Otros PSIR: Tanos-Viérnoles

Un polígono aletargado

Fuente: Cantabria Económica 03/02/2010

Solo dos naves se han construido en Tanos-Viérnoles y una de ellas no tiene actividad

Dos años después de acabado, el polígono industrial de Tanos-Viérnoles continúa muy lejos del lleno que prometía. Tan solo dos empresas han levantado sus instalaciones y únicamente una de ellas, Ballestas y Basculantes Martín, tiene actividad. A ella se unirá este verano Codelse, pero seguirán siendo muy pocas para un polígono que era reclamado insistentemente por los empresarios torrelaveguenses y que parecía pequeño para las necesidades de la comarca. La tardanza en la ocupación de las parcelas deja entrever que la demanda era muy volátil y, como va a ocurrir en otros polígonos en proyecto, la crisis ha cambiado radicalmente las necesidades: lo que antes resultaba escaso, ahora sobra.

Pocas veces ha habido tanta unanimidad sobre un proyecto ni tanta aparente urgencia para concluirlo, pero ocho años después de que se constituyera la empresa pública que lo promovió, la ocupación del polígono de Tanos-Viérnoles no puede ser más decepcionante. Tan sólo dos empresas han levantado allí sus naves y nada más que una de ellas, Ballestas y Basculantes Martín, está realmente operativa. En pocos meses podría unírseles una tercera instalación, la que ha comenzado a construir Codelse para trasladar allí su sede. Un magro resultado para un polígono que venía siendo reclamado desde hace décadas por los torrelaveguenses, una comarca donde, además, permanece en comercialización el Parque Empresarial Besaya y hay fuerzas políticas que también pretenden convertir en un polígono industrial el amplio corredor que media entre Solvay y Sniace.

Una demora fatal

Los primeros pasos para la ejecución del proyecto de Viérnoles se dieron en octubre de 2003, cuando se constituyó Sitor (Suelo Industrial de Torrelavega), una promotora creada por la empresa pública Sican, del grupo Sodercan, que posee el 90% de las acciones, y el Ayuntamiento de Torrelavega. El objetivo era desarrollar en una mies que comparten Tanos y Viérnoles un polígono de 322.000 m2, retomando una idea que manejó la Corporación torrelaveguense a mediados de la década de los noventa.

Desde asociaciones como Apemecac, que aglutina a las pymes locales, se insistía en la urgente necesidad de suelo de las empresas torrelaveguenses, obligadas a salir del municipio si querían expandir sus negocios.

El Gobierno regional no dudó en declarar el proyecto de interés regional (Psir) para agilizar su ejecución. Aún así, entre las negociaciones para la compra del suelo con los más de 70 propietarios afectados, para evitar la expropiación, y los trámites administrativos para redactar el proyecto y adjudicar la urbanización del polígono, las parcelas no estuvieron disponibles hasta finales de 2007.

El interés por ese suelo era tan evidente como la carencia de alternativas a corto plazo en el entorno torrelaveguense, aunque el polígono de Reocín comenzaba a ser más valorado por los empresarios de la comarca. Pero Tanos-Viérnoles era un emplazamiento más cercano a Torrelavega y su puesta a punto parecía inminente. Con esas ventajas, alrededor de 180 empresas manifestaron su interés por ubicarse en el nuevo polígono, una demanda que excedía con mucho las posibilidades de un recinto que tan solo contaba con 180.000 m2 útiles para la instalación de naves.

Tras el proceso de selección de candidatos, se comenzaron a conocer los nombres de las primeras empresas que habían adquirido suelo en Tanos-Viérnoles. Firmas como Codelse, Velfair, Ricelec, Digassol, Artipubli, Hierros y Aceros de Santander, Ballestas y Basculantes Martín, Talleres Santiago Martín, Grupo Herreros Mobiliario o la empresa burgalesa Santaolalla e Hijos, eran algunas de las elegidas para un polígono que debía haberse llenado de inmediato. La realidad sin embargo, ha sido muy distinta.

La urbanización, llevada a cabo por la UTE Ascan-FCC, costó 8,6 millones de euros y concluyó a finales de 2007, pero las empresas que anhelaban, por entonces, empezar a construir se encontraron con un obstáculo con el que nadie contaba: la imposibilidad de escriturar la compra del suelo por obstáculos impuestos por el Registro de la propiedad torrelaveguense.

Para ganar tiempo, y aunque no estaba hecho el reparto, Sitor les autorizó a acceder provisionalmente a las que iban a ser sus parcelas para ejecutar los estudios geotécnicos, mediciones y otros trabajos preparatorios. Incluso firmó contratos privados otorgando la propiedad de los terrenos, con la salvaguarda de la futura inscripción registral. Pero para entonces surgió una circunstancia con la que nadie contaba. La crisis económica empezaba a emitir sus primeras señales de alarma y los adjudicatarios de las parcelas no estimaron oportuno arriesgarse a invertir en la construcción de sus naves o no encontraron entidades que les financiaran para hacerlo.

Defectos de acabado

Para colmo de males, empezaron a aflorar las deficiencias de urbanización del polígono, tantas que el Ayuntamiento de Torrelavega continúa sin recepcionar la obra. A los fallos en las canalizaciones de aguas pluviales se unió el desmoronamiento de taludes, que ha obligado a construir escolleras dos años después de finalizada la urbanización.

El polígono está, además, carente de servicios tan básicos como el cableado telefónico. A pesar del compromiso inicial, ninguna operadora se ha decidido a hacerlo para dar servicio al único cliente que, hoy por hoy, tendría en este recinto. Tampoco la acometida de gas natural cubre las necesidades de las industrias que se asientan en Tanos-Viérnoles. La presión que ofrecen las canalizaciones existentes bastan para un uso doméstico, como la calefacción, pero no para las necesidades de una industria de oxicorte. Tampoco cuenta el polígono con iluminación nocturna, a pesar de que las farolas sí están colocadas. La falta de vigilancia policial en un recinto que todavía no ha sido recibido por el Ayuntamiento torrelaveguense, lo ha dejado expuesto al vandalismo y son varias las veces que Sitor ha tenido que reponer los cables de iluminación robados. Los empresarios también se quejan de que el polígono no cuenta con la señalización adecuada para orientar a los que quieren llegar hasta él. Por no tener, Tanos-Viérnoles no tiene todavía ni dirección postal, como si de un polígono fantasma se tratase.

En opinión de Fermín García Balbás, presidente de la asociación de empresarios de este parque empresarial, la construcción de las naves nido proyectadas, podría insuflar vida a un recinto que tanto prometía. La promotora del Parque se dispone a sacar a licitación la ejecución de esas naves modulares pero la demora ha dado ventaja al cercano polígono de Reocín, donde la construcción de 60 naves nido está muy avanzada, aunque ni siquiera éstas tienen garantías de comercializarse.

Tanos-Viérnoles no ha nacido en el mejor momento pero antes o después se llenará con los proyectos empresariales ya comprometidos. Aún quedarán para entonces las dos grandes parcelas de 19.000 y 13.000 m2 que forman su reserva estratégica y que podrán ser aprovechadas por las fábricas que han ofrecido los licitadores del Plan Eólico.

Jesús Polvorinos

Ahora sobran polígonos

Este mes de Marzo la revista Cantabria Económica lleva en portada el siguiente titular: AHORA SOBRAN POLIGONOS, La demanda de suelo industrial estaba muy sobrevalorada. Su director, Alberto Ibáñez, escribe el siguiente artículo:

Ideas que se resisten a las evidencias

Hace un año y medio había un consenso general sobre la necesidad de construir más viviendas en Cantabria y aún más unánime sobre el suelo industrial: Hacía falta mucho, todo lo previsto /alrededor de nueve millones de metros cuadrados) y posiblemente más. Nadie se tomó la molestia de reflexionar en que eso suponía multiplicar por dos el suelo industrial de Cantabria, como si en diez o quince años se pudiesen implantar tantas empresas en la región como en todo el siglo XX.

Para fortuna de todos, en el terreno del urbanismo lo único seguro es que los plazos van a ser eternos, y las obras de varios de los polígonos proyectados no han podido iniciarse, a pesar de que algunos de ellos ya se anunciaron como inminentes en la época de Martínez Sieso. Probablemente podamos ahorrárnoslos. Con la llegada de la crisis y este baño de crudo realismo, ya podemos dar por olvidado el Polígono de La Pasiega y por ralentizados el resto de los que no se han empezado a urbanizar. Ni siquiera se van a llenar a corto y medio plazo los que están ya construidos: el Parque Tecnológico, Tanos-Viérnoles y Reocín.

Hay ejemplos muy evidentes de hasta qué punto, entre todos, hemos creado una realidad artificial en el terreno del suelo industrial. Las 60 naves-nido que se están acabando en Reocín apenas tienen quien se acerque a preguntar por ellas. Hace menos de un año, el Gobierno aseguraba que en la Agencia de Desarrollo local había doscientas solicitudes firmes.

El uso de la enorme parcela que se encuentra frente al Parque Científico y Tecnológico de Santander se convirtió en una batalla política que llegó a bloquear la reforma del plan General. Supuestamente, había 400 empresarios deseosos de instalar sus negocios en el término municipal de Santander –un ayuntamiento que nunca ha pensado que hay que dejar espacio para las actividades económicas-. Pero la realidad va a acabar por dar la razón al Ayuntamiento: Es posible que de los 400 no queden ni cinco interesados. Claro que la alternativa para esos terrenos son viviendas y tampoco hay demandantes para ellas.

El repentino hundimiento de todas las previsiones no es muy distinto del que se vivió en 1992 y los precedentes permiten suponer que, como entonces, la demanda reaparecerá algún día y las parcelas semiabandonadas acabarán por acoger naves industriales. Pero a veces el periodo es tan largo que no justifica el haber empleado un dinero que ahora se necesita para muchas otras cosas. En Barros o en Reinosa hubo que esperar una década para que los polígonos empezasen a poblarse y en el caso de Reinosa todo ese tiempo ni siquiera sirvió para sanear un suelo que se urbanizó sin descontaminar o para comprobar si podían darse las licencias, de forma que cuando por fin se solicitó la primera, el comprador se encontró con la desagradable sorpresa de que el terreno no pertenecía a Reinosa, como creían los gestores del polígono y el propio Ayuntamiento, sino al ayuntamiento de Campoo de Enmedio, y ni siquiera tenía la calificación de industrial.(*)

Cuando se trata de infraestructuras, las creencias se fijan en la mente de todos nosotros con una permanencia a prueba de constataciones. La evidencia de que empieza a sobrar terreno industrial y va a sobrar mucho más no impiden que los partidos políticos sigan pidiendo más polígonos convencidos al parecer de que el suelo urbanizado genera industrias por si solo con la misma naturalidad que el suelo virgen da flores. El partido Popular de Torrelavega, después de ver desestimada su pretensión de que se acometa el manoseado polígono que ocuparía todo el corredor existente entre Solvay y Sniace, ha anunciado que, cuando gobierne, será lo primero que haga. Si consigue superar las enormes dificultades de gestión que han impedido desarrollar anteriormente este suelo o el hecho de que gran parte de él está considerado terreno inundable, se encontrará con un enorme solar vacío para acompañar a los otros dos polígonos que también estará en la obligación de llenar, en Reocín y en Tanos-Viérnoles.

Las cosas nunca son como se presumen y, para completar la ceremonia de la confusión, ahora que tenemos o vamos a tener tanto polígonos industriales, las fábricas más importantes que se proponen entre las contraprestaciones del Plan Eólico no desean ubicarse en ellos. Donde quieren estar es el Puerto de Santander, el mejor lugar para la logística, se mire como se mire.

(*) El terreno era propiedad de la Junta Vecinal de Bolmir, y el ayuntamiento, según parece, se "apropió" del mismo mediante la correspondiente compensación urbanística, y otras compensaciones.

57.000 liberados sindicales

Fuente: Libertad Digital

CATORCE VECES MÁS QUE LO ESTIMADO POR LA CEOE

Los 57.000 liberados sindicales cuestan a las empresas más de 1.600 millones al año

El número de liberados sindicales en España es uno de los secretos mejor guardados. CCOO y UGT emplean la táctica del avestruz mientras la patronal CEOE calcula que hay 4.127, con un coste de 250 millones de euros anuales. En realidad la cifra es, cuando menos, catorce veces mayor.

PEDRO DE TENA / L. RAMÍREZ / A. BARREDA

El número de liberados sindicales en España es uno de los secretos mejor guardados. CCOO y UGT emplean la táctica del avestruz mientras la patronal CEOE calcula que hay 4.127, con un coste de 250 millones de euros anuales. En realidad la cifra es, cuando menos, catorce veces mayor sin tener en cuenta los liberados de las secciones sindicales, sino sólo los correspondientes a los delegados de personal elegidos en las elecciones sindicales.

Como denuncian fuera de nuestras fronteras cada vez que CCOO y UGT obstaculizan las reformas en el mercado de trabajo, los sindicatos españoles conforman una "aristocracia" laboral que se dedica a apoyar al Gobierno socialista, a proteger a los trabajadores fijos, no siempre los más productivos, y a lanzar soflamas contra los empresarios, que son los únicos que pueden crear empleo y ayudar a la economía española a salir de la recesión.

Los sindicatos más subvencionados de España, dirigidos por Cándido Méndez (UGT) e Ignacio Fernández Toxo (CCOO), tienen como comportamiento habitual ocultar a la opinión pública el verdadero coste que supone su existencia para los trabajadores y las empresas, especialmente en lo referente a los liberados. Es decir, aquellas personas que reciben sus salarios de las compañías que les han contratado, pero no desempeñan labor alguna en ellas. En lugar de ello están al servicio de las organizaciones sindicales.

La falta de transparencia de las organizaciones sindicales mayoritarias, CC.OO y UGT, es, en este aspecto, total. Nadie sabe con certeza cuántos liberados tienen organizaciones a nivel estatal, autonómico, provincial o local. Siempre que se habla de ello, que es bastante y a menudo, se habla de miles de liberados, pero con escaso fundamento.

Recientemente, la patronal CEOE ha intentado calcular el volumen de este colectivo y el coste que supone para las empresas. En un estudio cifra el número de liberados sindicales en las empresas privadas en 4.127 personas con un coste para las empresas de 250 millones de euros anuales, lo que implica un salario medio bruto de 60.000 euros per capita al año.

Pero cuando se analizan los datos oficiales en profundidad, el volumen real supera con creces la cifra aportada por los empresarios. Ante el silencio sepulcral de los sindicatos acerca de la cantidad de sus liberados, ¿hay algún método riguroso, aunque sea aproximado, de conocer el número real?

Sí. Se trata de combinar adecuadamente los datos sobre el número de delegados existentes en España con la normativa vigente respecto a las horas llamadas "sindicales" en la Ley Orgánica de Libertad Sindical. Esa relación nos dará al menos el número de liberados potenciales y, desde luego, una cantidad mínima que puede considerarse certera.

Liberados sindicales de UGT Y CC.OO. en España

En el artículo 68, e, del Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, se especifica que "dispondrán de un crédito de horas mensuales retribuidas cada uno de los miembros del comité o delegado de personal en cada centro de trabajo, para el ejercicio de sus funciones de representación, de acuerdo con la siguiente escala:

Delegados de personal o miembros del comité de empresa:

1. Hasta cien trabajadores, quince horas.

2. De ciento uno a doscientos cincuenta trabajadores, veinte horas.

3. De doscientos cincuenta y uno a quinientos trabajadores, treinta horas.

4. De quinientos uno a setecientos cincuenta trabajadores, treinta y cinco horas.

5. De setecientos cincuenta y uno en adelante, cuarenta horas.

Y añade que "podrá pactarse en convenio colectivo la acumulación de horas" de los distintos miembros del comité de empresa y, en su caso, de los delegados de personal, en uno o varios de sus componentes, sin rebasar el máximo total, pudiendo quedar relevado o relevados del trabajo, sin perjuicio de su remuneración.

En el conjunto de España, el número de delegados de personal obtenidos por UGT y CCOO en las elecciones sindicales era de 250.153, correspondiendo a UGT 123.233 y a CC.OO 126.920, según consta en un informe reciente de Atlantis Seguros, una empresa de seguros europea participada por ambos sindicatos.

Dado que no hemos logrado saber cuántos de ellos corresponden a cada grupo de centros de trabajo previstos en la ley antes expuesta, hemos de optar por un número medio de horas sindicales/mes para cada delegado.

En nuestra hipótesis vamos a considerar que el número medio de horas sindicales por delegado es de 30 horas, teniendo en cuenta que en la Administración en general el uso habitual es el de 40 horas mensuales e incluso más y que el número de delegados en la Administración Pública se acerca al 30% del total. Que se superan las 40 horas sindicales al mes puede comprobarse en el siguiente documento de la Junta de Andalucía:

De esta forma, 250.153 delegados sindicales en toda España multiplicados por tales 30 horas liberadas por la acción sindical al mes nos dan un total de 7.504.590 horas empleadas al mes en tareas sindicales que, consideradas a lo largo de un año, es decir, multiplicadas por 12 meses, se convierten en 90.055.080 horas "liberadas".

Dadas que estas horas son acumulables y adjudicables por persona, y siendo la jornada media efectiva en España de 1.576,8 horas la cantidad total de horas sindicalmente liberadas, 90.055.080, equivalen a 57.112,5 puestos de trabajo de tiempo completo o, lo que es lo mismo, a 57.112,5 liberados sindicales posibles a tiempo completo, a los que habría que añadir los liberados sindicales existentes en las secciones sindicales de empresa de UGT y CCOO.

Dicho en términos económicos, los empresarios españoles y la Administración pública están pagando del bolsillo privado y público, respectivamente, a 57.112,5 funcionarios sindicales, salarios que no ingresan pero que sí se ahorran las organizaciones sindicales.

Si consideramos que el coste laboral medio en España (salario + Seguridad Social) por trabajador y mes alcanzaba los 2.428,69 euros en el tercer trimestre de 2009, esto es, 29.144 euros por trabajador al año, el coste total derivado por los liberados sindicales y soportado forzosamente por ciudadanos y empresas españoles asciende a 1.664 millones de euros al año. Si se tiene en cuenta que muchos de los trabajadores liberados deben ser sustituidos por otros que realicen sus trabajos, el coste real de los liberados debe ser mucho mayor.

Y, desde luego, de ser su salario el medio que indica la CEOE, de 60.000 euros anuales, el coste entonces se elevaría a casi 3.500 millones de euros anuales.

Ingresos sindicales no contabilizados ni fiscalizados

Lo que son efectivamente ingresos para las organizaciones sindicales no son contabilizados como tales. Es decir, a la subvenciones no finalistas recibidas por los sindicatos de la Administración debería sumarse la cantidad correspondiente a los salarios de los liberados aunque sean pagados por terceros. En la práctica, estos liberados se comportan como empleados de los sindicatos que disponen de estos delegados con toda libertad y autoridad.

Así, estamos ante la presencia de dos gigantescas empresas, UGT y CCOO muchos de cuyos ingresos no proceden de su propia actividad sino que los succionan de la actividad de otras empresas y de los impuestos de los ciudadanos sin que exista control alguno, al menos, sobre los fondos públicos recibidos, que son los mayoritarios. De hecho, estamos ante organismos que tienen miles de trabajadores asalariados a su servicio, pero cuyos salarios, en su mayoría, son abonados por otros.

Muy pocas empresas en España superan los 25.000 trabajadores. Telefónica asegura tener en España más de 100.000 profesionales pero no especifica si todos ellos son asalariados o si son meros colaboradores externos. El Corte Inglés tiene poco más de 50.000 trabajadores reconocidos. En cualquier caso, en toda España apenas hay una decena de empresas con más trabajadores asalariados que UGT y CC.OO, si bien los pagan ellas mismas y no terceros.

Para saber el número real de los trabajadores de los sindicatos mayoritarios, a los liberados habría que añadir los trabajadores contratados, estable o temporalmente por UGT y CCOO y sus fundaciones y organismos relacionados, número que tampoco es conocido por la sociedad española.

Si se suman unos y otros podríamos estar ante dos megaorganizaciones cuyo personal, en su mayoría, es pagado por otros y cuyos ingresos proceden en su mayoría de los impuestos u otras empresas.

Del gobierno paternalista

Un gobierno paternalista (imperium paternale) en el que los súbditos -como niños menores de edad incapaces de distinguir lo que les es verdaderamente beneficioso o perjudicial- se ven obligados a comportarse de manera meramente pasiva, aguardando sin más del juicio del jefe del Estado como DEBAN ser felices y esperando de su bondad que éste también quiere que lo sean, un gobierno asi es el mayor despotismo imaginable.

I. Kant Teoría y Práctica

Diputados de la glebla estatal

publicado en Diario español República Constitucional

Burke fue el primero en defender la legitimidad de las agrupaciones parlamentarias de diputados afines. Los partidos políticos nacieron como fracciones de la sociedad política constituida en Parlamento. Los votantes eran ajenos a semejantes asociaciones.

La extensión del sufragio como derecho, la división de la sociedad en clases y la movilización de los ciudadanos para entablar luchas sociales, transformaron la primigenia naturaleza estatal de los partidos. Al trasladar el centro de gravedad desde la cámara parlamentaria a la sociedad civil se convirtieron en partidos societarios de masas. La financiación de los militantes les permitió la independencia necesaria para desempeñar su vocación transformadora del Estado, conforme a su imagen ideológica.

La mitigación y desaparición de la lucha de clases, la concepción del sufragio como deber y la financiación pública, han hecho retroceder a los partidos a su primitiva condición estatal. Así, los componentes del bloque constitucional de la partidocracia perpetúan en España, tras la dictadura, la función de señorío del Estado sobre una sociedad tutelada. Reducidos a centros oficiosos de selección de personal burocrático y de gobierno, dejan de ser instituciones civilmente necesarias.

Resulta imposible que una formación política que no sea independiente del Estado pueda impedir el abuso y la corrupción del PSOE, el PP, satélites ministeriales, y nacionalismos periféricos, cuyo sostenimiento con fondos públicos es causa y efecto de subordinación de la sociedad civil a la oligarquía de partidos.

En un llamamiento a todos los grupos de la Cámara para que apoyen solicitar al Gobierno que suspenda la subida del impuesto sobre el valor añadido, la portavoz del PP en el Congreso ha exhortado a la diputadumbre a votar “en conciencia y según sus consideraciones”. Dejando a un lado la desvergonzada inutilidad de semejante petición (todos los que aceptan ser estabulados en una lista saben que tal cosa supone una constante abdicación de la personalidad) doña Soraya Sáenz de Santamaría, si por un milagro de conversión liberal, fuese coherente con la prédica de eliminar los impuestos más gravosos, reclamaría inmediatamente acabar con la dotación del Estado a su propio partido. La modernidad de este Régimen ha consistido en suprimir los tributos feudales a la Iglesia para establecerlos a favor de los señoríos políticos.

Bolmir en El Mundo Cantabria / 15 de Marzo de 2010

El PP respalda las exigencias de los vecinos en relación al PSIR de Bolmir

Junta y oposición rechazan el proyecto de polígono industrial en los actuales términos, por haber excluido al pueblo de la tramitación

Arturo Queimadelos / Campoo de Enmedio

La aprobación del Proyecto Singular de Interés Regional (PSIR) para el futuro polígono industrial de Campoo de Enmedio sigue dividiendo a vecinos y políticos. Si hace unas semanas eran los vecinos y la Junta Vecinal de Bolmir los que manifestaban su disconformidad con un polígono que se construirá a escasos 150 metros de sus viviendas, en el último Pleno celebrado en el Ayuntamiento de Campoo de Enmedio el debate de este asunto volvió a generar divisiones, en este caso en el ámbito político. A la sesión acudieron los vecinos y representantes de la Junta Vecinal de Bolmir, para manifestar su disconformidad no contra la ubicación del polígono, sino con las formas sobre cómo se está llevando a cabo el PSIR, al haberse excluido al pueblo de su tramitación, explicaron.

Durante el debate político, cada grupo expuso su opinión. Así, mientras el equipo de gobierno PSOE-PRC se mostró a favor del proyecto, con las consecuencias que se derivarían de ello, el PP se abstuvo porque llevábamos en el programa electoral dicho polígono industrial, pensando que es muy bueno para el municipio y para el pueblo de Bolmir, aunque sabemos que sufrirán alguna incomodidad, pero entendiendo que también serían los más cercanos a la hora de tener una industria que siempre conllevaría ventajas para los vecinos.

El PP está en contra de las formas en que se quiere acometer el PSIR, ya que éste fue remitido al Ayuntamiento por la Dirección Regional de Ordenación del territorio en Octubre de 2009, sabiendo que se dejó escondido en un cajón para ver si, por silencio administrativo, se podía aprobar y llevarlo con secretismo para que nadie se enterase de lo que sucedía, y cuando no quedó más remedio que ser aprobado lo han querido llevar de manera urgente en el pleno de Febrero, con un poco de oscurantismo, afirmó el portavoz popular Pedro Manuel Martínez García.

El PP de Campoo de Enmedio entiende que las reivindicaciones vecinales son asumibles por parte del Ayuntamiento porque no piden cosas inaceptables y encabezan su escrito señalando su no oposición al polígono industrial; solo piden que se tengan en cuenta sus derechos como es el camino que les acerca a Reinosa y que es el único que tienen, luchando por él y exigiendo que esté contemplado dentro del proyecto del PSIR, situación que al día de hoy no se contempla, recuerda el PP. También quieren los vecinos que figure el nombre de Bolmir en el polígono industrial y solicitan que se tengan en cuenta las escorrentías de las aguas, porque es un área inundable.

Larga tramitación

Según el PP, el gobierno local no ha tenido en cuenta el sentir vecinal de ahí que nos abstuviésemos en la votación pensando que las formas de llevar el PSIR no son las adecuadas, con oscurantismo y dando la espalda a los vecinos de Bolmir que son los primeros afectados, reiteró en su crítica Martínez García. El PP concluye, eso sí, señalando que apoyará el PSIR siempre y cuando no se perjudique a nadie.

El proyecto que finalmente fue aprobado, será ahora remitido de nuevo a la CROTU que valorará si es viable o no que se haga allí, enviándose después a Industria para que certifique la necesidad de dicho polígono antes de volver al Ayuntamiento donde se abrirá un plazo de alegaciones.

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Escorrentía

Según DRAE Diccionario de la Real Academia Española

escorrentía.

(De es- y correntío).

1. f. Agua de lluvia que discurre por la superficie de un terreno.

2. f. Corriente de agua que se vierte al rebasar su depósito o cauce naturales o artificiales.

3. f. aliviadero.

Palabra utilizada en la Memoria de SICAN sobre el PSIR en La Vega de Bolmir, proyecto que quedó en un cajon o archivo del Ayuntamiento desde su recepción. Un ejemplo más del nivel de TRANSPARENCIA en la gestión.

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Los vecinos deben ser escuchados

Publicado hoy 15MAR2010 en El Mundo Cantabria:

Los vecinos de Bolmir, localidad cercana a Reinosa, están decepcionados con los políticos por la forma que han tramitado el Proyecto Singular de Interés Regional (PSIR) cuyo objetivo es hacer un polígono industrial en Campoo de Enmedio. La creación del área industrial es positiva, si supone la atracción de empresas a la zona, aunque hay que recordar que el Polígono de La Vega, en Reinosa, todavía tiene suelo industrial disponible. El problema no es tanto la instalación del polígono como la forma en que se está tramitando, sin dar opción a los vecinos a expresarse. Fruto de ello ha sido la abstención del Partido Popular, que está a favor del polígono pero no del trato que se ha dado a los ciudadanos. Una cuestión que debería solucionarse es el problema que se crea con el viejo camino de Bolmir a Reinosa, que sigue siendo utilizado y está en peligro por el polígono.

Otros PSIR: Marina y Medio Cudeyo

Publicado el 20OCT2009 en El Diario Montañés:

Los afectados por el PSIR piden un precio justo por la expropiación de sus terrenos

Rechazan los 11,27 euros por metro cuadrado que les ofrece el Gobierno

«Págame la vaca por lo que vale, no por lo que dices que vale». Y lo que dicen que vale es 11,27 euros el metro cuadrado, el justiprecio marcado en el expediente de expropiación forzosa relativo al Proyecto Singular de Interés Regional (PSIR) en la zona donde se pretende crear un área industrial entre Marina de Cudeyo y Medio Cudeyo. Y el que da el ejemplo de la vaca es el portavoz de la plataforma de afectados, Jesús Acebo, pedáneo también de la junta vecinal de Orejo (Marina de Cudeyo), que aglutina, junto con Solares (Medio Cudeyo), a los más de setenta afectados por este PSIR.

Hasta el próximo 6 de noviembre permanecerá sometido a información pública este expediente de expropiación forzosa, periodo en el que los vecinos, uno a uno, pueden acudir a presentar sus alegaciones. Mientras, se reúnen de vez en cuando para valorar las herramientas jurídicas a su alcance en su lucha contra este expediente y para acordar futuras movilizaciones. «La gente está unida y dispuesta a pelear para que no se rían de ellos», dijo Acebo. Le parece «irrisorio» el precio pactado, «el Gobierno dice que no hay dinero», cuenta, aunque también asegura que hay «comisionistas a sueldo» que están ofreciendo a los vecinos más dinero, «a unos les expropian y a otros les ofrecen negociar... Esto esconde algo», dice.

El portavoz dice que los afectados se quejan de la «poca ayuda del Ayuntamiento, que no ha hecho ni un solo movimiento de apoyo a sus vecinos. Sólo le importa el dinero que va a entrar el año que viene por licencias y demás», y observa en la tramitación claros intereses partidistas, «los dos ayuntamientos son del mismo partido, el mismo del Gobierno regional. Blanco y en botella».

Deja claro que la gente no está en contra del desarrollo empresarial, de la riqueza que reportará esta actuación y que a esta zona vaya el Centro de Proceso de Datos del banco Santander, pero la estela que deja el proyecto es mucho peor, advierte: «Hay 32 casas afectadas, se llevan ganaderías, explotaciones, pequeñas industrias...». Por las viviendas que se van a derribar «ofrecen la mitad que por una VPO», y muchas son chalés con terrenos de varios miles de metros. ¿La opción que se les da? «Viviendas mucho menores en medio de la nada. Si al lado, en Hoznayo, por carro pagan 60.000 euros, aquí sólo 1.800. Es un agravio más que mayúsculo», concluye Acebo.

Otros PSIR: Cuchía (Miengo)

Publicado por El Diario Montañés el 19FEB10

La Dirección General de Ordenación del Territorio y Evaluación Ambiental Urbanística, perteneciente a la Consejería de Obras Públicas, ha decidido paralizar el Proyecto Singular de Interés Regional (PSIR), figura necesaria para construir la Ciudad del Cine en las canteras de Cuchía (Miengo).

En una resolución, firmada el pasado viernes por el director general Luis Ángel Collado, se resuelve «suspender temporalmente» los trámites para la aprobación del PSIR «mientras no exista resolución penal firme» en el procedimiento que se instruye en el Juzgado nº5 de Santander, a instancias de la empresa Celtus, contra los promotores de la Ciudad del Cine -José Chaffleur y Armando Valladares-, la empresa VFM, funcionarios del Gobierno de Cantabria y «terceros desconocidos» que pudieran haber participado en la posible comisión de delitos de estafa, falsificación, apropiación indebida, revelación de secretos, cohecho, tráfico de influencias y de abusos en el ejercicio de su función.

El procedimiento para la aprobación de este PSIR, denominado 'Regeneración ambiental de las canteras de Cuchía y cambio a usos dotacionales relacionados con el cine', ya estaba iniciado y contaba con su evaluación ambiental desde mayo del año pasado. Sin embargo, después de la querella presentada por Celtus, la Consejería de Obras Públicas solicitó un informe sobre «cuestión jurídica compleja» -según consta en los antecedentes de la resolución, a la que ha tenido acceso este periódico- a la Dirección General del Servicio Jurídico.

En dicho informe -emitido el pasado 19 de enero- se señala que la decisión que tomen los jueces «podría acarrear la nulidad de lo actuado de continuarse con el procedimiento administrativo». Por ello, y «por el principio de prudencia», se recomienda a la Administración que adopte las medidas necesarias para asegurar «la eficacia y validez» del PSIR, «evitando una declaración de nulidad sobrevenida».

Además, por un lado se estima que la suspensión temporal del procedimiento «no produce a los interesados perjuicios de difícil o imposible reparación» y, en el extremo opuesto, se considera que continuar podría producir «perjuicios irreparables al interés público». Se ponen como ejemplo dos posibles consecuencias de continuar con los trámites: que una de las dos empresas litigantes se convierta en beneficiaria de las expropiaciones derivadas del PSIR, o que se cambie el uso del suelo de las canteras y que ninguna de las dos esté legitimada por la situación judicial.

De esta forma, ponderando los intereses en conflicto, se concluye que resulta «necesaria» la suspensión del procedimiento mientras la jurisdicción penal no se haya pronunciado mediante sentencia firme.

La resolución de la Dirección General de Ordenación del Territorio -órgano competente en este caso-, ya ha sido notificada a todas las partes (Celtus Inversión y Desarrollo, VFM Investments Group for Europe, Ayuntamiento de Miengo, Juzgado de Instrucción nº 5 de Santander, Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJC, Dirección General del Servicio Jurídico, y las secretarías generales de las consejerías de Cultura y Obras Públicas).

Contra la resolución cabe interponer un recurso de alzada ante el consejero de Obras Públicas, José María Mazón.

Otros PSIR: Alto Asón

Recogido del blog UrbanismoPatasArriba, y de Europa Press

EUROPAPRESS 29ENE10 : La asociación ecologista ARCA ha denunciado que Suelos Industriales de Cantabria (SICAN) está construyendo y urbanizando el Parque Empresarial Alto Asón "sin la preceptiva autorización de la Confederación Hidrográfica del Cantábrico (CHC)" y, además, lo está haciendo "sobre una llanura de inundación del río Carranza a su paso por la extraordinaria mies agrícola de Riancho", en Ramales de la Victoria.

En un comunicado, la agrupación ecologista ha recordado que venía denunciando esta situación desde hace "mucho tiempo". A su juicio, "la prueba de que tenía razón" es que hasta el 15 de enero ha estado sometido a información pública el expediente denominado 'Solicitud de autorización para la ejecución de las obras contempladas en el proyecto de urbanización del parque Empresarial Alto-Asón', cuando las obras "comenzaron hace varios meses y están a punto de concluir".

Dichas obras consisten en la aportación de rellenos y la instalación de viales, alcantarillado y suministro eléctrico, explicó ARCA.

"Estamos, por tanto, ante un nuevo episodio de la política de hechos consumados que se practica habitualmente en Cantabria en materia urbanística y que viene amparada por la ausencia del Plan Regional de Ordenación del Territorio (PROT) que tiene congelado por voluntad personal el consejero José María Mazón", titular de Obras Públicas, Ordenación del Territorio, Vivienda y Urbanismo.

Según señala la asociación, SICAN "siempre ha sido consciente de que necesitaba con el permiso de la Confederación", debido, entre otras cuestiones, a que cuando se modificó el planeamiento urbanístico de Ramales y cuando se aprobó el Plan Parcial del citado polígono industrial, "la CHC evacuó sendos informes en los que requería que antes del inicio de las obras se tramitase la autorización preceptiva" de dicho organismo de cuenca.

"Pero SICAN ha hecho lo que le ha dado la gana y la CHC ha hecho la vista gorda durante todo este tiempo" asegura ARCA, para quien la "presión" que ha ejercido ha "obligado" a la iniciación de un expediente que, "como tantas veces se ve en Cantabria, es una pura pantomima sin el menor rigor técnico".

Frente a este "cúmulo de despropósitos" ARCA ha presentado ante la CHC una serie de alegaciones solicitando que deniegue la aprobación del citado expediente promovido por SICAN y que ordene la "inmediata paralización" de las obras que "está llevando acabo sin permiso, exactamente igual a como hacen cuando los infractores son personas a título particular".

ZONA INUNDABLE Y DE ALTO VALOR AGROLÓGICO

La asociación ecologista subraya que la mies de Riancho es una zona "inundable" del río Carranza. "Los periodos de grandes avenidas se han sucedido a lo largo de la historia reciente, con violentas inundaciones durante el siglo XX hasta alcanzar las viviendas del núcleo de Riancho y motivar costosas obras de restauración a cargo del desaparecido IRYDA", recuerda.

"Está realidad incómoda pretende ser desvirtuada por SICAN presentando para el cálculo de los niveles de inundación del terreno la situación topográfica posterior a los rellenos que están realizando sin permiso en la mies, cuando obviamente el estudio de inundaciones debe hacerse sobre las cotas del terreno anteriores al inicio de las obras", asegura ARCA.

Además, sostiene que los terrenos sobre los que se pretende construir el Parque Empresarial Alto Asón poseen "un gran valor ambiental y agroganadero", equivalente a la de la mies de Galizano y solo se encuentra en un 3% del territorio cántabro, por lo que, en su opinión, "debe orientarse a la producción agroganadera de calidad y a coadyuvar al desarrollo de empresas transformadoras y de turismo rural".

De dispendios y comisiones

Resulta instructivo, y hasta abrumador, leer las reseñas de los consejos de ministros y de gobierno autonómicos. Con este ejercicio podemos detectar los variopintos gastos a los que se dedican los dineros públicos, sin ninguna contención, pese al Déficit y al volumen de la Deuda Pública. Así esta semana podemos descubrir parte de la financiación de la Fundación Tripartíta [una de Democracia Orgánica: 41 millones de Euros de nada], la creación de una Comisión Interministerial de Consumo [el permanente recurso a la creación de comisiones, grupos de trabajo y observatorios para NO HACER NADA], y el inefable plan renove del mueble del Gobierno de Cantabria.

SUBVENCIÓN DE MÁS DE 41 MILLONES A LA FUNDACIÓN TRIPARTITA PARA LA FORMACIÓN DEL EMPLEO

El Consejo de Ministros ha autorizado al Servicio Público de Empleo Estatal la subvención a la Fundación Tripartita para la Formación en el Empleo de 41.578.350 euros destinados a la financiación de sus gastos de funcionamiento e inversión.

La Fundación Tripartita para la Formación en el Empleo, perteneciente al Sector Público Estatal, cuenta con un Patronato constituido por la Administración Pública (con representación del Ministerio de Trabajo e Inmigración y las Comunidades Autónomas) y por las organizaciones empresariales y sindicales más representativas.

Entre sus actividades está la de colaborar y asistir técnicamente al Servicio Público de Empleo Estatal en sus actividades de planificación, programación, gestión y control de las iniciativas de formación, y, en particular, actuar como entidad colaboradora de dicho Organismo en la gestión de las convocatorias de subvenciones públicas que éste realice en el marco del real decreto que regula el subsistema de formación profesional para el empleo.

La Disposición adicional de la Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2010, que regula la financiación de la formación profesional, establece que el Servicio Público de Empleo Estatal librará a la Fundación Tripartita los fondos para financiar sus gastos de funcionamiento e inversión que ascienden a la mencionada cantidad de 41.578.350 euros.

CREADA LA COMISIÓN INTERMINISTERIAL DE CONSUMO

• Refuerza la coordinación de la Administración General del Estado en materia de protección a los consumidores.

El Consejo de Ministros ha aprobado la creación de la Comisión Interministerial de Consumo, en la que están representados ocho departamentos ministeriales, la propia Presidencia del Gobierno y otros organismos públicos.

Objetivo y funciones

La Comisión tendrá como objeto fortalecer la colaboración de actuaciones de aquellos departamentos cuya actividad tiene incidencia en la materia y, en particular, en el fomento de un consumo responsable, entendiendo por tal un consumo saludable, seguro, solidario y sostenible.

Entre las funciones a desarrollar por esta Comisión figuran las siguientes:

• Elaborar programas estratégicos para el desarrollo del consumo responsable.
• Confeccionar un catálogo de las distintas actuaciones de los Departamentos ministeriales y organismos públicos que puedan afectar a los derechos de los consumidores y usuarios, y realizar el seguimiento de las mismas en ejecución de sus respectivas competencias.
• Promover la difusión del consumo responsable como iniciativa estratégica y la implantación de las medidas que la integren.
• Estudiar y proponer programas y medidas para la resolución de los problemas de consumo.
• Estudiar las iniciativas formuladas por el Consejo de Consumidores y Usuarios.

La Comisión estará asistida en su funcionamiento por el Instituto Nacional del Consumo, que prestará apoyo y asesoramiento técnico en el desarrollo y puesta en marcha de sus funciones.

Composición

La Presidencia de la Comisión será ejercida por la persona titular de la Secretaría General de Política Social y Consumo y ostentará la vicepresidencia quien sea titular de la Dirección General de Consumo.

La Secretaria de la Comisión corresponderá a quien desempeñe la Subdirección General de Calidad del Consumo.

Tendrán también representación los Ministerios de Economía y Hacienda; de Industria, Turismo y Comercio; de Fomento; de Vivienda; de Política Territorial; de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino; y de la Presidencia, así como la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición, y el Gabinete de Presidente del Gobierno.