El blindaje de los diputados y senadores

Publicado en La Razón:

Intento baldío. La diputada de UPyD, Rosa Díez, clama de nuevo en el desierto. Una nueva propuesta suya caerá en saco roto. No es una propuesta cualquiera, sino un texto que pedía acabar con los privilegios de los parlamentarios españoles en materia de pensiones.

La iniciativa parecía razonable en la medida en que sus señorías discuten desde hace meses la reforma del sistema de pensiones del resto de los mortales, la revisión del cómputo de cálculo, la extensión de la edad legal de jubilación y otros asuntos vitales para futuros pensionistas. Es más, José Bono, presidente de la Cámara y el ministro de Justicia se habían manifestado públicamente a favor de revisar, también, las pensiones de sus señorías. Pues nada. Las Mesas del Congreso y del Senado tumbaron ayer la iniciativa con la que Díez pretendía acabar con el derecho de lo parlamentarios a recibir la pensión máxima por el hecho de haber sido diputado o senador siete años. Lo decidieron en una reunión conjunta en la que también acordaron enviar a la diputada de Díez un carta con las razones que les han llevado a no aceptar su propuesta.

Díez empezó su particular ofensiva cuando se supo de la intención del Gobierno de revisar el modelo de pensiones de los españoles y saltó a los medios de comunicación el particular sistema que rige para los parlamentarios, esto es el pasado abril. Cuatro meses después, no había obtenido respuesta de los presidentes del Congreso y el Senado, a quienes dirigió un escrito. El pasado septiembre hizo un nuevo intento, que tampoco dio resultado. Así que la semana pasada remitió una queja formal ante sendas Mesas que coincidió en el tiempo con el debate sobre la jubilación en el Pacto de Toledo.

Díez está convencida de que los parlamentarios tienen «derechos inalcanzables» para el resto de los trabajadores, y no sólo en materia de pensiones, también en esa especie de finiquito que sus señorías reciben por cese de actividad cuando se disuelven las Cámaras. Dicho de otro modo: cuando un parlamentario acaba su mandato tiene derecho a una indemnización de un mes de salario por cada año que ha ejercido como tal, hasta un tope de dos años.

Fuentes de los órganos de gobierno del Congreso y el Senado concluyeron ayer, según trasladaron a Efe, que el sistema de protección de los parlamentarios «es válido y adecuado», y que así se lo harán saber a la diputada por escrito en los próximos días.

El modelo de pensiones de los diputados y senadores fue aprobado, por consenso de todos los grupos, en 2006 y establece que los parlamentarios que hayan ejercido esa actividad al menos siete años y cuenten 65 en el momento de recibir la pensión tendrán derecho a la jubilación máxima. Quienes defienden el modelo, arguyen que se trata de un complemento y que apenas cien diputados y senadores de los más de 3.600 que ha habido en democracia han solicitado este complemento a su cotización. También dicen en su descargo que esta indemnización corre a cuenta del Congreso y no de la arcas Seguridad Social, como si el dinero no saliera todo de los impuestos que pagan de los ciudadanos.

Falta de decencia

Falta de decencia la de la casta política española...

Así publica ABC:

Mientras la comisión parlamentaria del Pacto de Toledo no se puso ayer de acuerdo sobre la propuesta del Gobierno de alargar la edad legal de jubilación de los 65 a los 67 años, lo que sí que ha acordado por mayoría esa comisión es recomendar al Gobierno que amplíe el número de años necesarios para cobrar el 100% de la pensión. Casualmente, esta recomendación no afectará a los diputados y senadores, que mantendrán intactos los privilegios de que gozan sus pensiones.

Actualmente, cualquier trabajador tiene que cotizar un mínimo de 15 años para tener derecho a una pensión de jubilación. Con los actuales 15 años, se tiene derecho a cobrar tan solo el 50% de la pensión correspondiente. A partir de ahí, se aumenta un 3% por cada anualidad hasta los 25 años de cotización, que correspondería el 80% de la prestación. Desde los 25 años hasta los 35 de cotización, el porcentaje se incrementa en un 2% cada año (mira aquí el gráfico explicativo).

Pero para cobrar el 100% de la pensión no es suficiente haber cotizado 35 años, sino que hay que tener 65 años cumplidos. Hay que recordar que la edad legal de jubilación —pues no existe una edad obligatoria— es los 65 años y que cualquier persona se puede jubilar anticipadamente a partir de los 61 años, pero con unos coeficientes reductores de entre el 6,5 y el 8% por cada año que falte para cumplir los 65. Por el otro extremo, se puede seguir trabajando hasta los 70 años, con una bonificación anual del 2%.

Recortes de más del 5%

La reforma del Gobierno elevará seguramente de 15 a 20 años los años necesarios para percibir el 50% de la jubilación. Esto supondrá unrecorte de las pensiones del 5%, según USO, y un ahorro de 10.000 millones para la Seguridad Social, según el Ministerio de Economía. El portavoz del PP en la comisión del Pacto de Toledo, Tomás Burgos, reconoció ayer que la rebaja media en estas prestaciones sería de entre el 5% y el 10% hasta 2040.

Todos estos recortes no afectarán a los 350 diputados y a los 264 senadores españoles, que mantendrán el privilegio de cobrar el 100% de la pensión en el momento que superan los 11 años de actividad parlamentaria. Es más, si cualquier trabajador necesita cotizar a la Seguridad Social 15 años para cobrar una pensión, mejor dicho, solo el 50% de la misma, sus señorías con siete años de actividad en cualquiera de las Cámaras ya tiene derecho a percibir el 80% de su pensión. Ese porcentaje se eleva al 90% si cotizan 10 o 11 años.

Además, mientras un trabajador no puede jubilarse antes de los 61 años y, a partir de esa fecha y hasta los 65 se le restará anualmente entre un 6% y el 8% del importe de la pensión, sus señorías pueden jubilarse a los 60 años con 40 de cotización, según recoge el reglamento de pensiones parlamentarias de 11 de julio de 2006. Sobre la reunión de ayer de la junta de portavoces del Pacto de Toledo hay que añadir que el informe que emitirá esta comisión sobre la prolongación de la edad legal de jubilación propuesta por el Gobierno en enero pasado plasmará el desacuerdo de los partidos políticos a través de una recomendación que deja clara dicha discrepancia.

De esta forma, la comisión del Pacto de Toledo, que se reunió durante más de tres horas, zanjó la redacción de la recomendación propuesta por el grupo socialista en la que no fijaba la edad legal de jubilación y que para el PP, IU, ERC y BNG deja la puerta abierta al Ejecutivo para elevar dicha edad en el proyecto de ley que redactará a finales de enero.

Valeriano, «en sus trece»

Esta falta de consenso hizo que el ministro de Trabajo e Inmigración, Valeriano Gómez, compareciera ante la prensa de forma urgente a las nueve de la noche para no defraudar a los mercados y asegurar que el Gobierno sigue pensando que elevar la edad de jubilación a los 67 años es el «planteamiento correcto» a pesar de que el Pacto de Toledo no haya llegado a un acuerdo en este sentido. Gómez dijo que el Ejecutivo seguirá haciendo «todos los esfuerzos» para que el proyecto de ley sobre la reforma de las pensiones reúna el máximo consenso posible en el Parlamento y con los agentes sociales.

No obstante, pese a que el texto se esfuerza en no fijar ningún tope a la edad legal, sí menciona la necesidad de incentivar la prolongación de la vida laboral más allá de los 65 años «de manera voluntaria», cuestión que siempre han exigido los partidos de la oposición y los sindicatos.

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Impunidad

Me ha interesado lo que he leido en Voto en Blanco:

"Hay miles, decenas de miles de políticos españoles como Bono. Algunos, demasiado ambiciosos o torpes, se "descuidan", sobrepasan la frontera de lo legal y terminan públicamente denigrados o en la cárcel, pero la mayoría se mantiene impune, dentro de los inmensos espacios donde la casta política puede practicar la corrupción sin riesgos, gracias a la escasa democracia que existe en España, a la deficiente legislación y la cobarde permisividad de la sociedad con los chorizos y sátrapas".

La democracia ausente

Tribuna Libre publicada por el profesor Jesús Neira en El Mundo.es:

CON FRECUENCIA los términos políticos sufren graves distorsiones. Tal es el grado del impacto que reciben, que las palabras no responden a su significado original. Ya advertía Orwell que «el lenguaje político sirve para encubrir la verdad, para hacer lo claro oscuro, para hacer respetable el asesinato». Si ésta es la realidad del lenguaje político, no nos puede extrañar lo que ocurre con un término de uso frecuente como es el de democracia. Se le ha sometido a una fuerte polisemia. En el pasado, era un término despreciado por referirse a la democracia directa, la vieja democracia de las polis griegas, que fue su fórmula original. Con el siglo XX, el vocablo fue ascendiendo a la cabeza del éxito, refiriéndose entonces a la democracia moderna, a la democracia representativa.

En España, la voz democracia se ha usado con gran profusión, incluso se le ha sometido a claros abusos, como aquel eslogan de los años 70 que decía que «socialismo es democracia». A la democracia se la ha adjetivado de muy diversas formas: «a la española», «vicaria», «concedida», «de partidos», «de consenso», «vigilada», «de deshecho», «social», «avanzada», «tutelada», «felipista», «socialista», «de futuro», «parlamentaria», «progresista», «reducida», «domesticada», «de compromiso», «improvisada», «instalada», «consolidada», «adulta».

Además se ha querido aplicar el término a realidades muy lejanas de su concepto original. Así, se ha llegado a hablar de las parejas en la democracia, la virtud en ella o, incluso, de las características psicológicas de la democracia. Pero con este uso intenso de la voz democracia no sólo hemos perdido su significado concreto, formal, sino que se emplea para otras realidades que no tienen que ver con ella, e incluso significan opciones incompatibles. Así ocurre con el régimen parlamentario, que es el régimen vigente hoy en España. ¿Por qué no adjetivarlo con la voz democracia? Porque la democracia significa un régimen político con tres precisas características, con una arquitectura de los poderes del Estado que se alza sobre ellas. La primera nota distintiva hace referencia a un régimen representativo. Así, la cámara legislativa está compuesta de personas que han sido elegidas personalmente sin listas de partido, que han sido votadas en competencia abierta en el distrito electoral. Por tanto, cámara en efecto representativa del cuerpo electoral, y no de las cúpulas de los partidos políticos con su respectivo jefe a la cabeza.

En segundo lugar, la democracia, lejos de ser una unidad de poder y distinción de funciones, según la imaginativa fórmula del almirante Carrero Blanco, es un régimen político donde el poder está dividido, siendo esa división el primero y más fornido dique para el control político. Poderes divididos en el Estado. No superpuestos en pirámide, sino surgidos del pueblo mismo en elecciones libres. La democracia sin división de poderes es una burla, una vieja burla, pero una burla. Una irrisión que, como señalase la Declaración de los derechos del hombre y del ciudadano, no otorgaba reconocimiento constitucional al régimen que no tuviera división de poderes.

En tercer lugar, sobreviene la última característica de la democracia. Su verdadero ADN inconfundible, original e inequívoco, como es la libertad política. Es decir, la capacidad de un pueblo de elegir a su gobierno. No a través de interpuestos, sino directamente. Sin necesidad de que se tenga que interpretar qué es lo que los electores han querido votar, sin insultos demagógicos. Porque es absurdo, desigual e injusto, que el gobierno sólo pueda ser elegido por una Cámara y que sea de ésta de la que pende, en vez de serlo del pueblo en verdadera posición de soberano, en uso de su libertad política.

Esas tres características son las fundamentales para poder referirnos en verdad a una democracia. Son fácilmente detectables. Se trata de características formales del régimen político.

Para hablar con propiedad de democracia, tiene que existir representación, división del poder y elección del gobierno. España no se da ninguna de las tres características, porque no estamos en una democracia, eso es falso, sino en un régimen parlamentario, como informa la propia Constitución... y la historia de España, que nunca ha conocido la democracia. La Restauración poseía una representación corrompida por el caciquismo. Sí disponía de división de poderes, como correspondía al modelo importado de la monarquía constitucional.

Tampoco la Segunda República deparó una democracia, sino otro régimen parlamentario que había suprimido la figura del monarca, pero sin alcanzar la democracia. Es un abuso político del léxico cuando lo importante no es enmascarar una realidad a través de falsas adjetivaciones, sino sus contenidos característicos. Ya Tocqueville introdujo un gran equívoco con su uso del término democracia. No porque no la distinguiese, sino porque quiso adjetivar a la sociedad en la que progresaba la igualdad como «sociedad democrática», en su expresión específica de «Estado social democrático».

Tocqueville inauguraba así un tortuoso recorrido por adjetivaciones grandilocuentes y demagógicas, como las llamadas «democracias reales», cuando se trataba de dictaduras comunistas. Algunos autores como Max Weber utilizaron el nombre con profusión para distintos aspectos como democracia de masas», «la democracia de la calle». «democracia plebiscitaria», «democracia de jefes», «democracia de caudillaje», «democracia pura».

A VECES se ha tratado de distinguir a los regímenes políticos con expresiones que han puesto el énfasis en alguna característica concreta. Así hizo Duverger con su expresión de «democracias de pleno ejercicio», en referencia a Francia y a Inglaterra, frente a aquellas otras realidades políticas que denominaba «democracias mediatizadas», donde el pueblo no elige directamente a su gobierno, es decir, un régimen parlamentario. Fue un intento de clasificación confusa, porque Inglaterra es un régimen parlamentario que sí es representativo, como el francés, por su sistema electoral de distrito uninominal.

Como demuestra la historia, llega a premier quien dirige el partido que vence en unas elecciones, no se da en Inglaterra la división de poderes, sino los poderes del Estado en relación piramidal. El caso francés es distinto, porque aunque el pueblo elige directamente al presidente de la República, el primer ministro, que es el jefe del Gobierno, se mantiene con la confianza de la Asamblea Nacional. Por tal motivo, ambos regímenes no son formalmente democracias en sentido estricto. La libertad política no admite «mediatizaciones» que ya rechazaba Montesquieu frontalmente. Existe o no existe, y ése es el elemento decisivo para saber si estamos hablando de una democracia.

Los españoles seguimos a la espera de una verdadera democracia, y sería conveniente no jugar mas con los nombres porque el maquillaje no cambia la realidad de un régimen político. Llamar a las cosas por su nombre es una higiene necesaria, y España es un régimen parlamentario, no una democracia. El parlamentarismo supuso en Inglaterra suspender la evolución natural hacia la democracia. La sustracción al pueblo de la elección del gobierno. Sir Robert Walpole sabía lo que hacía al inaugurar el parlamentarismo en las aguas de la corrupción como sistema, corrompiendo a la Cámara de los Comunes. En opinión de Dorothy Pickles, «la democracia es la mas difícil y compleja forma de gobierno». Así es, en efecto, pero no hasta el extremo de no distinguir sus componentes esenciales. Ya advertía Polibio que es «el nombre más bello de todos libertad y democracia, pero la denominación de la realidad será lo peor, la demagogia».

Jesús Neira es profesor de Derecho Constitucional de la Universidad Camilo José Cela.

Democracia y partitocracia

Escribe Carlos Mendo en El País:

¡Qué espectáculo democrático impensable en Europa, quizás con la excepción de Reino Unido, el que ofreció al mundo la democracia americana con motivo del debate parlamentario y posterior votación en el Congreso de la ley de reforma del sistema sanitario estadounidense, el proyecto estrella de política interior del presidente Barack Obama! Democracia parlamentaria en acción al otro lado del Atlántico frente a la partitocracia imperante en esta orilla. Cuerpos legislativos vibrantes en el Capitolio de Washington frente a clubes de robots en las capitales europeas, cuyos miembros no actúan de acuerdo con los intereses de sus votantes, sino que responden a las rígidas instrucciones de sus respectivos partidos, que acatan sin rechistar no sea que, si se mueven, no salgan en la próxima lista electoral.

¿Se imagina alguien a un líder europeo buscando como Obama los votos de sus diputados uno a uno?

Desde que la Cámara de Representantes aprobara el primer borrador del proyecto, el presidente de Estados Unidos ha trabajado mañana, tarde y noche para conseguir el apoyo de congresistas y senadores a su reforma. Ha tratado de que una ley considerada histórica contara con el apoyo de republicanos y demócratas. El rechazo frontal republicano a sus planes, respaldado por unas encuestas según las cuales el 53% de la población se oponía a la aprobación de la legislación, hizo que Obama cambiara de táctica y dedicara esfuerzos y persuasión, de los que anda sobrado, a convencer no ya a los republicanos, sino a los legisladores demócratas de su propio partido. No ha escatimado esfuerzos para conseguir que los suyos -repito: los suyos- le apoyen, desde la promesa de prebendas para sus distritos electorales en el caso de los congresistas o para sus Estados en el de los senadores, hasta la presión dirigida a los obstinados.

¿Se imagina alguien al presidente Zapatero, o a cualquier primer ministro europeo, buscando uno a uno el voto de sus diputados para la aprobación de un determinado proyecto de ley? Es la diferencia entre democracia y partitocracia, entre el gobierno del pueblo y el de los partidos. Ya sabemos que Estados Unidos es un régimen presidencialista y no parlamentario. Pero eso no obsta para que algunos consideremos el sistema americano más auténtico y representativo, más cercano a los ciudadanos, que son, al fin y al cabo, los que, a través de primarias, eligen a los representantes de sus partidos en las asambleas estatales y en el Congreso de Washington. Y lo admirable en el caso que nos ocupa es que Obama, al final, ha conseguido aprobar una reforma en la que fracasaron la mayoría de sus antecesores republicanos y demócratas desde Theodore Roosevelt hace ahora 100 años hasta Bill Clinton en 1993, pero con sólo siete votos de diferencia (219-212). Sus ímprobos esfuerzos no han podido evitar que 34 congresistas demócratas, representantes de distritos electorales conservadores, se unieran a los republicanos en el rechazo a una ley que sus electores consideran una intromisión intolerable del Gobierno federal en sus vidas privadas.

Los padres fundadores hicieron todo lo posible para insertar dos principios fundamentales en la construcción de la arquitectura constitucional americana. Un sistema bipartidista que, a través de la protección de las minorías, impidiera el monopolio del poder por parte de un solo partido. Nada que se pareciera al sistema parlamentario británico. Y un sistema de controles y equilibrios, los famosos checks and balances, de los que John Adams, sucesor de George Washington en la presidencia, contaba hasta 18, para evitar que uno de los tres poderes dominara a los otros dos. Y en esa tradición siguen inmersos después de más de 200 años de vigencia de la Constitución de 1787. Pero la ley de reforma sanitaria demuestra que la discusión constitucional sigue vigente dos siglos después de promulgada la Carta Magna. Parece como si las interminables polémicas entre Thomas Jefferson, defensor de los derechos de los Estados, y Alexander Hamilton, favorable a un Gobierno federal fuerte, hayan vuelto a plantearse en el siglo XXI.

Hasta ayer, 14 fiscales generales de 14 Estados desde Florida hasta Arizona habían anunciado la interposición de querellas contra el Gobierno federal por intromisión en la libertad de los Estados y en la de los individuos al imponer, entre otras cosas, la obligatoriedad de contar con un seguro médico. Invocan la X Enmienda de la Constitución, que delega en los Estados todas las cuestiones no incluidas específicamente en la Carta Magna. Los expertos constitucionalistas creen que estas medidas constituyen un brindis al sol y no conseguirán su propósito. Desde que Obama convirtió con su firma el proyecto en ley, the law of the land, la legislación federal tiene preeminencia sobre la de los Estados. Pero pueden conseguir mantener la tensión hasta las legislativas del próximo noviembre y causar más de un disgusto a las aspiraciones demócratas para las dos Cámaras de Washington.

Diputados de la glebla estatal

publicado en Diario español República Constitucional

Burke fue el primero en defender la legitimidad de las agrupaciones parlamentarias de diputados afines. Los partidos políticos nacieron como fracciones de la sociedad política constituida en Parlamento. Los votantes eran ajenos a semejantes asociaciones.

La extensión del sufragio como derecho, la división de la sociedad en clases y la movilización de los ciudadanos para entablar luchas sociales, transformaron la primigenia naturaleza estatal de los partidos. Al trasladar el centro de gravedad desde la cámara parlamentaria a la sociedad civil se convirtieron en partidos societarios de masas. La financiación de los militantes les permitió la independencia necesaria para desempeñar su vocación transformadora del Estado, conforme a su imagen ideológica.

La mitigación y desaparición de la lucha de clases, la concepción del sufragio como deber y la financiación pública, han hecho retroceder a los partidos a su primitiva condición estatal. Así, los componentes del bloque constitucional de la partidocracia perpetúan en España, tras la dictadura, la función de señorío del Estado sobre una sociedad tutelada. Reducidos a centros oficiosos de selección de personal burocrático y de gobierno, dejan de ser instituciones civilmente necesarias.

Resulta imposible que una formación política que no sea independiente del Estado pueda impedir el abuso y la corrupción del PSOE, el PP, satélites ministeriales, y nacionalismos periféricos, cuyo sostenimiento con fondos públicos es causa y efecto de subordinación de la sociedad civil a la oligarquía de partidos.

En un llamamiento a todos los grupos de la Cámara para que apoyen solicitar al Gobierno que suspenda la subida del impuesto sobre el valor añadido, la portavoz del PP en el Congreso ha exhortado a la diputadumbre a votar “en conciencia y según sus consideraciones”. Dejando a un lado la desvergonzada inutilidad de semejante petición (todos los que aceptan ser estabulados en una lista saben que tal cosa supone una constante abdicación de la personalidad) doña Soraya Sáenz de Santamaría, si por un milagro de conversión liberal, fuese coherente con la prédica de eliminar los impuestos más gravosos, reclamaría inmediatamente acabar con la dotación del Estado a su propio partido. La modernidad de este Régimen ha consistido en suprimir los tributos feudales a la Iglesia para establecerlos a favor de los señoríos políticos.

La ética política: Munar

editorial en Diario español República Constitucional

Los gobiernos de coalición o la necesidad de engrasar determinadas bisagras para acceder al Ejecutivo, expresan de modo inmediato la idea de reparto de beneficios y privilegios entre una clase política creada con el método totalitario del consenso. Sin cautelas ni garantías constitucionales contra las corruptelas políticas, el pacto entre socios de gobierno, sin control por parte de otro poder separado, conduce invariablemente a un reparto proporcional del pastel de la corrupción. La costumbre de las coaliciones, propia de los pueblos dominados por el espíritu de hermandades y padrinazgos, ordena y vigila la corrupción disponible, organizándola en un sindicato de profesionales del trapicheo público. De esta manera, en las Islas Baleares, doña María Antonia Munar ha acreditado una fabulosa capacidad de aprovisionamiento, para sí misma y para familiares y amigos integrados en la Unión Mallorquina, o en esa peculiar manera (“sa nostra”) de enriquecerse a través de la política local, con licencias, comisiones y prebendas varias.

Tanto el PP, con Matas, como ahora el PSOE con Antich, han tenido que recurrir, a precio de oro, al servicio de apoyo gubernamental que siempre ha ofrecido la munificente Munar. Pero los días de pompa, lujo y esplendor urbanístico en la costa mallorquina tocan a su fin, con la delación efectuada por Miguel Nadal -ex lugarteniente de la influyente señora-, el cual no acababa de sentirse a gusto como cabeza de turco. Después de abandonar la presidencia del parlamento balear, la jefa de UM ha confesado actuar siempre de acuerdo con “la ética política” (del Régimen), es decir, con la acostumbrada inmoralidad de mentir sistemáticamente para desmentir la corrompida realidad oligárquica.

La obligación de decir la verdad en el campo político no proviene de los principios de la sociedad política ni de los postulados de la legitimación electoral, sino de la necesidad de poner de acuerdo la práctica cotidiana del poder con los valores dominantes en la vida civil, de hacer, en suma, coincidir la cualidad de ciudadano-elector con la de persona. La moralidad entra en la política por la necesidad de coherencia de la razón de mandar con la razón de obedecer, en una sociedad libre de temor. Sin esta coherencia o hegemonía moral -que sólo está al alcance de la democracia-, la práctica política queda reducida a una mezcla de coacción institucional, inercia burocrática y fomento del temor al vacío.

No se elige a las personas

Ya lo sabíamos - EN LAS ELECCIONES NO ELEGIMOS A PERSONAS -, pero el señor Rajoy nos lo confirma en entrevista que le hace El Diario Montañés, vía PP Cantabria

- Forzosamente el ex tesorero de su partido y senador por Cantabria, Luis Bárcenas, ha sido protagonista político de diversos debates no sólo nacionales sino regionales.

- El señor Bárcenas después de todo lo que ha ocurrido ha renunciado voluntariamente a sus responsabilidad como tesorero y lo ha hecho para no dañar al partido. Se defenderá en los tribunales cuando realmente sepa las acusaciones que recaen sobre su persona. Estaré a lo que digan los tribunales. Tiene derecho a defenderse y mientras los tribunales no digan otra cosa es inocente.

- ¿Es consciente de que apenas si se le conoce en Cantabria? ¿Es bueno que los partidos envíen 'paracaidistas' a las autonomías, coloquen a personas a las que nadie pone cara?

- Si ve los índices de conocimiento de los ministros... El otro día estuve en Andalucía y en una encuesta se apuntaba que el grado de conocimiento del Presidente de Andalucía era del 21% en la provincia de Málaga. Al final se votan siglas, se votan discursos, se votan percepciones. Tenemos un modelo que es discutible, pero los demás también pueden ser discutibles. En el modelo británico se elige al diputado en una circunscripción muy pequeña pero el reparto es muy distinto (se 'lleva todo' quien gana). Lo principal de un modelo electoral, que es una regla de juego, es que haya un acuerdo muy mayoritario, eso es lo más importante. Con este modelo en España han gobernado partidos con ideologías distintas.

Podría -si alcanza el Gobierno de España- repensarlo y cambiar el sistema electoral: algo parecido al sistema británico [diputados por distrito] o sistema alemán [diputados por distrito 50% + lista de partidos 50%]. Hasta en el parlamento catalán se lo están planteando para "sus elecciones autonómicas". Las listas abiertas no sirven, fíjense en nuestro Senado.

Lo mismo para Comunidades Autónomas y los Ayuntamientos: elección de diputados autonómicos y concejales por distrito, y elección directa del Alcalde; nos evitaríamos algunos de los problemas crónicos que se mencionan en la entrevista.

Y si cogen carrerilla, anímense y legislen la elección directa por los ciudadanos del Presidente del Gobierno en elecciones separadas. Todo ello en pro de la separación de poderes y de la representación real de los ciudadanos.

Ya no basta con ponerse de perfil y mirar hacia otro lado, por mucho acuerdo que exista entre los partidos políticos para seguir con lo mismo; urge cambiar el sistema electoral para, entre otras cosas, pedir responsabilidades a los cargos electos.

Las condonaciones de préstamos a partidos

Gaspar Ariño Ortiz - 05/02/2010 en El Confidencial

La prensa reciente nos da noticia de la condonación de deuda que el Banco de Santander y la BBK hicieron al PSOE en el ejercicio de 2006, por un importe, entre ambos, de 30 millones de euros. Esta condonación se suma a la de 7,1 millones que la Caixa hizo al Partido de los Socialistas de Cataluña en 2004 y que fue igualmente objeto de denuncia pública. Viejo tema éste que en España se ha repetido desde los comienzos mismos de la transición. Recordemos la “deuda histórica” acumulada en los primeros años de la democracia por UCD, por AP, por la que fue “Operación Roca” o del desaparecido CDS, de cuya liquidación nunca se supo.

Esta deuda histórica se cifró en algún momento en 23.000 millones de las antiguas pesetas. El Banco de España dio alguna vez la cifra de 50.000 millones de pesetas (300 millones de euros), que fue el coste total de poner en marcha una democracia de partidos. Bien gastados están. Pero han pasado más de treinta años y al parecer seguimos igual. Los bancos y cajas se ven más o menos obligados a otorgar los préstamos que los partidos les piden -¿qué remedio?- y se encuentran luego con grandes dificultades para cobrarlos. Cuando los impagos, que hasta hace poco eran secretos, llegan a la opinión pública por alguna extraña vía, los bancos se limitan a decir que “la deuda está viva” (aunque haya sido provisionada al 100 por 100).

Las pólizas se aparcan, no se renuncia a cobrarlas, pero tampoco se ejecutan; se dejan dormir durante años, los intereses crecen pero se ignoran, hasta que llega un momento en que se “renegocian”, es decir, se cancelan total o parcialmente y es más fácil para todos borrarlas discretamente (si el Tribunal de Cuentas pregunta no se le dan demasiadas explicaciones). La cosa se presenta como acuerdos expresos o tácitos de renegociación según “los usos y costumbres del tráfico mercantil” (dice el partido) y de un “modo” satisfactorio para el banco y sus accionistas (dice el banco). Y a otra cosa, mariposa. Aunque naturalmente, habría que preguntarse: ¿qué beneficios obtiene el banco o la Caja de esa partida de recursos?, ¿consigue algo a cambio? Silencio.

Esta materia de préstamos y condonaciones de las entidades de crédito a los partidos era hasta el 2007 alegal (no había regulación sobre ella) y, como digo, secreta. Ni los bancos ni las Cajas tenían la obligación de declararlos. Eran los propios partidos quienes informaban a medias de su situación al Tribunal de Cuentas, el cual se quejaba siempre -como ahora- pero tenía escasos poderes de investigación y/o comprobación. Se limitaba a constatar datos y comportamientos respecto de los que nada podía hacer.

Pero la Ley de Transparencia de 2004 impuso a las Cajas (no a los Bancos) la obligación de hacer públicos los préstamos otorgados a los partidos, saliendo a la luz que los saldos vivos de los concedidos eran en los últimos años los siguientes:

- A finales de 2004: 80 millones de euros.

- A finales de 2005: 70.2 millones de euros.

- En el año 2006: 98,8 millones de euros.

- Y en el año 2007: 122,8 millones de euros.

Parece que la contracción del crédito en estos dos últimos años ha detenido este proceso de progresivo endeudamiento, aunque no sabemos los saldos bancarios que habrá que añadir a los anteriores.

Yo estudié hace algún tiempo este tema (vid. G. Ariño, “La financiación de los partidos políticos”, Foro de la Sociedad Civil, Documentos, nº 1, 70 páginas) y daba datos sobre el endeudamiento de los partidos y su impago, entre los que se recogían los ahora denunciados. Mi conclusión era -y sigue siendo- que, en bien de todos -de los bancos, de los partidos y de todos los ciudadanos- hay que poner un límite al endeudamiento, al gasto de los partidos y a estas prácticas crediticias. La candorosa apelación en la actual Disposición Transitoria 2ª de la vigente Ley (2007) a “los usos y costumbres del tráfico mercantil”, en las que el PSOE quiere ahora ampararse resulta risible. Es evidente que al PSOE (es decir, al Gobierno de hoy) o al PP (es decir, Gobierno de mañana) tanto los bancos como las Cajas -que están en sus manos- no les van a aplicar el trato que se le da a un tendero o a un pequeño industrial. Antes al contrario, la citada Disposición bien puede convertirse en la vía de legalizar una amnistía general encubierta.

*Gaspar Ariño Ortiz es Catedrático de Derecho Administrativo y miembro del Foro de la Sociedad Civil.

Escrito en una sentencia

En la sentencia reciente para el ex- Consejero Del Olmo -al que conocimos en la inauguración del vial de la A-67 al Polígono Industrial La Vega- dictada por el Juez del Juzgado de lo Penal número 2 de Santander:

El Juzgado de lo Penal número 2 de Santander ha condenado a dos años y medio de cárcel y otros siete años y ocho meses de inhabilitación al ex consejero de Industria y Desarrollo Tecnológico del Gobierno cántabro, Javier del Olmo, por un delito continuado de obstrucción a la justicia y otro de prevaricación cometidos cuando era presidente del Puerto de Santander.

El titular del juzgado, José Hoya Coromina, ha considerado probado que el ex presidente de la Autoridad Portuaria despidió al jefe del Departamento de Administración y Finanzas, José Manuel del Río Oyarbide, como "represión" por haber declarado en un juicio de carácter laboral a favor del responsable de la policía portuaria, Antonio Martínez Sánchez, al que, a su vez, Del Olmo "impuso" condiciones laborales "discriminatorias y vejatorias".

Por ello, en una sentencia fechada ayer, 28 de diciembre, y conocida hoy, el Juzgado condena a Del Olmo como responsable de un delito continuado de obstrucción a la justicia y otro de prevaricación, así como de sendas faltas contra las personas, una por amenazas y la otra por vejaciones.

Junto a la pena de prisión y de inhabilitación, le condena al pago de multas por valor de 450 euros y a indemnizar con 11.743 euros a cada uno de los trabajadores.

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"SERVIDOR PROPIO Y NO PÚBLICO"

La defensa planteaba varios argumentos para pedir la absolución del ex consejero, pero el juez rechaza todos ellos. Entre otras cosas, el abogado de Del Olmo cuestionaba que se aplicaran en este caso las sentencias previas de los juzgados de lo social, señalaba que en el juicio no se aportaron pruebas que desvirtuaran la presunción de inocencia y consideraba que no se reunían los requisitos para considerar los hechos como delitos de obstrucción a la justicia y prevaricación.

Sin embargo, todos sus argumentos son rechazados en la sentencia, que recalca que las resoluciones previas tienen efectos "claramente vinculantes", máxime cuando en el juicio penal no se han aportado elementos de prueba nuevos que conduzcan a una conclusión diferente.

En cuanto a las pruebas y la calificación de los delitos, remite a las pruebas documentales y a las declaraciones de los testigos y del propio acusado, que "en momento alguno ha negado los hechos" y, en cambio, ha explicado algunas de sus decisiones atribuyéndolas al "marco discrecional" de la Presidencia.

Frente a ello, la sentencia indica que esas facultades no son "omnímodas" y tienen su límite en los derechos fundamentales que, a su juicio, fueron conculcados por el ex presidente del Puerto.

En este sentido, considera "lamentable" y "penoso" que "servidores públicos" sean considerados en resoluciones judiciales como "conculcadores de derechos fundamentales de sus empleados o ciudadanos" o de principios constitucionales, un hecho que es "reprobable en cualquier ciudadano, y más aún en alguien que se denomina, intitula y pretende constituirse en un servidor público".

En su opinión, esas actitudes "alteran" el concepto de servidor público para convertirse en "un servidor propio y no público", y "evidencian un concepto de la empresa y de la administración pública de carácter patrimonial y privativo, como si ganar unas elecciones o pertenecer al partido vencedor de éstas legitimara para conculcar los principios básicos" de la actividad pública.

Vía Europa Pess

Coda: Pedro no quiero que se me olvide, Del Olmo ya controlaba internet antes de llegar a Industria e inaugurar el Telecentro de Bolmir; así lo reseña la agencia Europa Press.Si lo hizo con los trabajadores de la Autoridad Portuaria, lo pudo hacer con los usuarios de los servicios de Acorde. ¿te suena?

Igualmente, Javier del Olmo solicitó un informe sobre el uso de Internet por parte de algunos trabajadores, y el informe concluyó con la apertura de un expediente disciplinario para Martínez Sánchez.

Voto en Blanco / Voto Nulo de Reproche

Reproducimos el informe sobre el blog Voto en Blanco, que es parte de un estudio general sobre la blogosfera política española, donde se destacan los logros del blog en sus cinco años de vida.

Después de haber estudiado con cierta profundidad el fenómeno de "Voto en Blanco", he llegado a la conclusión de que es, probablemente, el blog político más influyente de España y, a juzgar por sus visitas y citas internacionales, uno de los tres más influyentes del mundo político de habla hispana.

Las ideas de Voto en Blanco, que son prácticamente las mismas que su autor, Francisco Rubiales, ha expuesto en sus tres últimos libros, son tan sencillas como convincentes: la democracia está secuestrada y degradada ("Democracia Secuestrada", Almuzara 2005); los políticos son los grandes culpables del asesinato de la democracia y los nuevos amos del mundo actual ("Políticos, los nuevos amos", Almuzara, 2007); los periodistas, al aliarse con los grandes poderes y al traicionar la verdad, son los grandes cómplices y los principales culpables, junto con los políticos, del hundimiento de la democracia y de la degradación moral y política de la sociedad ("Periodistas sometidos, los perros del poder", Almuzara, 2009).

Voto en Blanco no es otra cosa que la traslación diaria al periodismo de actualidad y al formato blog, que funciona en el ciberespecio, de esas tesis expuestas por Rubiales, aprovechando para ello su intenso entrenamiento como periodista político internacional y su experiencia como analista, asesor y colsultor.

Las ideas de Voto en Blanco se han convertido en paradigma y en componentes de la nueva cultura política en España y en otros países. La gente ha dejado de ser ilusa y se ha dado cuenta que la democracia es una estafa, que muchos políticos se han convertido en los "nuevos amos" del mundo y que demasiados periodistas han abandonado al ciudadano, se han arrimado al poder y se han convertido en traidores a la causa de la verdad y a la democracia.

Según los datos proporcionados por el autor del blog (constatables en los contadores), Voto en Blanco ha tenido más de 1.500.000 visitantes distintos desde que comenzó a publicarse, a principios de 2004. El número de visitas ha sido de casi seis millones y el de páginas consultadas se acerca a los doce millones. Tan sólo en los últimos dos meses, las páginas visitades desde Estados Unidos han sido más de 40.000, por casi 89.000 en España. Los paises que generan más visitas son España, Estados Unidos, México, Venezuela, Colombia y Argentina, por ese órden, pero hay más de un centenar de países desde los que se consulta el blog.

La tendencia a castigar a los gobernantes con el Voto en Blanco está creciendo en todas las democracia occidentales, al igual que la popularidad del Voto Nulo de Reproche, una idea lanzada por Voto en Blanco, que consiste en depositar en las urnas la papeleta oficial, anulada voluntariamente con una frase de reproche dirigida a la clase política. Tanto el Voto en Blanco como el Voto Nulo de Reproche hicieron estragos en las últimas elecciones legislativas mexicanas (2009).

Uno de los grandes méritos del blog es haber acertado en todos sus vaticinios y análisis. Cuando Zapatero llegó al poder, advirtió que detrás de aquella sonrisa existía un sofisticado proyecto político y de comunicación que había que tener en cuenta; habló antes que nadie en los medios de comunicación españoles de la profunda estafa que encerraba nuestra democracia y demostró que el sistema incumplía todas y cada una de sus leyes fundamentales (separación de poderes, control ciudadano sobre el poder, fuerza de la sociedad civil, igualdad ante la ley, elecciones verdaderamente libres, etc.); anticipó la "probable" derrota del PP en las últimas elecciones generales, por falta de energía y capacidad de convencer y de ilusionar. El último vaticinio ojala no se cumpla porque asegura que España no saldrá de la crisis económica que la está hundiendo hasdta que Zapatero no abandone el poder, lo que nos garantiza crisis aguda y demoledora por lo menos hasta 2012.

El blog influye no tanto por la cantidad de sus lectores sino por la calidad de los mismos y por el efecto multiplicador que consiguen sus artículos y argumentos, que sirven de inspiración a periodistas, analistas, asesores y políticos y que también son copiados y reproducidos en muchos otros medios. Entre sus visitantes habituales figuran los servicios de inteligencia de numerosos países, entre ellos los de Estados Unidos, China, Gran Bretaña y Francia. Tambien se reciben visitas de medios de comunicación, thinks tanks, fundaciones y muchos ciudadanos inquietos y atraidos por la idea de regenerar la sociedad.

El blog se define como un medio "para pensadores independientes; no para fanáticos". Sus artículos demuestran que el blog no está adscrito a partido político alguno, sin que defienda otras tesis que no sean la regeneración, la democracia participativa y la primacía del ciudadano sobre el Estado. Sus adversarios más encarnizados son la partitocracia, la corrupción y la tiranía. Sus críticas se dirigen hacia la derecha y hacia la izquierda y su autor afirma que si la izquierda española es la más duramente criticada, lo es únicamente porque está en el poder.

Voto en Blanco, que no admite publicidad y es financiado plenamente por su autor, ha rechazado en los últimos años muchas ofertas de vinculación política y no pocas presiones para que sirva de base a una plataforma que promociones abiertamente el voto en blanco. Pero su autor siempre dice que votar en blanco no es un objetivo sino una desgracia para un demócrata, que se ve obligado a hacerlo porque no encuentra ni políticos ni programas que sean fiables y dignos de recibir un voto honrado. Lo ideal, afirma Rubiales, sería votar a políticos que sean verdaderamente demócratas, que no mientan y que cumplan sus programas sin trampas, pero eso, por el momento, es imposible en España.

Tras un análisis exhaustivo de los contenidos del blog, se descubre que los únicos partidos que han recibido cierto apoyo en los últimos años han sido UPyD y Ciudadanos, pero siempre con reservas y advirtiendo que lo más probable es que todo partido termine corrompiéndose con el tiempo porque lo que falla es el modelo de partido vigente: autoritario, cerrado, vertical, incapaz de creer en la democracia, de convivir con la verdad, de respetar la igualdad y de practicar el debate libre.

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Reforma Constitucional

Propuesta de Regeneración Política y Reforma Constitucional del profesor Ramón Peralta, publicada en Las Clases Medias:

1. España, patria común e indivisible de todos los Españoles. España es una Nación histórica, cultural y política constituida en Estado democrático de Derecho cuya soberanía política radica en el pueblo español como sujeto étnico-político concreto de donde emanan todos los poderes del mismo. La soberanía nacional es una conquista colectiva de nuestro pueblo cuya unidad política fue resultado de un largo y complejo proceso histórico (Reconquista, unión definitiva de Castilla y Aragón) y que hace de España una de las primeras naciones de Europa tanto en cuanto al momento de su constitución - siglo XV - como a su dimensión geo-política, económica y cultural; una unidad e independencia que consideramos un valor fundamental de nuestro ordenamiento jurídico-político y de la que se desprenden beneficios para la práctica totalidad de los ciudadanos. La soberanía nacional del pueblo español, proclamada en las Cortes de Cádiz (1810-1813) como nuestro poder constituyente originario, es infraccionable. No existen diferentes "naciones estatales" en el ámbito político español, con lo que es absurdo cualquier planteamiento federal, siendo España un cuerpo político unitario-solidario.

2. Estado Constitucional. Primacía de los derechos fundamentales y división de poderes. Un Estado reducido y eficaz, siempre al servicio de la Sociedad Civil. Concebimos los poderes públicos como protectores de los derechos y libertades de los ciudadanos, aseguradores del orden público y garantes del principio de igualdad de oportunidades. Reforma de la Constitución vigente en el sentido de las propuestas que seguidamente se plantean. El principio de constitucionalidad que caracteriza al moderno Estado democrático de Derecho, garantiza la primacía de los derechos individuales como derechos fundamentales reconocidos en la Constitución y preexistentes a toda organización estatal, así como garantiza también la vigencia efectiva del principio de la división e independencia de poderes - dogma constitucional -, de modo que una circunstancial mayoría parlamentaria alcanzada electoralmente por un partido político no pueda convertirse de hecho en una "tiranía democrática" al quedar sometida la validez de las leyes a su adaptación a las normas y principios constitucionales.

Elección popular y por separado de los poderes del Estado (Democracia Constitucional):

• Ejecutivo: elección presidencial en circunscripción nacional única. El jefe del Poder Ejecutivo es elegido directamente por el pueblo por mayoría absoluta y podrá vetar las leyes aprobadas por las Cortes. En este caso para aprobar la ley vetada se requerirá mayoría cualificada de dos tercios de las Cortes.
• Legislativo: elección parlamentaria separada de la elección presidencial. Las Cortes Españolas podrán destituir al jefe del Poder Ejecutivo por incumplimiento de sus funciones o falta grave. Elección del diputado personal en distritos uninominales.
• Judicial: elección popular de los fiscales de distrito como perseguidores públicos del delito. Exigimos una justicia independiente de los otros poderes, con un Ministerio Fiscal desvinculado del Gobierno. El Poder Judicial, presidido por el Tribunal Supremo, no es un poder político sino un sector autónomo de la Administración conformado por profesionales del Derecho. Supresión del Tribunal Constitucional: la justicia constitucional será competencia de una sala de lo Constitucional en el Tribunal Supremo.

Así pues, separación estricta de los poderes tanto en su elección como en su función

como mejor garantía frente a la corrupción pública y para la libertad efectiva de los ciudadanos. El pleno ejercicio de los derechos constitucionales (civiles, políticos, económicos) se vincula a la posesión de la nacionalidad española. Prohibición legal de la acumulación de cargos públicos y limitación legal de mandatos.

3. Reforma fiscal. Recuperación del concepto de contribución frente al de impuesto. Impuesto es un concepto propio del pensamiento estatista y totalitario. Los ciudadanos deben contribuir por los servicios que reciben del Estado como mantenedor de un sistema de solidaridad nacional centrado en las necesidades de seguridad, educación y sanidad públicas existentes (IRPF, sociedades, actividades económicas). Supresión del impuesto de sucesiones y donaciones y de los impuestos al consumo.

Todo ciudadano tiene derecho a la “cuenta fiscal” donde se especifique:

• las contribuciones debidas por los servicios recibidos
• las contribuciones de solidaridad pagadas, detallándose los conceptos de destino
  
• compensaciones recibidas con expresión de las cantidades y conceptos de percepción.

4. Reforma de la organización territorial del Estado. Potenciar la autonomía municipal en detrimento del Estado de autonomías políticas vigente, que favorece un ultra-regionalismo reivindicativo, insolidario y desnacionalizador, francamente trasnochado además de muy costoso para el bolsillo de los ciudadanos, un Estado ultrarregionalizado en el que se solapan y duplican las competencias estatales y regionales que empieza a generar desigualdades entre los ciudadanos españoles e, incluso, amenaza con romper la unidad de mercado. El municipio es la histórica entidad político-administrativa próxima al ciudadano quien interviene directamente en la conformación de su órgano de gobierno, el Ayuntamiento. Elección directa del Alcalde en doble vuelta ( si no alcanza la mayoría absoluta en la primera elección) y elección separada por criterio mayoritario de los concejales que representan a los barrios y distritos, los cuáles conforman el Concejo como asamblea representativa, controladora y deliberante del Municipio independiente de la Alcaldía.

Consideración de la Provincia como Comunidad de Municipios, entidad arraigada social e históricamente en nuestro pueblo, y cuyo órgano de gobierno, la Diputación, se conformará a partir de la participación de los distintos municipios que constituyen la Provincia-Comunidad reunidos en Juntas Generales, en el seno de las cuáles se elegirá al Diputado General. Determinación constitucional de las competencias de Ayuntamientos y Diputaciones como verdaderas comunidades autónomas, ejes de la descentralización político-administrativa (el Poder Municipal). Por un Estado de autonomías territoriales escasamente oneroso para los ciudadanos, verdaderamente representativo y realmente enraizado en nuestra sociedad.

5. Reforma electoral: ¡Alto a la partidocracia! ¡Por la libertad política de los ciudadanos!. Superar la crisis de representatividad, la ineficacia de los cauces de participación y el déficit democrático reformando el gobierno oligárquico-burocrático de las cúpulas de los partidos políticos -sin democracia interna-, instituyendo un régimen electoral que otorgue a los ciudadanos unos derechos políticos efectivos, de modo que designen y controlen realmente a sus representantes de distrito, superando definitivamente el concepto de "mandato representativo" a favor de un mandato imperativo flexible de distrito. Reconocimiento y garantía efectiva de la libertad política de los ciudadanos con la devolución plena de sus derechos políticos.

Organización electoral del territorio nacional en distritos uninominales en razón de 1 diputado cada 100.000 habitantes (para el diseño objetivo de los distritos se tendrán en cuenta distritos municipales, municipios, partidos judiciales y provincias). Sistema mayoritario a doble vuelta. Se trata de elegir al diputado personal de distrito por mayoría absoluta, personalizando así la representación de los electores del distrito que, de este modo, puedan ser conscientes de sus intereses objetivos. Si ningún candidato obtiene la mayoría absoluta de los votos en el distrito se procederá a una segunda vuelta en la que participarán los dos candidatos más votados en la primera. Como complemento proporcional, la quinta parte de los diputados a Cortes se elegirán a partir de listas nacionales de partido en circunscripción única por la fórmula proporcional pura. Así pues, el elector podrá escoger en la misma elección al diputado de distrito y a una lista de partido.

En cada distrito electoral se constituirá un Comité de Electores que velará por la representatividad del diputado electo pudiendo, incluso, destituirle mediada la legislatura por incumplimiento grave de su compromiso con los electores, compromiso fijado solemne y públicamente ante su distrito en el día de su proclamación como representante del mismo. Una sola Cámara de representantes: las Cortes Españolas. Control de la financiación pública de partidos políticos y sindicatos que se reducirá al máximo. Democracia interna en los partidos políticos: obligación legal de celebrar elecciones primarias para la designación de los candidatos. Referéndums ciudadanos para decidir las leyes principales aprobadas previamente por las Cortes, no bastando, en estos casos, la mera aprobación por los representantes.