domingo, 31 de octubre de 2010
jueves, 28 de octubre de 2010
Una carta
Estimada E.:
Leo la noticia que redactaste el pasado 14 de Octubre sobre el PSIR de Bolmir y solo puedo manifestar que efectivamente el Ejecutivo sigue marcando los tiempos en este asunto a espaldas de los vecinos.
La Junta Vecinal de Bolmir ha llevado la agenda hasta ahora recurriendo a los Tribunales por las decisiones del Ayuntamiento de Campoo de Enmedio [solicitando la impugnación del acuerdo de Interés Social] y del Gobierno de Cantabria [solicitando la impugnación del acuerdo de Interés Regional –ni siquiera fue publicado en el boletín oficial, todo "un modelo" de SEGURIDAD JURIDICA- y reclamando la condición de parte interesada en el procedimiento administrativo, sin esperar al periodo de alegaciones].
Los vecinos –yo entre ellos- queremos que la Junta Vecinal sea parte interesada en el procedimiento administrativo para poder participar en el proceso en cualquier momento y poder estar en el planeamiento.
Como ya conocerás cuando se urbanizó el polígono industrial La Vega, de Reinosa, se perdió parte del camino de Bolmir a Reinosa porque la Junta Vecinal no estuvo en el planeamiento, y posteriormente ninguna administración local o regional, ni los vecinos, presentó alegaciones. No queremos que eso suceda ahora. Cuando se ha buscado responsables de tal sucedido el alcalde de nuestro ayuntamiento nos ha contestado: “a otro perro con ese hueso”.
El 12 de Agosto el presidente de la Junta Vecinal recibió una memoria para que presentase alegaciones medioambientales. En pleno verano se redactaron tales alegaciones junto a otras, y se recordó los contenciosos presentados. El modelo de escrito con el que trabajó la Junta Vecinal es el que se acompaña, a partir de él se presentaron las alegaciones. Es significativo que se cuente con el pueblo para las alegaciones medio ambientales pero no a efectos del planeamiento.
Nada ha cambiado: sigue sin contarse con la Junta en el Planeamiento. Y esto es especialmente PREOCUPANTE.
La evaluación ambiental es un bla, bla, bla.... y un bluf que depende de la misma Dirección General que informa favorablemente el Interés Regional, y la aprobación definitiva (la tercera). Esta Dirección General junto a la CROTU [que emite dos de las aprobaciones] resuelven el expediente, todo alrededor del consejero Mazón. Medio Ambiente no interviene. En la página web que nos sugieren solo aparece la publicación del acuerdo en el BOC.
Además del cambio de denominación nos preocupa se mantenga el camino a Reinosa y NO UN VIAL PARA AUTOMOVILES (ahora se baraja como opción posible su conservación), la cota de altura del PSIR y del camino, el tratamiento de las aguas en los subterráneos, la escorrentía de la pradera que se quiere rellenar para urbanizar el PSIR [se ubica en la vega de inundación del rio Izarilla, y tendremos que preguntar a la Confederación Hidrográfica del Ebro antes de que llegue el desastre, Sican minimiza este efecto en su memoria], un accidente geológico omitido LA TORCA, la pérdida de explotaciones del sector primario, la comercialización de las parcelas y la lista de empresas que quieren ubicarse en este espacio, la política industrial (si existe) [y preguntaremos al señor Sota]. En fin nada de esto interesa en Santander ni en nuestro Ayuntamiento, y continuarán con el procedimiento y las irregularidades… Solo resta una buena defensa y vuestra colaboración.
El camino a Reinosa es un bien de dominio público que se ha llevado a catastrar, el código penal destina algunos artículos a las construcciones sobre bienes de dominio público. Primero sería respetar este dominio y luego planear el polígono, pero aquí parece que las cosas se hacen al revés.
Por último añadir que quedan por aclarar los intereses particulares de ciertos "actores" de esta actuación, y poner de manifiesto la escasa confianza que nos inspiran los cargos electos imputados judicialmente en un procedimiento penal.
Saludos,
lunes, 18 de octubre de 2010
Hemeroteca 14 de Octubre 2010 / PSIR
El comportamiento de nuestra clase política ...
sábado, 16 de octubre de 2010
Gracias
Gracias al dinero público, a SEPES, al Ayuntamiento de Reinosa, a su alcalde José Miguél Barrrio, a nuestra iniciativa y persistencia, y la de otros vecinos de Bolmir. Así se asfaltó el camino de Bolmir a Reinosa en el tramo que bordea Puertas Nueva Castilla. Ahora se ha pintado el asfalto, unos brochazos en rojo.
Así se degrada la democracia
Los autores de Calidad de la democracia en España. Una auditoria ciudadana (Editorial Ariel) son Braulio Gómez Fortes, doctor en Ciencias Políticas y Sociología por la Universidad Complutense; Irene Palacios, licenciada en Sociología por la Universidad de Barcelona;Manuel Pérez Yrueta, profesor de Investigación de Sociología del Instituto de Estudios Avanzados del CSIC del que ha sido director entre 1992 y 2009 y Ramón Vargas-Machuca, catedrático de Filosofía Moral y Política de la Universidad de Cádiz.
La auditoría ciudadana se realizó en 2007 y los resultados estuvieron disponibles a comienzos de 2008 y se centró “sobre temas que los ciudadanos tienen una opinión formada a lo largo del tiempo y que no se refieren a aspectos o problemas coyunturales.
jueves, 14 de octubre de 2010
Aprobado el documento para la evaluación ambiental del PSIR de Prado Cervera
viernes, 8 de octubre de 2010
lunes, 4 de octubre de 2010
El corralito y la falta de liquidez de los ayuntamientos
... un reportaje firmado por Jonathan House, distribuido por la agencia Dow Jones y aparecido en The Wall Street Journal, aborda con todo lujo de detalles la sequía de liquidez de los Ayuntamientos españoles. Se titula 'Las ciudades españolas luchan bajo deudas abrumadoras', y su autor cree que ahí es donde está 'el próximo frente de la crisis en España'. House ha hablado con responsables municipales como el alcalde de Brunete, con empresarios de servicios a los que se les adeudan en conjunto miles de millones y con expertos como Giada Giani, de Citigroup, que opina que 'crece el miedo a que el Gobierno tenga que organizar alguna forma de rescate para las entidades locales'. Un dato: a menos que se les pague a las empresas de servicios, que han estado financiando a los Ayuntamientos hasta que ya no pueden más, están en peligro 100.000 puestos de trabajo. El reportaje cita a la Cepyme para decir que la segunda causa de las 125.000 quiebras empresariales desde 2008, el 10% del tejido español, es precisamente la morosidad de las administraciones públicas.