miércoles, 29 de septiembre de 2010

Más allá de la huelga general

Publicado en El Economista el 23 de Septiembre de 2009:

La huelga general del próximo 29 de septiembre es una expresión cuasi perfecta del corporativismo, esto es, de la actitud de un grupo de interés dirigido a hacer prevalecer sus intereses sobre los generales. Esta práctica, fundamento básico y último de la filosofía inspiradora de los sindicatos, queda al desnudo con una claridad meridiana en un contexto como el español, azotado por una dura crisis económica con niveles de paro extraordinarios. Su previsible fracaso va a demostrar el creciente alejamiento de la tecnoestructura sindical de sus teóricos representados: los trabajadores.

Con salvadas excepciones, los sindicatos sólo han conseguido que una huelga general triunfe cuando ante la pasividad de los poderes públicos han podido recurrir al uso de la fuerza. Si esta vez no lo logran, será el canto del cisne de un sindicalismo que, curiosamente, juega el doble y esquizofrénico papel de tener asignadas funciones legales y constitucionales financiadas con carga a los Presupuestos y, al mismo tiempo, de agentes de desestabilización del propio sistema.

Sindicatos, sin representatividad

Si se analiza la situación con una cierta altura de miras que se ubica por encima del hecho concreto de la convocatoria de una huelga general, la pérdida de representatividad de los sindicatos supone la puesta en cuestión del modelo neocorporativista que preside las relaciones laborales en este país y la anomalía que representa en un sistema democrático moderno. El corporativismo ha reforzado la tendencia al monopolio y a la exclusividad de la representación e impedido la transformación de las centrales en un vehículo para expresar los verdaderos intereses de los trabajadores.

Parapetados en sus privilegios legales y financiados por el dinero público, los sindicatos carecen de los incentivos necesarios para servir a los intereses de sus supuestos representados. Esto ha conducido a la creación de una burocracia sindical que maximiza sus propios intereses a costa de los de la mayoría de los trabajadores. Con el poder y el dinero garantizados por los poderes públicos, han creado una auténtica aristocracia.

En este contexto, las centrales sindicales responden a la tipología de los buscadores de rentas, es decir, esos colectivos que obtienen recursos de poder y de dinero no a través de un intercambio libre, sino mediante la presión que ejercen sobre las autoridades. De este modo, el mercado basado en la cooperación voluntaria entre los agentes sociales y económicos se ve sustituido por el mercado político. En éste último, como es conocido, la lógica dominante es la del poder y no la de la economía.

Prevalecen los intereses de la minoría

Este esquema conduce a una dinámica que prima la distribución sobre la creación de la riqueza y del empleo, porque, en el primer caso, los beneficios se concentran en muy pocos, las burocracias sindicales, y en el segundo, se dispersan entre muchos. En consecuencia, la lógica del modelo sindical conduce a primar los intereses de una minoría elitista sobre los de la mayoría.

Todo el edificio del sistema de relaciones laborales en España se asienta en la concesión a los denominados interlocutores sociales de unas atribuciones que tienden a sustituir e incluso a imponer su voluntad por encima de la ley en el sentido de una norma aplicable a todos por igual. El individuo, como ciudadano que vota, cuenta en este esquema mucho menos que el que obtiene su estatus de la pertenencia a una corporación.

Quienes no forman parte de ella corren el riesgo de quedar marginados y/o de verse sometidos a decisiones tomadas por organizaciones sin legitimidad democrática. Esto implica la posición anti-individualista del esquema institucional en el que se enmarcan las relaciones industriales en España. Esto no puede confundirse con los acuerdos que se llevarían a cabo si los sindicatos fuesen instituciones de la sociedad civil creadas por la adhesión voluntaria de los trabajadores y cuyos ingresos proceden de las cuotas voluntarias suministradas por ellos.

Sindicalismo vs pluralismo

El sindicalismo español, su configuración y su comportamiento, es absolutamente contrario a los principios del pluralismo, entendido como la praxis de una sociedad siempre abierta a la formación de nuevos grupos que compitan con los existentes en la defensa de los intereses de los trabajadores. De nuevo, los privilegios legales y los fondos públicos aportados a unas centrales declaradas representativas por la ley, con independencia de su representatividad real, convierten el mercado sindical en monopolístico, con barreras de entrada artificiales, en un sistema blindado a la competencia y, por tanto, tendente al abuso de una posición dominante y, en consecuencia, excluyente.

En suma, la posición de las centrales en España es contraria a los criterios de representación democrática, basada en el individualismo del voto y del mercado, basado en la competencia.

Reforma de sindicatos

Por otra parte, la vigente tecnoestructura sindical es incompatible con la evolución económica y social del mundo moderno. Ésta se basa no en una tendencia a la uniformidad, sino a la diversidad, a la complejidad, lo que rompe uno de los ejes centrales del discurso sindical: la homogeneidad de los intereses y de las aspiraciones de los trabajadores.

Esta falta de adaptación de los sindicatos a las demandas y exigencias de una sociedad plural en la que los individuos tienen preferencias diferentes explica también en gran medida la creciente distancia entre los sindicatos y los trabajadores. En las sociedades avanzadas ya no hay un trabajador tipo representativo de todos, sino millones de individuos con habilidades, capacidades y deseos distintos. Esto supone la necesaria individualización del esquema de relaciones laborales y, por tanto, el fin del café para todos.

Fracase o no la huelga general, es imprescindible acabar con un modelo sindical obsoleto, heredero del corporativismo del antiguo régimen y recrear otro en el que se creen los incentivos necesarios para que los sindicatos sean de verdad expresión de la voluntad de los trabajadores. Esto supone liquidar los privilegios legales y económicos que les blindan y frenan su imprescindible modernización.

Lorenzo B. de Quirós, miembro del Consejo Editorial de elEconomista.

martes, 28 de septiembre de 2010

¿Es casual la mala calidad de nuestros políticos?

Publicado en El Confidencial

No resulta difícil percibir que la calidad de los dirigentes políticos en España ha sufrido un deterioro lento, pero intenso, durante las últimas décadas. “Cada país tiene los gobernantes que merece”, afirman algunos, señalando a los ciudadanos como responsables últimos del espectáculo tan poco edificante que ofrece nuestra clase política. Serían los votantes quienes, de forma deliberada y contumaz, encomendarían la responsabilidad de una gestión pública, cada vez más compleja, a unos líderes poco capaces, de honradez dudosa o inclinados a favorecer sus propios intereses.


Sin embargo, la escasa cualificación de los dirigentes no suele deberse a una supuesta ceguera o ignorancia de los votantes sino a un inadecuado diseño de algunos aspectos del sistema político. El voto es necesario para garantizar buenos gobiernos, pero resulta insuficiente si los incentivos para dedicarse a la política no son los correctos, los mecanismos de selección de los líderes son perversos y los electores no pueden discriminar con su voto las cualidades de cada candidato. Y, en España, estos procesos de selección e incentivos son manifiestamente mejorables, dando lugar a una peculiar ley de Gresham: los malos políticos tienden a expulsar de la circulación a los buenos.


La selección de los políticos

Es posible clasificar en tres categorías los atractivos que ejerce la actividad política sobre los sujetos: el salario, los ingresos poco justificables y lasganancias psicológicas (fama, prestigio, poder, posibilidad de servir al país, etc…) ¿Cómo afectan estos elementos a los distintos tipos de individuos? La dedicación a la política supone una importante pérdida salarial para las personas altamente cualificadas pero, con mucha frecuencia, una sustancial ganancia neta para los poco formados. También, por razones obvias, la actividad pública puede proporcionar unos enormes ingresos, pero sólo a los sujetos con una honradez mejorable. Por tanto, para las personas de acreditada valía y contrastada integridad, la política tan sólo ejerce el atractivo del prestigio y la satisfacción de servir a los ciudadanos, a costa de una pérdida material. Y, dado que este prestigio, se va reduciendo según se generalizan los políticos ignorantes o corruptos, la proclividad de los individuos honrados y profesionalmente competentes a dedicarse a la actividad pública no sólo es pequeña, sino que disminuye paulatinamente, lo que contribuye a una progresiva degradación de la clase política.


Los partidos realizan una segunda selección asignando cargos y puestos entre sus afiliados. La propia estructura de las formaciones, y el sistema de listas cerradas, conducen a que los criterios para obtener un puesto o ser incluido en una lista electoral no sean necesariamente la valía personal o profesional, sino otros como la lealtad al líder. El político individual se convierte, así, en un engranaje de la maquinaria del partido y puede permanecer años en un parlamento o en un ayuntamiento, callado, aplaudiendo al propio y abucheando al contrario (con independencia de lo que diga cada uno), limitándose a votar lo que diga el jefe de grupo. Es muy difícil que una mente independiente, íntegra, con criterio propio y altitud de miras pueda soportar mucho tiempo algo así. Además, la enorme proliferación de cargos de libre designación en las diversas administraciones crea un efecto llamada a personas con características negativas, pues perciben que, tarde o temprano, conseguirán alguno de los puestos. Por otro lado, la opacidad y las prácticas heterodoxas en la financiación de los partidos permiten a los corruptos pasar más desapercibidos en un ambiente de río revuelto.


En algunos países, el parlamento debe ratificar los cargos nombrados por el ejecutivo, ejerciendo un control de calidad efectivo cuando existe una verdadera separación de poderes. En España, la disciplina de voto de los diputados impide que el parlamento pueda cumplir, en la práctica, esta función: la ausencia de una auténtica separación de poderes juega también en contra de la calidad.


El mecanismo del voto puede permitir al ciudadano discriminar entre personas, eligiendo para representarle y gestionar lo público a aquellas que considera son más capaces y honradas, compensando así el fuerte atractivo que la política ejerce sobre individuos con perfiles dudosos. Por desgracia, en España el sistema de listas cerradas no permite al elector discriminar las cualidades de cada candidato individual ya que se ve obligado a votar un paquete elaborado por los partidos.


La única opción profesional

Todo este proceso contribuye a la creación de una casta de políticos profesionales, personas que, en palabras de Max Weber, no viven “para” sino “de” la política y difícilmente comparten valores, intereses y visión del mundo con los electores a los que, teóricamente, representan. Su inclinación por políticas absurdas o contraproducentes no sólo se debe a la ignorancia y el desconocimiento sino también a la necesidad de adoptar cualquier medida que favorezca su permanencia en el poder, ya que la ocupación de cargos públicos constituye su mejor (cuando no su única) opción profesional.


La banalización de la política, la repetición machacona de discursos huecos con frases pretendidamente ingeniosas, la primacía del corto plazo (o las meras ocurrencias) a la hora de tomar las decisiones o la preponderancia de la pura imagen sobre los argumentos y razonamientos, son algunas señales de la degradación a que nos lleva tan inadecuado diseño. Resulta una triste paradoja el hecho de tener unos puestos públicos muy mal remunerados para la responsabilidad que representan pero con un sueldo demasiado elevado para la competencia y actitud de muchas personas que los ocupan. Todavía quedan algunos políticos capaces y honrados, pero parecen constituir ya una especie en vías de extinción.


Es necesario revertir los incentivos y cambiar el sentido de la selección,reduciendo drásticamente el número de cargos políticos, mejorando la remuneración en los puestos de gran responsabilidad y estableciendo mecanismos que garanticen que los destinos sean ocupados por personas con una preparación y actitud adecuadas. Resulta imprescindible la ratificación de los nombramientos por un parlamento verdaderamente independiente (siguiendo el modelo de los EEUU), la generalización de elecciones primarias limpias dentro de los partidos y una reforma del sistema electoral, que obligue a los candidatos a someterse individualmente al escrutinio de los votantes y fomente la autonomía del político individual. Cierto, son cambios profundos, y alguno de ellos requeriría una reforma constitucional. Pero el esfuerzo nunca es excesivo cuando hay tanto por ganar en el terreno de lo material, en el plano de lo ético y, también mucho, en la esfera de lo estético.


Juan Manuel Blanco es profesor titular de Análisis Económico en la Universidad de Valencia.

Posted via email from jmares's posterous

lunes, 20 de septiembre de 2010

El Gobierno de Cantabria como socio de Vestas

El partido político La Unión ha acusado al Gobierno de Cantabria de ser socio de Vestas, el "principal competidor" de Gamesa, por lo que ha criticado las manifestaciones del presidente, Miguel Ángel Revilla, en su visita este sábado al día de puertas abiertas de esta fábrica en Reinosa.

SANTANDER, 19 (EUROPA PRESS)

La Unión ha acusado al Gobierno de Cantabria de ser socio de Vestas, el "principal competidor" de Gamesa, por lo que ha criticado las manifestaciones del presidente, Miguel Ángel Revilla, en su visita este sábado al día de puertas abiertas de esta fábrica en Reinosa.

"Revilla no puede decir que los molinos los van a comprar en Reinosa a Gamesa, mientras su Gobierno se ha hecho socio de Vestas, el principal competidor. Vestas es socia del Gobierno a través de Sodercan, y por compartir, comparten hasta el domicilio social, que está ubicado en un edificio público propiedad del Gobierno Regional", ha incidido el presidente de La Unión, Rafael Sebrango, quien ha dicho que la instalación del molino en el Monte Cotío es un "escaparate" de los productos de la firma danesa.

Para Sebrango, la relación del Gobierno regional con Vestas "es como si el alcalde de Barcelona se hace socio del R.Madrid, o como si el dueño de la Coca-Cola organiza en su casa la fiesta de la Pepsi-Cola".

Según Sebrango "la conexión gallega" del Gobierno regional, ha impedido que "empresas acreditadas, que ya desarrollan proyectos industriales en Cantabria, hayan podido ser adjudicatarias del concurso eólico".

Para él, el "método" seguido por el Gobierno Regional en el concurso eólico "es muestra palpable de que no ha sido un concurso decente, y que las empresas participantes relegadas bien pueden quejarse de haber sido objeto de una descarada estafa por el Ejecutivo de Revilla".

Ese metodo consiste, según La Unión, "en hacerte socio del Gobierno, a través de instituciones controladas por el Consejero de Industria, que es el que organiza, firma la resolución, y gestiona de principio a fin el concurso eólico".

Publicado en Qué.es

Posted via email from jmares's posterous

domingo, 5 de septiembre de 2010

Trato privilegiado

Publicado en ABC:
Santander, 3 sep (EFE).- La plataforma CORE (Cántabros por la Ordenación Racional de la Energía) ha considerado hoy que la empresa Vestas, que está instalando un aerogenerador en el monte Cotío (Campoo de Enmedio), está recibiendo "un trato privilegiado" por parte del Gobierno de Cantabria.

Para CORE, la presentación esta semana del molino de Vestas ante miembros del Gobierno "pone de manifiesto el eminente carácter comercial del proyecto".

"Los últimos acontecimientos no hacen sino confirmar que la instalación del molino de Vestas en el monte Cotío no es más que una operación comercial encaminada a vender dicho producto a los adjudicatarios del concurso eólico", subraya en un comunicado de prensa este colectivo.

CORE piensa que ésta "es la verdadera naturaleza de este proyecto", que, a su juicio, está "muy alejado de la investigación y el desarrollo de nuevas tecnologías que proclama el Gobierno de Cantabria".

"Pocas empresas privadas pueden presumir de estar recibiendo tantos favores de una administración pública como Vestas", recalca esta plataforma.

CORE ha anunciado además que un equipo de arqueólogos "independientes" está elaborando una memoria sobre las afecciones del molino de Vestas al yacimiento arqueológico de Peña Cutral.

Según señala, para estos arqueólogos los trabajos de construcción del acceso "habrían ya tapado parte de la vía romana documentada que va hasta Julióbriga".

CORE indica que estos informes se adjuntarán a la denuncia presentada ante la Fiscalía "para demostrar lo inadecuado del emplazamiento elegido, sobre todo en cuanto a sus valores arqueológicos". EFE-Cantabria