en Brasil y en India en los últimos 15 años. Y el mercado es responsable de que, desde la transición al capitalismo en Holanda y el Norte de Italia al final de la edad media, la especie humana haya salido de la miseria en la que vivió, con poquitas excepciones, durante decenas de miles de años.

Hace 100.000 años, el PIB por habitante del mundo era de alrededor de 90 dólares- vivíamos constantemente al borde de la muerte. Hace 10.000 años, no había crecido nada, y seguíamos luchando por sobrevivir cada día. Hace 3000 años era de unos 120 dólares per cápita. En al año 1000 era aún de unos $133 dólares, y en el 1500 también. En 1600 era $141, 1800 $195, en el 1900,$ 679 y en el 2000, $6500. Es decir, durante la existencia eterna de la especie humana, nos hemos muerto de hambre y de asco.

Por favor, no escuchéis a los ignorantes que acusan al capitalismo y al mercado. Cierto, la crisis actual ha tenido su origen en un fallo enorme, tanto del mercado como de los reguladores. Pero el mayor peligro para España es el que el populismo de estos gane, y que nos metamos por la vía Argentina al subdesarrollo. Es fácil, una vez que se entra por ahí el empobrecimiento es inevitable. No está escrito en ningún sitio que tengamos que continuar siendo un país próspero, y no sería la primera marcha atrás en la historia.

Lo que sí es cierto es que necesitamos otro mercado que el que tenemos. Tenemos un mercado que es el mercadeo, en el que las corruptelas y los contactos deciden quien se enriquece. Pero el mercado es responsable de Google también y de Zara, y de vuestro querido Twitter. Se trata de conseguir un mercado regulado, responsable, que no sea la ley de la selva, y que no pase porque los enchufados y corruptos de siempre se forren y que si les sale mal les rescatemos.

Vosotros, los indignaos, sois la esperanza de España. Si os indignáis con conocimiento, si tratáis de pensar en cómo mejorar las cosas, España saldrá de esta reforzada. Si tiráis por la vía del populismo, del “que paren la globalización y el capitalismo que me quiero bajar”, el futuro de España será muy, muy negro.

*Luis Garicano es economista, profesor de la London School of Economics y director de la cátedra Fedea-McKinsey

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Infantilismo político

2011-05-19T08:24:00.002+02:00

Publicado por Antonio García Trevijano:

La psicología infantil se explica por la no percepción de la necesidad de un proceso de realización de los deseos. El niño ignora que la satisfacción de sus deseos exige la previa existencia de lo deseado, lo cual necesita tiempo y trabajo. Tampoco sabe que los mayores han de tener la capacidad y los medios de procurárselo gratis. La enfermedad infantil del comunismo fue el izquierdismo, del mismo modo que la enfermedad senil de los partidos es la partidocracia. Si el movimiento democracia real no añadiera el adverbio YA, para indicar que la quiere ahora mismo, se podría pensar que es otra manera de designar a la democracia material o social, como idea distinta de la expresada con las palabras democracia formal o política. Pero en el caso español no es posible entender lo que significa democracia real sin ponerla en relación con la democracia fingida en la Monarquía de Partidos. Este último aspecto hace atractiva y simpática a la democracia real. Y no hay infantilismo alguno en la pretensión de suprimir enseguida, incluso con un solo acto colectivo de gran magnitud, todas las ficciones del como si tuviéramos una democracia política.

A través de David Serquera, el MCRC mantuvo conversaciones con la plataforma Democracia Real, tratando de encontrar puntos comunes para la acción inmediata. Y tuvo la desagradable sorpresa de verse rechazado a causa de su programa de acción, limitado exclusivamente a la conquista de la Libertad política colectiva, mediante la apertura de un período de libertad constituyente, sin mezcla de reivindicaciones sociales o económicas de carácter ideológico. El infantilismo político desprecia la historia. El mayo francés era tan simpático porque no pretendió ser alternativa de poder, y tan absurdo políticamente porque, sin quererlo, provocó en las urnas el mayor triunfo de la reacción. El MCRC no está encerrado en una torre de marfil ni en el jardín de Epicuro. Pero no tomará parte en acción pública alguna que se aparte del objetivo único de su existencia: la conquista pacifica de la libertad política colectiva.

El MCRC está hoy en la calle, con folletos y octavillas, contra el sistema de listas, que es el fundamento de la partidocracia. Se podría esperar que en vísperas electorales, la plataforma “democracia real ya” pidiera la abstención, la derogación de la ley electoral y la adopción del sistema uninominal por mayoría a doble vuelta en cada distrito. Pero las únicas voces que se escuchan piden listas abiertas, como si esa insignificancia (la experiencia italiana demostró que solo usó la apertura un 3% del electorado) pudiera cambiar el hecho de que el sistema proporcional no es representativo del elector ni de la sociedad civil. El MCRC emprenderá todas las acciones que exija la libertad política colectiva.

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Un malestar difuso

2011-05-18T09:03:00.003+02:00

Publicado por José Luis González Quirós en El Confidencial:

No hace falta una capacidad muy aguda de análisis para constatar que, se mire por donde se mire, el sistema político español está alcanzando unas altísimas costas de desprestigio, y que el malestar de muchísimos ciudadanos crece a ojos vista, muy especialmente entre las capas más ilustradas e independientes, de las que deberían nutrirse las instituciones políticas en una situación de plena normalidad. Las direcciones de los partidos, ocupadas siempre en un muy miope día a día, no son los lugares ideales para percibir con nitidez el fenómeno, pero mal harían en no analizarlo y tratar de buscarle remedio, y no mero lenitivo.

Este malestar no está, todavía, políticamente articulado, y afecta al conjunto de los partidos, más a los grandes, desde luego, y, muy especialmente, al partido en el poder, pero está creando un estado de opinión que supone una grave objeción a la forma de funcionamiento de esta democracia que, más pronto que tarde, debería de encontrar respuesta en una reforma de fondo que, de no hacerse bien y relativamente pronto, puede poner en un riesgo muy serio la viabilidad de la democracia.

Este malestar está cristalizando en un conjunto de ideas bastante coherentes a las que nadie se ocupa de dar respuesta, confiando ciegamente en que la lealtad de los ciudadanos a la democracia, que nadie pone en cuestión, se traduzca inmediatamente en fidelidad a este sistema concreto que nos gobierna, lo que no es sino otro caso de cortedad de miras, del defecto de fondo que los descontentos señalan. Entre los argumentos que expresan el malestar de fondo, merece la pena destacar las siguientes:

1. Los partidos son sordos a los problemas reales de la sociedad española y los reducen, de manera irresponsable, a su aspecto puramente electoral; en consecuencia, las proclamas de los políticos tienden a parecer falsas, insensibles y oportunistas.

2. Como los partidos son conscientes de esta situación parecen haber decidido, hace tiempo, que no tienen nada que decir salvo a los muy convencidos, de manera que su acción política se vuelve dogmática, previsible y rígida. Ello acentúa más la distancia entre los ciudadanos y los partidos y convierte en retórica vaga cualquier intento de cumplir la función que les atribuye la Constitución de ser cauces de participación ciudadana.

3. Los ciudadanos tienen la impresión cada vez más firme de que la situación es inamovible y el bipartidismo reinante se les antoja una camisa de fuerza muy estrecha para la realidad en la que viven.

4. Técnicamente se dice que vivimos en un sistema de bipartidismo imperfecto, pero el sistema resulta ser imperfecto en otros muchos sentidos que provocan una honda frustración, por ejemplo, su incapacidad para consensuar reformas que todo el mundo entendería como necesarias, como la de la educación y la Justicia, o su resistencia interesada a poner remedio cierto y razonable a problemas que causan hastío y una ira sorda a muchos ciudadanos, como el terrorismo o, en otro orden de cosas, el abuso desmedido de determinadas fuerzas minoritarias.

5. Los políticos no inspiran ninguna confianza. Los electores no ven en ellos a personas, sino a siglas, y no comprenden su sumisión al liderazgo, por negativo que esté resultando al propio partido, como le ocurre ahora mismo al PSOE, ni la absoluta falta de iniciativa de la mayoría de ellos, además de su absoluto desinterés por las cuestiones que realmente preocupan a quienes representan.

6. Cada vez se tiende a pensar más en los partidos como auténticas redes mafiosas en las que la protección de unos por otros es el mandato fundamental. Nadie puede entender el desinterés que muestran los partidos por limpiar sus propias filas y eso se interpreta, desgraciadamente, como una muestra de que la corrupción está metida en el seno mismo de las organizaciones, de manera que se tiende a pensar y a sentir que son los partidos mismos los que promueven la corrupción como sistema para blindar su poder económico y la situación personal del conjunto del escalafón.

7. Por último, los electores piensan que el objetivo de los partidos es siempre distinto al que proclaman, de manera que les atribuyen una dosis estructural de mentira y de manipulación, una actitud que impide radicalmente cualquier intento de explicar con sinceridad, sin miedo, y de manera razonable las políticas que una buena mayoría de electores apoyaría. En consecuencia, los partidos se ven como meras máquinas para llegar al poder y permanecer allí el mayor tiempo posible, nada que ver, en último término, con someter propuestas a los electores para que estos decidan por si mismos lo que consideran mejor.

Este es el panorama una semana antes de unas elecciones decisivas. Muchos españoles van a interpretarlas, seguramente, como una manera de castigar a un personaje que les ha hecho mucho daño, pero el supuesto vencedor de esta convocatoria, haría muy mal en no darse cuenta de que tampoco ellos producen ningún entusiasmo.

* José Luis González Quirós es analista político

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Confirmado

2011-04-27T14:30:00.001+02:00

Confirmado, sí, la lista PSOE para las elecciones municipales 2011 en Campoo de Enmedio lleva hasta 4 candidatos imputados en procesos judiciales -penales- salvo que la Junta Vecinal de Bolmir con su presidente a la cabeza nos indique otra cosa. Ya estamos a la altura de los tiempos y de otras listas...

A saber, son los siguientes candidatos:

1. Don GAUDENCIO HIJOSA HERRERO

3. Don JUAN LUIS RUIZ ORTEGA

4. Don CARLOS JAVIER RAYON LOPEZ

5. Doña MARIA ANGELES GARCIA GUTIERREZ

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Suspenso

2011-04-27T08:47:00.001+02:00

Expertos europeos consideran que España no ha avanzado lo suficiente en la transparencia de las finanzas de sus partidos políticos. Los préstamos de los bancos en condiciones favorables y las cancelaciones de créditos sin justificación suficiente siguen siendo una fórmula muy criticada por el Grupo de Estados contra la Corrupción, un órgano del Consejo de Europa.

El GRECO suspende a España en su último informe, del día 1 de abril, por no cumplir satisfactoriamente ninguna de sus seis recomendaciones. Además, la información proporcionada no resulta suficiente: fuentes del Tribunal de Cuentas confirman que no han podido cruzar datos con el Banco de España.

La legislación española en materia de financiación de partidos ya fue analizada por el GRECO en 2009. A pesar de que el Parlamento había modificado la ley dos años antes (la anterior databa de 1987), los expertos consideraron que había todavía algunos aspectos por mejorar para garantizar la transparencia de las finanzas de los partidos.

Uno de ellos era la opacidad de las cuentas de las agrupaciones locales, sobre todo en municipios de más de 20.000 habitantes. El informe señalaba la existencia de "malas prácticas" en un punto en donde "los riesgos de corrupción son particularmente altos", teniendo en cuenta además que, según los informes del Tribunal de Cuentas, el 25% de los ingresos de los partidos proviene de sus sedes locales.

Otros aspectos muy criticados eran los relacionados con la ausencia de información sobre las fundaciones vinculadas a partidos y las deudas de estos con las entidades de crédito. El informe consideraba que las formaciones españolas estaban en una posición muy vulnerable/dependiente de los bancos. Sus deudas en 2005 ascendían a 144 millones en créditos. Por tal motivo, el documento concluía con seis recomendaciones que España debía aplicar en su legislación.

Dos años después, los expertos concluyen en un nuevo análisis que ninguna de sus seis recomendaciones se han cumplido "satisfactoriamente". La nota es pues un suspenso.

El GRECO pone especial atención en el endeudamiento de los partidos. Las advertencias del Tribunal de Cuentas no tienen carácter vinculante, señala el informe, y no hay datos suficientes como para concluir que el nivel de endeudamiento se haya reducido.

Critica además que no exista una regulación para determinar el límite de endeudamiento o las condiciones con las que se negocian los créditos, de tal forma que estos pueden llegar a confundirse con donaciones, sobre todo cuando se producen cancelaciones.

De hecho, el Tribunal de Cuentas no ha podido cruzar datos con el Banco de España: "Nos ha negado información sobre los créditos de los partidos", señalan fuentes de dicha institución. El Tribunal de Cuentas se ha quejado reiteradamente de recibir datos parciales sobre los ingresos procedentes de las fundaciones: "Si no podemos analizar la contabilidad de las fundaciones vinculadas y solo los ingresos que den a los partidos", afirman dichas fuentes, "no podemos conocer toda la realidad". Los expertos afirman que no se ha avanzado nada en esta materia y que no existe seguridad de que créditos negociados en condiciones muy favorables puedan servir para eludir la ley. Insisten pues en que España sigue estando en una posición muy vulnerable en esta materia.

La segunda recomendación estaba relacionada con los ingresos de las sedes locales de los partidos. Eran opacos en 2009, y lo siguen siendo en 2011: "No hay evidencia de que haya aumentado la transparencia respecto de los ingresos y los gastos de las sedes locales y entidades vinculadas".

Por otro lado, las contabilidades de los partidos son muy heterogéneas y siguen criterios diferentes, por lo que resulta muy complicado comparar la contabilidad de distintas formaciones. No se presentan cuentas consolidadas. "No hay una concepción única de las cuentas de un partido", señalan fuentes del Tribunal de Cuentas. "Los hay que consideran como entidades diferentes del partido y a su grupo parlamentario", explican.

Los expertos del GRECO habían solicitado que todos los partidos siguieran un mismo sistema contable. El Parlamento español solicitó en junio del año pasado al Tribunal de Cuentas que elaborara un plan de contabilidad, que previsiblemente estará listo en el segundo semestre de 2011. En ese capítulo, el GRECO considera que su indicación ha sido "parcialmente" atendida.

Cuarta recomendación: los expertos señalaban que los partidos carecían de un control interno de sus finanzas y no realizaban auditorias externas. El Tribunal de Cuentas, en un informe del 22 de junio de 2010, recomendaba a los partidos que establecieran sistemas de auditoria interna. A pesar de ello, el GRECO concluye que no hay evidencias de mejora en ese aspecto.

Las dos últimas indicaciones fueron atendidas solo parcialmente. Una hacía referencia al Tribunal de Cuentas y a la necesidad de reforzar sus medios y el personal necesario para llevar a cabo el trabajo de inspección. Tras su visita a España, los expertos destacaron que solo se había contratado a una persona para aumentar la plantilla de dicha institución.

Por último, demandaban una normativa sancionadora en la materia para los casos de incumplimiento. "El Tribunal de Cuentas ha presentado algunas propuestas que han sido aceptadas", concluye al respecto el informe.

Publicado en elpais.com

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La papeleta de la corrupción

2011-04-26T11:06:00.003+02:00

Esther Mucientes escribe en elmundo.es:

¿Qué es la corrupción? El juez Miguel Ángel Torres, que destapó el mayor caso de corrupción en España, el 'caso Malaya', lo describió en una conferencia en abril de 2009 así: "La corrupción consiste simplemente en subvenir el orden público a favor de las necesidades privadas (...) Nadie está ajeno a la corrupción, políticos responsables de las fuerzas de seguridad del Estado, jueves, fiscales, famosos en general (...) La corrupción supone sin más la deslegitimación del sistema democrático. Es uno de los mayores cáncer de la democracia y puede dar lugar a la aparición de líderes populistas y a mayor corrupción. Una de las mejores formas de combatirla es con más democracia y más transparencia".

Lo deja muy claro. Y es que si hay algo que haya marcado la política en España en los últimos años esa ha sido la temida corrupción. Las investigaciones judiciales, relacionadas en su mayoría con operaciones urbanísticas, arrojan la sorprendente cifra de más de 800 imputados entre políticos, de todos los partidos, funcionarios o empresarios.

Las elecciones municipales y autonómicas que se celebran el próximo 22 de mayo vienen acompañadas, por tanto, de una lacra difícil de extinguir. En los últimos cinco años hasta la Fiscalía General del Estado han llegado 730 causas de las que 131 pertenecen a casos de cohecho, 6 de malversación, 48 de prevaricación, 32 de tráfico de influencias y 31 de blanqueo de capitales, según el Informe sobre Democracia en España 2010 de la Fundación Alternativas.

Pero ¿cuánto dinero ha viajado en el maletín de la corrupción?Tres mil millones de euros. Una cifra más que considerable que representa sólo el valor de los bienes intervenidos durante estas operaciones. Detrás del cohecho, la malversación o el blanqueo, la cuenta se hace infinita. Y los que parecen que más tajada sacan son los propios representantes políticos de los españoles.

Según el Informe Global 2008 sobre la corrupción en España realizado por la Agencia de Transparencia Internacional (TI), los partidos políticos son señalados como la institución más corrupta en todas las partes del mundo. Ocho de cada 10 personas consideran a las formaciones como corruptas o extremadamente corruptas. Lo que hace que España se sitúe en el puesto número 30 de 178 países en cuanto a corrupción en el año 2010.

"Dado que los altos niveles de corrupción ponen en riesgo los medios de subsistencia de muchísimas personas, los compromisos de los gobiernos con la lucha contra la corrupción, con la transparencia y con la rendición de cuentas deben manifestarse a través de sus actos", asegura Huguette Labelle, presidenta de TI.

Todo ello tal vez explique los sorprendentes resultados de tres de los barómetros del CIS de 2009. La corrupción se colocó aquel año entre los problemas considerados como más importantes por los españoles, junto con los problemas económicos y el paro. Algo que no ocurría desde marzo de 1996.

Es decir, durante 13 años la corrupción nunca había sido incluida como problema por más del 3% de los encuestados. Sin embargo, casos como 'Gürtel', 'Palma Arena', 'Malaya' o 'Pretoria' han hecho que para más de un 10% de los españoles la corrupción sea el problema más importante de nuestra sociedad.

El fin del 'boom' inmobiliario, el urbanismo excesivo, y la falta de controles de los Ayuntamientos, provoca que junto a la autonomía de los gobiernos locales sea imposible controlar la corrupción.

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Los electores no eligen

2011-04-25T08:29:00.002+02:00

Publicado por Antonio García-Trevijano:

Para transformar esta partitocracia en democracia hay que eliminar los artificios que dieron a los partidos, con su monopolio de la acción política, la administración permanente del Estado. El primer artificio prohibió elegir las representaciones por un método distinto del sistema proporcional de listas. Los partidos se aseguraron así no solo la exclusiva del Parlamento, sino una cuota en los poderes del Estado. El elector no elige diputados. Vota a uno de los partidos estatales, para que de las urnas salga la cuota que le debe corresponder en el poder ejecutivo, en el legislativo, en el judicial y en los consejos de administración de las empresas estatales.

El propio sistema hace superfluo el Parlamento. Bastaría una reunión de todos los jefes de partido en el despacho del Presidente del Gobierno, para acordar por consenso, o por cuotas, la legislatura, la jefatura de los jueces que han de aplicarla y los administradores de las empresas públicas. Se evitaría así no solo el gasto del presupuesto parlamentario, sino el ilegal espectáculo de una Cámara que, sin deliberar, se limita a registrar el voto imperativo (prohibido en la Constitución) dictado por cada jefe de partido.

Además, el artificio electoral ha privilegiado el voto en Cataluña, País Vasco y Galicia, donde los votantes obtienen más escaños de los que le corresponderían aritméticamente, si se computaran del mismo modo que en el resto de España. Esto ha causado el crecimiento de los nacionalismos y la presencia parlamentaria de los pequeños partidos separatistas. Los muñidores de la Transición sufren hoy las volteretas y revueltas del artefacto que pusieron en marcha como aprendices de brujo.

Las elecciones en una democracia representativa, bajo el sistema de candidaturas uninominales elegidas por mayoría absoluta, a doble vuelta y en circunscripciones pequeñas, deben cumplir los siguientes principios: 1. Similar numero de electores en cada circunscripción. 2. Similar número de votos para ser elegido diputado. 3. Mandato imperativo del electorado. 4. Revocabilidad de la diputación en caso de deslealtad al mandato.

Los dos primeros son evidentes. Los otros fueron destruidos por Burke y Sieyes. Y nadie los ha vuelto a legitimar, pese a su congruencia con la naturaleza del mandato representativo. Además, han desaparecido por completo las circunstancias objetivas e ideológicas que convirtieron a meros diputados locales en representantes de la Nación. De puras conveniencias tácticas, la Gran Revolución hizo axiomas. Ya es hora de devolver el sentido común a los principios originales de la democracia.

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Imputados

2011-04-18T10:15:00.002+02:00

Hoy termina el plazo para la inscripción de las listas de candidatos de los partidos políticos y las agrupaciones de electores para las próximas elecciones autonómicas y municipales. Y en multitud de ellas aparecerán candidatos imputados en procedimientos judiciales, sin que ninguna ley o código ético de los partidos lo impida.

El hecho de estar imputado supone que un juez ha admitido a trámite una demanda y ha apreciado indicios de delito. Respetando la presunción de inocencia -aplicable también a los políticos-, es dificil entender por qué y para qué se incorporan imputados en las listas electorales.

Se me ocurren varias razones: 1/ para dificultar la labor de la justicia, 2/ para intentar que los electores hagan justicia por medio del resultado electoral, cuando la justicia no debe ser democrática, 3/ en el caso de los parlamentos regionales para aforar a los imputados electos, 4/ porque los aparatos de los partidos políticos se mueven en el tráfico de la corrupción con naturalidad y 5/ porque algunos imputados se incorporan directamente a las listas ya que son ellos mismos los que las confecionan.

No parece ético ni estético que candidatos bajo sospecha y con escasa ejemplaridad se presenten a las elecciones pero para ellos es "natural". Y así a la lista de Camps en Valencia, a la de IU en el ayuntamiento de Sevilla, pueden ustedes sumar cuantas conozcan, y seguro que tienen una cercana a mano.

Aquí cerca, y hace ahora un año de ello, llegó el secretario regional de organización del PSOE para entrevistarse con el presidente de la Junta Vecinal de Bolmir. A esa reunión se sumaron el alcalde y teniente de alcalde del ayuntamiento,y un vecino.

El objeto de la reunión -no anunciado con antelación- era el intento de conseguir retirar una demanda penal [delito ecológico, delito urbanístico, prevaricación, falsedad en documento público] en la que están imputados los 4 concejales PSOE y el alcalde.

No se trataba de hablar de los asuntos del pueblo ni de su gestión, tampoco preocupaban los contencioso-administrativos interpuestos. Confundiendo lo público con el partido político y este con los intereses privados se utilizaba el Salón de Plenos del Ayuntamiento, y durante tres horas y media, con el exclusivo fin de que se retirase el pleito penal. Mi información es de primera mano.

El pleito penal no se retiró, el contencioso administrativo sobre el mismo asunto se ha ganado según parece aunque el presidente de la junta vecinal no ha informado de todo ello a los electores quizás haciendo gala de esa necesaria "normalidad democrática" posterior a su pase a la lista PP desde la lista PSOE.

Y por supuesto el alcalde imputado se presenta por enésima vez supongo que con parte del resto de los imputados. El secretario de organización referido está imputado por varios delitos de prevaricación de su etapa de alcalde de otro ayuntamiento de los de Cantabria.

La Guinda: A la Justicia lenta hay que añadir la particular lentitud con la casta política, y el acomodo de los tiempos en los procesos a la agenda electoral del año. Por último recordar las inefables y recientes manifestaciones del secretario de organización de otro partido: "de nada sirve buscar candidatos honrados si no atraen votos"

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La solución de las Cajas??

2011-04-17T10:05:00.002+02:00

Escibe Victor Alvargónzalez en Cotizalia:

El espectáculo de ver cómo se intenta solucionar el “marrón” de las cajas de ahorros sin perjudicar a la clase política ha pasado de inmoral a surrealista.

Empezó siendo simplemente inmoral. La burbuja inmobiliaria se desinfló y lo lógico es que a partir de ahí se hubiera procedido a una voladura controlada de la burbuja financiera que financió la locura del ladrillo. En aquella época no habría pasado nada por proceder a una reestructuración ordenada -de verdad- del sector financiero, es decir, liquidar entidades inviables, vender otras por lo que valían -entonces todavía valían algo- y, por qué no, sacar las menos malas a bolsa. Entonces todavía habría colado. Efectivamente, en aquel momento contábamos con un colchón de provisiones genéricas único en el mundo que habría permitido la venta o salida a bolsa de algunas entidades. Otras se habrían tenido que cerrar, pero se habría podido hacer protegiendo a los clientes, en lugar de utilizar el dinero para crear el nefasto FROB.

Parecía relativamente sencillo, pero hete aquí que los políticos se dan cuenta que un proceso así comportaría auditorías (en caso de venta), “due dilligence” (en caso de salidas a bolsa) o incluso intervención judicial de oficio (en caso de quiebras o liquidaciones). Y claro, eso ponía en peligro a toda la clase política sin excepción, con su maraña de favores, influencias y pactos inconfesables. Por el hilo saldría el ovillo, y vete tú a saber dónde estaba el ovillo. Así que un cafelito y un acuerdo muy simple: “esto no nos beneficia a nadie. Si salta puede salpicar a cualquiera, porque todo el mundo está pringado y no se sabe por dónde puede saltar la liebre. Así que la solución está clara: protejámonos todos. Que no se cierre, ni se venda ni quiebre ninguna entidad. Tapemos los agujeros con dinero de los impuestos (nacimiento del FROB) y eso nos dará margen para juntar unas entidades con otras (fusiones), pasarles un trapo y darles una mano de pintura para sacarlas a bolsa y problema solucionado”.

Utilizar el dinero de los españoles para evitar que la clase política pase por los juzgados a la vez que se recortan derechos sociales e inversión pública (hospitales, colegios, etc.) es inmoral. El espectáculo posterior en que se ha convertido la “venta de la moto” es, además, surrealista.

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Un pecado contra la humanidad

2011-04-17T09:55:00.002+02:00

"Si un hombre, con creencias que le enseñaron en la infancia, o que asimiló más tarde, es fiel a ellas y desestima todas las dudas que se plantea él mismo al respecto, elude adrede la lectura de libros y la compañía de personas que las cuestionan o analizan, y cuestiona impías las preguntas que no pueden contestarse fácilmente sin poner aquellas en entredicho; la vida de ese hombre es un pecado contínuo contra la humanidad".

Willian Clifford, matematico y erudito de Cambridge del siglo XIX

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La trampa de las listas abiertas

2011-04-15T19:10:00.002+02:00

Escrito por Pedro M. González:

Que con buenas intenciones se han causado los mayores daños es una evidencia histórica difícilmente cuestionable, y en el actual discurso político oficial, ante la hecatombe manifiesta de la ruindad institucional y “constitucional” típicamente defensiva de quienes apalancan este régimen de partidos, unos pocos se aferran a una reformista tabla de salvación que acabe con el déficit democrático que ya no se puede esconder: El cambio del sistema de listas cerradas y bloqueadas de partidos por otro de listas abiertas, también de partidos.

Se trata de una burda simplificación intelectual ajena al control ciudadano sobre el representante, ya que la adopción del sistema de listas abiertas de partido, no resuelve el problema de la representación y responsabilidad del elegido frente al elector, resultando que, en cualquier caso, para ser elegido, habría forzosamente que pertenecer a la lista de un partido concreto que lo incluya.

Efectivamente, para poder ser elegido, el partido, verdadero y único sujeto de la acción política, seguiría diseñando el “menú” de elegidos a incluir en dichas listas a través de sus cúpulas, por lo que la separación entre la sociedad civil y política se mantendría de igual forma que en el actual sistema de listas cerradas, ya que el poder último, la mal llamada “soberanía”, residiría en última instancia en el partido y no en el ciudadano. Exactamente igual que ahora.

Dar carta de validez al cambio de unas listas cerradas a otras abiertas como simple solución al problema representativo supone expreso reconocimiento de que el sujeto político sea el propio partido y no el ciudadano, que únicamente puede ejercer la acción política a través de aquel, quedando de nuevo a merced de una clase política generada por la oligarquía de partidos, donde la promoción dentro y fuera del grupo partitocrático se consigue con instrumentos tan característicos como el servilismo y el pactismo.

Ello no viene a significar la maldad intrínseca de los partidos políticos, cuya utilidad vehicular de las ideas y aspiraciones ciudadanas es evidente y asumida por cualquier demócrata, sino que lo sancionable es su posición como titulares del monopolio de la política insertándose en el estado como verdaderos órganos administrativos gestores de la “cosa política”.

La oligarquía de partidos, ya sea con listas abiertas o cerradas, se caracteriza por la configuración del partido como tentáculo del estado que establece su relación con el ciudadano de arriba hacia abajo, saliendo del Estado hacia el ciudadano y no al revés como verdadera asociación ciudadana de orden político destinada a proponer una determinada acción de gobierno que es precisamente su función.

El carácter cuasi-administrativo de los partidos en el régimen partitocrático queda de manifiesto en otros aspectos sintomáticos como es la subvención estatal, pesebre perpetuo y premio a su papel en el sistema que instituye (de Institución) a los partidos en el mayor enemigo de las aspiraciones democráticas de los ciudadanos, que ven como aquellas siglas que han votado son diferentes en el poder que fuera de él, produciéndose la quiebra entre la sociedad civil y la sociedad política.

Por tanto, la solución de las listas abiertas no es más que un ejercicio de defensa propia de los partitócratas, que así reconocen prima facie la existencia de un déficit democrático en España como problema cierto y tangible.

Y una sociedad que se proclame avanzada plantea los problemas sólo cuando los pueden afrontar y resolver. Hoy la sociedad se plantea a diario como problema la situación política española y su déficit democrático, situación que es fácilmente reconvertible desde el mismo momento en que asumamos que no es sino la culminación del proceso de Transición que supuso el pacto entre el franquismo, legitimado por unas elecciones sin libertad, y la admisión de los partidos políticos entonces ilegales.

Este pacto queda reflejado en la Constitución de 1978, donde se elimina la separación de poderes, los partidos políticos se constituyen en los únicos agentes políticos y se separa radicalmente la sociedad civil de la sociedad política, concediéndosenos todas las libertades (reunión, expresión...) pero negándosenos la más importante: la libertad política de elegir, controlar y deponer democráticamente a nuestros legisladores y gobernantes.

Es por ello que las libertades existentes pueden ser utilizadas para todo menos para constituir y renovar el poder político del Estado o para controlarlo. Todo este sistema político nacido del pacto entre franquistas y partidos de la oposición, exponente máximo del oportunismo social de una generación, necesita como otro instrumento para mantenerse, además de los referidos (servilismo y pactismo) a la corrupción.

Lejos de listas abiertas (al fin y al cabo, listas), la única solución para acabar con el déficit democrático es la reforma de la Constitución para eliminar el criterio de representación proporcional (Art. 68.3) en las elecciones generales y locales, paso decisivo para llegar a la Democracia en España.

Y es que, la aplicación del criterio de proporcionalidad a las listas que se presentan en cada una de las circunscripciones hace que los “representantes” elegidos por los ciudadanos no sean más que delegados de los partidos que han elaborado esas listas, basadas en la sumisión a la cúpula del partido y no en la defensa de los intereses de los electores.

El actual sistema electoral convierte al elector en espectador pasivo e impotente ante el pacto y mercadeo de escaños y concejales, elementos fundamentales para la formación de mayorías. La representación deja de existir porque el sujeto del poder político es el partido y no el elector. El “representante” no es responsable ante el elector sino ante la máquina partidista a la que obedece servilmente para repetir en la próxima lista electoral. La implantación de un sistema mayoritario de distrito uninominal haría que los elegidos fueran verdaderos representantes de los ciudadanos. Éstos, elegirían a un solo candidato, incluido o no en un partido, por cada uno de los distritos electorales en los que fuera divido el territorio por razón de su densidad de población. Así, la Asamblea quedaría formada por la reunión de los representantes elegidos por cada distrito electoral.

Sólo con un sistema mayoritario uninominal los ciudadanos podemos obtener representantes libres de todo mandato imperativo y de toda imposición partidista. La responsabilidad de los representantes sería directamente ante los electores y solamente a éstos correspondería premiar o castigar su actuación política no solo cada cuatro años, sino durante toda la vigencia del mandato al poder revocar cada distrito a su representante en el curso de la legislatura a través del sistema de remoción electoral, si defrauda a las expectativas que le elevaron a la Asamblea.

La posibilidad de exigir responsabilidades no se circunscribiría a la mayoría ya que la minoría tendría un papel fundamental como es el de controlar a aquella, siendo su fuerza suficiente para poner en marcha todo tipo de mecanismos de control. Se daría así una auténtica responsabilidad entre el elector y SU representante.

Por otro lado, supone una ventaja adicional aunque no por ello menos importante, resultante de la supresión de las actuales discordancias entre el número de votos obtenidos y el efectivo equilibrio de poderes, que actualmente favorece un papel excesiva y peligrosamente preponderante a los partidos de tendencia nacionalista que ven como con obtener una cantidad de votos en el territorio de su influencia obtienen un escaño mientras que los partidos de ámbito nacional precisan para ello una cantidad superior. Todo ello se ve superado en el sistema uninominal y mayoritario en el que la votación por distrito electoral otorga una situación de igualdad a todos los ciudadanos independientemente del la localidad o provincia donde se hallen.

Pedro M. González en Debate Republicano

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El Voto en Blanco

2011-04-10T11:58:00.003+02:00

Publicado en LA RAZÓN. LUNES 28 DE FEBRERO DE 2000

ANTONIO GARCÍA TREVIJANO

Está muy extendida la opinión de que la única forma de hermanar el decoro personal con el deseo de participar en la política, cuando ningún partido promueve la veracidad, libertad y justicia exigidas por la dignidad de la convivencia ciudadana, es el voto en blanco. Esta creencia rechaza la abstención. No, precisamente, porque deje el campo libre al voto de los malvados, los cínicos o los ignorantes, que es el motivo platónico de la participación, sino para no caer en una aparente forma de pasividad que, además de inútil, elude el cumplimiento de un deber cívico. El argumento de Platón es la trampa intelectual que las pasiones de la vanidad o la ambición tienden al oportunismo de las buenas conciencias. Respecto al deber de votar me basta con insistir en lo que no me cansaré nunca de repetir: «No puede ser deber moral lo que es un derecho potestativo; ni puede ser cívico o civil lo que pertenece exclusivamente a la esfera del orden político».

Los sectores del cuerpo electoral que están en desacuerdo con este Régimen, o con su Administración, deberían saber deslindar las fronteras de la coherencia cuando tienen la ocasión de usar derechos igualmente válidos, pero de muy distinto significado para la legitimidad del Sistema, como el de votar en blanco y el de abstenerse. Entre ellos hay la distancia espiritual que separa al agnosticismo del ateísmo. Perplejo ante la duda, el agnóstico admite la posibilidad de la existencia de Dios. El ateo la niega porque es ilegítimo pedir que se pruebe la no existencia de Dios. Votan en blanco los agnósticos en política que no saben deducir las maldades partidistas de la naturaleza oligárquica del Régimen que da forma y vida a todos los partidos. Y votarían a uno nuevo que diera fe a sus esperanzas, del mismo modo que el agnóstico en religión se haría creyente si, de repente, se rajara el cielo y apareciera sobre todas las aldeas y estrellas del Universo una figura tonante diciendo ¡SOY DIOS! No quiere saber, por temor a las secuelas morales de la inteligencia natural, que eso es tan imposible como esperar peras del olmo o frutos democráticos de una Oligarquía constitucional.

En cuanto a la utilidad del voto en blanco, en contraste con la pretendida inutilidad de la abstención, una simple observación y un sencillo cálculo bastan para destruir el argumento. La bicha de todos los partidos es la abstención. Lo único que a su juicio haría peligrar a su Régimen. Nada les preocupa, en cambio, la dimensión del blanqueo de votos. El Sistema costea una carísima propaganda para que la gente acuda a las urnas, llegando hasta el extremo de presentar el asunto, con cínica falsedad, como si fuera una obligación civil, o un cargo de conciencia para el ciudadano. Pero no gasta ni una sola palabra de condena del voto en blanco. La razón es sencilla. Es imposible que los votos en blanco lleguen a superar un techo significativo. Pues mucho antes de que se acercaran al diez por ciento nacería un nuevo partido que los recogiera. Cosa que no puede suceder, por principio, con la abstención. Si ésta alcanzara, en el Estado de partidos de los países europeos, las proporciones que adquiere en las elecciones federales de EEUU el Régimen se derrumbaría en el acto. El voto en blanco presupone la conformidad con el sistema electoral y la Constitución de la Monarquía de partidos. Y al expresar su total desacuerdo con todas las listas en liza, está soñando con un partido que, además de ser leal al Régimen, sea verídico, libre, competente y justo. Un imposible. Al recusar a los partidos del orden político creado por la Constitución sin recusar a ésta, el sentido del voto en blanco se identifica, en su incoherencia, con el de aquella extravagante parábola donde Jesús condena a la fiel higuera porque, en lugar de dar su fruto cuando no era tiempo de higos, obedeció al orden natural decretado por la Constitución Universal de Su Padre.

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El corruptódromo

2011-04-06T08:51:00.002+02:00

Publicado en El Confidencial:

No están todos los que son, pero son todos los que están. Malaya, Gürtel, Pretoria… son nombres de los casos más llamativos de una corrupción política que se extiende a todos los partidos. En España salpica por igual a socialistas y populares; nacionalistas e independientes. Si los datos de la Fiscalía General del Estado descartan que unos partidos sean más corruptos que otros, confirman que la corrupción en España está muy vinculada al urbanismo y la contratación pública. El rechazo social que estos escándalos provocan ha sido el causante de que la plataforma ciudadana NoLesVotes haya lanzado el Corruptódromo, un mapa de Google Maps en el que aparecen marcados todos los puntos de España donde se tiene constancia que existen “actividades de corrupción o de presunta corrupción llevadas a cabo por los partidos políticos”.

El Corruptódromo confirma que no hay comunidad que se escape de delinquir, aunque destacan especialmente el litoral levantino y la Comunidad de Madrid. Por partidos políticos, el color azul del PP se impone, seguido muy de cerca del rojo de los socialistas. Curioso es el cambio de Cataluña: el partido con más denuncias resulta ser CiU, seguido del PSC y finalmente del PPC.

Los últimos datos que maneja la Fiscalía General del Estado hablan de 730 causas abiertas y señala a Madrid, Málaga, Sevilla y Baleares como las provincias que más investigaciones policiales han concentrado: 560. Desde 2004 han detenido a más de mil personas y han intervenido numerosos bienes valorados en más de 3.000 millones de euros. En todos los escándalos hay un punto en común: los municipios afectados tienen entre manos importantes desarrollos urbanísticos, lo que conlleva recalificaciones de suelo y un aumento importante de la población.

En noviembre de 2009, el Fiscal General del Estado, Cándido Conde-Pumpido revelaba que las causas afectaban a militantes de todos los partidos. En ese momento, se tramitaban 264 causas judiciales que concernían a los socialistas frente a los 200 que afectaban al PP. El resto de partidos, aunque menos, tampoco se libraban. Desde 2004, los agentes del Cuerpo Nacional de Policía (CNP) han realizado 232 operaciones contra la corrupción. Casos que se han centrado en delitos como cohecho (131 casos), malversación (6 casos), prevaricación (48 casos), tráfico de influencias (32 casos), blanqueo de capitales (31 casos), falsedades o abuso en el ejercicio de la Función Pública, entre otros. Según fuentes policiales, la corrupción urbanística produce más dinero que el tráfico de drogas y tienen la suerte de que las penas son menores. “¿No han visto dónde está Julián Muñoz, condenado por la “operación Malaya” con un buen número de causas pendientes?”. En la calle.

No siempre se mueven por dinero

Manuel Villoria, catedrático de la Universidad Rey Juan Carlos y experto en corrupción, asegura en el Informe sobre Democracia en España que la Fiscalía Anticorrupción únicamente intervino en 2004 en 104 procedimientos, habiéndose más que duplicado el trabajo en los cinco años posteriores. “Cuando se piensa en los motivos que llevan a alguien a realizar actos corruptos se piensa en el dinero como motivador esencia. Sin embargo, hay otros motivos también importantes que a menudo no se consideran, como la amistad, el amor, o incluso la venganza por una situación que se considera injusta”.

La corrupción se cuela por el sistema de financiación de los ayuntamientos, que trabajan a través de convenios urbanísticos, “una vía de penetración perfecta”, explican fuentes sindicales. La trama casi siempre es igual: un alcalde, o un concejal de urbanismo, necesita a promotores que compren terrenos al precio más bajo posible, para volver a vender el solar con un coste mucho más elevado. “El dinero que se ahorra en la compra-venta lo dedican a pagar los favores tanto a los que han conseguido el terreno como a los corruptos del ayuntamiento implicado”, aseguran las mismas fuentes. En la corrupción política de alto nivel, tipo Gürtel, aparecen elementos causales. “Entre otros, la necesidad de financiación de los partidos. La cual, a su vez, tiene su origen e cambios en la cultura política”, asegura Villoria.

Sin embargo, al estudiar cada caso salen sus propias peculiaridades de delinquir. En el caso Gürtel, una de las claves del proceso “estará vinculada a la acreditación o no en el juicio de que la trama surge y se consolida como un instrumento de financiación del Partido Popular”, añade el catedrático. Lo curioso de la “operación Pretoria”, en Barcelona, es la presencia de personas vinculadas a diferentes partidos: dos ex altos cargos del Gobierno de Pujol, un ex diputado del PSC y el alcalde socialista de Santa Coloma de Gramanet. “Este caso es otro ejemplo de la consolidación de un cluster poco transparente, con altas barreras de acceso y de salida. La trama está dirigida de forma centralizada, con una dirección única y con distintas zonas de actuación. La clave de acceso son las conexiones personales”. En “Malaya” había implicados concejales del GIL, del Partido Andalucista y del PSOE. El caso balear afecta a decenas de ex cargos públicos y empresarios. “En algún momento miembros de dos partidos diversos de la anterior coalición de gobierno pudieron ponerse de acuerdo, pero aquí se trata de personas que nunca han gobernado juntos”, añade.

Las extorsiones dificulta las salidas

Los motivos que llevan a la trama no son solo económicos. “Existen lazos de obediencia y disciplina partidista que podrían explicar la actuación de algún actor, como Ricardo Costa”, asegura el catedrático. La amistad también está presente a lo largo del proceso y, en otros casos, son lazos familiares los que explican la llegada de determinadas personas al marco de la trama. “Empieza con pequeños pasos, y poco a poco se sitúa en una dinámica de la que es muy difícil salir”. Las extorsiones y amenazas, llegado el momento, dificulta la salida. “El mecanismo del regalo, cada vez de mayor valor, va dejando paso al soborno, y de ahí a la consolidación del intercambio”. Las relaciones corruptas son “estables y duraderas, años de amistad, vida privada compartida, incluso amistad con miembros de la familia”. En ese marco, los intercambios son abiertos y no existe una conexión inmediata entre acto corrupto y pago, sino que el corruptor hace favores y sabe que de alguna forma le serán devueltos.

En España todos los gobiernos pierden legitimidad desde 2005, según el Índice de Percepción de la Corrupción de Transparency International. Jordi Rodríguez Virgili, subdirector del Máster de Comunicación Política de la Universidad de Navarra, asegura que la corrupción es uno de los principales motivos por la que los españoles han dejado de creer en la política. “Los ciudadanos no distinguen entre los matices ni distinguen quién es el bueno y quién el malo. Por eso el rechazo es en general hacia todos los políticos. Fallan en lo más básico: en la honradez. Ellos no están para servirse a sí mismos, sino para servir al pueblo. Y estos escándalos la ciudadanía lo ve como una traición”. El efecto electoral que provoca es la reducción de la participación de la ciudadanía, “que no tiene entusiasmo por mantener el Gobierno que tiene ni porque llegue otro nuevo, que puede ser peor”. Villoria asegura que la democracia española tiene mucho que mejorar en cultura de la transparencia y rendición de cuentas, “y esas mejoras probablemente reducirían de forma sustancial la corrupción”.

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Avaaz - Se agota el plazo ¡Aparten a los políticos corruptos de las listas

2011-04-03T10:47:00.001+02:00

via avaaz.org

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Duelo en el sector inmobiliario

2011-04-03T10:06:00.002+02:00

Escrito por el catedrático José García Montalvo y publicado en La Vanguardia, vía reggio´s:

Hace más de tres años que dura el duelo por la debacle del sector inmobiliario español. Los datos del 2010 muestran la magnitud de la tragedia: la iniciación de viviendas ha caído al 10% del nivel del 2006. Por su parte los precios han caído oficialmente un 13%, aunque otras fuentes sitúan la caída en el 18%. En fin, un drama.

A finales del 2007 comparé el duelo de los asistentes al funeral inmobiliario (Gobierno, promotores y constructores, banqueros, etcétera) con el duelo por la pérdida de un familiar. Los psicólogos distinguen varias etapas bien definidas en el proceso del duelo. En primer lugar hay shock y negación. Luego aparece la ira y la culpa. Le sigue la depresión y la percepción disfuncional de la realidad. Y, finalmente, la fase de aceptación y la superación del duelo.

La fase de shock pilló al Gobierno hablando de que España tenía el mejor sector inmobiliario (Chacón dixit) y el mejor sector financiero del mundo (Zapatero dixit), a pesar de que todos los indicadores de peligro de la economía española estaban centelleando en rojo hacía mucho tiempo. Rápidamente, llegó la fase de negación (de la crisis), que duraría dos años. Los promotores y constructores también estaban inicialmente en shock: ¿cómo es posible que no haya compradores para una casa de 50 metros cuadrados si solo pedimos 600.000 euros?

Inmediatamente pasaron a la negación: “Que nadie espere que el precio de la vivienda baje”, “la demanda anual no bajará de 450.000 viviendas”, o “el precio de la vivienda se vaa disparar si no se construye más” se empeñaban en decir. El sector bancario, por su parte, negaba que fuera a tener ningún problema: tenía provisiones de sobra y una tasa de morosidad mínima. Y mientras, refinanciaba a promotores y constructores como si la cosa fuera a ser una tormenta de verano.

Casi simultáneamente aparece la ira, proyectada contra la prensa internacional. Querían hundir a España y desanimar la compra de vivienda de los inversores. Inmediatamente, comenzó la fase de culpa, pero de una manera especial. En un duelo normal la atribución de responsabilidad es interna: si un familiar muere en un accidente la persona en duelo cree que es su culpa. En el caso del Gobierno y los promotores funcionó al revés. El Gobierno rápidamente culpa a la crisis financiera internacional.

Recientemente, Zapatero utilizó un informe del FMI muy autocrítico para justificarse: ellos tampoco vieron venir la crisis. ¡Mal de muchos, consuelo de tontos! Los promotores culpan a las entidades financieras de sus desgracias con unos argumentos realmente sorprendentes. Les hacen la competencia desleal vendiendo viviendas, y no dan créditos. Pero claro, los bancos están vendiendo las viviendas que algún constructor les dio al no poder pagar sus deudas. Por tanto, es uno de los suyos quien, en última instancia, les está haciendo la competencia.

Respecto al crédito se niegan a aceptar que hace falta alguien que lo ofrezca pero también alguien que lo demande. El sector financiero le echa la culpa a la crisis financiera global mientras utiliza la conocida táctica de extender y pretender, controlando su morosidad de las formas más diversas: refinanciando, adjudicándose inmuebles, etcétera.

Un tiempo después llega la fase de percepción disfuncional de la realidad. El Gobierno en pocos días pasa de decir que no hay crisis a ver brotes verdes en todas partes. La recuperación llegará el siguiente trimestre dice cada trimestre. Los promotores pasan en pocos días de no aceptar que los precios de la vivienda puedan bajar a decir que ya habían bajado mucho, todo lo que podían bajar. Las ministras de Vivienda alientan a los ciudadanos: “Es el mejor momento para comprar una vivienda”. Y Zapatero zanja en Estados Unidos: los precios de la vivienda han tocado suelo. A los pocos días Tinsa dice que la caída del precio se acelera y la UE que los precios tienen que caer todavía un 17% en España. Por su parte, el sistema financiero sigue a lo suyo, con discreción. Y, mientras la crisis se acentúa, la iniciación de viviendas se sigue hundiendo, las viviendas terminadas no se venden y las tasas de morosidad de las entidades financieras se disparan.

Los psicólogos dicen que hay riesgo de que no se supere la fase de percepción disfuncional de la realidad. Por eso muchas veces es necesario un especialista. Al Gobierno español y la banca les hicieron falta nada menos que tres psiquiatras: uno llamado mercados, otro Unión Europea y otro de casa, llamado Banco de España. El Gobierno empieza a aceptar, a regañadientes, la realidad. Las entidades financieras empiezan a sentir el aliento del Banco de España en la nuca: si os quedáis casas, el 30% de cobertura a partir del segundo año; si un crédito es moroso y tiene solares como garantía, un 50% de cobertura al final del primer año; y si no tienes suficiente capital te recapitalizaremos a la fuerza.

La fase de aceptación parece estar en marcha, aunque no para todos. Los promotores siguen en su propio mundo de ilusión y fantasía. Piden 72.000 millones de financiación bancaria. Dicen que los precios no pueden bajar más y que nunca bajaron en las mejoras zonas, en contra de la evidencia disponible. Piden medidas para agilizar la recalificación de terrenos con el enorme stock de viviendas sin vender que existe. Siguen pensando en construir 300.000 o 350.000 viviendas anuales a pesar de que el grupo de edad de primeros compradores se contraerá drásticamente en los próximos años como consecuencia de las mínimas tasas de natalidad de finales de los años ochenta. Siguen sin aceptar la diferencia entre demanda potencial (asociada a la demografía) y demanda efectiva (que también tiene en cuenta las tasas de desempleo y, sobre todo, la renta). Considerando la renta disponible de los hogares, los precios de la vivienda en España siguen siendo estratosféricos.

Y en todo esto, ¿dónde están los expertos y economistas del Inside job español? Aquellos que decían que la demanda justificaba construir 650.000 viviendas anuales, o cualquier cantidad que a la asociación de promotores que pagaba el informe de turno le pareciera oportuna. Aquellos que, desde su despacho en una entidad financiera, decían que el sistema financiero español no tenía ningún problema. Aquellos que decían que la crisis no llegaría a España mientras entraban en su oficina gubernamental. Aquellos que decían, ya en plena crisis, que la economía española necesitaba cuatro millones de inmigrantes más. Pues ahí siguen: ahora dándonos lecciones de cómo salir de la crisis. Quizás algún día habría que hablar también de ellos.

En fin, reconozco que me equivoqué en la extensión de cada fase cuando hace algunos años planteé como sería el duelo por el sector inmobiliario español. Pero la culpa no es mía: es del psicólogo que invento la teoría del duelo…

José García Montalvo. Catedrático de Economía de la UPF.

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Señor Presidente de la Junta Vecinal:

2011-03-28T16:16:00.003+02:00

Han pasado más de 8 meses [23 de Julio de 2010] desde que hice seguir al Presidente de la Junta Vecinal, a parte de sus miembros y a su secretario un escrito que no fue leido en público ni hecho público de alguna manera. Así se pagó nuestra colaboración con la Junta vecinal. Como quiera que a algunos de mis convecinos les puede interesar aquí dejo constancia del mismo en fechas próximas a las elecciones.

Sr. Presidente de la Junta Vecinal de Bolmir (Cantabria)

ASUNTO: Participación en la vida pública

Estimado E.:

Con ocasión de la reunión que hoy Viernes 23 de Julio de 2010 pretendes celebrar con los vecinos de Bolmir, nosotros JRM y PMM hacemos pública nuestra posición para conocimiento de la Junta que presides y del público en general -a tal fin autorizamos sea leído este escrito en público y/o su exposición en los tablones de anuncios-, y exponemos los siguientes hechos:

En los últimos meses hemos venido colaborando contigo y con la Junta Vecinal de Bolmir cuantas veces se nos ha solicitado. Independientemente de todo ello nos hemos dirigido a distintas administraciones a título individual, y para interesarnos por los asuntos que se detallan: Camino de Bolmir a Reinosa, Seguridad Vial, Coste de las nuevas dotaciones de alumbrado público y PSIR en la vega de Bolmir.

Nos hemos dirigido a las administraciones local y autonómica, y en algún caso al Defensor del Pueblo, utilizando los instrumentos legales que permiten a los ciudadanos participar en la vida pública: Envío de escritos, ejercicio del Derecho de Petición y recurso al Defensor del Pueblo. Lo que nosotros hemos hecho lo puede realizar cualquier ciudadano español, y por ello animamos a nuestros convecinos a que se sumen a la tarea. No es preciso recibir instrucciones para participar en la vida pública.

Repasando por encima los cuatro asuntos mencionados podemos decir que en Noviembre de 2008 nos dirigíamos al Presidente del Gobierno de Cantabria y más adelante a otros políticos de la misma administración para que recuperasen y rehabilitasen el Camino de Bolmir a Reinosa; en Agosto de 2009 y coincidiendo con la fiesta del ayuntamiento de Campoo de Enmedio un edil comentaba en público y al Consejero de Medio Ambiente que “habría que demostrar que el camino de Bolmir a Reinosa existió”. Esta primavera el camino era asfaltado sin cunetas, y sin seguir las especificaciones técnicas del proyecto: Una obra a ejecutar en dos semanas se ejecutó en dos días, y de los 20 centímetros de gravas del proyecto vimos como solo se utilizó una capa de 5 centímetros; el camino ya presenta algunos desperfectos ante la mala calidad de ejecución y sigue sin darse soluciones para el agua en los subterráneos bajo el vial y la autovía.

También nos dirigimos a la sociedad que urbanizó el polígono industrial La Vega de Reinosa SEPES y después de los meses nos enteramos que nadie presento alegaciones en el periodo de información pública en los años 90 acerca del camino a Reinosa en el tramo del polígono, y así lo perdimos. Por ello entendimos que otro tanto sucedería en la pradera caso de llevarse adelante el denominado PSIR Prado Cervera. Y efectivamente el consejero de industria Sr. Sota indica al Defensor de Pueblo –en respuesta que este nos remite- que el camino desaparecerá a la altura de la central de Enagás, para pasar a confundirse con los nuevos viales. Esta información coincide con la que se obtiene de la memoria del proyecto y el plano del mismo al que tuvimos acceso.

El ayuntamiento de Reinosa nos informó en Diciembre de 2009 que SEPES había comunicado a esa corporación que asfaltaría el tramo comprendido entre el “puente de madera” y la acera de los viales por la zona verde, y bordeando Puertas Nueva Castilla.

En Agosto de 2008 se entregó escrito en Santander para el Consejero de Obras Públicas Sr. Mazón con más de 100 firmas solicitando elementos de seguridad vial en la travesía de la CA-730: bandas sonoras disuasorias, semáforos y pasos de peatones, también para el barrio de San Cipriano. En Noviembre de ese año se envió un nuevo escrito. Este verano de 2010 observamos como aun no se han terminado las aceras y faltan todos esos elementos que se solicitaron. El consejero Sr. Mazón nos informa a través del defensor del Pueblo que el director facultativo de la obra en la carretera CA-730 estaría redactando un proyecto que recogería nuestras peticiones.

También nos interesamos por el coste de los nuevos puntos de luz con cargo al plan E, y seguimos sin conocer este dato: ni el ayuntamiento, ni el Ministerio de Administraciones Territoriales, ni la Dirección General de Carreteras del Gobierno de Cantabria han suministrado tal información. Una misma empresa ha instalado los nuevos puntos de luz con cargo a dos presupuestos y los dineros no han alcanzado para cubrir todo el callejero.

Nos hemos opuesto al denominado PSIR Prado Cervera, al igual que otros vecinos –hasta 100-, y así lo hicimos saber al ayuntamiento y a distintos organismos del Gobierno de Cantabria. En este apartado tenemos que reseñar la falta de información y transparencia, que la Junta Vecinal no ha sido reconocida como parte interesada para participar en el planeamiento y en el procedimiento administrativo, y tenemos alegaciones que plantear en materia de denominación, conservación del camino a Reinosa, tratamiento adecuado de la escorrentía, política industrial, comercialización, empleo, compensaciones para el sector primario y para el pueblo.

La experiencia con las instituciones y administraciones deja mucho que desear, y alguno de estos asuntos se ha remitido al Defensor del Pueblo. Existe información de todo ello, o sea copias de tales escritos, en una plataforma de internet denominada Scribd. Así mismo hemos utilizado internet y los medios de comunicación para hacer públicos estos asuntos.

La Junta Vecinal y los vecinos pueden contar con nosotros para aunar voluntades y trabajar para la comunidad, nunca para dividir ni para enfrentar a los vecinos. Creemos que la democracia no consiste solo en votar cada cuatro años, ni en ganar las elecciones si después se imponen decisiones a espaldas de los vecinos, se practica una escasa transparencia o se niega la información pública cuando esta se solicita. Tampoco parece democrático utilizar a los medios de comunicación y al alguacil municipal para dividir a los vecinos mediante la descalificación, la difamación, el amedrentamiento y la discriminación.

Poca democracia hay cuando se vulneran derechos desde las instituciones, no se puede fiscalizar a los cargos electos, no se puede ser críticos con su gestión de los asuntos públicos, y se gobierna para una parte de los vecinos y no para todos. Queremos recordar que los servidores públicos están para servir a los ciudadanos y NO al revés. Nos preguntamos ¿que defienden nuestros políticos cuando mencionan el interés general?

Si a las rencillas y envidias consuetudinarias se suma la falta de información y la maledicencia, y unas gotas de intervención de la red clientelar, tenemos un coctel previsible, y previamente programado por algunos intereses espurios, que solo conduce al enfrentamiento entre vecinos y a la búsqueda de víctimas propiciatorias para desviar la atención desde los asuntos importantes hacia otro lado. ¡QUE NO CUENTEN CON NOSOTROS PARA TAL MANIOBRA!

Además anunciamos que recurriremos a los tribunales si entendemos que se vulneran nuestros derechos civiles, los derechos fundamentales que nuestra constitución recoge en los artículos 14, 15, 18, 20 y 23, y en lo referido a la integridad moral; a la libertad ideológica; al derecho al honor, intimidad personal y familiar y a la propia imagen; al derecho a expresar y difundir libremente los pensamientos, ideas, opiniones mediante la palabra, el escrito o cualquier otro medio de producción; y el derecho a participar en los asuntos públicos directamente o por medio de representantes. Igualmente iniciaremos Juicio de Faltas si llega a nuestro conocimiento que somos objeto de difamación, injurias o calumnias.

Por último solo queremos dejar constancia de que seguiremos ocupándonos de los asuntos públicos cuando y como consideremos oportuno y conveniente, y por ello anunciamos que posiblemente contemos con los vecinos para crear una nueva asociación cívico vecinal y, cuando creamos adecuado –cuando toque-, seguiremos los pasos que fija la ley para la integración de Bolmir en el ayuntamiento de Reinosa previa constitución de la comisión promotora. AHORA NO TOCA.

Quedamos a vuestra disposición.

Atte.

Las verdades que no gustan

2011-03-25T17:17:00.002+01:00

Borja Mateo escribe en estrategiasdeinversion.com este interesante artículo sobre el sector inmobiliario:

El 16 de marzo el Tesoro Público ha realizado una presentación ante inversores españoles y extranjeros con el fin de convencerles de las bondades de la economía española. ¿Qué dice el Ministerio de Economía sobre el mercado inmobiliario[1]?

En estos momentos existirían alrededor de 500 mil pisos de primera mano a la venta;
Habría unas 310 mil viviendas ya sea en un estadio de construcción avanzado o bien que vana a ser indiciadas a lo largo de este año;
De los dos puntos anteriores se desprende que, para el año 2013, el número de viviendas de primera mano aún a la venta será de unas 180 mil

Pero: ¿puede ser esto correcto? Para verlo hemos de saber cuál es la realidad del mercado. En España existen:

3 millones de pisos vacíos en grandes zonas urbanas[2];
620-720 mil tanto en zonas urbanas de primera residencia como en zonas de veraneo a la venta[3];
730 mil viviendas en construcción y 572 mil paralizadas en construcción;
1,243 millones de viviendas de primera mano finalizadas[4] (de las cuales el 70-80% a la venta[5]);
La demanda de pisos por año asciende a un máximo de 220 mil unidades, de las cuales 15.000 adquiridas por extranjeros no residentes[6]

De todo ello se deduce que:

España tardará, por lo menos, 8,5 años en absorber los pisos de primera y de segunda mano a la venta;
Si sumamos los pisos en construcción nos vamos, como mínimo a los 14,5 años;
Si sumamos el ritmo de pisos vacíos que salen al alquiler [7]nos podemos ir perfectamente a los 16-18 años[8]

Pero, ¿por qué la Ministra de Economía nos intenta, de forma dolosa, inducir al error?

El cálculo político es claro:

El fin primordial es que el Fondo Monetario no intervenga España ya que esto supondría el adelantamiento de las elecciones y la sustitución del actual gobierno;
Para evitarlo hay que ocultar la situación patrimonial del sistema financiero español que es mucho peor que la declarada: los activos (los bienes) de los bancos valen a precios de mercado mucho menos que sus pasivos (sus deudas), es decir, muchos de ellos son inviables;
A tal fin hay que ocultar la situación del mercado inmobiliario español puesto que la anterior es consecuencia directa de esta;
Con el fin de que los activos no sigan cayendo de precio de mercado hay que hacer creer a nacionales y extranjeros que:

1. Los pisos en venta son muchos menos que los reales;
2. La demanda está muy por encima de la real;
3. Los precios de los pisos han caído mucho menos de lo que lo han hecho[9];
4. Los pisos en construcción y en proyecto de obra son muchos menos que los reales

¿Cuáles son los mayores enemigos de esta estrategia?

La subida de los tipos de interés;
La demanda mermada de pisos contra una enorme oferta que incluye, no sólo los pisos ya construidos sino también los que están en proceso de construcción y los que tienen proyecto de obra;
La bajada de los alquileres que hace, sobre todo en un escenario de subida de tipos, que estos sean mucho más interesantes que comprarse un piso y los precios de las casas bajen aún más;
Una pirámide de población invertida que merme la demanda de pisos;
La constatación por parte de la ciudadanía de cuál es la situación real del mercado inmobiliario, de que los precios van a continuar bajando y de que, por tanto, postergue la adquisición de un piso con la consecuente bajada de los precios de los mismo. Este hecho llevaría a que los agujeros del sistema financiero español se agudizaran

Cualesquiera de los elementos que acabo de mencionar, por sí mismo y de forma independiente hace que los precios de los pisos bajen; ¿qué crees que sucederá sin, en un momento dado, confluyen todos a la vez? Tú mismo te puedes contestar a estar pregunta

En todo momento subyace, como va siendo el caso desde 2003, el deseo de hacer creer a la población que, cualquier momento, independientemente de cuál sea este, es el adecuado para adquirir una casa, todo ello a pesar de que se sabe, que eso es falso.

Comprarse un piso ahora es la peor inversión que un ciudadano puede hacer. Los pisos, hasta 2015-2016, ni tocar. Lo bien informado es esperar, alquilar y, sobre todo, negociar un alquiler ya existente.

La regla de oro para saber si un piso está a valor real es:

Pisos en grandes zonas urbanas tales que Gran Bilbao, Madrid, Barcelona,…mirar precios de 2005-2006 y aplicar un descuento del 65-70%
En zonas de veraneo (costa y montaña) el descuento ha de ser del 80-85%

Otra forma de ver si estamos en precio objetivo es

Grandes zonas urbanas: nunca pagar más de 18-20 veces el alquiler anual de la vivienda en cuestión, es decir, el rendimiento de la inversión ha de ser del 5%-5,6% anual;
Zonas de veraneo: no paguemos más de 10-12,5% veces el alquiler anual del piso, es decir, el rendimiento ha de ser el 8-10% anual

Borja Mateo es autor del libro “La verdad sobre el mercado inmobiliario” (editorial Manuscritos) que será presentado, por sexta vez, el lunes 28 de marzo en Madrid al que estáis todos invitados

[1] Todos los datos son sacados de la presentación del Ministerio

[2] Ricardo Vergés Escuín

[3] Anuario Estadístico de Acuña y asociados, http://www.idealista.com

[4] Tanto este como el anterior dato son obtenidos del artículo de Ricardo Vergés Escuín “La información asimétrica en el sector inmobiliario español”

[5] Cálculo del autor basado en estimaciones reales sobre los pisos, que ya finalizados, puedan estar ya a la venta. No todos los pisos construidos lo están

[6] En “Informe sobre el sector inmobiliario residencial en España”

[7] En cuanto los tipos de interés suban el número de pisos que salgan al alquiler también lo harán ya que muchos propietarios, ante el aumento de las hipotecas, estarán obligados a sacarlas a este mercado

[8] En todos estos calculus no hemos tenido en cuenta los pisos que se hallan en proyecto de obra y que no han sido ni iniciados

[9] Según el índice de precios de vivienda de segunda mano del Ministerio de Vivienda los mismos habrían bajado el 8% entre mediados de 2006 –el pico de la burbuja- y el final del segundo semestre de 2010; nosotros sabemos que la bajada ha rondado el 29%

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La mayor deficiencia de la España democrática [ Tribuna de Ignacio Sotelo en elpais.com]

2011-03-23T16:39:00.002+01:00

El carácter poco democrático de los partidos, para decirlo de la manera menos hiriente posible, es el punto en que más claramente conecta la España de hace 30 años con la actual. Tras la muerte del dictador, fracasado el intento de organizar asociaciones políticas dentro de las estructuras del movimiento, la fracción reformista del franquismo impuso en las Cortes la última Ley Fundamental, la de la Reforma Política, que convirtió a España en una "monarquía parlamentaria" con dos Cámaras elegidas por sufragio universal, única forma de salvar la Monarquía que había instaurado Franco con el propósito de perpetuar su régimen.

Pese a que la credibilidad de Felipe González se mantuviese tres legislaturas casi impoluta y la de su predecesor, Leopoldo Calvo Sotelo, se derrumbase de resultas del golpe antes de dos años, en realidad, nada tendría de extraño que no se hayan completado dos legislaturas y la confianza en el presidente y en el partido que lo sostiene se deterioren a gran velocidad. Lo mismo le ocurrió a Suárez que en menos de dos años a partir de una enorme popularidad descendió a mínimos, teniendo que enfrentarse a una fuerte hostilidad en su propio partido, en la oposición socialista, en las Fuerzas Armadas, incluso en el Rey al que debía su posición.

Aunque luego probablemente se arrepintiese, Aznar introdujo el precedente que bien hubiera merecido afianzarse, de que habría que limitar a dos legislaturas al presidente de Gobierno. Muchas tensiones y sinsabores se hubiera ahorrado el PSOE, y con él, los españoles, si Rodríguez Zapatero lo hubiera adoptado. Una de las virtudes de la democracia es que sustituye a los gobernantes sin provocar conflictos ni vacíos de poder. Donde esta falla, como ocurre en los partidos políticos, la persona que por su cargo monopoliza el poder suele designar de hecho al sucesor.

Para que el líder no se eternice, manejando las ventajas que proporciona su posición, no son pocos los que recomiendan limitar los periodos, como ya en 1951 prescribió una enmienda a la Constitución en Estados Unidos. En México, en la época de dominio del PRI, el presidente designaba libremente a su sucesor, el dedazo, como hizo Aznar con el suyo, pero con un mandato limitado a un sexenio.

Cierto que no se necesitaría este tipo de recambio automático, si en los partidos funcionase la democracia interna y fuesen los órganos establecidos los que efectivamente, juzgando únicamente sus cualidades, eligiesen a los candidatos. Desde una perspectiva democrática resulta patética la opinión unánime de los directivos del PSOE de que, solo si el presidente renuncia a presentarse, la sucesión se abre, sin que nadie se atreva a valorar la decisión que en la más estricta intimidad y con el mayor secreto tome Rodríguez Zapatero. Felipe González ha señalado lo evidente, que, en todo caso, este comportamiento se salta las normas establecidas.

Ahora bien, para celebrar elecciones con apariencia de democráticas, se necesitan partidos y tuvieron que improvisarse, uno, la UCD, desde el Gobierno y muchos otros, la llamada sopa de siglas, desde una sociedad civil por completo desarticulada. El único partido de la oposición con algún arraigo social era el comunista, pero por principio, nada democrático en su organización interna, férreamente controlado por su secretario general, Santiago Carrillo. El PSOE renovado estaba aún dando los primeros pasos en su refundación, haciendo encaje de bolillos para que el Gobierno no legalizase al PSOE histórico.

El hecho es que los partidos políticos surgen desde la cúspide, con un déficit democrático que muchos creímos que sería coyuntural -había que garantizar la gobernabilidad, mientras la sociedad se fuera adaptando a la convivencia democrática- pero que ha terminado por ser el factor principal de corrupción en la vida política española de los últimos 30 años. Y a ello ha contribuido de manera decisiva la ley electoral que dictó Adolfo Suárez con el objetivo de asegurarse la mayoría absoluta: listas cerradas y bloqueadas, sistema proporcional con correcciones de tal tamaño que lo desfigura por completo, al ser la provincia el distrito electoral, pero limitando el número de diputados a 350, lo que favorece a las que tienen menos habitantes en relación con las más pobladas. En suma, a nivel nacional, se beneficia a los dos primeros partidos a costa de los demás, y en la provincia a los partidos nacionalistas que con muchos menos votos pueden obtener más escaños que a partir del tercer puesto los partidos nacionales.

Con esta ley electoral, que con pequeñas modificaciones sigue en vigor, se llevaron a cabo las primeras elecciones del 15 de junio de 1977. El candidato a la presidencia del partido gubernamental fue el mismo presidente franquista que había dirigido la reforma desde el interior del régimen, sin tener siquiera el detalle de dimitir en el último minuto, como obligó a hacer a sus ministros. El partido gubernamental contó con el apoyo de los medios, la prensa del movimiento y sobre todo de la entonces única cadena de televisión pública, y en las provincias, donde la desarticulación social era aún mayor, el decisivo de los gobernadores civiles.

Con todo, los resultados fueron doblemente sorprendentes: el partido gobernante no consiguió la mayoría absoluta; el segundo partido más votado, no fue el Partido Comunista, sin duda el más arraigado en la sociedad, sino un PSOE recién renovado que parecía traer una brisa democrática rejuvenecedora. En la primera oportunidad que se les dio de manifestarse, los españoles imponen dos correcciones a la reforma oficial: por un lado, las Cortes elegidas se convierten en constitucionales, dispuestas a aprobar una Constitución claramente democrática que suponga el final de la legalidad franquista; por otro, al ser el socialista el primer partido de la oposición, nos libraba de la conjunción del franquismo reformista con el eurocomunismo, y entraba en el juego el PSOE, un partido todavía sin cuajar, pero del que se esperaba un aporte esencial a la democratización de España.

Hoy somos conscientes de que el lastre más pesado que arrastramos son los partidos políticos, totalmente desconectados de los ciudadanos. Ha quedado bien claro su papel en el deterioro de las instituciones, desde los Parlamentos, las universidades, a la justicia y al Poder Judicial, por completo incapaces de enfrentarse, paradójicamente, a los mismos problemas de entonces.

No se puede echar en saco roto las similitudes que se advierten entre los meses que precedieron al golpe y el último año. Si la primera crisis del petróleo puso de manifiesto la fragilidad de la industria surgida en la década anterior, la actual crisis ha puesto en cuestión el modelo productivo, sacándose de la manga una parodia de los Pactos de la Moncloa. Y el desconcierto que provocó en el Ejército el emerger del Estado de las autonomías, sin orden ni concierto, hoy está de nuevo en el ojo de mira de la sociedad española, pero ya no se identifica nacionalismo con izquierda.

Publicado en elpais.com 22/03/2011

Ignacio Sotelo es catedrático de Sociología. Su último libro es El Estado social.

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Conferencia de Mario Conde en Valladolid (19 de enero de 2011)

2011-02-10T23:08:00.001+01:00

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En el ADN

2011-02-08T14:39:00.002+01:00

Artículo de Juan Ramón Rallo en Intereconomía:

Si bien la muy deteriorada situación de nuestro sistema financiero se debe al excesivo endeudamiento de la economía, derivado este a su vez de los tipos de interés artificialmente bajos que durante tantos años impuso ese monopolio público llamado Banco Central Europeo, sí es cierto que dentro de lo malo, lo peor son nuestras cajas de ahorros.

¿Casualidad? No mucha. A diferencia de los bancos –que tampoco es que sean un paradigma de empresas sin privilegios sometidas al libre mercado–, las cajas carecen de propietarios preocupados por conservar y rentabilizar su capital. Debido a ello, sus órganos de gobierno, lejos de ser elegidos por personas que arriesgan su propio dinero, se encuentran sometidos a los distintos grupos de intereses que rodean a la entidad –políticos, sindicatos y clientes–, y lejos de perseguir la creación de valor para sus accionistas, se concentran en emplear los recursos de la caja para el latrocinio personal, convenientemente camuflado tras la palabrería de innobles “objetivos benéfico-sociales”.

En definitiva, hasta la fecha el hecho diferencial de las cajas con respecto a los bancos era simple y llanamente el de ser los instrumentos financieros con los que los sindicatos y los caciques políticos regionales y municipales de turno daban rienda suelta a unos ruinosos caprichos que las entidades privadas, salvo por error, extorsión o soborno, jamás hubiesen sufragado. Estaban diseñadas para prestar sin control a todos aquellos sujetos a quienes los bancos, incluso en medio de la mayor orgía financiera de las últimas décadas, les denegaban el crédito. Por decirlo de una manera sencilla: las cajas llevaban en su ADN el ser unas productoras a gran escala de activos basura.

Proyectos faraónicos como el aeropuerto de Ciudad Real al margen, la magnitud de su alocada gestión puede observarse en apenas unos datos: entre 2001 y 2010, los préstamos de las cajas relacionados con el ladrillo –hipotecas y préstamos a constructores y promotores– pasaron de 130.000 a casi 600.000 millones de euros; asimismo, los créditos a nuestras muy dispendiosas y cada vez más insolventes Administraciones públicas se incrementaron desde 50.000 a 100.000 millones de euros. En otras palabras: los políticos, no contentos con arrebatarnos cada año la mitad de nuestras rentas merced a sus depredadores impuestos, coparon las cajas para manipular a su antojo un descomunal volumen de crédito equivalente al 70% de nuestro PIB.

Si lo anterior no le preocupa –y debería–, tenga en cuenta que el patrimonio neto con el que a día de hoy cuentan las cajas para hacer frente a las pérdidas derivadas de ese Himalaya de créditos basura apenas alcanza los 100.000 millones de euros. Es decir, todas ellas quebrarían si, como es probable, fueran incapaces de recuperar más del 15% de esos 700.000 millones de euros que dirigieron a sufragar la construcción de viviendas con unos precios inflados más de un 40% y los despilfarros de unos Gobiernos regionales que se han quedado sin ingresos. Tal es la magnitud del disparate en el que nos han metido de cabeza unos políticos codiciosos y sin escrúpulos gracias a los perversos incentivos generados por un sistema carente de los más elementales contrapesos de una economía libre de mercado.

Llegados a este punto, debería resultar evidente que no existen soluciones mágicas y que la única cuestión es cómo repartimos el milmillonario agujero de estas entidades. La vía racional y liberal pasaría en una privatización completa y sin condiciones de las cajas más solventes –o menos insolventes–, y por la reestructuración del pasivo, con posibilidad de ulterior liquidación, de aquellas otras que no reciban puja alguna de los mercados. De este modo podríamos discriminar el grano de la paja y proceder a enajenar a precios reales todos aquellos activos que, como las viviendas, se hallan retenidos y atascados en sus balances.

El Gobierno y la oposición, sin embargo, han optado por hacerle pagar al contribuyente sus platos rotos. Así lo manifestó Salgado hace unos días cuando advirtió a las cajas que o captaban capital privado o procederían a ser nacionalizadas: es decir, a menos que las cajas se privaticen y algunos cándidos inversores decidan deglutir sus agujeros, el Gobierno tomará el control e insuflará, a través del FROB –Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria–, tanto dinero como haga falta para evitar su bancarrota –olvídense, pues, de que se proceda a liquidar su stock de cientos de miles de viviendas vacías–.

En resumen: el PP y el PSOE –o sus compinches los nacionalistas y los sindicatos– han llevado a la ruina a estas entidades y luego el Gobierno central les carga el muerto a los contribuyentes… para que sigan durante un largo tiempo bajo el dominio del PP y del PSOE, según quien ocupe La Moncloa. Y descuiden: si en algún momento llegaran a reprivatizarse las cajas nacionalizadas, ya pueden imaginar que se articularán todas las tretas para que, directa o indirectamente, ambos partidos las sigan controlando. Demasiado poder, demasiado dinero y demasiados intereses creados como para que nuestros abnegados gobernantes renuncien a ellas.

*Juan Ramón Rallo es economista y fundador del Instituto Juan de Mariana.

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Mark Knopfler - True Love Will Never Fade

2011-02-06T19:22:00.001+01:00

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Reforming Zapatero

2011-02-05T17:31:00.001+01:00

Publicado en The Economist:

A socialist prime minister pursues liberal reforms

HAS Spain changed at last? The prime minister, José Luis Rodríguez Zapatero, who is mistrusted by the bond markets and unpopular with Spaniards, would certainly like the world to think so. On February 2nd he signed a solemn “social pact” with unions and employers, covering pensions, collective bargaining and more. It was, Mr Zapatero declared, the most important such deal since the Moncloa pact of 33 years ago.

Under its terms Spaniards will, albeit with many exceptions, retire at 67 (instead of 65). Or at least they will do so in 2027, the year when the reform fully kicks in. That is far off, but Spaniards are set to be among the longest-working people in the European Union. First, however, they must find jobs. Unemployment at over 20% and rising is proof that Spain urgently needs a lot more change.

The pact came just a day before the German chancellor, Angela Merkel, who many think is holding Mr Zapatero’s nose to the grindstone, was expected in Madrid. The hope was that she would return home to reassure Germans that Spain is not like giddy Greece, irresponsible Ireland or profligate Portugal, but a serious, austere, hard-working southern country that is ready to pop the pill of reform.

The new pact has left some important problems unsolved. A crucial reform to collective bargaining will not be settled until mid-March. In an interview Mr Zapatero himself points to the madness in the current system, under which Spain combined one of the euro zone’s highest wage rises with some of its biggest job losses in 2009. Now he wants wage agreements linked directly to productivity growth.If the Germans believe this, Mrs Merkel will find it easier to agree with her fellow euro-zone leaders to an expanded rescue fund at next month’s EU summit. A bigger fund (and the social pact) should soften worries about Spanish sovereign debt, at least for the time being. Meanwhile Spain’s shakier savings banks have been set on a path to recapitalisation and, in some cases, nationalisation by September (see article). Yet it remains to be seen if all this will be enough to restore confidence in growth for a country that accounts for almost one-third of the euro zone’s unemployed.

The prime minister’s belated conversion to reform is so earnest that, with or without prodding from Mrs Merkel and her fellow euro-zone leaders, he now insists that he would pursue it anyway. “Spain is doing its reform on its own, not because anyone is telling us to,” he says. “I am in favour of sanctions being imposed on EU countries that do not comply with debt and deficit criteria.”

Mr Zapatero also remains committed to Spain’s fiscal consolidation. He says that the government narrowly beat its 2010 deficit target of 9.3% of GDP. A contraction of GDP of 0.2% was also a shade better than forecast. He insists that he will meet 2011 targets of a 6% deficit and 1.3% growth. But if the growth does not come, he will not tax his way out. “If there was any risk of not meeting the target, then we would do it by reducing spending, not by increasing taxes,” he vows.

There are limits, however, to his reformist zeal. Mr Zapatero preaches wage moderation (and real wages are indeed dropping at last), but he does not embrace the idea that Spain as a whole needs wage deflation to compete. “Not necessarily,” he says. “There has to be salary moderation. I think we have to look at it on a sector-by-sector basis and a company-by-company basis.” Nor does he believe that house prices have much further to fall. “We are almost at the bottom (of the cycle),” he insists. Many would disagree. Although 700,000 new homes remain unsold, house prices have fallen by only 13%.

And what about growth? Famously optimistic, Mr Zapatero points to studies suggesting that Spain will grow faster than the EU average as early as 2013. But elections are due next year, and polls suggest that his Socialist party will no longer be in charge. Reform has come too late.

from PRINT EDITION | Europe

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El precio de la vivienda aún debería reducirse al menos un 24%

2011-02-05T00:21:00.001+01:00

El precio de la vivienda aún debería reducirse al menos un 24% para eliminar cualquier rastro de burbuja. Ésta es la principal conclusión de los cálculos realizados por el Observatorio de Coyuntura Económica (OCE) del Instituto Juan de Mariana a partir de los datos conocidos en las últimas semanas sobre el precio de la vivienda y los alquileres.

Desde 2007, el OCE viene calculando la magnitud de la burbuja de precios de la vivienda en España. En aquella primera edición de este informe, ya se avanzó que los precios de la vivienda estaban sobrevalorados en un 40%, tomando como referencia la relación entre los precios de venta y los de alquiler, una magnitud que los autores han denominado PER de la Vivienda (en el lenguaje bursátil se denomina PER al número de veces que el beneficio neto de una empresa se encuentra incluido en el precio de sus acciones). En enero de 2011, aplicando esta misma metodología, el OCE acaba de actualizar dichos datos.

El precio medio del metro cuadrado de la vivienda en España se situó, en 2010, en los 2.476 euros. Mientras, el alquiler medio por metro cuadrado y año costaba 97 euros. Esto quiere decir que a finales del pasado año el PER de la Vivienda (número de años que se necesitaría alquilar un inmueble para recuperar el monto inicial de la inversión) se situó en 25,6. Esta cifra está aún muy alejada del 19,5 que refleja su media histórica, aunque es cierto que ha caído sustancialmente respecto al 32,2 que marcaba en 2007 (ver anexo).

Desde el punto más alto de la burbuja inmobiliaria, los precios de la vivienda en nuestro país apenas han caído un 15% (de 2.905 euros/m2 en 2007 a los 2.476 de 2010), según datos de la Sociedad de Tasación. Por su parte, el alquiler se ha revalorizado, según cifras del Instituto Nacional de Estadística un 7,7% (de 90 a 97 euros/m2 anual). Con estas cifras, podríamos decir que si en 2007 era necesario que los precios se ajustaran alrededor de un 40% a la baja, en 2010 esa necesidad se había estrechado hasta el 23,8%.

El OCE, sin embargo, constata su preocupación en la ralentización del ritmo de ajuste del precio de la vivienda a sus fundamentales. La reducción del PER en 2008 fue del 10,5%, en 2009 del 7,3% y en 2010 del 4,1%; como consecuencia de esta lentitud, tras tres años de crisis, la necesaria corrección del precio de los inmuebles todavía no se ha alcanzado. Si el ajuste prosigue a este ritmo, necesitaríamos alrededor de cuatro años más (2014) para completarlo. Sin embargo, si el ajuste continúa ralentizándose, podríamos terminar la década sin haberlo concluido.

Por desgracia, sin un ajuste en el precio de la vivienda, será mucho más difícil para el resto de la economía encarar la recuperación. Es necesario que los inmuebles se liquiden y los precios regresen a sus fundamentales, tal como sucedió hace ya dos años en otros países como EEUU. Como puede observarse en el siguiente gráfico del PER de la vivienda estadounidense (1987=100), éste se incrementó a partir del año 2002 alrededor de un 50% con respecto a su media histórica, para volver a converger con ella a comienzos de 2009, después de que el precio de la vivienda cayera un 33% y los alquileres subieran un 10%:

En España, sin embargo, el ritmo de ajuste ha sido notablemente inferior, debido a que nuestros bancos y cajas se han dedicado a refinanciar a promotores y a retener su stock de viviendas a la espera de que el precio de los inmuebles aumente, cuando esto no sucederá mientras este ajuste previo no se complete. Por eso, es urgente que el Gobierno y el Banco Central Europeo dejen de sostener financieramente a las cajas de ahorro.

Si el Gobierno continúa refinanciando y recapitalizando las cajas, como ayer mismo volvió a anunciar, estas entidades no sentirán ninguna presión para liquidar su stock de viviendas y poner fin a esta dinámica. La ayuda pública, para aquellas cajas que sean incapaces de captar capital en los mercados, sólo retrasará la necesaria liquidación y el ajuste de precios.

Fuente: Instituto Juan de Mariana El IJM es una institución independiente dedicada a la investigación de los asuntos públicos. Con el fin de mantener una independencia plena, el IJM no acepta subvenciones o ayudas de ningún gobierno o partido político. Su objetivo es convertirse en un punto de referencia en el debate de las ideas y de las políticas públicas con la vista puesta en una sociedad libre. Para conseguirlo, se propone estudiar y difundir la naturaleza del mercado. El nombre del Instituto proviene del más prominente pensador de la Escuela de Salamanca, encarcelado a principios del siglo XVII por su oposición a Felipe III

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Escuchado en la radio

2011-01-29T19:52:00.001+01:00

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Conspiración en los jardines

2011-01-24T17:38:00.001+01:00

El Régimen, siguiendo el ejemplo de su antecesor donde todo estaba “atado y bien atado” es imbatible desde dentro. El entramado de intereses y tramas ocultas de poder, los políticos, financieros, empresarios, policías, editores, obispos, sectas de todo pelaje, van a pachas en pactos y repartos, y existe una secreta orden de los nuevos Templarios que vela por el “altísimo”, y el cáliz que guarda la sangre de sus herederos antes custodiada por los perros guardianes del priorato de Sión. Desde dentro no hay nada que hacer. Los discursos reformistas, o regeneracionistas, de las pobres marionetas de los líderes políticos -que se manejan a placer desde el “santa sanctórum” de la cueva del poder- son simple proclamas voluntaristas y vacías de contenido o de capacidad de transformar el Régimen obsoleto de la transición, del que viven en la opulencia y el desenfreno, incluso en la bacanal de la crisis, los mismos de siempre, la élite despiadada y descreída ahora en parte arruinada que solo teme un estallido social, un ¡Mayo español!, como el francés del 68, o como el castizo madrileño contra la invasión del ilustrado Napoleón.

Leido en República.es

¿Qué hacer, por donde empezar? Sí, la conspiración democrática ya está en marcha, se está redactando a escondidas la nueva Constitución de la que ya se hizo un borrador, hace tiempo, en la “posada” fronteriza del pueblo portugués de Marvao, que fue vigilado de cerca pero demasiado tarde por los agentes del CNI. Ahora, la nueva sesión plenaria de los constituyentes rebeldes del Régimen está a punto de reunirse en un lugar misterioso. ¿En un palacio de otros tiempos dotado de un hermoso jardín, sin micrófonos, sin satélites espías, sin nada ni nadie que pueda detectar? Puede que eso se esté preparando así. ¿Dónde? No se sabe, puede que cerca del corazón del país, de la imperial Toledo –no se asusten Bono no está en el ajo porque es del Régimen y bajo sospecha-, ¿acaso en Layos donde está uno de los mas hermosos jardines de España que cuida un orfebre del moderno concepto de la Ciudad? Puede, pero nada está decidido salvo avanzar. Porque esto no va a quedar así, ¡ya lo verán! Pronto habrá noticias que en el caso español van a hacer palidecer los recientes éxitos de Wikileaks.

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El Estado Minotauro

2011-01-23T11:28:00.001+01:00

Dalmacio Negro expone lo que es el Estado, una realidad que la mayor parte de las veces concebimos de forma difusa, ¿es todo?, ¿no es nada?, ¿son los políticos?, ¿es la tele, el autobús, las carreteras...? A juicio del autor, es un mito que ha cuajado y ha hecho fortuna.

Muestra sus reservas sobre la palabra "comunidad" en política: "la única comunidad natural que hay es la familia y luego hay sucedáneos, pero la comunidad auténtica es la Iglesia católica". En su opinión, estamos dirigidos por un Gobierno de "inconscientes" de ideología totalitaria que busca eliminar toda institución natural para implantar la oligarquía dirigente del Estado y que "no entenderían" este libro.

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Proyecto Pre-Electoral

2011-01-22T16:35:00.019+01:00

El diario Alerta de Santander se hace eco de lo que parece ser una nota de prensa del Ayuntamiento de Campoo de Enmedio y subtitula -hoy sábado 22 de Enero de 2011- una noticia referída a la restauración ambiental [con mayúsculas] del Arroyo de la Cuesta de Bolmir con el siguiente texto:"El alcalde, C.H., presentó a los vecinos las actuaciones que se van a realizar en esta obra, que será financiada por la Consejería de Medio Ambiente, con una inversión de 123.293,11 euros.

En la foto que acompaña ALERTA solo aparecen dos vecinos de Bolmir: el que parece ser el secretario de la Junta Vecinal -de espaldas- y una señora con gafas oscuras, vocal de la junta Vecinal y presidenta de una asociación de vecinos. Es de esperar que sean más de 2 vecinos los que quieran la obra, yo no lo creo. Por ello quiero manifestar que ni la totalidad de la Junta Vecinal ni los vecinos han sido informados en detalle del "maravilloso proyecto". Queda por dilucidar si la Junta Vecinal en pleno aprobó tal proyecto.

Como esta noticia es otra maniobra electoral del señor alcalde y de su entorno clientelar -obras a realizar en la cercanía de la fecha electoral sin ser necesarias en un país en el que nos "sobra el dinero"-, lo denuncio en este blog. Por otra parte espero poco de una Junta Vecinal debil/feble, así como de su presidente.

Se pretende re-canalizar un arroyo que ya fué canalizado por la Confederación Hidrográfica del Ebro. Y no se entiende para qué. Sí se necesita una actuación en las proximidades del lavadero y la plaza para evitar inundaciones y una senda peatonal a lado del arroyo, NO otra cosa.

Los más de 20 millones de las antiguas pesetas que se van a gastar en este proyecto se podrían utilizar canalizando el arroyo abajo del puente y hasta el puente chico, en una pasarela sobre el rio Izarilla para ir a Reinosa, en habilitar un centro social para asociaciones no sectarias, y/o en dotar de internet público a los vecinos del pueblo, o también a la dotación de elementos de seguridad vial en la travesía de la carretera autonómica CA-730 [parece que no hubo suficiente dinero para semáforos, bandas sonoras disuasorias y pasos de peatones].

Por cierto ¿Por qué no ejecuta el proyecto directamente la Consejería de Medio Ambiente, en lugar del Ayuntamiento? Ahora, queda esperar a que nos cuenten que empresas -conocidas de todos- realizarán la obra. Seguro que NO nos llevaremos sorpresas.

Ya no nos creemos nada que venga de la casta política y adláteres, pero en esta España del Presidente Zapatero la democracia orgánica y por cooptación -sin representación- es posible, y otros muchos disparates. Solo hay que disponer de Euros para poder continuar la fiesta.

Los vecinos interesados en este asunto [al menos tantos como los que aparecen en la foto] hemos hecho seguir nuestra preocupación a varios medios e instituciones. Es el caso del escrito dirigido al Consejero de Medio Ambiente del Gobierno de Cantabria:

REF. RESTAURACION URBANA Y AMBIENTAL en el Arroyo de la Cuesta de BOLMIR

Los vecinos que suscribimos nos acogemos a lo estipulado en el artículo 23.1 de la Constitución Española “Los ciudadanos tienen el derecho a participar en los asuntos públicos DIRECTAMENTE o por medio de representantes, libremente elegidos en elecciones periódicas por sufragio universal”.

En el artículo 35.e) de la Ley 30/1992, de 26 de Noviembre, de Régimen Jurídico y Procedimiento Administrativo Común, según el cual los ciudadanos, en sus Relaciones con las Administraciones Públicas, tienen entre otros derechos: e) A formular alegaciones y a aportar documentos en cualquier fase anterior al trámite de audiencia, que deberán ser tenidos en cuenta por el órgano competente al redactar la propuesta de resolución”.

Y también al Artículo 1 Ley 38/1995, de 12 de diciembre, sobre el derecho de acceso a la información en materia de medio ambiente, “Todas las personas físicas o jurídicas, nacionales de uno de los Estados que integran el Espacio Económico Europeo o que tengan su domicilio en uno de ellos, tiene derecho a acceder a la información ambiental que esté en poder de las Administraciones Públicas competentes”.

Enterados por la prensa de la solicitud de una subvención por parte de la Alcaldía de Campoo de Enmedio para RESTAURACION URBANA Y AMBIENTAL en el Arroyo de la Cuesta en el casco urbano de BOLMIR, manifestamos lo siguiente:

Que la canalización del Arroyo de la Cuesta se hizo en 1993 con financiación de la Confederación Hidrográfica del Ebro, según nuestra información, y siendo alcalde entonces el actual alcalde.
Que ha venido cumpliendo su función en especial cuando se producen avenidas por la lluvia y el desnieve. Solo se han producido desbordamientos ocasionalmente en su entrada al subterráneo a la altura de la plaza del pueblo.
Que el espacio no está degradado, ni por restos de la agricultura ni de la construcción, en sus márgenes solo hay huertos y viviendas. Ocasionalmente pueden aparecer en el lecho restos de basuras domésticas como envases.
Que no entendemos el tratamiento con taludes verdes –salvo en el tramo superior al puente ubicado en el barrio de arriba- ya que la altura que alcanza el prefabricado no excede de 60 cm. en gran parte del recorrido.
Que podríamos entender esta intervención si la anterior fuera realmente agresiva, y si la nueva intervención conllevara la pavimentación con adoquines o losas, o el asfaltado de la senda peatonal que trascurre por su margen –una necesidad real y “social”-, la colocación de una barandilla de protección en madera en al menos una de las orillas, la plantación de algunos árboles de ribera alejados de las casas…
Que esta obra no es una obra que venga siendo reclamada por nuestros convecinos, ni una prioridad para la Junta Vecinal de Bolmir.
Que la subvención podría haber sido solicitada para el mismo fin y para el espacio del Arroyo de la Cuesta comprendido entre las huertas ubicadas debajo de la Iglesia y La Torca, zona de inundación natural del arroyo como se puede apreciar en las fotografías que se adjuntan. O también para tapar la brecha en el talud del canal del rio Izarilla que permite la inundación del camino de Bolmir a Reinosa, [asunto del que están informadas tanto esa Consejería como la Confederación Hidrográfica del Ebro.
Que el pueblo tiene otras prioridades en materia de dotaciones, que no son de la competencia de esa Consejería y que debieran ser atendidas previamente: Internet, Asfaltado del callejero, Alumbrado en el Barrio de San Cipriano, Local Social…
Que el estado de la economía nacional y de las finanzas públicas aconseja ser selectivos con la inversión y el gasto públicos.

Pedimos a usted tome en consideración nuestras alegaciones y nos mantenga informados de lo que resuelvan.

Sin otro particular, le saludamos atte.

Este escrito, como otros enviados a la Babel Autonómica, - tan "proxima a los ciudadanos"- no tuvo respuesta.

La Teoría Pura de la República en El semanal digital

2011-01-20T18:28:00.006+01:00

Publicado en El semanal digital

No hay democracia si no hay separación de poderes ni auténtica mediación política. Es una vieja tesis de Antonio García-Trevijano, de gran potencialidad para el análisis histórico y actual.

Es curioso. Prácticamente los mismos que en los años sesenta y setenta eran antimonárquicos porque el Príncipe era Don Juan Carlos, visto como heredero de Francisco Franco, son ahora monárquicos justo por lo mismo: porque el Rey es Don Juan Carlos. En la Transición, PSOE y PCE renunciaron a la república y el monarca suscitó en torno a sí y a la institución un consenso que acabó determinando el proceso.

Entre los pocos del "entorno Platajunta" que mantuvieron sus posiciones al respecto figura Antonio García-Trevijano, que ha acabado siendo la referencia del republicanismo en España. En 1994, durante la crisis institucional del tardofelipismo que descubrió la corrupción en los tuétanos del sistema, su libro El discurso de la república llegó a ser para muchos una bandera de regeneración, y aún se recuerda la rebelde tarde-noche de su hacinada presentación, que agitó desde las ondas Antonio Herrero para ofrecer como resultado un acto memorable.

Veinte años y mucha más corrupción después, cuando ninguno de los males entonces denunciados han hecho sino agravarse, Trevijano publica una obra distinta, de muchos quilates intelectuales y profunda filosofía política, que no aborda tanto el dilema monarquía-república hic et nunccomo el alcance de la idea republicana en cuanto organización del poder y de las relaciones del poder con los ciudadanos.

Un 1789 torcido

El primer tercio de la obra es una pequeña historia del 1789 francés, no exhaustiva (aunque el autor hace gala de su erudición sobre la época), pero sí orientada a descubrir el origen del lenguaje político actual, que nace de aquellos acontecimientos pero ya entonces pervirtió su sentido.

¿Por qué? Básicamente, porque se creó el mito de la toma de la Bastilla a modo de justificación por la Asamblea de los crímenes que la acompañaron. Ese mito hizo imposible el desarrollo pacífico de la Revolución, y propició con ello su "fracaso democrático" y el fracaso democrático de todos los regímenes que se remiten a ese momento fundacional, que son básicamente los europeos.

Allí nació la idea de que el Estado es algo externo a la sociedad que se puede "tomar" para desde él manejar a esa misma sociedad. En ese sentido no hay diferencia sustancial entre el 14 de julio, el asalto bolchevique al Palacio de Invierno, la marcha sobre Roma fascista, la ocupación nazi del Reichstag... o la absorción por los partidos de toda la estructura política de la nación.

Para Trevijano, la interpretación de los acontecimientos revolucionarios como un todo "fraguó el pensamiento político sobre la dicotomía Estado y Sociedad, como si entre esas categorías abstractas, oscuramente definidas por filósofos ideólogos, no pudieran existir cuerpos intermedios".

En su opinión, el quicio de la política reside en la mediación y en la representación. Cuando ambas quedan anuladas porque, en la práctica, el ciudadano carece de la capacidad real de elegir a sus representantes (los eligen otros, los partidos, que fagocitan el Estado) como algo distinto a quien ejerce el poder, no puede hablarse en rigor de democracia (Trevijano excluye en buena medida los sistemas anglosajones, donde la relación elector-elegido sigue siendo directa).

El cáncer de los partidos políticos

Su Teoría Pura de la República trata de asegurar la continuidad de la Sociedad en el Estado mediante fórmulas de control real del poder: "La potencia de los partidos estatales no puede ser frenada por ningún poder social", sostiene, y de ahí que sean necesarios poderes políticos intermedios –desgrana lo que serían unos Consejos de Legislación, Justicia o Gobierno- que permitan la subsistencia operativa del poder constituyente como intermediario entre el Estado y la Nación.

El valor de esta obra de Trevijano es doble. Por un lado, su revisión de la historia revolucionaria de 1789 es apasionante en la originalidad del planteamiento (descubre por ejemplo el papel del azar en el éxito de las iniciativas de mayor empuje, como la misma toma de la Bastilla o la marcha de las mujeres sobre París) y coherente como base crítica para analizar la evolución del pensamiento posterior.

Por otro lado, está su valor como rebelión. Sus tesis políticas remontan a la filosofía de Leibniz y a la física pre-cuántica, y a los conceptos originarios del liberalismo decimonónico, deformados después por la agregación de una carga sentimental utilizada para la manipulación totalitaria. Romper ese vínculo emocional es parte del objetivo de estas páginas.

En la medida en que se discutan dichos fundamentos, puede pues discutirse el fundamento de sus conclusiones. Ahora bien, lo que es indiscutible es la escasez de voces que denuncian la erradicación de democracia en los sistemas de partidos, y Trevijano es de las más notables. Las páginas de Teoría Pura de la República explican esa aparente paradoja: que sociedades que acuden periódicamente a las urnas y votan sin coacciones aparentes, en realidad aún desconocen el valor de la libertad política.

Decirlo ya es un acto de rebeldía. Demostrarlo desde los postulados originarios a que dichos sistemas dicen remitirse, una aportación imprescindible para la constitución futura, si llega, de una república que –entendida como algo más que como forma de gobierno- tal vez podría paliar el mal denunciado.

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Entrevistas a Trevijano

2011-01-18T19:56:00.001+01:00

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Un cuento más

2011-01-12T14:44:00.007+01:00

Un diario provincial -el de siempre- se hace eco de lo que le cuenta el concejal de Economía y Hacienda de nuestro ayuntamiento. Y lo que cuenta este señor es un CUENTO. Es previsible que en época preelectoral "desfilen" los concejales del equipo de gobierno contando las bondades de su gestión y el señor corresponsal lo vierta en el diario, pero algunas "noticias" ya no "cuelan". Un ejemplo como tantos otros del periodismo, más que imparcial, equidistante que se viene practicando: siempre cerca del poder.

Y ¿que toca vender ahora? Pues que nos han puesto más iluminación. Eso sí se trata de "una actuación que posibilita un consumo menor, en un momento en que la economía nos obliga a ser más austeros con nuestros gastos, a la vez que reduce la contaminación lumínica".

En que consiste la actuación: en la sustitución de 16 luminarias en el Barrio de San Cipriano, la instalación de 4 faroles de hierro fundido mirando al campo, en los bocarones, por donde no pasan ni las vacas, la instalación de más de media docena del mismo tipo de faroles al lado del Arroyo de la la Cuesta en la zona de la bolera sin lámparas [instalados sobre el barro y en la zona que se tiene previsto levantar para iniciar otra obra no solicitada, una actuación en los márgenes del arroyo]. Se nos informa también que se han instalado farolas hasta el cruce de Retortillo y nos preguntamos si eso no es una obra realizada por la Dirección General de Carreteras, Vías y Obras del Gobierno de Cantabria correspondiente a un presupuesto especial para acabar las obras de la CA-730 [Antes de hacer declaraciones al público sería bueno que se cerciorasen de si se ha instalado el cableado entre las farolas, sin este requisito dificilmente van a iluminar].

Resumiendo: lo que se ha instalado estaba pedido en múltiples ocasiones, parte de lo instalado no era necesario; puede que se consiga eficiencia energética con el nuevo sistema pero es posible se consiga mayor eficiencia si los puntos de luz no se encienden [porque no tienen lámparas, no tienen instalación de cableado, o se apagan a las 12 PM. o quizás a las 10 de la Noche]. Capítulo aparte merecen las restricciones de alumbrado del camino a Reinosa, entramos en la "boca del lobo" en la calleja y más adelante donde más se necesita el alumbrado, se nota que los concejales no utilizan este camino para ir a trabajar o para coger un tren.

En definitiva, es posible que así el equipo de gobieno consiga un alumbrado eficiente, lo que no serán -EFICIENTES- estos concejales mientras sigan en la gestión de lo público.

Para terminar quiero volver al asunto del que informé por escrito al presidente del gobierno regional hace unos días con ocasión de la inauguración de las obras de la CA-730 - sin concluir en nuestro pueblo- las obras parece que se llevan a término para satisfacer a empresas constructoras, instaladoras o proveedoras de la administración, más que para atender las necesidades ciudadanas y de los vecinos. También quiero recordar que el señor alcalde aún no ha informado de los costes de las farolas del Plan E, y cuantas farolas de la travesía fueron instaladas con cargo al Plan E 2009 y cuantas con cargo a las obras de la CA-730.

Ninguna de las instituciones a las que hemos recurrido ha tenido a bien darnos tal información -alguna se ha opuesto con un celo reseñable como el propio alcalde-, con lo cual debemos presumir que detrás de muchas de estas obras hay otros intereses y que alguna de las farolas instaladas lo está para poder hacerse fotos.

Todo ello es consecuencia inevitable de administraciones públicas ineficientes, no fiscalizables ni transparentes, perfectamente prescindibles, así como de las gestiones y omisiones de una Junta Vecinal feble, y con pocas ganas de trabajar por lo público.

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Zapatero no ha sido ni será republicano

2011-01-11T17:27:00.007+01:00

ANTONIO GARCIA-TREVIJANO Con firma propia. Profesión: escritor. Nació: en 1927, en Granada. Por qué está aquí: por su libro «Teoría pura de la República» (El Buey Mudo)

[PUBLICADO EN La Razón] -«Teoría pura de la República»

¿Cree que al personal le importa mucho que la nación sea Reino o República?

-Sería el debate que más le interesaría si supiera que con la república su vida cambiaría radicalmente. Cambiaría su condición: pasarían a ser ciudadanos. Ahora no hay ciudadanos.

-Alguien se preguntará si la república arreglaría nuestros problemas: paro, crisis...

-Sería el mejor camino para la solución de la crisis. Traería consigo una catarsis moral.

-Aparte de lo señalado, ¿para qué vendría bien la república?

-Para la propia estima del país y de sus habitantes.

-¿Y para qué viene bien la monarquía? -Para aumentar las diferencias de clases y fortunas. La monarquía es el mejor sostén de las oligarquías.

-Don Juan Carlos suele decir, sonriendo, que él también es republicano...

-Es el tributo que el vicio rinde a la virtud.

-¿Le parece que Zapatero es republicano?

-No ha sido ni será nunca republicano. Y los partidos republicanos son los más antirrepublicanos que existen: aceptan de antemano la monarquía. -¿El PSOE tiene algo de republicano? -Nada de nada. Es un partido monárquico y monarquizante.

-Dice que los partidos son los aliados de las oligarquías...

-Ellos son la oligarquía. -¿Los sustituimos por...?

-Son insustituibles. Lo monstruoso es que sean estatales.

-¿Cómo deberían ser? -Nunca financiados por el Estado, sino por sus militantes, como en EE UU, Francia, Inglaterra...

-Hay desafección, rechazo hacia la clase política...

-Lo extraño es que la gente haya tardado 30 años en darse cuenta de que esa clase sólo lucha por su mantenimiento en el poder y su propio bien.

En la oposición al franquismo sufrió multas, detenciones, cárcel, difamaciones. ¿Los demás se han acomodado y usted no?

-Exactamente; los demás se han vendido y yo no.

-Se considera fuera del sistema. ¿Rebelde hasta el final?

-Seré revolucionario y rebelde hasta el final. Seguro.

-Y seguro que le han dejado carbón los Reyes Magos...

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Cómo reformar la Administración Pública

2010-12-29T10:50:00.003+01:00

Publicado en Expansión:

Los economistas han prestado a las Administraciones Públicas mucha menos atención que a otros sectores, a pesar de que en muchos países representan casi el 50% del PIB, y de que la ausencia de una buena Administración suele provocar Estados fallidos.

La escasa atención prestada se ha centrado, además, en el tamaño de las Administraciones Públicas, más que en su eficiencia en el desempeño de sus funciones. Ésta es una de las conclusiones del Consejo Asesor de EXPANSIÓN y Actualidad Económica, que debatió este asunto con la presencia del ex ministro de Administraciones Públicas Jordi Sevilla, ahora asesor de alto nivel de PricewaterhouseCoopers.

Esa falta de atención a la eficiencia y buena organización de la Administración Pública es llamativa desde el punto de vista político, porque, en primer lugar, los ciudadanos perciben la gestión política a través de su contacto con las Administraciones públicas. Y, en segundo lugar, porque en algunos ámbitos, hay meros subdirectores cuyas decisiones tienen enorme trascendencia económica y política, superior incluso a la de muchas decisiones legislativas.

Los indicadores internacionales habituales del tamaño relativo de las Administraciones Públicas muestran que la española se sitúa en la zona baja de los países miembros del euro. Pero, aunque su tamaño relativo no sea muy elevado, adolece de defectos graves que merman su eficacia y justificarían su reforma.

Rigidez e inadaptación

La Administración General del Estado sigue manteniendo, en esencia, la misma estructura que en los años 70, en vísperas de la Transición a un régimen democrático, y no se ha adaptado a los cuatro grandes cambios producidos desde entonces: la implantación de un régimen democrático, la creación de las comunidades autónomas, la cesión de competencias a la Unión Europea y el protagonismo creciente de otros foros internacionales de decisiones económicas (como, por ejemplo, el G-20), y, finalmente, las nuevas tecnologías de la Información.

En ocasiones, el proceso de adaptación al cambio se ha visto impulsado por reformas legislativas –como ocurrió, por ejemplo, con la Ley 11/2007 de Administración electrónica, cuya entrada en vigor se ha producido en 2010–. Pero, en general, las reformas efectivas se han producido en aquellas áreas en la que la visión, iniciativa y tenacidad de algunos gestores públicos impulsaron los cambios precisos.

Ese espíritu innovador ha hecho que algunos centros o unidades administrativas españolas –por ejemplo, la Agencia Tributaria, las Oficinas del Catastro, la Seguridad Social, la Dirección General de Tráfico…– sean punteras internacionalmente. Pero, junto a esas islas de eficiencia, existen otros muchos centros y unidades administrativas que parecieran salidos de la España de tiempos de Romanones. Como ilustraciones prácticas de esa rigidez e ineficiencia cabe señalar, a título ilustrativo, que no existen mecanismos eficaces de colaboración, tipo consorcios, entre Administraciones públicas con competencias compartidas y que la Administración del Estado insiste en mantener las mismas funciones que tenía hace 30 años, antes del desarrollo del Estado de las Autonomías.

Menos ayuntamientos

Al mismo tiempo, el desarrollo de las Administraciones Autonómicas debiera haber llevado a la supresión de las Diputaciones Provinciales y a una reducción sustancial del número de Ayuntamientos, que siguen siendo más de 8.000 y están concebidos como Administraciones Locales autónomas, con capacidad de decisión política. En la actualidad muchos de ellos debieran ser meras delegaciones administrativas desconcentradas, sin competencias propias sustantivas.

Dentro incluso de una misma Administración, predomina una visión compartimentada y esa ineficacia entraña innecesarias cargas administrativas para ciudadanos y empresas, y provocan la justificada sensación popular de que hay demasiadas Administraciones.

La rigidez y anquilosamiento de las estructuras organizativas han corrido parejas a la falta de una política coherente de evaluación de la eficacia de las políticas públicas. En fases de ajustes presupuestarios como la actual, esa política de evaluación habría permitido sustituir el rudimentario método de los recortes lineales de todas las partidas de gasto por una política de ajuste presupuestario más racional, basado en objetivos.

Con el fin de corregir esta debilidad, se creó la Agencia Estatal de Evaluación de las Políticas Públicas y la Calidad del Servicio, adscrita al Ministerio de Administraciones Públicas. Pero la Agencia ha tenido escasa relevancia práctica, lo que cabe atribuir a la falta de apoyo de los funcionarios del Cuerpo de Interventores Generales del Estado, el recelo de los ministros titulares de unidades susceptibles de evaluación, e incluso del propio Ministerio de Administraciones Públicas, reacios a impulsar iniciativas que les causaran problemas.

Una reforma inacabada para el empleado público

La aprobación del Estatuto Básico del Empleado Público mediante la Ley 7/2007 sentó las bases de una política moderna de gestión de recursos humanos en la Administración Pública.

Su propia exposición de motivos ya señalaba que el Estatuto era tan solo el primer paso de un “proceso de reforma, previsiblemente largo y complejo, que debe adaptar la articulación y la gestión del empleo público en España a las necesidades de nuestro tiempo, en línea con las reformas que se vienen emprendiendo últimamente en los demás países de la Unión Europea”.

La experiencia muestra, sin embargo, que la aprobación del Estatuto no fue seguida de las reformas previstas en él, entre las que destacan: por un lado, una delimitación de aquellas funciones que, por su naturaleza, deben ser desempeñadas por personal con estatuto de funcionario, no por empleados sujetos a una relación laboral. Por otro, una política de formación continua y el diseño de una carrera profesional que sirva de estímulo y un sistema de evaluación del desempeño.

Existen, además, demasiados funcionarios de nivel medio y bajo, y otros muy cualificados dedicados a tareas rutinarias, que podrían ser desempeñados por otros funcionarios menos especializados. A esas limitaciones generales, algunos miembros del Consejo añadieron una invasión de la Administración por los partidos políticos y una progresiva degradación de las funciones desempeñadas por los grandes Cuerpos de Funcionarios de la Administración (abogados del Estado, ingenieros…), cuyo prestigio aseguraba una función pública profesional, que mantenía su continuidad incluso con ocasión de cambios de Gobierno –como ocurre, por ejemplo, en la Administración británica- y que actuaba de límite y contrapeso –especialmente a través de la Dirección General de lo Contencioso o del Consejo de Estado– de iniciativas políticas precipitadas.

Contra la cultura del subsidio

2010-12-27T14:02:00.004+01:00

Nos esperan pensiones...

2010-12-27T11:28:00.001+01:00

Tira de Salas

Extender y pretender [José García Montalvo UPF.]

2010-12-25T11:22:00.003+01:00

«Los resultados muestran que nuestros bancos están suficientemente capitalizados a pesar de que las pruebas de estrés fueron más duras que las previstas originalmente debido a las tasas específicas de pérdidas aplicadas a la exposición inmobiliaria». No, no son palabras del gobernador del Banco de España o la ministra de Economía. Son comentarios del Banco de Irlanda después de que el Anglo Irish Bank superara los test de estrésel pasado julio.

Durante las últimas semanas han vuelto las dudas sobre la solvencia del sistema financiero español que parecían haberse superado tras el éxito en las pruebas de resistencia. El último en apuntarse ha sido Moody’s que la semana pasada avisó de que mantendrá la perspectiva negativa para la banca española tras estimar que tiene un déficit de capital de 17.000 millones, algo más que el volumen de apoyo público que ya se había concedido (vía FROB y Fondo de Garantía de Depósitos) hasta julio.

La semana anterior, UBS señalaba que la banca española necesitaba entre 70.000 y 120.000 millones de euros para reforzar sus niveles de capital y provisiones. Las dudas sobre la salud de la banca española pesan como una losa sobre la prima de riesgo de nuestra deuda soberana.

Esta misma semana, el gobernador del Banco de España, Miguel Ángel Fernández Ordónez, aseguraba que los mercados no son infalibles y han olvidado los buenos resultados de los test de estrés . Según su argumentación, no se puede tener sospechas de España por lo que ha pasado con Irlanda puesto que nuestras pruebas de resistencia fueron más duras y exhaustivas y el valor de los activos inmobiliarios no ha podido variar tanto en tres meses.

La dureza extra que aplicó el Banco de España a las pruebas fue, por ejemplo, suponer en el peor escenario una caída de precios de la vivienda del 8,8% en 2010 y del 15,2% en 2011. Pues bien, en Irlanda las pruebas suponían una caída del 17% en 2010 y un 5% en 2011. Bastante duro, ¿no? Además, en junio de 2010 las estadísticas irlandesas mostraban ya una caída del precio de la vivienda cercana al 30%, por contraposición con España, donde oficialmente sólo habían caído en torno al 10%.

Respecto a la exhaustividad de las pruebas españolas: mientras en Irlanda no se quería suspender a ninguna institución, aquí se pensó que sin algunos suspensos la credibilidad de los test podría ponerse en entredicho. Pero tenían que ser instituciones no muy grandes. Por eso se cubrió a casi todas las instituciones financieras.

Sin duda, el punto clave es el valor de los activos inmobiliarios. En Estados Unidos la burbuja inmobiliaria se materializó en hipotecas que se empaquetaban y se vendían como activos. Al haber mercados, el precio de estos activos era observable. Por tanto, había una mecha corta entre la caída del precio de dichos activos y su impacto en los balances bancarios.

Sólo la eliminación de la obligación de valorar a precio de mercado estiró algo esta mecha, en lo que se denominó la estrategia de extender y pretender (extend and pretend). En España la mecha es muy larga: el mecanismo que generó la burbuja inmobiliaria se basó en la sobretasación. Pero son justamente estos precios de tasación los que sirven para valorar activos y garantías.

Los incentivos perversos de la relación entre entidades financieras y empresas tasadoras permiten que el proceso de reducción de precios de tasación se pueda ajustar a la capacidad de absorción de pérdidas de los bancos y cajas. Por este motivo, mientras los precios de transacción parece que han caído significativamente, los de tasación siguen una lenta senda descendente. Extender y pretender made in Spain.

A pesar de su defensa de las pruebas de estrés, Fernández Ordónez, y también González-Páramo, recomendaban esta semana más transparencia a las entidades financieras españolas sobre su exposición al sector inmobiliario. El gobernador argumentaba que hay que hacerlo porque la «percepción de la realidad es mucho peor que la realidad misma». Pero con el porcentaje de sobretasación existente no será de mucha ayuda que el Banco de España pida información trimestral del loan to value de la cartera minorista o el desglose de los créditos de dudoso cobro, sus garantías y sus coberturas.

El tema es la valoración. ¿Cuándo fueron tasados los activos inmobiliarios en balance o utilizados como garantía? ¿Ha sido actualizada la tasación? ¿Cuál es la relación entre el valor de tasación y el precio original del inmueble? Mientras no se conteste a estas preguntas los mercados seguirán pensando que en España el sector financiero sigue extendiendo y pretendiendo.

José García Montalvo es catedrático de Economía de la Universidad Pompeu Fabra.

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Teoría Pura de la República

2010-12-22T13:14:00.002+01:00

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Antonio Garcia-Trevijano entrevista Radio Intercontinental 21-12-2010

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El blindaje de los diputados y senadores

2010-12-22T11:51:00.003+01:00

Publicado en La Razón:

Intento baldío. La diputada de UPyD, Rosa Díez, clama de nuevo en el desierto. Una nueva propuesta suya caerá en saco roto. No es una propuesta cualquiera, sino un texto que pedía acabar con los privilegios de los parlamentarios españoles en materia de pensiones.

La iniciativa parecía razonable en la medida en que sus señorías discuten desde hace meses la reforma del sistema de pensiones del resto de los mortales, la revisión del cómputo de cálculo, la extensión de la edad legal de jubilación y otros asuntos vitales para futuros pensionistas. Es más, José Bono, presidente de la Cámara y el ministro de Justicia se habían manifestado públicamente a favor de revisar, también, las pensiones de sus señorías. Pues nada. Las Mesas del Congreso y del Senado tumbaron ayer la iniciativa con la que Díez pretendía acabar con el derecho de lo parlamentarios a recibir la pensión máxima por el hecho de haber sido diputado o senador siete años. Lo decidieron en una reunión conjunta en la que también acordaron enviar a la diputada de Díez un carta con las razones que les han llevado a no aceptar su propuesta.

Díez empezó su particular ofensiva cuando se supo de la intención del Gobierno de revisar el modelo de pensiones de los españoles y saltó a los medios de comunicación el particular sistema que rige para los parlamentarios, esto es el pasado abril. Cuatro meses después, no había obtenido respuesta de los presidentes del Congreso y el Senado, a quienes dirigió un escrito. El pasado septiembre hizo un nuevo intento, que tampoco dio resultado. Así que la semana pasada remitió una queja formal ante sendas Mesas que coincidió en el tiempo con el debate sobre la jubilación en el Pacto de Toledo.

Díez está convencida de que los parlamentarios tienen «derechos inalcanzables» para el resto de los trabajadores, y no sólo en materia de pensiones, también en esa especie de finiquito que sus señorías reciben por cese de actividad cuando se disuelven las Cámaras. Dicho de otro modo: cuando un parlamentario acaba su mandato tiene derecho a una indemnización de un mes de salario por cada año que ha ejercido como tal, hasta un tope de dos años.

Fuentes de los órganos de gobierno del Congreso y el Senado concluyeron ayer, según trasladaron a Efe, que el sistema de protección de los parlamentarios «es válido y adecuado», y que así se lo harán saber a la diputada por escrito en los próximos días.

El modelo de pensiones de los diputados y senadores fue aprobado, por consenso de todos los grupos, en 2006 y establece que los parlamentarios que hayan ejercido esa actividad al menos siete años y cuenten 65 en el momento de recibir la pensión tendrán derecho a la jubilación máxima. Quienes defienden el modelo, arguyen que se trata de un complemento y que apenas cien diputados y senadores de los más de 3.600 que ha habido en democracia han solicitado este complemento a su cotización. También dicen en su descargo que esta indemnización corre a cuenta del Congreso y no de la arcas Seguridad Social, como si el dinero no saliera todo de los impuestos que pagan de los ciudadanos.

La torre de Pelli (Iberdrola)

2010-12-22T10:20:00.002+01:00

Falta de decencia

2010-12-18T11:45:00.003+01:00

Falta de decencia la de la casta política española...

Así publica ABC:

Mientras la comisión parlamentaria del Pacto de Toledo no se puso ayer de acuerdo sobre la propuesta del Gobierno de alargar la edad legal de jubilación de los 65 a los 67 años, lo que sí que ha acordado por mayoría esa comisión es recomendar al Gobierno que amplíe el número de años necesarios para cobrar el 100% de la pensión. Casualmente, esta recomendación no afectará a los diputados y senadores, que mantendrán intactos los privilegios de que gozan sus pensiones.

Actualmente, cualquier trabajador tiene que cotizar un mínimo de 15 años para tener derecho a una pensión de jubilación. Con los actuales 15 años, se tiene derecho a cobrar tan solo el 50% de la pensión correspondiente. A partir de ahí, se aumenta un 3% por cada anualidad hasta los 25 años de cotización, que correspondería el 80% de la prestación. Desde los 25 años hasta los 35 de cotización, el porcentaje se incrementa en un 2% cada año (mira aquí el gráfico explicativo).

Pero para cobrar el 100% de la pensión no es suficiente haber cotizado 35 años, sino que hay que tener 65 años cumplidos. Hay que recordar que la edad legal de jubilación —pues no existe una edad obligatoria— es los 65 años y que cualquier persona se puede jubilar anticipadamente a partir de los 61 años, pero con unos coeficientes reductores de entre el 6,5 y el 8% por cada año que falte para cumplir los 65. Por el otro extremo, se puede seguir trabajando hasta los 70 años, con una bonificación anual del 2%.

Recortes de más del 5%

La reforma del Gobierno elevará seguramente de 15 a 20 años los años necesarios para percibir el 50% de la jubilación. Esto supondrá unrecorte de las pensiones del 5%, según USO, y un ahorro de 10.000 millones para la Seguridad Social, según el Ministerio de Economía. El portavoz del PP en la comisión del Pacto de Toledo, Tomás Burgos, reconoció ayer que la rebaja media en estas prestaciones sería de entre el 5% y el 10% hasta 2040.

Todos estos recortes no afectarán a los 350 diputados y a los 264 senadores españoles, que mantendrán el privilegio de cobrar el 100% de la pensión en el momento que superan los 11 años de actividad parlamentaria. Es más, si cualquier trabajador necesita cotizar a la Seguridad Social 15 años para cobrar una pensión, mejor dicho, solo el 50% de la misma, sus señorías con siete años de actividad en cualquiera de las Cámaras ya tiene derecho a percibir el 80% de su pensión. Ese porcentaje se eleva al 90% si cotizan 10 o 11 años.

Además, mientras un trabajador no puede jubilarse antes de los 61 años y, a partir de esa fecha y hasta los 65 se le restará anualmente entre un 6% y el 8% del importe de la pensión, sus señorías pueden jubilarse a los 60 años con 40 de cotización, según recoge el reglamento de pensiones parlamentarias de 11 de julio de 2006. Sobre la reunión de ayer de la junta de portavoces del Pacto de Toledo hay que añadir que el informe que emitirá esta comisión sobre la prolongación de la edad legal de jubilación propuesta por el Gobierno en enero pasado plasmará el desacuerdo de los partidos políticos a través de una recomendación que deja clara dicha discrepancia.

De esta forma, la comisión del Pacto de Toledo, que se reunió durante más de tres horas, zanjó la redacción de la recomendación propuesta por el grupo socialista en la que no fijaba la edad legal de jubilación y que para el PP, IU, ERC y BNG deja la puerta abierta al Ejecutivo para elevar dicha edad en el proyecto de ley que redactará a finales de enero.

Valeriano, «en sus trece»

Esta falta de consenso hizo que el ministro de Trabajo e Inmigración, Valeriano Gómez, compareciera ante la prensa de forma urgente a las nueve de la noche para no defraudar a los mercados y asegurar que el Gobierno sigue pensando que elevar la edad de jubilación a los 67 años es el «planteamiento correcto» a pesar de que el Pacto de Toledo no haya llegado a un acuerdo en este sentido. Gómez dijo que el Ejecutivo seguirá haciendo «todos los esfuerzos» para que el proyecto de ley sobre la reforma de las pensiones reúna el máximo consenso posible en el Parlamento y con los agentes sociales.

No obstante, pese a que el texto se esfuerza en no fijar ningún tope a la edad legal, sí menciona la necesidad de incentivar la prolongación de la vida laboral más allá de los 65 años «de manera voluntaria», cuestión que siempre han exigido los partidos de la oposición y los sindicatos.

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Carta sin albarcas

2010-12-16T18:04:00.003+01:00

Excmo. Sr. D. Miguel Ángel Revilla

Presidencia

Gobierno de Cantabria

C/ Peña Herbosa, 29

39003 Santander

REF. Seguridad Vial en BOLMIR

Ejercicio del Derecho de Petición Ley Orgánica 4/2001 de 12 de Noviembre

Señor Presidente: XXY y XYZ vecinos de BOLMIR, hacemos uso del Derecho de Petición según los art. 29.1 y 53.2 de la Constitución Española y regulado por la Ley Orgánica 4/2001 de 12 de Noviembre. Requerimos la confidencialidad de nuestros datos según recoge la ley orgánica reguladora.

Y PEDIMOS:

· De instrucciones para dotar con los elementos de Seguridad Vial que faltan a la travesía de la carretera autonómica CA-730 por Bolmir.

Las RAZONES para hacer tal petición son las que siguen:

En 2008 -Agosto y Noviembre- varios vecinos de Bolmir nos dirigíamos -por escrito- al Consejero Mazón para comunicarle nuestros intereses en materia de SEGURIDAD VIAL.

Como no se nos daba respuesta recurrimos al Defensor del Pueblo, el 21 de Abril nos contestaba esta institución:

“En relación con la queja formulada por usted ante esta Institución y registrada con el número arriba indicado [09009246], se ha recibido el informe solicitado a la Consejería de Obras Públicas, Ordenación del Territorio, Vivienda y Urbanismo del Gobierno de Cantabria, en el que manifiesta que la dirección facultativa de la obra “Mejora de trazado carretera CA-730, Matamorosa a Arija”, p.k. 1,500 al p.k. 21,300 Tramo Bolmir-Arija". Clave 11/04-6/1, ha informado que se han estudiado las peticiones realizadas por los interesados y, de acuerdo con instrucciones de la superioridad se va a proceder, en breve plazo, a redactar un proyecto de construcción para llevar a efecto las actuaciones solicitadas, lo que le comunicamos de acuerdo con el artículo 31.1 de la Ley Orgánica 3/1981, de 6 de Abril, del Defensor del Pueblo.

Según parece ayer 9 de Diciembre de 2010 inauguraron la obra - Mejora de la carretera autonómica CA-730 Bolmir-Arija. Algunos vecinos consideramos que esta obra no ha quedado terminada, salvo que demos por buenas algunas chapuzas y por “normales” algunas carencias PORQUE:

NO SE HAN INSTALADO BANDAS SONORAS DISUASORIAS
NO SE HA SEÑALIZADO UN PASO DE PEATONES POR DONDE MÁS SE NECESITA, de camino al comercio.
NO SE HAN INSTALADO SEMÁFOROS PARA PEATONES
LA CARRETERA NO TIENE ARCÉN
NO HAY ACERA NI CAMINO PEATONAL HACIA MATAMOROSA
SE HA ESCATIMADO MATERIAL PARA CONSTRUIR LAS ACERAS
LA HUMEDAD Y LAS AGUAS DEL TERRERO ALCANZAN LA NUEVA ACERA EN LA CERCANÍA AL CRUCE CON LA CA-732, está más seco el firme de la carretera que la acera.
FALTAN ELEMENTOS DE SEGURIDAD VIAL EN LA CA-731 A SU PASO POR EL PUEBLO

14,2 millones de euros [el anunciado coste de la obra] no han resultado suficientes –según parece- para atender a las necesidades concretas de los vecinos de Bolmir, anunciadas de forma explícita y con antelación [sin la intermediación de cargos electos]. Es como si se realizaran obras públicas para atender a las empresas constructoras y proveedoras, sin otra utilidad... Parece que no quisieran “dar satisfacción a los vecinos”. De hecho nunca tuvimos noticia ni respuestas de su consejero Sr. Mazón [se adjunta texto del escrito dirigido a él en Noviembre de 2008].

Esperamos que la cercanía de la administración autonómica a los ciudadanos sea una cosa cierta, NO una ficción.

Le saludamos atte.

BOLMIR, 10 de Diciembre de 2010

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Hace un año [decíamos ayer...]

2010-12-13T19:26:00.002+01:00

El 23 de Diciembre del año 2009 escribía un post que pueden volver a leer a continuación. Tanto da tener "autonomia" que no tenerla; los cargos electos y la administración autonomica de Cantabria están tan lejos de los ciudadanos como les permite el sistema, y esto no lo van a arreglar ellos. Después de la lectura de este texto y del post inmediato anterior entenderán el porqué de mis afirmaciones.

"Antes de la foto prevista - la de la inauguración de la obra en la carretera autonómica CA-730 entre Bolmir y Bimón -, convendría rematar la citada carretera, sobre todo ahora que se ha postpuesto el evento por la climatología. Y es que no parece de recibo ni bonito entregar una obra pública que habrá costado 14 millones de euros sin hacer los remates que parecen necesarios, como los de la travesía de Bolmir. Muy Bien el nuevo alumbrado pero falta reponer el alumbrado público entre el cementerio y el cruce con la CA-732 /acceso a Retortillo, que existía antes de la obra y se retiró para realizar esta.

Falta acabar las aceras construídas, habilitar las mismas con cota cero para minusválidos, construir acera nueva en el tramo que no se ha construido, instalar barandilla al puente, construir carriles peatonales para salir del pueblo hasta la A-67 y CA-732/acceso a Retortillo, y dotar de elementos de seguridad víal -solicitados por los vecinos en Agosto y Noviembre de 2008 al consejero Mazón- además de las señales verticales ya instaladas se precisa al menos otros tres pasos de peatones, semáforos y bandas sonoras disuasorias para reducción de la velocidad.

Es sintomático - que el Consejero Mazón no conteste a los ciudadanos, ni al Defensor del Pueblo cuando este le requiere la misma información-, del estado de lejanía de la administración regional a los ciudadanos y de la connivencia directa de esta administración con los caciques locales que pastorean el rebaño.

Están a tiempo de enmendar lo realizado y por eso la Junta Vecinal de Bolmir se lo ha recordado al Presidente Revilla, adjunto copia de este escrito, del dirigido al Director General de Carreteras, Vias y Obras, y los dirigidos por los vecinos al Consejero Mazón y alDefensor del Pueblo en SCRIBD [no será porque no están avisados]."

JV Revilla

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14,2 millones de euros no han sido suficientes

2010-12-09T09:09:00.010+01:00

Estimada E. te informo de lo que sigue por si quereis dar algún tratamiento informativo al asunto.

En 2008 -Agosto y Noviembre- varios vecinos de Bolmir nos dirigíamos -por escrito- al Consejero Mazón para comunicarle nuestros intereses en materia de SEGURIDAD VIAL, más tarde hacíamos otro tanto con el Presidente Revilla.

Como no se nos daba respuesta recurrimos al Defensor del Pueblo, el 21 de Abril nos contestaba esta institución:

Según parece HOY inaugurarán la obra - Mejora de la carretera autonómica CA-730 Bolmir-Arija- el Presidente regional, el Consejero Mazón y los alcaldes de Campoo de Enmedio y de las Rozas de Valdearroyo. Y será [como en otras ocasiones] un nuevo paripé con foto, y una chapuza, PORQUE:

NO SE HAN INSTALADO BANDAS SONORAS DISUASORIAS
NO SE HA SEÑALIZADO UN PASO DE PEATONES POR DONDE MÁS SE NECESITA
NO SE HAN INSTALADO SEMÁFOROS PARA PEATONES
LA CARRETERA NO TIENE ARCÉN
NO HAY ACERA NI CAMINO PEATONAL HACIA MATAMOROSA
SE HA ESCATIMADO MATERIAL PARA CONSTRUIR LAS ACERAS
LA HUMEDAD Y LAS AGUAS DEL TERRERO ALCANZAN LA NUEVA ACERA EN LA CERCANÍA AL CRUCE CON LA CA-732, está más seco el firme de la carretera que la acera.
FALTAN ELEMENTOS DE SEGURIDAD VIAL EN LA CA-731 A SU PASO POR EL PUEBLO
14,2 millones de euros [el anunciado coste de la obra] no han sido suficientes para atender a las necesidades concretas de los vecinos. Un ejemplo meridiano de la inutilidad de los políticos autonómicos y locales. Es como si se realizaran obras para atender a las empresas constructoras y proveedoras, sin otra utilidad...Espero os hagáis eco del asunto. Saludos,

Nuestro escrito de Noviembre de 2008 decía lo siguiente:

Excmo. Sr. D. José María Mazón
Consejero de Obras Públicas, Ordenación del Territorio, Vivienda y Urbanismo
Pasaje de Peña, 2 – 4ª planta
39008 Santander

ASUNTO: SEGURIDAD VIAL en casco urbano de BOLMIR
(Campoo de Enmedio)
Ejercicio del Derecho de Petición L.O. 4/2001 de 12 de Noviembre
Bolmir, 4 de Noviembre de 2008

Excelentísimo Señor Mazón:
Los ciudadanos abajo firmantes, vecinos de Bolmir, hacemos uso del Derecho de Petición según los art. 29.1 y 53.2 de la Constitución española y regulado por la Ley Orgánica 4/2001 de 12 de Noviembre. Requerimos la confidencialidad de nuestros datos según recoge la ley orgánica reguladora.

El objeto de la petición es solicitar a esa Consejería la dotación de varios dispositivos de Seguridad Vial y la realización de las obras pertinentes para su instalación en nuestro pueblo, y al tiempo solicitar información acerca del calendario de la obra.

Consideramos que son necesarios los siguientes elementos:
1- Bandas sonoras disuasorias para reducción de velocidad cien metros antes de la entrada en casco urbano. Bandas adaptadas a la más reciente normativa del Ministerio de Fomento.
2- Al menos dos semáforos en la calle Mayor
3- Varios pasos de peatones en la calle Mayor y el Barrio de San Cipriano.
4- Espejos en distintos cruces.
5- Señalética vertical para reducción de velocidad en la entrada y en el callejero coincidiendo con el trazado de las carreteras autonómicas CA-730 y CA-731.
Las razones para plantear esta petición son las que siguen:
La carretera autonómica CA-730 – actualmente en obras desde Bolmir hasta el límite de provincia con Burgos en Bimón -, coincide en nuestro callejero con la calle Mayor donde se ubican los comercios del pueblo. Aún estando la carretera en obras, y convenientemente señalizada -horizontalmente y en color amarillo de precaución-, algunos vehículos entran en la población y circulan por casco urbano a velocidades superiores a las permitidas.
Se ha cambiado el trazado de la carretera CA-730 en la entrada al pueblo desde Matamorosa, cambiando el radio de la primera curva a derecha, haciéndola más pronunciada. Ello supone que los peatones y vehículos que bajan del Barrio de Arriba por la primera calle tienen una menor visibilidad de los vehículos que entran al pueblo y existe un riesgo de atropello o colisión.
La carretera tiene tráfico pesado: camiones de gran tonelaje.
La media de edad de la población es elevada, típica de la demografía de zonas rurales.
No tenemos instalados en el pueblo ninguno de los dispositivos que le solicitamos, existe un semáforo que no está operativo.
No compartimos algunos argumentos -que hemos escuchado recientemente- para explicar las razones para no instalar los dispositivos que solicitamos como por ejemplo: no se instalan semáforos porque no son respetados por algunos conductores, no se instalan bandas sonoras porque las inhabilitarían los camiones quitanieves… En la geografía nacional pueden encontrarse estos dispositivos en cientos de pueblos, en distintas provincias y comunidades autónomas.
Nos preocupa el riesgo de accidente, no queremos sufrir uno fruto de la imprudencia de algún conductor y/o de la desidia o imprevisión.
Ya fue planteada una primera petición vecinal a usted con fecha 7 de Agosto de este año 2008, con número de registro de entrada en esa Consejería E S 5008, con las firmas de 102 ciudadanos de Bolmir.

Solicitamos a usted nos informe de las futuras actuaciones de la Consejería de Obras Públicas, Ordenación del Territorio, Vivienda y Urbanismo del Gobierno de Cantabria, de la que es titular, respecto al asunto que nos interesa.

Sin otro particular, le saludamos atentamente.

LOS ABAJO FIRMANTES
BOLMIR (Cantabria)

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Los precios de la vivienda

2010-12-08T12:59:00.002+01:00

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Constitución de la oligarquía

2010-12-07T17:44:00.003+01:00

Publicado por Mauricio Valdés en Diario Español de la República Constitucional:

Por muy ufana que se muestre la ralea putativamente llamada “padres de la patria”, hay que volver a recordar la verdad acerca del engaño sobre el que se asienta el actual régimen político, la historia de un crimen nauseabundo: el liberticidio constituyente de la minoría de edad ciudadana.

Los jefes de partido decidieron en secreto hacer una Constitución y ocultar sus trabajos a los diputados y a la prensa para evitar el riesgo de que se debatiera el proyecto antes de que se trenzaran los acuerdos entre Adolfo Suárez y Felipe González. El momento decisivo, monopolizado por Abril Martorell y Alfonso Guerra como únicos poderes constituyentes, lo abrió González cuando confirmó que la reserva republicana del PSOE no era “de verdad” sino pura retórica. Una vez conseguido el acuerdo entre UCD y PSOE resultó muy fácil la aceptación por el pleno de la Cámara. El resultado fue la aprobación de la Constitución que convenía a los partidos devenidos estatales y juancarlistas.

Y, sin embargo, se continúa diciendo que este pacto oligárquico, paternalista y antidemocrático, llamado consenso para salvar la cara de los partidos comparsas, fue un modelo para constituir, sin elecciones a Cortes constituyentes, la democracia, y no lo

realmente constituido: la corrupción institucionalizada.

Los fundadores de la República norteamericana, aleccionados por su amarga experiencia con el parlamento británico, comprendieron a tiempo que los enemigos naturales del pueblo, en las democracias, no eran los poderes tradicionales, sino el nuevo poder que los ciudadanos otorgaban a sus representantes políticos. Antes de que comenzara a fraguarse en Europa la nueva clase política representativa, que terminaría por imponer la primacía de sus intereses de poder, los constitucionalistas americanos, especialmente Madison, Hamilton y el propio Jefferson, tomaron sabias precauciones para que el poder de los electores prevaleciera sobre el de los elegidos, el poder electoral sobre el poder electivo.

La Constitución española, procediendo a la inversa, tomó todas las medidas imaginables para impedir que la clase política pueda ser controlada por los ciudadanos. El poder electoral del pueblo está constitucionalmente sometido al poder de hacerse, y de hacer elegir, al poder electivo de unas pocas personas que aprovecharon la situación constituyente para autoconstituirse en oligopolio político, en apoderados permanentes que se hacen pagar coactivamente incluso por los que no votan.

Dani en la nieve

2010-12-07T15:40:00.003+01:00

... pero apenas había nieve.