El alcalde y cuatro concejales de Enmedio, imputados en la causa abierta a la empresa Reical
El juez encausa al equipo de gobierno por votar a favor de la utilidad pública de la actividad de la firma
El alcalde de Campoo de Enmedio, Carmelo Hijosa; y los cuatro concejales que forman junto a él equipo de Gobierno; María Ángeles García, Juan Luis Ruiz, Carlos Javier Rayón y Antonio Ramón Valdizán, han sido imputados por un presunto delito contra los recursos naturales y el medio ambiente, en la causa abierta en el Juzgado de Instrucción y Primera Instancia de Reinosa contra la empresa del municipio Reical Recuperaciones, SLU. El juez ha encausado al equipo de gobierno socialista por haber votado a favor de la utilidad pública de la actividad ejercida por la citada firma.
Lo que ha llevado al equipo de gobierno del consistorio al completo a esta situación, ha sido la denuncia interpuesta por la Junta Vecinal de Bolmir contra la empresa Reical Recuperaciones, SLU. Otra de las consecuencias de esa denuncia es que el responsable de la empresa, Miguel Ángel Calderón, se ha visto obligado a trasladar parte de la planta a la localidad de Matamorosa, al ver imposibilitada su actividad en Bolmir.
Los hechos se remontan al año 2004, cuando la empresa solicitó a la Consejería de Medio Ambiente la licencia para la gestión de residuos peligrosos y no peligrosos en su planta de Bolmir. Tras realizar un estudio de estimación de impacto ambiental, en el que participaron diversos órganos competentes como la Dirección General de Cultura, la Dirección General de Obras Hidráulicas y Ciclo Integral del Agua, y la Confederación Hidrográfica del Ebro entre otros; el Gobierno de Cantabria aprobó la actividad. Sin embargo, según ha explicado Miguel Ángel Calderón, la empresa no pudo comenzar a trabajar en aquello para lo que se había preparado, ya que desde la Junta Vecinal de Bolmir se presentaron alegaciones que finalmente paralizaron el proceso.
No obstante, la Junta Vecinal ha denunciado que la actividad se ha estado realizando sin las autorizaciones y licencias legalmente exigibles. Por otro lado, también desde la Junta Vecinal se acusa a la comisión de Obras Urbanismo y Vivienda del Ayuntamiento de Campoo de Enmedio de no paralizar la actividad como medida cautelar, «a sabiendas de que se estaba realizando sin licencia»; ni emprender ningún procedimiento sancionador contra lo que denominan «una industria clandestina».
Para Miguel Ángel Calderón, «el problema es que la guerra que la Junta Vecinal de Bolmir y el Ayuntamiento de Campoo de Enmedio libran desde hace años salpica a los que están en medio, a los que trabajan para crear empleo en el municipio». Por otro lado, según Calderón, la empresa no contó únicamente con el apoyo del Ayuntamiento de Campoo de Enmedio, si no que fueron ocho ayuntamientos de la zona los que consideraron que la actividad que pretendía realizar la factoría era de especial interés económico y social para la comarca.
El abogado de la empresa ha solicitado que la causa contra su defendido sea sobreseída. Mientras, la planta de Bolmir se ha destinado únicamente al transporte. Es la localidad de Matamorosa la que alberga la factoría de gestión de residuos peligrosos y no peligrosos, la única en Cantabria autorizada para la descontaminación de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos.
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