Eliminar diputaciones... y ayuntamientos

Editorial en Libre Mercado

Hay que reconocer a Rubalcaba la habilidad con que ha colocado la eliminación de las diputaciones en el centro del debate político. Es cierto que otros países europeos con problemas han comenzado a reformar y reducir su estructura administrativa. Pero cabe preguntarse si la socialista es la única propuesta posible o siquiera la mejor alternativa.

No nos cabe duda de que el PSOE ha optado por promover la supresión de las diputaciones porque, como ha recordado el PP, prácticamente se ha quedado sin ninguna tras las últimas elecciones. Es difícil tomarlo como una propuesta seria cuando el propio Rubalcaba apoyaba una simple reforma y no su eliminación hace poco más de un mes. Pero no es menos cierto que estas instituciones serían las que menos echarían en falta esas "quince millones de personas" que Ana Mato calculaba que se verían afectadas por su supresión. Primero porque no se elige directamente a nuestros representantes en ellas y, en segundo lugar, porque resulta difícil encontrarles competencias que no puedan asumir entre ayuntamientos y comunidades autónomas. De hecho, las regiones que cuentan con una sola provincia ya carecen de diputaciones, y nadie parece haberlas echado de menos.

La medida no estaría exenta de problemas. Para empezar, en el País Vasco las diputaciones forales sí que tienen bastante presupuesto y muchas competencias que en el resto de España corresponderían a las comunidades autónomas, y su eliminación sería constitucional y políticamente muy complicada. Otro tanto sucede, aunque en menor medida, con los cabildos y consejos insulares de Canarias y Baleares. Aunque siempre podría establecerse la supervivencia de estas instituciones, eliminando las demás diputaciones.

Por otro lado, siendo la Constitución tan explícita en su artículo 141.2, que regula el Gobierno de las provincias, es posible que su eliminación obligara a una reforma constitucional, de modo que sólo podría llevarse a cabo con el acuerdo de ambos partidos, salvo un descalabro del PSOE sin precedentes. Así que la propuesta de Rubalcaba no deja de ser un brindis al sol, como previsiblemente lo serán todas y cada una de las que haga en campaña.

Sin despreciar esta propuesta, posiblemente necesaria, cabe pensar que no es la única posible, ni siquiera la mejor forma de reducir duplicidades y gastos superfluos en nuestra estructura administrativa. Cuando tenemos 8.112 ayuntamientos, casi los mismos que Alemania con aproximadamente la mitad de su población, de los que el 80% gobiernan municipios de menos de 5.000 habitantes, parece claro que su reducción es un imperativo. Mientras que en España se han creado 32 nuevos consistorios desde el año 96, Gran Bretaña ha pasado de 1.500 a 400, Alemania de 25.000 a 8.4000, Bélgica de 2.359 a 596 y Grecia de 5.300 a poco más de mil.

Italia, que es el país que más recientemente ha presentado una reforma de su estructura administrativa, eliminará las provincias más pequeñas, sí, pero también obligará a fusionar casi 2.000 ayuntamientos de menos de mil habitantes de los 8.094 que hay en el país. De hecho, mientras que el PSOE no ha estimado cuánto se ahorraría por la supresión de las diputaciones, UPyD ya calculó en16.000 millones de euros al año el gasto público que podría reducirse fusionando ayuntamientos pequeños. Es la diferencia entre una ocurrencia y una propuesta seria.

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