El Voto en Blanco

Publicado en LA RAZÓN. LUNES 28 DE FEBRERO DE 2000

ANTONIO GARCÍA TREVIJANO

Está muy extendida la opinión de que la única forma de hermanar el decoro personal con el deseo de participar en la política, cuando ningún partido promueve la veracidad, libertad y justicia exigidas por la dignidad de la convivencia ciudadana, es el voto en blanco. Esta creencia rechaza la abstención. No, precisamente, porque deje el campo libre al voto de los malvados, los cínicos o los ignorantes, que es el motivo platónico de la participación, sino para no caer en una aparente forma de pasividad que, además de inútil, elude el cumplimiento de un deber cívico. El argumento de Platón es la trampa intelectual que las pasiones de la vanidad o la ambición tienden al oportunismo de las buenas conciencias. Respecto al deber de votar me basta con insistir en lo que no me cansaré nunca de repetir: «No puede ser deber moral lo que es un derecho potestativo; ni puede ser cívico o civil lo que pertenece exclusivamente a la esfera del orden político».

Los sectores del cuerpo electoral que están en desacuerdo con este Régimen, o con su Administración, deberían saber deslindar las fronteras de la coherencia cuando tienen la ocasión de usar derechos igualmente válidos, pero de muy distinto significado para la legitimidad del Sistema, como el de votar en blanco y el de abstenerse. Entre ellos hay la distancia espiritual que separa al agnosticismo del ateísmo. Perplejo ante la duda, el agnóstico admite la posibilidad de la existencia de Dios. El ateo la niega porque es ilegítimo pedir que se pruebe la no existencia de Dios. Votan en blanco los agnósticos en política que no saben deducir las maldades partidistas de la naturaleza oligárquica del Régimen que da forma y vida a todos los partidos. Y votarían a uno nuevo que diera fe a sus esperanzas, del mismo modo que el agnóstico en religión se haría creyente si, de repente, se rajara el cielo y apareciera sobre todas las aldeas y estrellas del Universo una figura tonante diciendo ¡SOY DIOS! No quiere saber, por temor a las secuelas morales de la inteligencia natural, que eso es tan imposible como esperar peras del olmo o frutos democráticos de una Oligarquía constitucional.

En cuanto a la utilidad del voto en blanco, en contraste con la pretendida inutilidad de la abstención, una simple observación y un sencillo cálculo bastan para destruir el argumento. La bicha de todos los partidos es la abstención. Lo único que a su juicio haría peligrar a su Régimen. Nada les preocupa, en cambio, la dimensión del blanqueo de votos. El Sistema costea una carísima propaganda para que la gente acuda a las urnas, llegando hasta el extremo de presentar el asunto, con cínica falsedad, como si fuera una obligación civil, o un cargo de conciencia para el ciudadano. Pero no gasta ni una sola palabra de condena del voto en blanco. La razón es sencilla. Es imposible que los votos en blanco lleguen a superar un techo significativo. Pues mucho antes de que se acercaran al diez por ciento nacería un nuevo partido que los recogiera. Cosa que no puede suceder, por principio, con la abstención. Si ésta alcanzara, en el Estado de partidos de los países europeos, las proporciones que adquiere en las elecciones federales de EEUU el Régimen se derrumbaría en el acto. El voto en blanco presupone la conformidad con el sistema electoral y la Constitución de la Monarquía de partidos. Y al expresar su total desacuerdo con todas las listas en liza, está soñando con un partido que, además de ser leal al Régimen, sea verídico, libre, competente y justo. Un imposible. Al recusar a los partidos del orden político creado por la Constitución sin recusar a ésta, el sentido del voto en blanco se identifica, en su incoherencia, con el de aquella extravagante parábola donde Jesús condena a la fiel higuera porque, en lugar de dar su fruto cuando no era tiempo de higos, obedeció al orden natural decretado por la Constitución Universal de Su Padre.

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El corruptódromo

Publicado en El Confidencial:

No están todos los que son, pero son todos los que están. Malaya, Gürtel, Pretoria… son nombres de los casos más llamativos de una corrupción política que se extiende a todos los partidos. En España salpica por igual a socialistas y populares; nacionalistas e independientes. Si los datos de la Fiscalía General del Estado descartan que unos partidos sean más corruptos que otros, confirman que la corrupción en España está muy vinculada al urbanismo y la contratación pública. El rechazo social que estos escándalos provocan ha sido el causante de que la plataforma ciudadana NoLesVotes haya lanzado el Corruptódromo, un mapa de Google Maps en el que aparecen marcados todos los puntos de España donde se tiene constancia que existen “actividades de corrupción o de presunta corrupción llevadas a cabo por los partidos políticos”.

El Corruptódromo confirma que no hay comunidad que se escape de delinquir, aunque destacan especialmente el litoral levantino y la Comunidad de Madrid. Por partidos políticos, el color azul del PP se impone, seguido muy de cerca del rojo de los socialistas. Curioso es el cambio de Cataluña: el partido con más denuncias resulta ser CiU, seguido del PSC y finalmente del PPC.

Los últimos datos que maneja la Fiscalía General del Estado hablan de 730 causas abiertas y señala a Madrid, Málaga, Sevilla y Baleares como las provincias que más investigaciones policiales han concentrado: 560. Desde 2004 han detenido a más de mil personas y han intervenido numerosos bienes valorados en más de 3.000 millones de euros. En todos los escándalos hay un punto en común: los municipios afectados tienen entre manos importantes desarrollos urbanísticos, lo que conlleva recalificaciones de suelo y un aumento importante de la población.

En noviembre de 2009, el Fiscal General del Estado, Cándido Conde-Pumpido revelaba que las causas afectaban a militantes de todos los partidos. En ese momento, se tramitaban 264 causas judiciales que concernían a los socialistas frente a los 200 que afectaban al PP. El resto de partidos, aunque menos, tampoco se libraban. Desde 2004, los agentes del Cuerpo Nacional de Policía (CNP) han realizado 232 operaciones contra la corrupción. Casos que se han centrado en delitos como cohecho (131 casos), malversación (6 casos), prevaricación (48 casos), tráfico de influencias (32 casos), blanqueo de capitales (31 casos), falsedades o abuso en el ejercicio de la Función Pública, entre otros. Según fuentes policiales, la corrupción urbanística produce más dinero que el tráfico de drogas y tienen la suerte de que las penas son menores. “¿No han visto dónde está Julián Muñoz, condenado por la “operación Malaya” con un buen número de causas pendientes?”. En la calle.

No siempre se mueven por dinero

Manuel Villoria, catedrático de la Universidad Rey Juan Carlos y experto en corrupción, asegura en el Informe sobre Democracia en España que la Fiscalía Anticorrupción únicamente intervino en 2004 en 104 procedimientos, habiéndose más que duplicado el trabajo en los cinco años posteriores. “Cuando se piensa en los motivos que llevan a alguien a realizar actos corruptos se piensa en el dinero como motivador esencia. Sin embargo, hay otros motivos también importantes que a menudo no se consideran, como la amistad, el amor, o incluso la venganza por una situación que se considera injusta”.

La corrupción se cuela por el sistema de financiación de los ayuntamientos, que trabajan a través de convenios urbanísticos, “una vía de penetración perfecta”, explican fuentes sindicales. La trama casi siempre es igual: un alcalde, o un concejal de urbanismo, necesita a promotores que compren terrenos al precio más bajo posible, para volver a vender el solar con un coste mucho más elevado. “El dinero que se ahorra en la compra-venta lo dedican a pagar los favores tanto a los que han conseguido el terreno como a los corruptos del ayuntamiento implicado”, aseguran las mismas fuentes. En la corrupción política de alto nivel, tipo Gürtel, aparecen elementos causales. “Entre otros, la necesidad de financiación de los partidos. La cual, a su vez, tiene su origen e cambios en la cultura política”, asegura Villoria.

Sin embargo, al estudiar cada caso salen sus propias peculiaridades de delinquir. En el caso Gürtel, una de las claves del proceso “estará vinculada a la acreditación o no en el juicio de que la trama surge y se consolida como un instrumento de financiación del Partido Popular”, añade el catedrático. Lo curioso de la “operación Pretoria”, en Barcelona, es la presencia de personas vinculadas a diferentes partidos: dos ex altos cargos del Gobierno de Pujol, un ex diputado del PSC y el alcalde socialista de Santa Coloma de Gramanet. “Este caso es otro ejemplo de la consolidación de un cluster poco transparente, con altas barreras de acceso y de salida. La trama está dirigida de forma centralizada, con una dirección única y con distintas zonas de actuación. La clave de acceso son las conexiones personales”. En “Malaya” había implicados concejales del GIL, del Partido Andalucista y del PSOE. El caso balear afecta a decenas de ex cargos públicos y empresarios. “En algún momento miembros de dos partidos diversos de la anterior coalición de gobierno pudieron ponerse de acuerdo, pero aquí se trata de personas que nunca han gobernado juntos”, añade.

Las extorsiones dificulta las salidas

Los motivos que llevan a la trama no son solo económicos. “Existen lazos de obediencia y disciplina partidista que podrían explicar la actuación de algún actor, como Ricardo Costa”, asegura el catedrático. La amistad también está presente a lo largo del proceso y, en otros casos, son lazos familiares los que explican la llegada de determinadas personas al marco de la trama. “Empieza con pequeños pasos, y poco a poco se sitúa en una dinámica de la que es muy difícil salir”. Las extorsiones y amenazas, llegado el momento, dificulta la salida. “El mecanismo del regalo, cada vez de mayor valor, va dejando paso al soborno, y de ahí a la consolidación del intercambio”. Las relaciones corruptas son “estables y duraderas, años de amistad, vida privada compartida, incluso amistad con miembros de la familia”. En ese marco, los intercambios son abiertos y no existe una conexión inmediata entre acto corrupto y pago, sino que el corruptor hace favores y sabe que de alguna forma le serán devueltos.

En España todos los gobiernos pierden legitimidad desde 2005, según el Índice de Percepción de la Corrupción de Transparency International. Jordi Rodríguez Virgili, subdirector del Máster de Comunicación Política de la Universidad de Navarra, asegura que la corrupción es uno de los principales motivos por la que los españoles han dejado de creer en la política. “Los ciudadanos no distinguen entre los matices ni distinguen quién es el bueno y quién el malo. Por eso el rechazo es en general hacia todos los políticos. Fallan en lo más básico: en la honradez. Ellos no están para servirse a sí mismos, sino para servir al pueblo. Y estos escándalos la ciudadanía lo ve como una traición”. El efecto electoral que provoca es la reducción de la participación de la ciudadanía, “que no tiene entusiasmo por mantener el Gobierno que tiene ni porque llegue otro nuevo, que puede ser peor”. Villoria asegura que la democracia española tiene mucho que mejorar en cultura de la transparencia y rendición de cuentas, “y esas mejoras probablemente reducirían de forma sustancial la corrupción”.

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Avaaz - Se agota el plazo ¡Aparten a los políticos corruptos de las listas

via avaaz.org

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Duelo en el sector inmobiliario

Escrito por el catedrático José García Montalvo y publicado en La Vanguardia, vía reggio´s:

Hace más de tres años que dura el duelo por la debacle del sector inmobiliario español. Los datos del 2010 muestran la magnitud de la tragedia: la iniciación de viviendas ha caído al 10% del nivel del 2006. Por su parte los precios han caído oficialmente un 13%, aunque otras fuentes sitúan la caída en el 18%. En fin, un drama.

A finales del 2007 comparé el duelo de los asistentes al funeral inmobiliario (Gobierno, promotores y constructores, banqueros, etcétera) con el duelo por la pérdida de un familiar. Los psicólogos distinguen varias etapas bien definidas en el proceso del duelo. En primer lugar hay shock y negación. Luego aparece la ira y la culpa. Le sigue la depresión y la percepción disfuncional de la realidad. Y, finalmente, la fase de aceptación y la superación del duelo.

La fase de shock pilló al Gobierno hablando de que España tenía el mejor sector inmobiliario (Chacón dixit) y el mejor sector financiero del mundo (Zapatero dixit), a pesar de que todos los indicadores de peligro de la economía española estaban centelleando en rojo hacía mucho tiempo. Rápidamente, llegó la fase de negación (de la crisis), que duraría dos años. Los promotores y constructores también estaban inicialmente en shock: ¿cómo es posible que no haya compradores para una casa de 50 metros cuadrados si solo pedimos 600.000 euros?

Inmediatamente pasaron a la negación: “Que nadie espere que el precio de la vivienda baje”, “la demanda anual no bajará de 450.000 viviendas”, o “el precio de la vivienda se vaa disparar si no se construye más” se empeñaban en decir. El sector bancario, por su parte, negaba que fuera a tener ningún problema: tenía provisiones de sobra y una tasa de morosidad mínima. Y mientras, refinanciaba a promotores y constructores como si la cosa fuera a ser una tormenta de verano.

Casi simultáneamente aparece la ira, proyectada contra la prensa internacional. Querían hundir a España y desanimar la compra de vivienda de los inversores. Inmediatamente, comenzó la fase de culpa, pero de una manera especial. En un duelo normal la atribución de responsabilidad es interna: si un familiar muere en un accidente la persona en duelo cree que es su culpa. En el caso del Gobierno y los promotores funcionó al revés. El Gobierno rápidamente culpa a la crisis financiera internacional.

Recientemente, Zapatero utilizó un informe del FMI muy autocrítico para justificarse: ellos tampoco vieron venir la crisis. ¡Mal de muchos, consuelo de tontos! Los promotores culpan a las entidades financieras de sus desgracias con unos argumentos realmente sorprendentes. Les hacen la competencia desleal vendiendo viviendas, y no dan créditos. Pero claro, los bancos están vendiendo las viviendas que algún constructor les dio al no poder pagar sus deudas. Por tanto, es uno de los suyos quien, en última instancia, les está haciendo la competencia.

Respecto al crédito se niegan a aceptar que hace falta alguien que lo ofrezca pero también alguien que lo demande. El sector financiero le echa la culpa a la crisis financiera global mientras utiliza la conocida táctica de extender y pretender, controlando su morosidad de las formas más diversas: refinanciando, adjudicándose inmuebles, etcétera.

Un tiempo después llega la fase de percepción disfuncional de la realidad. El Gobierno en pocos días pasa de decir que no hay crisis a ver brotes verdes en todas partes. La recuperación llegará el siguiente trimestre dice cada trimestre. Los promotores pasan en pocos días de no aceptar que los precios de la vivienda puedan bajar a decir que ya habían bajado mucho, todo lo que podían bajar. Las ministras de Vivienda alientan a los ciudadanos: “Es el mejor momento para comprar una vivienda”. Y Zapatero zanja en Estados Unidos: los precios de la vivienda han tocado suelo. A los pocos días Tinsa dice que la caída del precio se acelera y la UE que los precios tienen que caer todavía un 17% en España. Por su parte, el sistema financiero sigue a lo suyo, con discreción. Y, mientras la crisis se acentúa, la iniciación de viviendas se sigue hundiendo, las viviendas terminadas no se venden y las tasas de morosidad de las entidades financieras se disparan.

Los psicólogos dicen que hay riesgo de que no se supere la fase de percepción disfuncional de la realidad. Por eso muchas veces es necesario un especialista. Al Gobierno español y la banca les hicieron falta nada menos que tres psiquiatras: uno llamado mercados, otro Unión Europea y otro de casa, llamado Banco de España. El Gobierno empieza a aceptar, a regañadientes, la realidad. Las entidades financieras empiezan a sentir el aliento del Banco de España en la nuca: si os quedáis casas, el 30% de cobertura a partir del segundo año; si un crédito es moroso y tiene solares como garantía, un 50% de cobertura al final del primer año; y si no tienes suficiente capital te recapitalizaremos a la fuerza.

La fase de aceptación parece estar en marcha, aunque no para todos. Los promotores siguen en su propio mundo de ilusión y fantasía. Piden 72.000 millones de financiación bancaria. Dicen que los precios no pueden bajar más y que nunca bajaron en las mejoras zonas, en contra de la evidencia disponible. Piden medidas para agilizar la recalificación de terrenos con el enorme stock de viviendas sin vender que existe. Siguen pensando en construir 300.000 o 350.000 viviendas anuales a pesar de que el grupo de edad de primeros compradores se contraerá drásticamente en los próximos años como consecuencia de las mínimas tasas de natalidad de finales de los años ochenta. Siguen sin aceptar la diferencia entre demanda potencial (asociada a la demografía) y demanda efectiva (que también tiene en cuenta las tasas de desempleo y, sobre todo, la renta). Considerando la renta disponible de los hogares, los precios de la vivienda en España siguen siendo estratosféricos.

Y en todo esto, ¿dónde están los expertos y economistas del Inside job español? Aquellos que decían que la demanda justificaba construir 650.000 viviendas anuales, o cualquier cantidad que a la asociación de promotores que pagaba el informe de turno le pareciera oportuna. Aquellos que, desde su despacho en una entidad financiera, decían que el sistema financiero español no tenía ningún problema. Aquellos que decían que la crisis no llegaría a España mientras entraban en su oficina gubernamental. Aquellos que decían, ya en plena crisis, que la economía española necesitaba cuatro millones de inmigrantes más. Pues ahí siguen: ahora dándonos lecciones de cómo salir de la crisis. Quizás algún día habría que hablar también de ellos.

En fin, reconozco que me equivoqué en la extensión de cada fase cuando hace algunos años planteé como sería el duelo por el sector inmobiliario español. Pero la culpa no es mía: es del psicólogo que invento la teoría del duelo…

José García Montalvo. Catedrático de Economía de la UPF.

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Señor Presidente de la Junta Vecinal:

Han pasado más de 8 meses [23 de Julio de 2010] desde que hice seguir al Presidente de la Junta Vecinal, a parte de sus miembros y a su secretario un escrito que no fue leido en público ni hecho público de alguna manera. Así se pagó nuestra colaboración con la Junta vecinal. Como quiera que a algunos de mis convecinos les puede interesar aquí dejo constancia del mismo en fechas próximas a las elecciones.

Sr. Presidente de la Junta Vecinal de Bolmir (Cantabria)

ASUNTO: Participación en la vida pública

Estimado E.:

Con ocasión de la reunión que hoy Viernes 23 de Julio de 2010 pretendes celebrar con los vecinos de Bolmir, nosotros JRM y PMM hacemos pública nuestra posición para conocimiento de la Junta que presides y del público en general -a tal fin autorizamos sea leído este escrito en público y/o su exposición en los tablones de anuncios-, y exponemos los siguientes hechos:

En los últimos meses hemos venido colaborando contigo y con la Junta Vecinal de Bolmir cuantas veces se nos ha solicitado. Independientemente de todo ello nos hemos dirigido a distintas administraciones a título individual, y para interesarnos por los asuntos que se detallan: Camino de Bolmir a Reinosa, Seguridad Vial, Coste de las nuevas dotaciones de alumbrado público y PSIR en la vega de Bolmir.

Nos hemos dirigido a las administraciones local y autonómica, y en algún caso al Defensor del Pueblo, utilizando los instrumentos legales que permiten a los ciudadanos participar en la vida pública: Envío de escritos, ejercicio del Derecho de Petición y recurso al Defensor del Pueblo. Lo que nosotros hemos hecho lo puede realizar cualquier ciudadano español, y por ello animamos a nuestros convecinos a que se sumen a la tarea. No es preciso recibir instrucciones para participar en la vida pública.

Repasando por encima los cuatro asuntos mencionados podemos decir que en Noviembre de 2008 nos dirigíamos al Presidente del Gobierno de Cantabria y más adelante a otros políticos de la misma administración para que recuperasen y rehabilitasen el Camino de Bolmir a Reinosa; en Agosto de 2009 y coincidiendo con la fiesta del ayuntamiento de Campoo de Enmedio un edil comentaba en público y al Consejero de Medio Ambiente que “habría que demostrar que el camino de Bolmir a Reinosa existió”. Esta primavera el camino era asfaltado sin cunetas, y sin seguir las especificaciones técnicas del proyecto: Una obra a ejecutar en dos semanas se ejecutó en dos días, y de los 20 centímetros de gravas del proyecto vimos como solo se utilizó una capa de 5 centímetros; el camino ya presenta algunos desperfectos ante la mala calidad de ejecución y sigue sin darse soluciones para el agua en los subterráneos bajo el vial y la autovía.

También nos dirigimos a la sociedad que urbanizó el polígono industrial La Vega de Reinosa SEPES y después de los meses nos enteramos que nadie presento alegaciones en el periodo de información pública en los años 90 acerca del camino a Reinosa en el tramo del polígono, y así lo perdimos. Por ello entendimos que otro tanto sucedería en la pradera caso de llevarse adelante el denominado PSIR Prado Cervera. Y efectivamente el consejero de industria Sr. Sota indica al Defensor de Pueblo –en respuesta que este nos remite- que el camino desaparecerá a la altura de la central de Enagás, para pasar a confundirse con los nuevos viales. Esta información coincide con la que se obtiene de la memoria del proyecto y el plano del mismo al que tuvimos acceso.

El ayuntamiento de Reinosa nos informó en Diciembre de 2009 que SEPES había comunicado a esa corporación que asfaltaría el tramo comprendido entre el “puente de madera” y la acera de los viales por la zona verde, y bordeando Puertas Nueva Castilla.

En Agosto de 2008 se entregó escrito en Santander para el Consejero de Obras Públicas Sr. Mazón con más de 100 firmas solicitando elementos de seguridad vial en la travesía de la CA-730: bandas sonoras disuasorias, semáforos y pasos de peatones, también para el barrio de San Cipriano. En Noviembre de ese año se envió un nuevo escrito. Este verano de 2010 observamos como aun no se han terminado las aceras y faltan todos esos elementos que se solicitaron. El consejero Sr. Mazón nos informa a través del defensor del Pueblo que el director facultativo de la obra en la carretera CA-730 estaría redactando un proyecto que recogería nuestras peticiones.

También nos interesamos por el coste de los nuevos puntos de luz con cargo al plan E, y seguimos sin conocer este dato: ni el ayuntamiento, ni el Ministerio de Administraciones Territoriales, ni la Dirección General de Carreteras del Gobierno de Cantabria han suministrado tal información. Una misma empresa ha instalado los nuevos puntos de luz con cargo a dos presupuestos y los dineros no han alcanzado para cubrir todo el callejero.

Nos hemos opuesto al denominado PSIR Prado Cervera, al igual que otros vecinos –hasta 100-, y así lo hicimos saber al ayuntamiento y a distintos organismos del Gobierno de Cantabria. En este apartado tenemos que reseñar la falta de información y transparencia, que la Junta Vecinal no ha sido reconocida como parte interesada para participar en el planeamiento y en el procedimiento administrativo, y tenemos alegaciones que plantear en materia de denominación, conservación del camino a Reinosa, tratamiento adecuado de la escorrentía, política industrial, comercialización, empleo, compensaciones para el sector primario y para el pueblo.

La experiencia con las instituciones y administraciones deja mucho que desear, y alguno de estos asuntos se ha remitido al Defensor del Pueblo. Existe información de todo ello, o sea copias de tales escritos, en una plataforma de internet denominada Scribd. Así mismo hemos utilizado internet y los medios de comunicación para hacer públicos estos asuntos.

La Junta Vecinal y los vecinos pueden contar con nosotros para aunar voluntades y trabajar para la comunidad, nunca para dividir ni para enfrentar a los vecinos. Creemos que la democracia no consiste solo en votar cada cuatro años, ni en ganar las elecciones si después se imponen decisiones a espaldas de los vecinos, se practica una escasa transparencia o se niega la información pública cuando esta se solicita. Tampoco parece democrático utilizar a los medios de comunicación y al alguacil municipal para dividir a los vecinos mediante la descalificación, la difamación, el amedrentamiento y la discriminación.

Poca democracia hay cuando se vulneran derechos desde las instituciones, no se puede fiscalizar a los cargos electos, no se puede ser críticos con su gestión de los asuntos públicos, y se gobierna para una parte de los vecinos y no para todos. Queremos recordar que los servidores públicos están para servir a los ciudadanos y NO al revés. Nos preguntamos ¿que defienden nuestros políticos cuando mencionan el interés general?

Si a las rencillas y envidias consuetudinarias se suma la falta de información y la maledicencia, y unas gotas de intervención de la red clientelar, tenemos un coctel previsible, y previamente programado por algunos intereses espurios, que solo conduce al enfrentamiento entre vecinos y a la búsqueda de víctimas propiciatorias para desviar la atención desde los asuntos importantes hacia otro lado. ¡QUE NO CUENTEN CON NOSOTROS PARA TAL MANIOBRA!

Además anunciamos que recurriremos a los tribunales si entendemos que se vulneran nuestros derechos civiles, los derechos fundamentales que nuestra constitución recoge en los artículos 14, 15, 18, 20 y 23, y en lo referido a la integridad moral; a la libertad ideológica; al derecho al honor, intimidad personal y familiar y a la propia imagen; al derecho a expresar y difundir libremente los pensamientos, ideas, opiniones mediante la palabra, el escrito o cualquier otro medio de producción; y el derecho a participar en los asuntos públicos directamente o por medio de representantes. Igualmente iniciaremos Juicio de Faltas si llega a nuestro conocimiento que somos objeto de difamación, injurias o calumnias.

Por último solo queremos dejar constancia de que seguiremos ocupándonos de los asuntos públicos cuando y como consideremos oportuno y conveniente, y por ello anunciamos que posiblemente contemos con los vecinos para crear una nueva asociación cívico vecinal y, cuando creamos adecuado –cuando toque-, seguiremos los pasos que fija la ley para la integración de Bolmir en el ayuntamiento de Reinosa previa constitución de la comisión promotora. AHORA NO TOCA.

Quedamos a vuestra disposición.

Atte.

Las verdades que no gustan

Borja Mateo escribe en estrategiasdeinversion.com este interesante artículo sobre el sector inmobiliario:

El 16 de marzo el Tesoro Público ha realizado una presentación ante inversores españoles y extranjeros con el fin de convencerles de las bondades de la economía española. ¿Qué dice el Ministerio de Economía sobre el mercado inmobiliario[1]?

• En estos momentos existirían alrededor de 500 mil pisos de primera mano a la venta;
• Habría unas 310 mil viviendas ya sea en un estadio de construcción avanzado o bien que vana a ser indiciadas a lo largo de este año;
• De los dos puntos anteriores se desprende que, para el año 2013, el número de viviendas de primera mano aún a la venta será de unas 180 mil

Pero: ¿puede ser esto correcto? Para verlo hemos de saber cuál es la realidad del mercado. En España existen:

• 3 millones de pisos vacíos en grandes zonas urbanas[2];
• 620-720 mil tanto en zonas urbanas de primera residencia como en zonas de veraneo a la venta[3];
• 730 mil viviendas en construcción y 572 mil paralizadas en construcción;
• 1,243 millones de viviendas de primera mano finalizadas[4] (de las cuales el 70-80% a la venta[5]);
• La demanda de pisos por año asciende a un máximo de 220 mil unidades, de las cuales 15.000 adquiridas por extranjeros no residentes[6]

De todo ello se deduce que:

• España tardará, por lo menos, 8,5 años en absorber los pisos de primera y de segunda mano a la venta;
• Si sumamos los pisos en construcción nos vamos, como mínimo a los 14,5 años;
• Si sumamos el ritmo de pisos vacíos que salen al alquiler [7]nos podemos ir perfectamente a los 16-18 años[8]

Pero, ¿por qué la Ministra de Economía nos intenta, de forma dolosa, inducir al error?

El cálculo político es claro:

• El fin primordial es que el Fondo Monetario no intervenga España ya que esto supondría el adelantamiento de las elecciones y la sustitución del actual gobierno;
• Para evitarlo hay que ocultar la situación patrimonial del sistema financiero español que es mucho peor que la declarada: los activos (los bienes) de los bancos valen a precios de mercado mucho menos que sus pasivos (sus deudas), es decir, muchos de ellos son inviables;
• A tal fin hay que ocultar la situación del mercado inmobiliario español puesto que la anterior es consecuencia directa de esta;
• Con el fin de que los activos no sigan cayendo de precio de mercado hay que hacer creer a nacionales y extranjeros que:

• 1. Los pisos en venta son muchos menos que los reales;
  2. La demanda está muy por encima de la real;
  3. Los precios de los pisos han caído mucho menos de lo que lo han hecho[9];
  4. Los pisos en construcción y en proyecto de obra son muchos menos que los reales

¿Cuáles son los mayores enemigos de esta estrategia?

• La subida de los tipos de interés;
• La demanda mermada de pisos contra una enorme oferta que incluye, no sólo los pisos ya construidos sino también los que están en proceso de construcción y los que tienen proyecto de obra;
• La bajada de los alquileres que hace, sobre todo en un escenario de subida de tipos, que estos sean mucho más interesantes que comprarse un piso y los precios de las casas bajen aún más;
• Una pirámide de población invertida que merme la demanda de pisos;
• La constatación por parte de la ciudadanía de cuál es la situación real del mercado inmobiliario, de que los precios van a continuar bajando y de que, por tanto, postergue la adquisición de un piso con la consecuente bajada de los precios de los mismo. Este hecho llevaría a que los agujeros del sistema financiero español se agudizaran

Cualesquiera de los elementos que acabo de mencionar, por sí mismo y de forma independiente hace que los precios de los pisos bajen; ¿qué crees que sucederá sin, en un momento dado, confluyen todos a la vez? Tú mismo te puedes contestar a estar pregunta

En todo momento subyace, como va siendo el caso desde 2003, el deseo de hacer creer a la población que, cualquier momento, independientemente de cuál sea este, es el adecuado para adquirir una casa, todo ello a pesar de que se sabe, que eso es falso.

Comprarse un piso ahora es la peor inversión que un ciudadano puede hacer. Los pisos, hasta 2015-2016, ni tocar. Lo bien informado es esperar, alquilar y, sobre todo, negociar un alquiler ya existente.

La regla de oro para saber si un piso está a valor real es:

• Pisos en grandes zonas urbanas tales que Gran Bilbao, Madrid, Barcelona,…mirar precios de 2005-2006 y aplicar un descuento del 65-70%
• En zonas de veraneo (costa y montaña) el descuento ha de ser del 80-85%

Otra forma de ver si estamos en precio objetivo es

• Grandes zonas urbanas: nunca pagar más de 18-20 veces el alquiler anual de la vivienda en cuestión, es decir, el rendimiento de la inversión ha de ser del 5%-5,6% anual;
• Zonas de veraneo: no paguemos más de 10-12,5% veces el alquiler anual del piso, es decir, el rendimiento ha de ser el 8-10% anual

Borja Mateo es autor del libro “La verdad sobre el mercado inmobiliario” (editorial Manuscritos) que será presentado, por sexta vez, el lunes 28 de marzo en Madrid al que estáis todos invitados

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[1] Todos los datos son sacados de la presentación del Ministerio

[2] Ricardo Vergés Escuín

[3] Anuario Estadístico de Acuña y asociados, http://www.idealista.com

[4] Tanto este como el anterior dato son obtenidos del artículo de Ricardo Vergés Escuín “La información asimétrica en el sector inmobiliario español”

[5] Cálculo del autor basado en estimaciones reales sobre los pisos, que ya finalizados, puedan estar ya a la venta. No todos los pisos construidos lo están

[6] En “Informe sobre el sector inmobiliario residencial en España”

[7] En cuanto los tipos de interés suban el número de pisos que salgan al alquiler también lo harán ya que muchos propietarios, ante el aumento de las hipotecas, estarán obligados a sacarlas a este mercado

[8] En todos estos calculus no hemos tenido en cuenta los pisos que se hallan en proyecto de obra y que no han sido ni iniciados

[9] Según el índice de precios de vivienda de segunda mano del Ministerio de Vivienda los mismos habrían bajado el 8% entre mediados de 2006 –el pico de la burbuja- y el final del segundo semestre de 2010; nosotros sabemos que la bajada ha rondado el 29%

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La mayor deficiencia de la España democrática [ Tribuna de Ignacio Sotelo en elpais.com]

El carácter poco democrático de los partidos, para decirlo de la manera menos hiriente posible, es el punto en que más claramente conecta la España de hace 30 años con la actual. Tras la muerte del dictador, fracasado el intento de organizar asociaciones políticas dentro de las estructuras del movimiento, la fracción reformista del franquismo impuso en las Cortes la última Ley Fundamental, la de la Reforma Política, que convirtió a España en una "monarquía parlamentaria" con dos Cámaras elegidas por sufragio universal, única forma de salvar la Monarquía que había instaurado Franco con el propósito de perpetuar su régimen.

Pese a que la credibilidad de Felipe González se mantuviese tres legislaturas casi impoluta y la de su predecesor, Leopoldo Calvo Sotelo, se derrumbase de resultas del golpe antes de dos años, en realidad, nada tendría de extraño que no se hayan completado dos legislaturas y la confianza en el presidente y en el partido que lo sostiene se deterioren a gran velocidad. Lo mismo le ocurrió a Suárez que en menos de dos años a partir de una enorme popularidad descendió a mínimos, teniendo que enfrentarse a una fuerte hostilidad en su propio partido, en la oposición socialista, en las Fuerzas Armadas, incluso en el Rey al que debía su posición.

Aunque luego probablemente se arrepintiese, Aznar introdujo el precedente que bien hubiera merecido afianzarse, de que habría que limitar a dos legislaturas al presidente de Gobierno. Muchas tensiones y sinsabores se hubiera ahorrado el PSOE, y con él, los españoles, si Rodríguez Zapatero lo hubiera adoptado. Una de las virtudes de la democracia es que sustituye a los gobernantes sin provocar conflictos ni vacíos de poder. Donde esta falla, como ocurre en los partidos políticos, la persona que por su cargo monopoliza el poder suele designar de hecho al sucesor.

Para que el líder no se eternice, manejando las ventajas que proporciona su posición, no son pocos los que recomiendan limitar los periodos, como ya en 1951 prescribió una enmienda a la Constitución en Estados Unidos. En México, en la época de dominio del PRI, el presidente designaba libremente a su sucesor, el dedazo, como hizo Aznar con el suyo, pero con un mandato limitado a un sexenio.

Cierto que no se necesitaría este tipo de recambio automático, si en los partidos funcionase la democracia interna y fuesen los órganos establecidos los que efectivamente, juzgando únicamente sus cualidades, eligiesen a los candidatos. Desde una perspectiva democrática resulta patética la opinión unánime de los directivos del PSOE de que, solo si el presidente renuncia a presentarse, la sucesión se abre, sin que nadie se atreva a valorar la decisión que en la más estricta intimidad y con el mayor secreto tome Rodríguez Zapatero. Felipe González ha señalado lo evidente, que, en todo caso, este comportamiento se salta las normas establecidas.

El carácter poco democrático de los partidos, para decirlo de la manera menos hiriente posible, es el punto en que más claramente conecta la España de hace 30 años con la actual. Tras la muerte del dictador, fracasado el intento de organizar asociaciones políticas dentro de las estructuras del movimiento, la fracción reformista del franquismo impuso en las Cortes la última Ley Fundamental, la de la Reforma Política, que convirtió a España en una "monarquía parlamentaria" con dos Cámaras elegidas por sufragio universal, única forma de salvar la Monarquía que había instaurado Franco con el propósito de perpetuar su régimen.

Ahora bien, para celebrar elecciones con apariencia de democráticas, se necesitan partidos y tuvieron que improvisarse, uno, la UCD, desde el Gobierno y muchos otros, la llamada sopa de siglas, desde una sociedad civil por completo desarticulada. El único partido de la oposición con algún arraigo social era el comunista, pero por principio, nada democrático en su organización interna, férreamente controlado por su secretario general, Santiago Carrillo. El PSOE renovado estaba aún dando los primeros pasos en su refundación, haciendo encaje de bolillos para que el Gobierno no legalizase al PSOE histórico.

El hecho es que los partidos políticos surgen desde la cúspide, con un déficit democrático que muchos creímos que sería coyuntural -había que garantizar la gobernabilidad, mientras la sociedad se fuera adaptando a la convivencia democrática- pero que ha terminado por ser el factor principal de corrupción en la vida política española de los últimos 30 años. Y a ello ha contribuido de manera decisiva la ley electoral que dictó Adolfo Suárez con el objetivo de asegurarse la mayoría absoluta: listas cerradas y bloqueadas, sistema proporcional con correcciones de tal tamaño que lo desfigura por completo, al ser la provincia el distrito electoral, pero limitando el número de diputados a 350, lo que favorece a las que tienen menos habitantes en relación con las más pobladas. En suma, a nivel nacional, se beneficia a los dos primeros partidos a costa de los demás, y en la provincia a los partidos nacionalistas que con muchos menos votos pueden obtener más escaños que a partir del tercer puesto los partidos nacionales.

Con esta ley electoral, que con pequeñas modificaciones sigue en vigor, se llevaron a cabo las primeras elecciones del 15 de junio de 1977. El candidato a la presidencia del partido gubernamental fue el mismo presidente franquista que había dirigido la reforma desde el interior del régimen, sin tener siquiera el detalle de dimitir en el último minuto, como obligó a hacer a sus ministros. El partido gubernamental contó con el apoyo de los medios, la prensa del movimiento y sobre todo de la entonces única cadena de televisión pública, y en las provincias, donde la desarticulación social era aún mayor, el decisivo de los gobernadores civiles.

Con todo, los resultados fueron doblemente sorprendentes: el partido gobernante no consiguió la mayoría absoluta; el segundo partido más votado, no fue el Partido Comunista, sin duda el más arraigado en la sociedad, sino un PSOE recién renovado que parecía traer una brisa democrática rejuvenecedora. En la primera oportunidad que se les dio de manifestarse, los españoles imponen dos correcciones a la reforma oficial: por un lado, las Cortes elegidas se convierten en constitucionales, dispuestas a aprobar una Constitución claramente democrática que suponga el final de la legalidad franquista; por otro, al ser el socialista el primer partido de la oposición, nos libraba de la conjunción del franquismo reformista con el eurocomunismo, y entraba en el juego el PSOE, un partido todavía sin cuajar, pero del que se esperaba un aporte esencial a la democratización de España.

Hoy somos conscientes de que el lastre más pesado que arrastramos son los partidos políticos, totalmente desconectados de los ciudadanos. Ha quedado bien claro su papel en el deterioro de las instituciones, desde los Parlamentos, las universidades, a la justicia y al Poder Judicial, por completo incapaces de enfrentarse, paradójicamente, a los mismos problemas de entonces.

No se puede echar en saco roto las similitudes que se advierten entre los meses que precedieron al golpe y el último año. Si la primera crisis del petróleo puso de manifiesto la fragilidad de la industria surgida en la década anterior, la actual crisis ha puesto en cuestión el modelo productivo, sacándose de la manga una parodia de los Pactos de la Moncloa. Y el desconcierto que provocó en el Ejército el emerger del Estado de las autonomías, sin orden ni concierto, hoy está de nuevo en el ojo de mira de la sociedad española, pero ya no se identifica nacionalismo con izquierda.

Publicado en elpais.com 22/03/2011

Ignacio Sotelo es catedrático de Sociología. Su último libro es El Estado social.

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Conferencia de Mario Conde en Valladolid (19 de enero de 2011)

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En el ADN

Artículo de Juan Ramón Rallo en Intereconomía:

Si bien la muy deteriorada situación de nuestro sistema financiero se debe al excesivo endeudamiento de la economía, derivado este a su vez de los tipos de interés artificialmente bajos que durante tantos años impuso ese monopolio público llamado Banco Central Europeo, sí es cierto que dentro de lo malo, lo peor son nuestras cajas de ahorros.

¿Casualidad? No mucha. A diferencia de los bancos –que tampoco es que sean un paradigma de empresas sin privilegios sometidas al libre mercado–, las cajas carecen de propietarios preocupados por conservar y rentabilizar su capital. Debido a ello, sus órganos de gobierno, lejos de ser elegidos por personas que arriesgan su propio dinero, se encuentran sometidos a los distintos grupos de intereses que rodean a la entidad –políticos, sindicatos y clientes–, y lejos de perseguir la creación de valor para sus accionistas, se concentran en emplear los recursos de la caja para el latrocinio personal, convenientemente camuflado tras la palabrería de innobles “objetivos benéfico-sociales”.

En definitiva, hasta la fecha el hecho diferencial de las cajas con respecto a los bancos era simple y llanamente el de ser los instrumentos financieros con los que los sindicatos y los caciques políticos regionales y municipales de turno daban rienda suelta a unos ruinosos caprichos que las entidades privadas, salvo por error, extorsión o soborno, jamás hubiesen sufragado. Estaban diseñadas para prestar sin control a todos aquellos sujetos a quienes los bancos, incluso en medio de la mayor orgía financiera de las últimas décadas, les denegaban el crédito. Por decirlo de una manera sencilla: las cajas llevaban en su ADN el ser unas productoras a gran escala de activos basura.

Proyectos faraónicos como el aeropuerto de Ciudad Real al margen, la magnitud de su alocada gestión puede observarse en apenas unos datos: entre 2001 y 2010, los préstamos de las cajas relacionados con el ladrillo –hipotecas y préstamos a constructores y promotores– pasaron de 130.000 a casi 600.000 millones de euros; asimismo, los créditos a nuestras muy dispendiosas y cada vez más insolventes Administraciones públicas se incrementaron desde 50.000 a 100.000 millones de euros. En otras palabras: los políticos, no contentos con arrebatarnos cada año la mitad de nuestras rentas merced a sus depredadores impuestos, coparon las cajas para manipular a su antojo un descomunal volumen de crédito equivalente al 70% de nuestro PIB.

Si lo anterior no le preocupa –y debería–, tenga en cuenta que el patrimonio neto con el que a día de hoy cuentan las cajas para hacer frente a las pérdidas derivadas de ese Himalaya de créditos basura apenas alcanza los 100.000 millones de euros. Es decir, todas ellas quebrarían si, como es probable, fueran incapaces de recuperar más del 15% de esos 700.000 millones de euros que dirigieron a sufragar la construcción de viviendas con unos precios inflados más de un 40% y los despilfarros de unos Gobiernos regionales que se han quedado sin ingresos. Tal es la magnitud del disparate en el que nos han metido de cabeza unos políticos codiciosos y sin escrúpulos gracias a los perversos incentivos generados por un sistema carente de los más elementales contrapesos de una economía libre de mercado.

Llegados a este punto, debería resultar evidente que no existen soluciones mágicas y que la única cuestión es cómo repartimos el milmillonario agujero de estas entidades. La vía racional y liberal pasaría en una privatización completa y sin condiciones de las cajas más solventes –o menos insolventes–, y por la reestructuración del pasivo, con posibilidad de ulterior liquidación, de aquellas otras que no reciban puja alguna de los mercados. De este modo podríamos discriminar el grano de la paja y proceder a enajenar a precios reales todos aquellos activos que, como las viviendas, se hallan retenidos y atascados en sus balances.

El Gobierno y la oposición, sin embargo, han optado por hacerle pagar al contribuyente sus platos rotos. Así lo manifestó Salgado hace unos días cuando advirtió a las cajas que o captaban capital privado o procederían a ser nacionalizadas: es decir, a menos que las cajas se privaticen y algunos cándidos inversores decidan deglutir sus agujeros, el Gobierno tomará el control e insuflará, a través del FROB –Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria–, tanto dinero como haga falta para evitar su bancarrota –olvídense, pues, de que se proceda a liquidar su stock de cientos de miles de viviendas vacías–.

En resumen: el PP y el PSOE –o sus compinches los nacionalistas y los sindicatos– han llevado a la ruina a estas entidades y luego el Gobierno central les carga el muerto a los contribuyentes… para que sigan durante un largo tiempo bajo el dominio del PP y del PSOE, según quien ocupe La Moncloa. Y descuiden: si en algún momento llegaran a reprivatizarse las cajas nacionalizadas, ya pueden imaginar que se articularán todas las tretas para que, directa o indirectamente, ambos partidos las sigan controlando. Demasiado poder, demasiado dinero y demasiados intereses creados como para que nuestros abnegados gobernantes renuncien a ellas.

*Juan Ramón Rallo es economista y fundador del Instituto Juan de Mariana.

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Mark Knopfler - True Love Will Never Fade

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Reforming Zapatero

Publicado en The Economist:

A socialist prime minister pursues liberal reforms

HAS Spain changed at last? The prime minister, José Luis Rodríguez Zapatero, who is mistrusted by the bond markets and unpopular with Spaniards, would certainly like the world to think so. On February 2nd he signed a solemn “social pact” with unions and employers, covering pensions, collective bargaining and more. It was, Mr Zapatero declared, the most important such deal since the Moncloa pact of 33 years ago.

Under its terms Spaniards will, albeit with many exceptions, retire at 67 (instead of 65). Or at least they will do so in 2027, the year when the reform fully kicks in. That is far off, but Spaniards are set to be among the longest-working people in the European Union. First, however, they must find jobs. Unemployment at over 20% and rising is proof that Spain urgently needs a lot more change.

The pact came just a day before the German chancellor, Angela Merkel, who many think is holding Mr Zapatero’s nose to the grindstone, was expected in Madrid. The hope was that she would return home to reassure Germans that Spain is not like giddy Greece, irresponsible Ireland or profligate Portugal, but a serious, austere, hard-working southern country that is ready to pop the pill of reform.

The new pact has left some important problems unsolved. A crucial reform to collective bargaining will not be settled until mid-March. In an interview Mr Zapatero himself points to the madness in the current system, under which Spain combined one of the euro zone’s highest wage rises with some of its biggest job losses in 2009. Now he wants wage agreements linked directly to productivity growth.If the Germans believe this, Mrs Merkel will find it easier to agree with her fellow euro-zone leaders to an expanded rescue fund at next month’s EU summit. A bigger fund (and the social pact) should soften worries about Spanish sovereign debt, at least for the time being. Meanwhile Spain’s shakier savings banks have been set on a path to recapitalisation and, in some cases, nationalisation by September (see article). Yet it remains to be seen if all this will be enough to restore confidence in growth for a country that accounts for almost one-third of the euro zone’s unemployed.

The prime minister’s belated conversion to reform is so earnest that, with or without prodding from Mrs Merkel and her fellow euro-zone leaders, he now insists that he would pursue it anyway. “Spain is doing its reform on its own, not because anyone is telling us to,” he says. “I am in favour of sanctions being imposed on EU countries that do not comply with debt and deficit criteria.”

Mr Zapatero also remains committed to Spain’s fiscal consolidation. He says that the government narrowly beat its 2010 deficit target of 9.3% of GDP. A contraction of GDP of 0.2% was also a shade better than forecast. He insists that he will meet 2011 targets of a 6% deficit and 1.3% growth. But if the growth does not come, he will not tax his way out. “If there was any risk of not meeting the target, then we would do it by reducing spending, not by increasing taxes,” he vows.

There are limits, however, to his reformist zeal. Mr Zapatero preaches wage moderation (and real wages are indeed dropping at last), but he does not embrace the idea that Spain as a whole needs wage deflation to compete. “Not necessarily,” he says. “There has to be salary moderation. I think we have to look at it on a sector-by-sector basis and a company-by-company basis.” Nor does he believe that house prices have much further to fall. “We are almost at the bottom (of the cycle),” he insists. Many would disagree. Although 700,000 new homes remain unsold, house prices have fallen by only 13%.

And what about growth? Famously optimistic, Mr Zapatero points to studies suggesting that Spain will grow faster than the EU average as early as 2013. But elections are due next year, and polls suggest that his Socialist party will no longer be in charge. Reform has come too late.

from PRINT EDITION | Europe

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El precio de la vivienda aún debería reducirse al menos un 24%

El precio de la vivienda aún debería reducirse al menos un 24% para eliminar cualquier rastro de burbuja. Ésta es la principal conclusión de los cálculos realizados por el Observatorio de Coyuntura Económica (OCE) del Instituto Juan de Mariana a partir de los datos conocidos en las últimas semanas sobre el precio de la vivienda y los alquileres.

Desde 2007, el OCE viene calculando la magnitud de la burbuja de precios de la vivienda en España. En aquella primera edición de este informe, ya se avanzó que los precios de la vivienda estaban sobrevalorados en un 40%, tomando como referencia la relación entre los precios de venta y los de alquiler, una magnitud que los autores han denominado PER de la Vivienda (en el lenguaje bursátil se denomina PER al número de veces que el beneficio neto de una empresa se encuentra incluido en el precio de sus acciones). En enero de 2011, aplicando esta misma metodología, el OCE acaba de actualizar dichos datos.

El precio medio del metro cuadrado de la vivienda en España se situó, en 2010, en los 2.476 euros. Mientras, el alquiler medio por metro cuadrado y año costaba 97 euros. Esto quiere decir que a finales del pasado año el PER de la Vivienda (número de años que se necesitaría alquilar un inmueble para recuperar el monto inicial de la inversión) se situó en 25,6. Esta cifra está aún muy alejada del 19,5 que refleja su media histórica, aunque es cierto que ha caído sustancialmente respecto al 32,2 que marcaba en 2007 (ver anexo).

Desde el punto más alto de la burbuja inmobiliaria, los precios de la vivienda en nuestro país apenas han caído un 15% (de 2.905 euros/m2 en 2007 a los 2.476 de 2010), según datos de la Sociedad de Tasación. Por su parte, el alquiler se ha revalorizado, según cifras del Instituto Nacional de Estadística un 7,7% (de 90 a 97 euros/m2 anual). Con estas cifras, podríamos decir que si en 2007 era necesario que los precios se ajustaran alrededor de un 40% a la baja, en 2010 esa necesidad se había estrechado hasta el 23,8%.

El OCE, sin embargo, constata su preocupación en la ralentización del ritmo de ajuste del precio de la vivienda a sus fundamentales. La reducción del PER en 2008 fue del 10,5%, en 2009 del 7,3% y en 2010 del 4,1%; como consecuencia de esta lentitud, tras tres años de crisis, la necesaria corrección del precio de los inmuebles todavía no se ha alcanzado. Si el ajuste prosigue a este ritmo, necesitaríamos alrededor de cuatro años más (2014) para completarlo. Sin embargo, si el ajuste continúa ralentizándose, podríamos terminar la década sin haberlo concluido.

Por desgracia, sin un ajuste en el precio de la vivienda, será mucho más difícil para el resto de la economía encarar la recuperación. Es necesario que los inmuebles se liquiden y los precios regresen a sus fundamentales, tal como sucedió hace ya dos años en otros países como EEUU. Como puede observarse en el siguiente gráfico del PER de la vivienda estadounidense (1987=100), éste se incrementó a partir del año 2002 alrededor de un 50% con respecto a su media histórica, para volver a converger con ella a comienzos de 2009, después de que el precio de la vivienda cayera un 33% y los alquileres subieran un 10%:

En España, sin embargo, el ritmo de ajuste ha sido notablemente inferior, debido a que nuestros bancos y cajas se han dedicado a refinanciar a promotores y a retener su stock de viviendas a la espera de que el precio de los inmuebles aumente, cuando esto no sucederá mientras este ajuste previo no se complete. Por eso, es urgente que el Gobierno y el Banco Central Europeo dejen de sostener financieramente a las cajas de ahorro.

Si el Gobierno continúa refinanciando y recapitalizando las cajas, como ayer mismo volvió a anunciar, estas entidades no sentirán ninguna presión para liquidar su stock de viviendas y poner fin a esta dinámica. La ayuda pública, para aquellas cajas que sean incapaces de captar capital en los mercados, sólo retrasará la necesaria liquidación y el ajuste de precios.

Fuente: Instituto Juan de Mariana El IJM es una institución independiente dedicada a la investigación de los asuntos públicos. Con el fin de mantener una independencia plena, el IJM no acepta subvenciones o ayudas de ningún gobierno o partido político. Su objetivo es convertirse en un punto de referencia en el debate de las ideas y de las políticas públicas con la vista puesta en una sociedad libre. Para conseguirlo, se propone estudiar y difundir la naturaleza del mercado. El nombre del Instituto proviene del más prominente pensador de la Escuela de Salamanca, encarcelado a principios del siglo XVII por su oposición a Felipe III

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