jueves, 5 de febrero de 2009

El Banco de España da con la fórmula para integrar las cajas sin fusionarlas

Las Cajas de Ahorro sirven entre otras cosas para hacer un hueco en sus organigramas de gobierno y dirección al numeroso colectivo de políticos locales -en ejercicio o despues de su retiro-, una manera de tenerlos colocados y con buenas remuneraciones. Y por ello las peleas de estos para posicionarse dentro de las Cajas. 

De la Obra Social poca cosa sabemos, parece que en algunos casos es acertada y relevante, más social que cultural; pero tambien aquí, en la obra social y en sus fundaciones tenemos a los políticos colocados. Las Cajas podrían servir en estas fechas para inyectar liquidez a la economía real -jugar el papel de cuasi banca pública, o disponer de líneas de negocio ad-hoc-, pero no parece que su funcionamiento en esta materia difiera sustancialmente del que tienen los bancos.

Leo que la Ley de Cajas en Cataluña pone un límite más elevado a la participación de los partidos políticos en los órganos de gobierno. Algo de esto se necesita en todas las cajas o ponerlas a cotizar en Bolsa: un 51% de las acciones propiedad de una Fundación pública en la que la partitocracia no tiene mayoría, el resto, el 49%, de accionistas privados.

Mientras llega algo así, veremos intervenciones en el sector por parte del Gobierno y del Banco de España, y algunas fusiones. Por ejemplo del tipo de la que hoy se hace eco El Economista:

Fracasada la fusión de las cajas vascas, en el aire las de Castilla y León e incipiente la de muchas otras... el Banco de España ha decidido plantear soluciones para que de un sector tan atomizado como el de las cajas de ahorros -hay 45 en España- salga un reducido número entidades fuertes capaces de soportar el chaparrón financiero que azota al sector. Cajastur, Caja Cantabria y Caja Rioja serían, en principio, las primeras en operar con este sistema nuevo.

Consciente de que el esfuerzo político para la integración de las cajas de ahorros se queda corto, el Banco de España ha aprovechado los encuentros periódicos que mantiene con los representantes de las entidades para plantearles una integración sin que necesariamente se derive en una fusión.

Se trataría de una fórmula institucional en la que, mientras se mantiene la autonomía societaria de cada una de las cajas, se crea una estructura conjunta que les permite reducir costes. Las entidades mantienen así su autonomía y se benefician de un importante recorte de gastos.

¿Sería algo parecido a lo propuesto para el Grupo de Castilla y León? No exactamante. Este caso, que se denomina Sistema de Protección Institucional (SIP), no tiene un órgano de gobierno en el que están representadas cada una de las entidades que integran esa especie de holding. A través de esta fórmula se constituye una estructura societaria en la que los miembros que la forman se reparten los beneficios de forma proporcional a la vez que recortan los costes sustancialmente debido a que se suprime la duplicidad de sistemas.

Cada uno de los miembros de esta estructura mantiene, no obstante, su operativa en el territorio en el que tradicionalmente ha estado presente, mientras que tiene la potestad de replegarse de aquellos en los que tenía una presencia más débil.

Ese modelo, que ya ha sido planteado a las cajas de ahorros por la entidad que dirige Miguel Ángel Fernández Ordóñez, va un paso más allá de la fórmula que se pretende implantar en las cajas castellanoleonesas y que el presidente de la Confederación Española de Cajas de Ahorros (CECA), Juan Ramón Quintás, bautizó como "fusión virtual".



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