lunes, 29 de agosto de 2011

El secuestro de la democracia en España

Si alguien tenía la esperanza de que la democracia se recuperase en España de la mano de estos políticos y de estos partidos habrá quedado chasqueado: la reforma constitucional anunciada por los dos partidos dominantes es una operación de imagen, probablemente baldía, para defender ante propios y extraños la capacidad de un sistema político, carcomido por la partitocracia, que desprecia a los ciudadanos y que utiliza sus tribulaciones para venderles elixires curalotodo. Por eso, no es extraño el desapego y la irritación creciente de parte de la sociedad ante tal estafa.

Quienes proponen esta reforma constitucional, cuyo contenido no es más que un breve recordatorio de algunos principios de buen gobierno, saben de su inutilidad, si no se hacen los cambios constitucionales necesarios para ordenar seriamente el Estado y para vigorizar el poder público. Es como trazar una raya en el agua de la tormenta económica. También lo saben, y si no lo averiguarán pronto, los inversores y los llamados mercados, para los que la crisis española es una pieza de caza mayor en la cacería del euro y de la unión monetaria europea, sobre cuya ruptura o desaparición se cruzan ya apuestas. Tampoco parecen ajenos a este enjuague los capitanes de la Unión Monetaria y del Banco Central Europeo, los de la carta-ukase secreta, atrapados en el laberinto de la crisis financiera, producto de la expansión crediticia que estimularon con entusiasmo. Por ello, parece justificado huir de los consejos turbios y de las amalgamas imposibles y enfrentarse a los problemas con energía, claridad de ideas y autenticidad democrática.

Creo que para abordarlos, y no eludirlos con meras campañas de imagen como la que nos ocupa, conviene insistir en que la crisis española, salvo demostración en contrario, es política y económica y trasciende a la internacional, aunque es verdad que ésta ha creado una situación crítica en Europa que agrava nuestros males. Pero en tanto no se reconozca así, seguiremos condenados a ser rehenes de la estulticia y del instinto de supervivencia de un sistema cuyo único objetivo es resistir. La meta ahora es procurar la sustitución del gobierno en las elecciones anunciadas y ya se verá. Aunque todos saben que el problema es de mayor enjundia, nadie quiere asumir el fracaso de un modelo político y económico que ha agostado para largo tiempo las ilusiones de los españoles.

Un Estado hipertrófico

En lo político tenemos los españoles un Estado hipertrófico, producto y cosecha de la Constitución otorgada en 1978, que ha engordado a lomos de la bonanza económica y del esfuerzo fiscal de sucesivas generaciones, y que ahora se nos muestra incapaz de responder a las necesidades de sus ciudadanos: las múltiples y variadas administraciones públicas, ansiosas otrora de competencias y presupuestos, se desgañitan sobre sus penurias actuales y su incapacidad para atender los compromisos; pero, eso sí, la estructura política existente es sagrada y ninguno plantea su cambio o simple abrogación.

En lo económico, sufrimos el desmoronamiento de un modelo excesivamente especulativo, que tiene malherido al sistema crediticio y que ha devastado el tejido empresarial. La recuperación tardará porque nuestras capacidades financieras y educativas están muy mermadas, aunque si se insuflase algo de seriedad y ejemplaridad por parte de las clases dirigentes, la sociedad conseguirá salir del pesimismo y de la desesperanza, sobre todo si no se ve tratada como una menor de edad, con espectáculos como el de esta proyectada reforma constitucional y otros parecidos que pueden venir en los meses próximos. Parece que nos aguardan grandes tardes de gloria.

Lo sucedido y anunciado en estos días es tan burdo y tan poco democrático que hasta algunos componentes del sistema de partidos y de sindicatos han elevado sus protestas, incluso los del partido del gobierno, que patrocina la reforma. Bien es verdad que protestan contra tal reforma, pero no hacen ni la menor mención a los cambios constitucionales que sí podrían oxigenar la vida pública. De todas maneras, las protestas no pasarán de un pequeño lío de familia y todo el mundo votará sumiso la propuesta de reforma constitucional, porque la han fabricado en una noche los señores que hacen las listas electorales. Y, de momento, no hay más.

Después de año y medio de gobernar por decreto-ley, ahora se propone una reforma constitucional con métodos análogos. Lo que venga después no lo sabemos, desde luego nada bueno, porque con elecciones o sin ellas, si se persiste en el fraude democrático y en el embalsamiento de la crisis española, la incertidumbre seguirá dueña de nuestros destinos. Por eso, la democracia en España tiene primero que ser rescatada y luego reconstruida.

*Manuel Muela es economista

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domingo, 21 de agosto de 2011

Eliminar diputaciones... y ayuntamientos

Editorial en Libre Mercado

Hay que reconocer a Rubalcaba la habilidad con que ha colocado la eliminación de las diputaciones en el centro del debate político. Es cierto que otros países europeos con problemas han comenzado a reformar y reducir su estructura administrativa. Pero cabe preguntarse si la socialista es la única propuesta posible o siquiera la mejor alternativa.

No nos cabe duda de que el PSOE ha optado por promover la supresión de las diputaciones porque, como ha recordado el PP, prácticamente se ha quedado sin ninguna tras las últimas elecciones. Es difícil tomarlo como una propuesta seria cuando el propio Rubalcaba apoyaba una simple reforma y no su eliminación hace poco más de un mes. Pero no es menos cierto que estas instituciones serían las que menos echarían en falta esas "quince millones de personas" que Ana Mato calculaba que se verían afectadas por su supresión. Primero porque no se elige directamente a nuestros representantes en ellas y, en segundo lugar, porque resulta difícil encontrarles competencias que no puedan asumir entre ayuntamientos y comunidades autónomas. De hecho, las regiones que cuentan con una sola provincia ya carecen de diputaciones, y nadie parece haberlas echado de menos.

La medida no estaría exenta de problemas. Para empezar, en el País Vasco las diputaciones forales sí que tienen bastante presupuesto y muchas competencias que en el resto de España corresponderían a las comunidades autónomas, y su eliminación sería constitucional y políticamente muy complicada. Otro tanto sucede, aunque en menor medida, con los cabildos y consejos insulares de Canarias y Baleares. Aunque siempre podría establecerse la supervivencia de estas instituciones, eliminando las demás diputaciones.

Por otro lado, siendo la Constitución tan explícita en su artículo 141.2, que regula el Gobierno de las provincias, es posible que su eliminación obligara a una reforma constitucional, de modo que sólo podría llevarse a cabo con el acuerdo de ambos partidos, salvo un descalabro del PSOE sin precedentes. Así que la propuesta de Rubalcaba no deja de ser un brindis al sol, como previsiblemente lo serán todas y cada una de las que haga en campaña.

Sin despreciar esta propuesta, posiblemente necesaria, cabe pensar que no es la única posible, ni siquiera la mejor forma de reducir duplicidades y gastos superfluos en nuestra estructura administrativa. Cuando tenemos 8.112 ayuntamientos, casi los mismos que Alemania con aproximadamente la mitad de su población, de los que el 80% gobiernan municipios de menos de 5.000 habitantes, parece claro que su reducción es un imperativo. Mientras que en España se han creado 32 nuevos consistorios desde el año 96, Gran Bretaña ha pasado de 1.500 a 400, Alemania de 25.000 a 8.4000, Bélgica de 2.359 a 596 y Grecia de 5.300 a poco más de mil.

Italia, que es el país que más recientemente ha presentado una reforma de su estructura administrativa, eliminará las provincias más pequeñas, sí, pero también obligará a fusionar casi 2.000 ayuntamientos de menos de mil habitantes de los 8.094 que hay en el país. De hecho, mientras que el PSOE no ha estimado cuánto se ahorraría por la supresión de las diputaciones, UPyD ya calculó en16.000 millones de euros al año el gasto público que podría reducirse fusionando ayuntamientos pequeños. Es la diferencia entre una ocurrencia y una propuesta seria.

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lunes, 15 de agosto de 2011

Menos Ayuntamientos

Lo hizo Grecia, ahora Italia fusiona ayuntamientos de menos de 1.000 habitantes. ¿Cuando nos toca?

Rosa Díez escribe de ello:

Hace ya casi un año, cuando nadie hablaba de estas cosas en España, presentamos un estudio que abordaba este problema y ofrecía soluciones. Nuestro objetivo era demostrar que el modelo municipal español -diseñado en las Cortes de Cádiz y que se mantiene prácticamente inalterable desde entonces- necesita un repaso urgente si queremos garantizar la universalidad y la calidad de los servicios que se prestan a los ciudadanos.

La España liberal de hace casi dos siglos definió un modelo municipal campesino-parroquial que aún perdura. Sirvan algunos datos como ejemplo: España tiene 8.114 municipios para 46.951.532 habitantes; 6.821 municipios (el 84,1%) tienen menos de 5.000; 907 (el 11,2%) tienen entre 5.001 y 20.000, y sólo 240 (el 1,04%) tienen entre 20.001 y 50.000 habitantes.

Somos el único país europeo que no ha hecho reformas para reducir el número de municipios en el último siglo, lo que ofrece un panorama de descompensación en tamaño y población que trae como consecuencia directa que no todos los municipios prestan los mismos servicios considerados esenciales con una calidad mínimamente homologable a los ciudadanos. Por otra parte, el tamaño excesivamente pequeño propicia un exceso de alcaldías y órganos de gobierno local en modo alguno justificado desde la exigencia de los servicios que se prestan.

Como demostramos en el estudio de referencia, los datos sobre eficacia y eficiencia en relación con el tamaño de los municipios aconsejan la puesta en marcha de políticas públicas para promover de forma urgente la fusión de municipios. El ahorro de recursos en diferentes capítulos sería evidente.

Se produciría una importante supresión de cargos políticos, pasando, por ejemplo, de los 48.733 concejales que hay en los 6.821 municipios de menos de 5.000 habitantes a 13.000 concejales si se fusionasen en 1.000 municipios de 5.000 habitantes; o a 7.500 concejales si la fusión se hiciera en municipios de 10.000 habitantes.

Se suprimirían un buen número de empresas y fundaciones redundantes; se reduciría considerablemente el número de empleados públicos; se suprimiría un importante número de coches oficiales, dietas, gastos de representación, etcétera; se liberarían inmuebles que podrían venderse… En suma, aflorarían recursos públicos que podrían destinarse a prestar más y mejores servicios a los ciudadanos en vez de utilizarse para mantener estructuras duplicadas y obsoletas que no tienen, en muchos casos, otro objeto o sentido que la representación institucional.

La ley que regule las fusiones debe obedecer al principio de que la estructura territorial no es un fin en sí mismo, sino un instrumento al servicio de los ciudadanos. En nuestra propuesta consideramos la continuidad geográfica, con un núcleo principal que sea el más poblado, y el establecimiento de un periodo voluntario con ayudas finalistas condicionadas a la fusión, que pasaría a ser obligatoria cumplido un determinado plazo.

En definitiva, dentro del proceso de racionalización del conjunto de las administraciones públicas, es preciso que España acometa también la reforma de los municipios. No podemos seguir manteniendo un modelo obsoleto, que se ha mostrado ineficiente, sólo por atender las apetencias de poder de los dirigentes políticos. Esta reforma -que deberá ser impulsada y dirigida por el Estado, como garante de la igualdad y la estabilidad de las instituciones- es imprescindible.

Me consta que habrá muchas resistencias (tenemos una clase política tremendamente conservadora, más allá de la descripción ideológica con la que quieran definirse), pero lo que no hemos sido capaces de hacer como consecuencia de una reflexión rigurosa habremos de abordarlo obligados por las circunstancias. Una España solvente, con una Administración moderna, debe poner las instituciones al servicio de los ciudadanos, profesionalizando la Administración, luchando contra la corrupción y evitando la descapitalización social.

Rosa Díez es diputada nacional y portavoz de UPyD

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martes, 2 de agosto de 2011

Declaración de Principios y Valores

I. Porque los seres humanos no nacen iguales en capacidad física y mental, ni en condición social, la Sociedad y el Estado deben garantizar la igualdad de derechos y de oportunidades.

II. Porque existe un imperativo moral en todas las conciencias, es condenable el oportunismo personal, social y político.

III. Porque los individuos no pueden desarrollar sus vocaciones ni sus acciones fuera del contexto social, la lealtad es fundamento de todas las virtudes personales y sociales.

IV. Porque los españoles padecen temores derivados de su tradicional educación en el Estado autoritario, sólo la valentía personal puede crear la fortaleza de la sociedad civil frente al Estado.

V. Porque durante siglos se ha sacrificado y despreciado la inteligencia y el espíritu creador, apartándolos de los centros de enseñanza, del Estado y de los Partidos, esas facultades individuales han de organizarse para tener presencia activa en la sociedad civil.

VI. Porque la decencia constituye el decoro de la civilización, la sociedad civil debe civilizar a los Partidos y Sindicatos, sacándolos del Estado.

VII. Porque entre el Estado de partidos y la sociedad civil no existe una sociedad política intermedia, la parte más civilizada de aquella debe orientar la formación de ésta, sin el concurso del Estado.

VIII. Porque la política afecta al universo de gobernados, si el lenguaje de políticos y medios comunicativos no es directo, correcto y expresivo del sentido común, disimula una falsedad o esconde un fraude.

IX. Porque no son legítimas las razones ocultas del poder político, siempre será ilegitima la razón de Estado.

X. Porque a la razón de gobierno sólo la legitima la libertad política de los que eligen el poder ejecutivo del Estado, son ilegítimos, aunque sean legales, todos los gobiernos que no son elegidos directamente por los gobernados y no pueden ser revocados por éstos.

XI. Porque la razón de la ley está en la prudencia de legisladores independientes, elegidos por los que han de obedecerlas, no son respetables, aunque se acaten, las leyes emanadas de Parlamentos dependientes del Gobierno.

XII. Porque la razón de la justicia legal está en el saber experto de una judicatura independiente del gobierno y del parlamento, no pueden ser justas ni dignas las resoluciones de una organización judicial dependiente de ambos poderes.

XIII. Porque la razón del elegido está en el mandato unipersonal, imperativo y revocable del elector, es fraudulento el sistema proporcional de listas, que sólo representa a los jefes de partido.

XIV. Porque los medios de comunicación forman la opinión publica, no puede ser imparcial ni veraz la información controlada por un oligopolio de poderes económicos.

XV. Porque la corrupción es inherente a la no separación de los poderes estatales, sólo la puede evitar, con su separación, el recelo y la desconfianza entre sus respectivas ambiciones.

XVI. Porque las Autonomías fomentan los nacionalismos discriminadores o independentistas, deben ser compensadas integrándolas en la forma presidencial de Gobierno.

XVII. Porque las Autonomías fomentan gastos públicos improductivos, sus competencias susceptibles de ser municipalizadas deben de ser transferidas a los Ayuntamientos.

XVIII. Porque la Monarquía de Partidos carece de autoridad para garantizar la unidad de la conciencia española, y ha sido foco de golpes de Estado y corrupciones, debe ser sustituida por una República Constitucional, que separe los poderes del Estado, represente a la sociedad civil y asiente el natural patriotismo en la forma presidencial de Gobierno.

XIX. Porque la única razón de la obediencia política reside en el libre consentimiento de los gobernados, éstos conservan su derecho a la desobediencia civil y resistencia pasiva, sin acudir a la violencia, frente a todo gobierno que abuse del poder o se corrompa.

XX. Porque el pasado no puede ser revivido, sin imponerlo la fuerza del Estado, no es posible la restauración pacífica de la II República, cuya forma de gobierno parlamentario tampoco era democrática.

XXI. Porque el sistema de poder de las naciones europeas, ideado para la guerra fría, no es democrático, los españoles están obligados a innovar su cultura política para llegar a la democracia como regla formal del juego político.


Por lealtad a la sociedad civil, los Partidos Políticos, Sindicatos y Organizaciones No Gubernamentales no pueden ser financiados por el Estado; y por lealtad a la conciencia personal de los integrantes de este Movimiento de Ciudadanos, el MCRC no se transformará en partido político, y se disolverá tan pronto como su acción se agote con el referéndum que ratifique la Constitución democrática de la III República Española.

 

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