Una política de vivienda [inaccesible] para ayuntamientos y promotores

Publicado en Bottup

La ministra Beatriz Corredor, reunida con los líderes de los promotores

La Plataforma por la Vivienda Digna denuncia que actualmente el margen de beneficio para el promotor de vivienda protegida oscila entre un 100% y un 200%

Se sube el límite a más de 47.000 euros para acceder a VPO mientras que se deja fuera a quienes ganen menos de 24.000

La Plataforma por una Vivienda Digna quiere transmitir su más profunda indignación por las últimas medidas anunciadas por el Ministerio de Vivienda, casi todas recogidas en el Plan de Vivienda 2009-2012. Para la PVD, las medidas de Corredor demuestran la entrega del Ministerio a las promotoras y gestores urbanísticos, intentan frenar la caída de precios y agravarán las dificultades de acceso de las familias con pocos ingresos y los jóvenes -la mayoría “mileuristas”- a la vivienda protegida.

Gracias a la intervención del Ministerio comprando suelo a los promotores en apuros, los pisos bajarán menos

Compra de suelo innecesaria

En lo referente a la compra de suelo de promotoras, para la PVD el Estado no necesita comprar ni un metro cuadrado de suelo para construir VPO porque tiene millones de metros cuadrados sin uso que son propiedad de distintos ministerios. Pero además, la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) ha afirmado recientemente que los ayuntamientos y comunidades autónomas tienen hoy suelo público en el que cabrían 225.000 viviendas.

El objetivo de esta compra es en realidad solucionar los problemas de liquidez de algunas promotoras, que podrán así “aguantar el tirón” sin tener que bajar precios para dar salida a su stock. Esto dificulta las posibilidades de acceso a la vivienda que podrían derivarse de la propia evolución del mercado. En otras palabras, gracias a la intervención del Ministerio, los pisos bajarán menos.

Por otro lado, no puede ser una prioridad construir vivienda protegida muy cara en un país en el que hay un millón de pisos nuevos sin vender y cerca de cuatro millones de pisos vacíos. Si la razón es el empleo, el Ministerio podría fomentar las cooperativas reales de vivienda, fórmula que concilia el mantenimiento de la actividad con el acceso a una vivienda asequible. La ausencia de esta opción en el Plan de Vivienda demuestra que la prioridad no es ni el acceso, ni el empleo, sino perpetuar los desorbitados beneficios que giran en torno a lo inmobiliario.

La ausencia de la figura de las cooperativas en el Plan de Vivienda demuestra que la prioridad no es ni el acceso, ni el empleo, sino perpetuar los desorbitados beneficios del sector.

Una alternativa más razonable que se podría barajar para destinar los 300 millones de euros que se gastarán en la compra de suelo, es utilizarlos para convertir parte del stock de pisos sin vender en viviendas públicas de alquiler. La Consejería de Vivienda del País Vasco, por ejemplo, ya anunciado esta medida, en la que se prevé adelantar al promotor el equivalente a cinco años de renta.

Vivienda pública para ricos

En cuanto a los requisitos para acceder a una VPO, el nuevo Plan de Vivienda 2009-2012 eleva los ingresos máximos a 7 veces el IPREM, permitiendo el acceso a alguien que gane nada menos que 48.922 euros anuales. A la vez, recomienda que lo destinado por el adjudicatario al pago de las cuotas no supere el 33% de sus ingresos. A los precios actuales, es alarmante comprobar que será casi imposible para una persona con menos de 24.000 euros de ingresos anuales acceder a una VPO (la inmensa mayoría de los jóvenes).

Actualmente, el margen de beneficio para el promotor de vivienda protegida oscila entre un 100% y un 200%. A este coste se añade la “mordida” de las administraciones locales y regionales en cuestión de venta de suelo e impuestos.

Es vergonzoso el hecho de que en algunas ciudades la vivienda protegida tenga ya el mismo precio que la libre, o que incluso lo supere

Desde la PVD exigimos que se apliquen bajadas urgentes a los módulos de precios oficiales con el fin de adaptarlos a la realidad el mercado y de destinar las viviendas protegidas a quienes realmente las necesitan. Es vergonzoso el hecho de que en algunas ciudades la vivienda protegida tenga ya el mismo precio que la libre, o que incluso lo supere.

Otras medidas

Cabe decir que el Plan incluye algunas medidas positivas, aunque de menor calado, como la propuesta de creación de viviendas públicas de alquiler para determinados colectivos. En Francia existen cuatro millones de viviendas de este tipo, mientras que en España no llegan a las cien mil y este es uno de los grandes déficits que siempre ha caracterizado a la política de vivienda española.

Sin embargo, al introducir la fórmula de alquiler con opción a compra, se sigue apostando tozudamente por el fomento de la venta de vivienda pública, a pesar de que la función del Estado es facilitar el alojamiento y no la propiedad, y así lo han entendido la mayoría de los países de la UE. En cuanto a la limitación de metros, en un país donde sobra suelo es una tomadura de pelo que el Ministerio presente como algo positivo un mínimo de 30 metros para dos personas. Parece que se trata de convertir a la vivienda pública en una opción poco digna con el fin de preservar el mercado de la vivienda libre.

En cualquier caso, la PVD cree necesario resaltar que el Ministerio de la Vivienda ya no cumple el objetivo con el que nació. Sino que por el contrario, se ha convertido en una especie de sucursal del sector inmobiliario dentro del Estado, destinada a convertir en decretos los intereses de los promotores y a intervenir el mercado de forma disimulada, intentando que la burbuja de precios se desinfle lo menos posible.

El Ministerio presenta como algo positivo un mínimo de 30 m2 para dos personas. Se trata de convertir a la vivienda pública en una opción poco digna con el fin de preservar el mercado de la libre.

Dinero, según para quién

Desde la Plataforma por una Vivienda Digna reclamamos al Gobierno que los tiempos de crisis no sean la excusa para no poner en marcha una política de vivienda seria, estructural y para los ciudadanos.

Hoy por hoy la edad de emancipación en España sigue siendo superior a los 30 años. Si hay 50.000 millones de euros para ayudar al sistema financiero, es que hay recursos de sobra para solucionar el problema de acceso a la vivienda. Invitamos a todos los ciudadanos a reflexionar sobre las razones por las que no se hace, las razones por las que todas las administraciones permiten o incluso incentivan que la vivienda sea cara, cuando que la vivienda vuelva a tener unos costos razonables en relación a los salarios es la mayor garantía de que una crisis tan grave como la que estamos padeciendo no se retroalimente y no se reproduzca.

Además de las ya citadas, para desenvolver la difícil situación actual de la vivienda la Plataforma por una Vivienda Digna ha consensuado '40 propuestas por una vivienda digna', que pueden encontrarse en nuestra página web.

Vía malvasíaBlog

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