miércoles, 29 de diciembre de 2010

Cómo reformar la Administración Pública

Publicado en Expansión:

Los economistas han prestado a las Administraciones Públicas mucha menos atención que a otros sectores, a pesar de que en muchos países representan casi el 50% del PIB, y de que la ausencia de una buena Administración suele provocar Estados fallidos.

[foto de la noticia]
Ampliar foto









La escasa atención prestada se ha centrado, además, en el tamaño de las Administraciones Públicas, más que en su eficiencia en el desempeño de sus funciones. Ésta es una de las conclusiones del Consejo Asesor de EXPANSIÓN y Actualidad Económica, que debatió este asunto con la presencia del ex ministro de Administraciones Públicas Jordi Sevilla, ahora asesor de alto nivel de PricewaterhouseCoopers.

Esa falta de atención a la eficiencia y buena organización de la Administración Pública es llamativa desde el punto de vista político, porque, en primer lugar, los ciudadanos perciben la gestión política a través de su contacto con las Administraciones públicas. Y, en segundo lugar, porque en algunos ámbitos, hay meros subdirectores cuyas decisiones tienen enorme trascendencia económica y política, superior incluso a la de muchas decisiones legislativas.

Los indicadores internacionales habituales del tamaño relativo de las Administraciones Públicas muestran que la española se sitúa en la zona baja de los países miembros del euro. Pero, aunque su tamaño relativo no sea muy elevado, adolece de defectos graves que merman su eficacia y justificarían su reforma.

Rigidez e inadaptación
La Administración General del Estado sigue manteniendo, en esencia, la misma estructura que en los años 70, en vísperas de la Transición a un régimen democrático, y no se ha adaptado a los cuatro grandes cambios producidos desde entonces: la implantación de un régimen democrático, la creación de las comunidades autónomas, la cesión de competencias a la Unión Europea y el protagonismo creciente de otros foros internacionales de decisiones económicas (como, por ejemplo, el G-20), y, finalmente, las nuevas tecnologías de la Información.

En ocasiones, el proceso de adaptación al cambio se ha visto impulsado por reformas legislativas –como ocurrió, por ejemplo, con la Ley 11/2007 de Administración electrónica, cuya entrada en vigor se ha producido en 2010–. Pero, en general, las reformas efectivas se han producido en aquellas áreas en la que la visión, iniciativa y tenacidad de algunos gestores públicos impulsaron los cambios precisos.

Ese espíritu innovador ha hecho que algunos centros o unidades administrativas españolas –por ejemplo, la Agencia Tributaria, las Oficinas del Catastro, la Seguridad Social, la Dirección General de Tráfico…– sean punteras internacionalmente. Pero, junto a esas islas de eficiencia, existen otros muchos centros y unidades administrativas que parecieran salidos de la España de tiempos de Romanones. Como ilustraciones prácticas de esa rigidez e ineficiencia cabe señalar, a título ilustrativo, que no existen mecanismos eficaces de colaboración, tipo consorcios, entre Administraciones públicas con competencias compartidas y que la Administración del Estado insiste en mantener las mismas funciones que tenía hace 30 años, antes del desarrollo del Estado de las Autonomías.

Menos ayuntamientos
Al mismo tiempo, el desarrollo de las Administraciones Autonómicas debiera haber llevado a la supresión de las Diputaciones Provinciales y a una reducción sustancial del número de Ayuntamientos, que siguen siendo más de 8.000 y están concebidos como Administraciones Locales autónomas, con capacidad de decisión política. En la actualidad muchos de ellos debieran ser meras delegaciones administrativas desconcentradas, sin competencias propias sustantivas.

Dentro incluso de una misma Administración, predomina una visión compartimentada y esa ineficacia entraña innecesarias cargas administrativas para ciudadanos y empresas, y provocan la justificada sensación popular de que hay demasiadas Administraciones.

La rigidez y anquilosamiento de las estructuras organizativas han corrido parejas a la falta de una política coherente de evaluación de la eficacia de las políticas públicas. En fases de ajustes presupuestarios como la actual, esa política de evaluación habría permitido sustituir el rudimentario método de los recortes lineales de todas las partidas de gasto por una política de ajuste presupuestario más racional, basado en objetivos.

Con el fin de corregir esta debilidad, se creó la Agencia Estatal de Evaluación de las Políticas Públicas y la Calidad del Servicio, adscrita al Ministerio de Administraciones Públicas. Pero la Agencia ha tenido escasa relevancia práctica, lo que cabe atribuir a la falta de apoyo de los funcionarios del Cuerpo de Interventores Generales del Estado, el recelo de los ministros titulares de unidades susceptibles de evaluación, e incluso del propio Ministerio de Administraciones Públicas, reacios a impulsar iniciativas que les causaran problemas.

Una reforma inacabada para el empleado público
La aprobación del Estatuto Básico del Empleado Público mediante la Ley 7/2007 sentó las bases de una política moderna de gestión de recursos humanos en la Administración Pública.

Su propia exposición de motivos ya señalaba que el Estatuto era tan solo el primer paso de un “proceso de reforma, previsiblemente largo y complejo, que debe adaptar la articulación y la gestión del empleo público en España a las necesidades de nuestro tiempo, en línea con las reformas que se vienen emprendiendo últimamente en los demás países de la Unión Europea”.

La experiencia muestra, sin embargo, que la aprobación del Estatuto no fue seguida de las reformas previstas en él, entre las que destacan: por un lado, una delimitación de aquellas funciones que, por su naturaleza, deben ser desempeñadas por personal con estatuto de funcionario, no por empleados sujetos a una relación laboral. Por otro, una política de formación continua y el diseño de una carrera profesional que sirva de estímulo y un sistema de evaluación del desempeño.

Existen, además, demasiados funcionarios de nivel medio y bajo, y otros muy cualificados dedicados a tareas rutinarias, que podrían ser desempeñados por otros funcionarios menos especializados. A esas limitaciones generales, algunos miembros del Consejo añadieron una invasión de la Administración por los partidos políticos y una progresiva degradación de las funciones desempeñadas por los grandes Cuerpos de Funcionarios de la Administración (abogados del Estado, ingenieros…), cuyo prestigio aseguraba una función pública profesional, que mantenía su continuidad incluso con ocasión de cambios de Gobierno –como ocurre, por ejemplo, en la Administración británica- y que actuaba de límite y contrapeso –especialmente a través de la Dirección General de lo Contencioso o del Consejo de Estado– de iniciativas políticas precipitadas.

lunes, 27 de diciembre de 2010

Contra la cultura del subsidio

Nos esperan pensiones...


Tira de Salas

sábado, 25 de diciembre de 2010

Extender y pretender [José García Montalvo UPF.]

«Los resultados muestran que nuestros bancos están suficientemente capitalizados a pesar de que las pruebas de estrés fueron más duras que las previstas originalmente debido a las tasas específicas de pérdidas aplicadas a la exposición inmobiliaria». No, no son palabras del gobernador del Banco de España o la ministra de Economía. Son comentarios del Banco de Irlanda después de que el Anglo Irish Bank superara los test de estrésel pasado julio.

Durante las últimas semanas han vuelto las dudas sobre la solvencia del sistema financiero español que parecían haberse superado tras el éxito en las pruebas de resistencia. El último en apuntarse ha sido Moody’s que la semana pasada avisó de que mantendrá la perspectiva negativa para la banca española tras estimar que tiene un déficit de capital de 17.000 millones, algo más que el volumen de apoyo público que ya se había concedido (vía FROB y Fondo de Garantía de Depósitos) hasta julio.

La semana anterior, UBS señalaba que la banca española necesitaba entre 70.000 y 120.000 millones de euros para reforzar sus niveles de capital y provisiones. Las dudas sobre la salud de la banca española pesan como una losa sobre la prima de riesgo de nuestra deuda soberana.

Esta misma semana, el gobernador del Banco de España, Miguel Ángel Fernández Ordónez, aseguraba que los mercados no son infalibles y han olvidado los buenos resultados de los test de estrés . Según su argumentación, no se puede tener sospechas de España por lo que ha pasado con Irlanda puesto que nuestras pruebas de resistencia fueron más duras y exhaustivas y el valor de los activos inmobiliarios no ha podido variar tanto en tres meses.

La dureza extra que aplicó el Banco de España a las pruebas fue, por ejemplo, suponer en el peor escenario una caída de precios de la vivienda del 8,8% en 2010 y del 15,2% en 2011. Pues bien, en Irlanda las pruebas suponían una caída del 17% en 2010 y un 5% en 2011. Bastante duro, ¿no? Además, en junio de 2010 las estadísticas irlandesas mostraban ya una caída del precio de la vivienda cercana al 30%, por contraposición con España, donde oficialmente sólo habían caído en torno al 10%.

Respecto a la exhaustividad de las pruebas españolas: mientras en Irlanda no se quería suspender a ninguna institución, aquí se pensó que sin algunos suspensos la credibilidad de los test podría ponerse en entredicho. Pero tenían que ser instituciones no muy grandes. Por eso se cubrió a casi todas las instituciones financieras.

Sin duda, el punto clave es el valor de los activos inmobiliarios. En Estados Unidos la burbuja inmobiliaria se materializó en hipotecas que se empaquetaban y se vendían como activos. Al haber mercados, el precio de estos activos era observable. Por tanto, había una mecha corta entre la caída del precio de dichos activos y su impacto en los balances bancarios.

Sólo la eliminación de la obligación de valorar a precio de mercado estiró algo esta mecha, en lo que se denominó la estrategia de extender y pretender (extend and pretend). En España la mecha es muy larga: el mecanismo que generó la burbuja inmobiliaria se basó en la sobretasación. Pero son justamente estos precios de tasación los que sirven para valorar activos y garantías.

Los incentivos perversos de la relación entre entidades financieras y empresas tasadoras permiten que el proceso de reducción de precios de tasación se pueda ajustar a la capacidad de absorción de pérdidas de los bancos y cajas. Por este motivo, mientras los precios de transacción parece que han caído significativamente, los de tasación siguen una lenta senda descendente. Extender y pretender made in Spain.

A pesar de su defensa de las pruebas de estrés, Fernández Ordónez, y también González-Páramo, recomendaban esta semana más transparencia a las entidades financieras españolas sobre su exposición al sector inmobiliario. El gobernador argumentaba que hay que hacerlo porque la «percepción de la realidad es mucho peor que la realidad misma». Pero con el porcentaje de sobretasación existente no será de mucha ayuda que el Banco de España pida información trimestral del loan to value de la cartera minorista o el desglose de los créditos de dudoso cobro, sus garantías y sus coberturas.

El tema es la valoración. ¿Cuándo fueron tasados los activos inmobiliarios en balance o utilizados como garantía? ¿Ha sido actualizada la tasación? ¿Cuál es la relación entre el valor de tasación y el precio original del inmueble? Mientras no se conteste a estas preguntas los mercados seguirán pensando que en España el sector financiero sigue extendiendo y pretendiendo.

José García Montalvo es catedrático de Economía de la Universidad Pompeu Fabra.

Posted via email from jmares's posterous

miércoles, 22 de diciembre de 2010

Teoría Pura de la República

Ir a descargar

Antonio Garcia-Trevijano entrevista Radio Intercontinental 21-12-2010

Posted via email from jmares's posterous

El blindaje de los diputados y senadores

Publicado en La Razón:

Intento baldío. La diputada de UPyD, Rosa Díez, clama de nuevo en el desierto. Una nueva propuesta suya caerá en saco roto. No es una propuesta cualquiera, sino un texto que pedía acabar con los privilegios de los parlamentarios españoles en materia de pensiones.

La iniciativa parecía razonable en la medida en que sus señorías discuten desde hace meses la reforma del sistema de pensiones del resto de los mortales, la revisión del cómputo de cálculo, la extensión de la edad legal de jubilación y otros asuntos vitales para futuros pensionistas. Es más, José Bono, presidente de la Cámara y el ministro de Justicia se habían manifestado públicamente a favor de revisar, también, las pensiones de sus señorías. Pues nada. Las Mesas del Congreso y del Senado tumbaron ayer la iniciativa con la que Díez pretendía acabar con el derecho de lo parlamentarios a recibir la pensión máxima por el hecho de haber sido diputado o senador siete años. Lo decidieron en una reunión conjunta en la que también acordaron enviar a la diputada de Díez un carta con las razones que les han llevado a no aceptar su propuesta.


Díez empezó su particular ofensiva cuando se supo de la intención del Gobierno de revisar el modelo de pensiones de los españoles y saltó a los medios de comunicación el particular sistema que rige para los parlamentarios, esto es el pasado abril. Cuatro meses después, no había obtenido respuesta de los presidentes del Congreso y el Senado, a quienes dirigió un escrito. El pasado septiembre hizo un nuevo intento, que tampoco dio resultado. Así que la semana pasada remitió una queja formal ante sendas Mesas que coincidió en el tiempo con el debate sobre la jubilación en el Pacto de Toledo.

Díez está convencida de que los parlamentarios tienen «derechos inalcanzables» para el resto de los trabajadores, y no sólo en materia de pensiones, también en esa especie de finiquito que sus señorías reciben por cese de actividad cuando se disuelven las Cámaras. Dicho de otro modo: cuando un parlamentario acaba su mandato tiene derecho a una indemnización de un mes de salario por cada año que ha ejercido como tal, hasta un tope de dos años.

Fuentes de los órganos de gobierno del Congreso y el Senado concluyeron ayer, según trasladaron a Efe, que el sistema de protección de los parlamentarios «es válido y adecuado», y que así se lo harán saber a la diputada por escrito en los próximos días.

El modelo de pensiones de los diputados y senadores fue aprobado, por consenso de todos los grupos, en 2006 y establece que los parlamentarios que hayan ejercido esa actividad al menos siete años y cuenten 65 en el momento de recibir la pensión tendrán derecho a la jubilación máxima. Quienes defienden el modelo, arguyen que se trata de un complemento y que apenas cien diputados y senadores de los más de 3.600 que ha habido en democracia han solicitado este complemento a su cotización. También dicen en su descargo que esta indemnización corre a cuenta del Congreso y no de la arcas Seguridad Social, como si el dinero no saliera todo de los impuestos que pagan de los ciudadanos.

La torre de Pelli (Iberdrola)

sábado, 18 de diciembre de 2010

Falta de decencia

Falta de decencia la de la casta política española...

Así publica ABC:

Mientras la comisión parlamentaria del Pacto de Toledo no se puso ayer de acuerdo sobre la propuesta del Gobierno de alargar la edad legal de jubilación de los 65 a los 67 años, lo que sí que ha acordado por mayoría esa comisión es recomendar al Gobierno que amplíe el número de años necesarios para cobrar el 100% de la pensión. Casualmente, esta recomendación no afectará a los diputados y senadores, que mantendrán intactos los privilegios de que gozan sus pensiones.
Actualmente, cualquier trabajador tiene que cotizar un mínimo de 15 años para tener derecho a una pensión de jubilación. Con los actuales 15 años, se tiene derecho a cobrar tan solo el 50% de la pensión correspondiente. A partir de ahí, se aumenta un 3% por cada anualidad hasta los 25 años de cotización, que correspondería el 80% de la prestación. Desde los 25 años hasta los 35 de cotización, el porcentaje se incrementa en un 2% cada año (mira aquí el gráfico explicativo).
Pero para cobrar el 100% de la pensión no es suficiente haber cotizado 35 años, sino que hay que tener 65 años cumplidos. Hay que recordar que la edad legal de jubilación —pues no existe una edad obligatoria— es los 65 años y que cualquier persona se puede jubilar anticipadamente a partir de los 61 años, pero con unos coeficientes reductores de entre el 6,5 y el 8% por cada año que falte para cumplir los 65. Por el otro extremo, se puede seguir trabajando hasta los 70 años, con una bonificación anual del 2%.
Recortes de más del 5%
La reforma del Gobierno elevará seguramente de 15 a 20 años los años necesarios para percibir el 50% de la jubilación. Esto supondrá unrecorte de las pensiones del 5%, según USO, y un ahorro de 10.000 millones para la Seguridad Social, según el Ministerio de Economía. El portavoz del PP en la comisión del Pacto de Toledo, Tomás Burgos, reconoció ayer que la rebaja media en estas prestaciones sería de entre el 5% y el 10% hasta 2040.
Todos estos recortes no afectarán a los 350 diputados y a los 264 senadores españoles, que mantendrán el privilegio de cobrar el 100% de la pensión en el momento que superan los 11 años de actividad parlamentaria. Es más, si cualquier trabajador necesita cotizar a la Seguridad Social 15 años para cobrar una pensión, mejor dicho, solo el 50% de la misma, sus señorías con siete años de actividad en cualquiera de las Cámaras ya tiene derecho a percibir el 80% de su pensión. Ese porcentaje se eleva al 90% si cotizan 10 o 11 años.
Además, mientras un trabajador no puede jubilarse antes de los 61 años y, a partir de esa fecha y hasta los 65 se le restará anualmente entre un 6% y el 8% del importe de la pensión, sus señorías pueden jubilarse a los 60 años con 40 de cotización, según recoge el reglamento de pensiones parlamentarias de 11 de julio de 2006. Sobre la reunión de ayer de la junta de portavoces del Pacto de Toledo hay que añadir que el informe que emitirá esta comisión sobre la prolongación de la edad legal de jubilación propuesta por el Gobierno en enero pasado plasmará el desacuerdo de los partidos políticos a través de una recomendación que deja clara dicha discrepancia.
De esta forma, la comisión del Pacto de Toledo, que se reunió durante más de tres horas, zanjó la redacción de la recomendación propuesta por el grupo socialista en la que no fijaba la edad legal de jubilación y que para el PP, IU, ERC y BNG deja la puerta abierta al Ejecutivo para elevar dicha edad en el proyecto de ley que redactará a finales de enero.
Valeriano, «en sus trece»
Esta falta de consenso hizo que el ministro de Trabajo e Inmigración, Valeriano Gómez, compareciera ante la prensa de forma urgente a las nueve de la noche para no defraudar a los mercados y asegurar que el Gobierno sigue pensando que elevar la edad de jubilación a los 67 años es el «planteamiento correcto» a pesar de que el Pacto de Toledo no haya llegado a un acuerdo en este sentido. Gómez dijo que el Ejecutivo seguirá haciendo «todos los esfuerzos» para que el proyecto de ley sobre la reforma de las pensiones reúna el máximo consenso posible en el Parlamento y con los agentes sociales.
No obstante, pese a que el texto se esfuerza en no fijar ningún tope a la edad legal, sí menciona la necesidad de incentivar la prolongación de la vida laboral más allá de los 65 años «de manera voluntaria», cuestión que siempre han exigido los partidos de la oposición y los sindicatos.

Posted via email from jmares's posterous

jueves, 16 de diciembre de 2010

Carta sin albarcas

Excmo. Sr. D. Miguel Ángel Revilla

Presidencia

Gobierno de Cantabria

C/ Peña Herbosa, 29

39003 Santander

REF. Seguridad Vial en BOLMIR

Ejercicio del Derecho de Petición Ley Orgánica 4/2001 de 12 de Noviembre

Señor Presidente: XXY y XYZ vecinos de BOLMIR, hacemos uso del Derecho de Petición según los art. 29.1 y 53.2 de la Constitución Española y regulado por la Ley Orgánica 4/2001 de 12 de Noviembre. Requerimos la confidencialidad de nuestros datos según recoge la ley orgánica reguladora.

Y PEDIMOS:

· De instrucciones para dotar con los elementos de Seguridad Vial que faltan a la travesía de la carretera autonómica CA-730 por Bolmir.


Las RAZONES para hacer tal petición son las que siguen:

En 2008 -Agosto y Noviembre- varios vecinos de Bolmir nos dirigíamos -por escrito- al Consejero Mazón para comunicarle nuestros intereses en materia de SEGURIDAD VIAL.

Como no se nos daba respuesta recurrimos al Defensor del Pueblo, el 21 de Abril nos contestaba esta institución:

“En relación con la queja formulada por usted ante esta Institución y registrada con el número arriba indicado [09009246], se ha recibido el informe solicitado a la Consejería de Obras Públicas, Ordenación del Territorio, Vivienda y Urbanismo del Gobierno de Cantabria, en el que manifiesta que la dirección facultativa de la obra “Mejora de trazado carretera CA-730, Matamorosa a Arija”, p.k. 1,500 al p.k. 21,300 Tramo Bolmir-Arija". Clave 11/04-6/1, ha informado que se han estudiado las peticiones realizadas por los interesados y, de acuerdo con instrucciones de la superioridad se va a proceder, en breve plazo, a redactar un proyecto de construcción para llevar a efecto las actuaciones solicitadas, lo que le comunicamos de acuerdo con el artículo 31.1 de la Ley Orgánica 3/1981, de 6 de Abril, del Defensor del Pueblo.

Según parece ayer 9 de Diciembre de 2010 inauguraron la obra - Mejora de la carretera autonómica CA-730 Bolmir-Arija. Algunos vecinos consideramos que esta obra no ha quedado terminada, salvo que demos por buenas algunas chapuzas y por “normales” algunas carencias PORQUE:

  • NO SE HAN INSTALADO BANDAS SONORAS DISUASORIAS
  • NO SE HA SEÑALIZADO UN PASO DE PEATONES POR DONDE MÁS SE NECESITA, de camino al comercio.
  • NO SE HAN INSTALADO SEMÁFOROS PARA PEATONES
  • LA CARRETERA NO TIENE ARCÉN
  • NO HAY ACERA NI CAMINO PEATONAL HACIA MATAMOROSA
  • SE HA ESCATIMADO MATERIAL PARA CONSTRUIR LAS ACERAS
  • LA HUMEDAD Y LAS AGUAS DEL TERRERO ALCANZAN LA NUEVA ACERA EN LA CERCANÍA AL CRUCE CON LA CA-732, está más seco el firme de la carretera que la acera.
  • FALTAN ELEMENTOS DE SEGURIDAD VIAL EN LA CA-731 A SU PASO POR EL PUEBLO

14,2 millones de euros [el anunciado coste de la obra] no han resultado suficientes –según parece- para atender a las necesidades concretas de los vecinos de Bolmir, anunciadas de forma explícita y con antelación [sin la intermediación de cargos electos]. Es como si se realizaran obras públicas para atender a las empresas constructoras y proveedoras, sin otra utilidad... Parece que no quisieran “dar satisfacción a los vecinos”. De hecho nunca tuvimos noticia ni respuestas de su consejero Sr. Mazón [se adjunta texto del escrito dirigido a él en Noviembre de 2008].

Esperamos que la cercanía de la administración autonómica a los ciudadanos sea una cosa cierta, NO una ficción.


Le saludamos atte.

BOLMIR, 10 de Diciembre de 2010

Posted via email from jmares's posterous

lunes, 13 de diciembre de 2010

Hace un año [decíamos ayer...]

El 23 de Diciembre del año 2009 escribía un post que pueden volver a leer a continuación. Tanto da tener "autonomia" que no tenerla; los cargos electos y la administración autonomica de Cantabria están tan lejos de los ciudadanos como les permite el sistema, y esto no lo van a arreglar ellos. Después de la lectura de este texto y del post inmediato anterior entenderán el porqué de mis afirmaciones.

"Antes de la foto prevista - la de la inauguración de la obra en la carretera autonómica CA-730 entre Bolmir y Bimón -, convendría rematar la citada carretera, sobre todo ahora que se ha postpuesto el evento por la climatología. Y es que no parece de recibo ni bonito entregar una obra pública que habrá costado 14 millones de euros sin hacer los remates que parecen necesarios, como los de la travesía de Bolmir. Muy Bien el nuevo alumbrado pero falta reponer el alumbrado público entre el cementerio y el cruce con la CA-732 /acceso a Retortillo, que existía antes de la obra y se retiró para realizar esta.

Falta acabar las aceras construídas, habilitar las mismas con cota cero para minusválidos, construir acera nueva en el tramo que no se ha construido, instalar barandilla al puente, construir carriles peatonales para salir del pueblo hasta la A-67 y CA-732/acceso a Retortillo, y dotar de elementos de seguridad víal -solicitados por los vecinos en Agosto y Noviembre de 2008 al consejero Mazón- además de las señales verticales ya instaladas se precisa al menos otros tres pasos de peatones, semáforos y bandas sonoras disuasorias para reducción de la velocidad.

Es sintomático - que el Consejero Mazón no conteste a los ciudadanos, ni al Defensor del Pueblo cuando este le requiere la misma información-, del estado de lejanía de la administración regional a los ciudadanos y de la connivencia directa de esta administración con los caciques locales que pastorean el rebaño.

Están a tiempo de enmendar lo realizado y por eso la Junta Vecinal de Bolmir se lo ha recordado al Presidente Revilla, adjunto copia de este escrito, del dirigido al Director General de Carreteras, Vias y Obras, y los dirigidos por los vecinos al Consejero Mazón y alDefensor del Pueblo en SCRIBD [no será porque no están avisados]."

JV Revilla

Posted via email from jmares's posterous

jueves, 9 de diciembre de 2010

14,2 millones de euros no han sido suficientes

Estimada E. te informo de lo que sigue por si quereis dar algún tratamiento informativo al asunto.


En 2008 -Agosto y Noviembre- varios vecinos de Bolmir nos dirigíamos -por escrito- al Consejero Mazón para comunicarle nuestros intereses en materia de SEGURIDAD VIAL, más tarde hacíamos otro tanto con el Presidente Revilla.


Como no se nos daba respuesta recurrimos al Defensor del Pueblo, el 21 de Abril nos contestaba esta institución:


“En relación con la queja formulada por usted ante esta Institución y registrada con el número arriba indicado [09009246], se ha recibido el informe solicitado a la Consejería de Obras Públicas, Ordenación del Territorio, Vivienda y Urbanismo del Gobierno de Cantabria, en el que manifiesta que la dirección facultativa de la obra “Mejora de trazado carretera CA-730, Matamorosa a Arija”, p.k. 1,500 al p.k. 21,300 Tramo Bolmir-Arija". Clave 11/04-6/1, ha informado que se han estudiado las peticiones realizadas por los interesados y, de acuerdo con instrucciones de la superioridad se va a proceder, en breve plazo, a redactar un proyecto de construcción para llevar a efecto las actuaciones solicitadas, lo que le comunicamos de acuerdo con el artículo 31.1 de la Ley Orgánica 3/1981, de 6 de Abril, del Defensor del Pueblo.


Según parece HOY inaugurarán la obra - Mejora de la carretera autonómica CA-730 Bolmir-Arija- el Presidente regional, el Consejero Mazón y los alcaldes de Campoo de Enmedio y de las Rozas de Valdearroyo. Y será [como en otras ocasiones] un nuevo paripé con foto, y una chapuza, PORQUE:


  • NO SE HAN INSTALADO BANDAS SONORAS DISUASORIAS
  • NO SE HA SEÑALIZADO UN PASO DE PEATONES POR DONDE MÁS SE NECESITA
  • NO SE HAN INSTALADO SEMÁFOROS PARA PEATONES
  • LA CARRETERA NO TIENE ARCÉN
  • NO HAY ACERA NI CAMINO PEATONAL HACIA MATAMOROSA
  • SE HA ESCATIMADO MATERIAL PARA CONSTRUIR LAS ACERAS
  • LA HUMEDAD Y LAS AGUAS DEL TERRERO ALCANZAN LA NUEVA ACERA EN LA CERCANÍA AL CRUCE CON LA CA-732, está más seco el firme de la carretera que la acera.
  • FALTAN ELEMENTOS DE SEGURIDAD VIAL EN LA CA-731 A SU PASO POR EL PUEBLO
  • 14,2 millones de euros [el anunciado coste de la obra] no han sido suficientes para atender a las necesidades concretas de los vecinos. Un ejemplo meridiano de la inutilidad de los políticos autonómicos y locales. Es como si se realizaran obras para atender a las empresas constructoras y proveedoras, sin otra utilidad...Espero os hagáis eco del asunto. Saludos,


Nuestro escrito de Noviembre de 2008 decía lo siguiente:

Excmo. Sr. D. José María Mazón
Consejero de Obras Públicas, Ordenación del Territorio, Vivienda y Urbanismo
Pasaje de Peña, 2 – 4ª planta
39008 Santander

ASUNTO: SEGURIDAD VIAL en casco urbano de BOLMIR
(Campoo de Enmedio)
Ejercicio del Derecho de Petición L.O. 4/2001 de 12 de Noviembre
Bolmir, 4 de Noviembre de 2008

Excelentísimo Señor Mazón:
Los ciudadanos abajo firmantes, vecinos de Bolmir, hacemos uso del Derecho de Petición según los art. 29.1 y 53.2 de la Constitución española y regulado por la Ley Orgánica 4/2001 de 12 de Noviembre. Requerimos la confidencialidad de nuestros datos según recoge la ley orgánica reguladora.

El objeto de la petición es solicitar a esa Consejería la dotación de varios dispositivos de Seguridad Vial y la realización de las obras pertinentes para su instalación en nuestro pueblo, y al tiempo solicitar información acerca del calendario de la obra.

Consideramos que son necesarios los siguientes elementos:
1- Bandas sonoras disuasorias para reducción de velocidad cien metros antes de la entrada en casco urbano. Bandas adaptadas a la más reciente normativa del Ministerio de Fomento.
2- Al menos dos semáforos en la calle Mayor
3- Varios pasos de peatones en la calle Mayor y el Barrio de San Cipriano.
4- Espejos en distintos cruces.
5- Señalética vertical para reducción de velocidad en la entrada y en el callejero coincidiendo con el trazado de las carreteras autonómicas CA-730 y CA-731.
Las razones para plantear esta petición son las que siguen:
  • La carretera autonómica CA-730 – actualmente en obras desde Bolmir hasta el límite de provincia con Burgos en Bimón -, coincide en nuestro callejero con la calle Mayor donde se ubican los comercios del pueblo. Aún estando la carretera en obras, y convenientemente señalizada -horizontalmente y en color amarillo de precaución-, algunos vehículos entran en la población y circulan por casco urbano a velocidades superiores a las permitidas.
  • Se ha cambiado el trazado de la carretera CA-730 en la entrada al pueblo desde Matamorosa, cambiando el radio de la primera curva a derecha, haciéndola más pronunciada. Ello supone que los peatones y vehículos que bajan del Barrio de Arriba por la primera calle tienen una menor visibilidad de los vehículos que entran al pueblo y existe un riesgo de atropello o colisión.
  • La carretera tiene tráfico pesado: camiones de gran tonelaje.
  • La media de edad de la población es elevada, típica de la demografía de zonas rurales.
  • No tenemos instalados en el pueblo ninguno de los dispositivos que le solicitamos, existe un semáforo que no está operativo.
  • No compartimos algunos argumentos -que hemos escuchado recientemente- para explicar las razones para no instalar los dispositivos que solicitamos como por ejemplo: no se instalan semáforos porque no son respetados por algunos conductores, no se instalan bandas sonoras porque las inhabilitarían los camiones quitanieves… En la geografía nacional pueden encontrarse estos dispositivos en cientos de pueblos, en distintas provincias y comunidades autónomas.
  • Nos preocupa el riesgo de accidente, no queremos sufrir uno fruto de la imprudencia de algún conductor y/o de la desidia o imprevisión.
Ya fue planteada una primera petición vecinal a usted con fecha 7 de Agosto de este año 2008, con número de registro de entrada en esa Consejería E S 5008, con las firmas de 102 ciudadanos de Bolmir.

Solicitamos a usted nos informe de las futuras actuaciones de la Consejería de Obras Públicas, Ordenación del Territorio, Vivienda y Urbanismo del Gobierno de Cantabria, de la que es titular, respecto al asunto que nos interesa.

Sin otro particular, le saludamos atentamente.

LOS ABAJO FIRMANTES
BOLMIR (Cantabria)

miércoles, 8 de diciembre de 2010

martes, 7 de diciembre de 2010

Constitución de la oligarquía

Publicado por Mauricio Valdés en Diario Español de la República Constitucional:

Por muy ufana que se muestre la ralea putativamente llamada “padres de la patria”, hay que volver a recordar la verdad acerca del engaño sobre el que se asienta el actual régimen político, la historia de un crimen nauseabundo: el liberticidio constituyente de la minoría de edad ciudadana.


Los jefes de partido decidieron en secreto hacer una Constitución y ocultar sus trabajos a los diputados y a la prensa para evitar el riesgo de que se debatiera el proyecto antes de que se trenzaran los acuerdos entre Adolfo Suárez y Felipe González. El momento decisivo, monopolizado por Abril Martorell y Alfonso Guerra como únicos poderes constituyentes, lo abrió González cuando confirmó que la reserva republicana del PSOE no era “de verdad” sino pura retórica. Una vez conseguido el acuerdo entre UCD y PSOE resultó muy fácil la aceptación por el pleno de la Cámara. El resultado fue la aprobación de la Constitución que convenía a los partidos devenidos estatales y juancarlistas.

Y, sin embargo, se continúa diciendo que este pacto oligárquico, paternalista y antidemocrático, llamado consenso para salvar la cara de los partidos comparsas, fue un modelo para constituir, sin elecciones a Cortes constituyentes, la democracia, y no lo
realmente constituido: la corrupción institucionalizada.

Los fundadores de la República norteamericana, aleccionados por su amarga experiencia con el parlamento británico, comprendieron a tiempo que los enemigos naturales del pueblo, en las democracias, no eran los poderes tradicionales, sino el nuevo poder que los ciudadanos otorgaban a sus representantes políticos. Antes de que comenzara a fraguarse en Europa la nueva clase política representativa, que terminaría por imponer la primacía de sus intereses de poder, los constitucionalistas americanos, especialmente Madison, Hamilton y el propio Jefferson, tomaron sabias precauciones para que el poder de los electores prevaleciera sobre el de los elegidos, el poder electoral sobre el poder electivo.

La Constitución española, procediendo a la inversa, tomó todas las medidas imaginables para impedir que la clase política pueda ser controlada por los ciudadanos. El poder electoral del pueblo está constitucionalmente sometido al poder de hacerse, y de hacer elegir, al poder electivo de unas pocas personas que aprovecharon la situación constituyente para autoconstituirse en oligopolio político, en apoderados permanentes que se hacen pagar coactivamente incluso por los que no votan.

Dani en la nieve



... pero apenas había nieve.

sábado, 4 de diciembre de 2010

Los costes del AVE

Descubro en La Carta de la Bolsa un artículo que nos ilustra sobre la dimensión de los costes del Ave a Galicia y a Cantabria titulado AVE Galicia costará: 5 veces coste AVE Madrid-Valencia


De él extraigo los siguientes párrafos:

... 5.800 M€ irán destinados a Olmedo-Ourense (la línea es Olmedo-Santiago). Un dinero que aproximadamente en un 70 % se emplearía en menos de 100 km de doble vía 5.800 M€ irán destinados a Olmedo-Ourense (la línea es Olmedo-Santiago). Un dinero que aproximadamente en un 70 % se emplearía en menos de 100 km de doble vía.

...esos 5.800 millones HABRÁ QUE DEVOLVERLOS INCREMENTADOS APROXIMADAMENTE EN UN 375%, durante un plazo de 25 años.

Un canon a devolver en 25 cuotas, una al año, con un importe total de 21.750 M€, por menos de 100 km de recorrido. Sumando el importe de los tramos en construcción, el AVE a Galicia (411 km) acabaría costándonos a los españoles aproximadamente 25.000 millones de euros [6].

Una cuestión grave, ya que tres de los AVEs más importantes que circularán a final de 2010 en España, Madrid-Barcelona (621km, 7.083 M€), Madrid-Valladolid (180km, 4.205 M€), y Madrid-Valencia (438 km, 5.118 M€), nos han costado a los españoles 16.406 M€. Un importe infinitamente menor. Y todo ello en época de bonanza económica [7].

No parece una solución muy racional en momentos difíciles para nuestro país multiplicar los gastos y encima por muchos menos kilómetros (25.000 M€ por 411 km vs 16.400 M€ por 1.239 km).

- Para hacernos una idea de la desproporción de la licitación prevista (para esos menos de 100km del AVE gallego), ésta es de un importe tal, que permitiría a España convertirse en la potencia con más portaaviones del mundo (16). Superando en 5 unidades el número de portaaviones de los EEUU, la mayor potencia militar del planeta. Un país que multiplica por 7 el número de habitantes de España.

OTRO EJEMPLO, EL AVE A CANTABRIA.

La LAV a Cantabria tendrá una licitación público-privada (PEI) de 1.600 M€ por el tramo entre Palencia y Reinosa. Una cantidad de la que los españoles deberemos devolver un canon de 6.000 M€ [5].

La cuestión es que esos 6.000 millones se pagarán por la parte más llana del recorrido. Teniendo en cuenta que la parte restante, Reinosa-Santander comprende el tramo montañoso (que es el que mantiene la verdadera dificultad), y que los tramos montañosos difíciles suelen costar como mínimo el doble o el triple de los llanos, nos lleva a predecir que esta parte puede alcanzar los 12.000 M€ (si se licita por concesión público-privada) [8].

Total, que el AVE a Cantabria podría alcanzar fácilmente los 18.000 M€. Más dinero que los AVEs Madrid-Barcelona, Madrid-Valladolid y Madrid-Valencia juntos (a pesar de que no alcanza una longitud de 190 km, frente a los 1.239 de los tres anteriores, que fueron construidos directamente por el estado, no por concesión).

....

Resulta también, difícil de racionalizar, que se anulen las licitaciones realizadas en el tramo entre Palencia y Villaprovedo, 211 millones por un tramo de 57 km, lo que supone 1/3 del recorrido. Se anulan licitaciones a muy buen precio, para pagar un 375% más volviéndolas a licitar de nuevo.

En el proyecto cántabro, lo razonable sería mantener las licitaciones adjudicadas, y licitar algunos tramos fáciles más entre Villaprovedo y Reinosa. Por una inversión incrementada en poco más de 100 millones, nos llevaría a tener construida por unos 350 millones la plataforma del 40% del recorrido. Lo cual mantendría obras unos cuantos años, sin necesitar más inversiones mientras se supera la crisis. Todo ello sin necesidad de acudir a concesiones público-privadas de gran coste.

Además el trayecto entre Madrid y Santander, iría avanzando, quedando solamente unos 100 km pendientes, a realizar a mediados de década. Unos km que mientras tanto se pueden recorrer por la vía antigua. Una vez superada la crisis sería momento de encarar el resto, empezando por el mejor terreno entre Santander y Torrelavega.

CONCLUSIÓN.

En épocas de bonanza económica, se realizaron 1.239 km de AVE en tres líneas importantes, Madrid-Barcelona, Madrid-Valladolid y Madrid-Valencia. Todo ello con un coste ajustado de 16.400 millones de euros.

Ahora, en un momento de extrema dificultad para nuestra economía, se proyecta realizar un plan (PEI), en el que solamente analizando dos de sus inversiones: AVE a Galicia y AVE a Cantabria, se pretende gastar aproximadamente 43.000 millones de euros (por un recorrido que ronda 600 km). Es decir, pagar dos veces y media más dinero por la mitad de kilómetros respecto a los AVEs de 2010. Ocho veces el coste del AVE Madrid-Valencia. Seis veces el coste del AVE Madrid-Barcelona.

----

En el diario Expansión - el 3 de Diciembre-, se hacían eco del nuevo record de velocidad conseguido por los ferrocarriles chinos 486 KM/h y se informaba de lo que sigue:

El tren se empleará en el trayecto entre Pekín y Shanghai, que en 2011 contará con 24 estaciones y unirá las dos ciudades [1.318 km] en cuatro horas.

Éste recorrerá un total de siete provincias chinas formando la línea férrea de alta velocidad más larga del mundo.

Entre otras características, el ferrocarril más rápido del mundo tiene una cabeza cuya longitud mide 12 metros, salas VIP con sofás camas, pantallas planas de televisión y compartimento para reuniones privadas y de negocios. La línea férrea Pekín-Shánghai conectará a las áreas económicas más prominentes del país y se convertirá en la más ocupada ya que diariamente trasladará a 220.000 pasajeros.

El coste total de la línea será de 12.000 millones de dólares y su operador, el Ministerio chino de Ferrocarriles, interesado en la tecnología francesa y alemana, ha invitado a empresas extranjeras a invertir en el proyecto. Las firmas Alstom, Siemens y Mitsubishi-Kawasak son algunas de las interesadas en la inversión.

Ahora solo resta hacer cálculos y comparar.

Posted via email from jmares's posterous

viernes, 3 de diciembre de 2010

Riesgo inminente

A ver si resulta cierto lo que apunta el profesor Juan Torres en la web de Attac:

Estamos en unos momentos de gran emergencia. La magnitud del “rescate” español puede justificar (y apuesto a que seguramente así ocurrirá) que se tomen medidas excepcionales que permitan reorientar incluso algunos principios constitucionales, como entre líneas apunta el reciente informe que los grandes empresarios han entregado al Rey (¿un gobierno de técnicos sine die?, ¿supresión de ayuntamientos y quizá suspensión de las elecciones municipales? ¿privatizaciones generalizadas? ¿despidos masivos en las administraciones públicas?…).

Posted via email from jmares's posterous

jueves, 2 de diciembre de 2010

El poder del lobby financiero

Fraude con las subvenciones

Un funcionario escribe una carta muy elocuente a S. McCoy, la publica El Confidencial:

Estimado Alberto-McCoy,

He estado tentado en numerosas ocasiones de mandarte esta carta pero no me he atrevido. Al final uno come de lo que come y bastante apretadas están las cosas como para encima poner en riesgo el puesto de trabajo. Si hoy me decido a hacerlo es para abrirte los ojos ante una realidad que, o bien no conoces o no quieres conocer. No sé tanto de ti como para saberlo. Has escrito recientemente sobre la necesidad de luchar contra el fraude como alternativa a subidas de impuestos. ¿Sabes qué? No va a ocurrir. No pueden hacerlo. ¿Y sabes por qué? Porque la Administración, al menos la mía, convive con las acciones fraudulentas hasta un punto tal que son parte inherente de su configuración. Romper con esta dinámica sería tirar piedras contra su tejado. Y no estoy hablando de quien se lo puede estar llevando crudo, que ni sé ni quiero saber aunque bastaría con mirar algunas sospechosas externalizaciones. Se trata de algo más sutil, un estado de tolerancia ante las irregularidades que pone los pelos de punta. Lo que sale a la luz pública es apenas la punta del iceberg. Te lo dice un servidor.

Trabajo desde hace años teóricamente promocionando empresas para mi región. Cuando llegué existía una estructura normal, un jefe por designación política y unos cuantos indios que desempeñábamos el trabajo del día a día. Una década después, ya hay más directores generales que funcionarios de primer nivel con todo lo que eso implica en términos de ineficiencias. Lo peor de todo es que han ido consolidando su puesto con independencia del signo del partido gobernante, convirtiéndose en una suerte de funcionarios privilegiados con contrato laboral. Al final de lo que se trata es de perpetuar favores. Hoy dejo a uno de los tuyos aquí para que mañana cuides a los míos allá. Cuando hay un cambio de gobierno, se hacen retoques de cara a la galería pero, al menos por lo que a mí respecta, la vida ha seguido igual, sin grandes cambios de “directivos”. Desgraciadamente.

En su día nos encargábamos de evaluar planes de negocio con objeto de determinar su viabilidad y la posibilidad de invertir fondos públicos en los mismos, a través fundamentalmente de avales y concesión de créditos blandos. Con el tiempo nos convertimos, contra nuestra voluntad, en  un despacho de subvenciones donde lo más importante era la recomendación que acompañaba la propuesta más que la idea de inversión en sí. Ahora que no hay dinero ni para lo uno ni para la otro, somos meros recicladores de fondos. Lo que entra por un lado sale por el otro sin que varíen sustancialmente los destinatarios. Ya ni siquiera importa que el dinero vaya finalmente a la región o no. No hay pudor. Como ese empresario que se ha significado recientemente en los ataques contra el funcionariado y que lleva ya unos años viviendo del cuento… sin tener que rendir cuentas a casi nadie. ¡Si le estamos pagando la fiesta! En fin, mejor me callo.

Formalmente se llevan a cabo unas labores de inspección que no quedan en nada. Sería bueno que miraras el porcentaje de sanciones que finalmente se producen. De vez en cuando se elige una cabeza de turco para contentar a la galería. Es el peaje a abonar para que la rueda siga girando: reconocer grietas menores en la estructura para que los podridos pilares sigan en pie. Los que llevan a cabo estas tareas se han encontrado de todo, desde contabilidades que reconocían explícitamente su maquillaje a fin de conseguir los fondos regionales a los que aspiraban, a dinero que pasaba de una compañía a otra y de esta a una tercera, una cuarta o una quinta –siempre las mismas- con objeto de atribuirse una viabilidad vía ingresos que no se correspondía con la realidad. Facturas falsas cuya denuncia quedaba archivada en un cajón. A falta de pan, buenas son las auditoras externas para dotar de formalidad al paripé. Es lo que hay.

En fin. No te enredo más. Usa esto como te dé la gana. Solo quería abrirte los ojos. Espero, quiero creer, que no toda la Administración es así pero tengo mis dudas. Si nadie reacciona ante el clamor de que se reduzca el personal asignado a dedo en los distintos niveles del sistema, por algo será. Quien no ejecuta, otorga. Y mientras nosotros, los funcionarios de carrera, comiéndonos el marrón de las bajadas de sueldo y de la animadversión estereotipada. El día que decidamos morir matando, que se preparen algunos. Ya me van entrando ganas de dejar de amagar y dar con contundencia. De que tirar de la manta deje de ser un eufemismo.

Un funcionario cabreado.

Posted via email from jmares's posterous

domingo, 28 de noviembre de 2010

Teoria pura de la República


El próximo 3 de Diciembre se pone a la venta el esperado libro de Antonio García-Trevijano "TEORÍA PURA DE LA REPÚBLICA"

Resérvelo en su librería o en alguna de estas dos librerías on line: Criteria Club de Lectores, Paquebote



ÍNDICE

Libro primero
ACTUALIDAD DE LA REVOLUCIÓN FRANCESA
Datos sin relato ideológico
Desde la Asamblea Nacional a la huida del Rey
Revolución del azar y la fortuna
Desde Varennes a la muerte de Luis XVI
Robespierre
Directorio
Bonaparte
Síntesis ideológicas en la historiografía
Análisis de la Revolución
Dictadura comunal
Gobernación revolucionaria

Libro segundo
EL FACTOR REPÚBLICANO
Materia republicana
Forma republicana
Espíritu republicano
Libertad republicana
El problema político de la libertad
Unidad, consenso, pluralidad
Partidos estatales
Elecciones

Libro tercero
TEORIA PURA DE LA REPÚBLICA
Prólogo
Cap. I - Lealtad republicana
Cap. II - Mónadas republicanas
Cap. III - Cámara de Representantes
Cap. IV - Presidencia del Consejo de Legislación
Cap. V - Presidencia del Consejo de Justicia
Cap. VI - Presidencia del Gobierno y de la República
Cap. VII - Filosofía de la acción constituyente
Cap. VIII - República Constitucional
Epílogo