Constitución de la oligarquía

Publicado por Mauricio Valdés en Diario Español de la República Constitucional:

Por muy ufana que se muestre la ralea putativamente llamada “padres de la patria”, hay que volver a recordar la verdad acerca del engaño sobre el que se asienta el actual régimen político, la historia de un crimen nauseabundo: el liberticidio constituyente de la minoría de edad ciudadana.

Los jefes de partido decidieron en secreto hacer una Constitución y ocultar sus trabajos a los diputados y a la prensa para evitar el riesgo de que se debatiera el proyecto antes de que se trenzaran los acuerdos entre Adolfo Suárez y Felipe González. El momento decisivo, monopolizado por Abril Martorell y Alfonso Guerra como únicos poderes constituyentes, lo abrió González cuando confirmó que la reserva republicana del PSOE no era “de verdad” sino pura retórica. Una vez conseguido el acuerdo entre UCD y PSOE resultó muy fácil la aceptación por el pleno de la Cámara. El resultado fue la aprobación de la Constitución que convenía a los partidos devenidos estatales y juancarlistas.

Y, sin embargo, se continúa diciendo que este pacto oligárquico, paternalista y antidemocrático, llamado consenso para salvar la cara de los partidos comparsas, fue un modelo para constituir, sin elecciones a Cortes constituyentes, la democracia, y no lo

realmente constituido: la corrupción institucionalizada.

Los fundadores de la República norteamericana, aleccionados por su amarga experiencia con el parlamento británico, comprendieron a tiempo que los enemigos naturales del pueblo, en las democracias, no eran los poderes tradicionales, sino el nuevo poder que los ciudadanos otorgaban a sus representantes políticos. Antes de que comenzara a fraguarse en Europa la nueva clase política representativa, que terminaría por imponer la primacía de sus intereses de poder, los constitucionalistas americanos, especialmente Madison, Hamilton y el propio Jefferson, tomaron sabias precauciones para que el poder de los electores prevaleciera sobre el de los elegidos, el poder electoral sobre el poder electivo.

La Constitución española, procediendo a la inversa, tomó todas las medidas imaginables para impedir que la clase política pueda ser controlada por los ciudadanos. El poder electoral del pueblo está constitucionalmente sometido al poder de hacerse, y de hacer elegir, al poder electivo de unas pocas personas que aprovecharon la situación constituyente para autoconstituirse en oligopolio político, en apoderados permanentes que se hacen pagar coactivamente incluso por los que no votan.

La Separación de Poderes

LA SEPARACION DE PODERES

POR PEDRO M. GONZALEZ

I.- INTRODUCCION:

En este país no hay Democracia porque no existe separación de poderes y sin ésta no se puede hablar de Constitución.

Por eso quiero comenzar dirigiéndome a los estudiantes de Derecho Constitucional de nuestras facultades. A ellos les ruego que para aprobar la asignatura copien, hagan chuletas, peloteen al profesor titular, y sólo si es preciso memoricen la asignatura para olvidarla luego a la mayor brevedad posible. Porque lo que les están contando es simplemente mentira.

Les hablan de separación de poderes cuando en realidad se trata de una mera división funcional de un poder único y omnímodo en el que la Justicia no es contrapeso de nada porque depende en todo de ese único poder.

Destinaré estos pocos minutos a demostrarlo, y a ofrecer las sencillas y pocas reglas técnico-jurídicas capaces de constituir a la Justicia como auténtico poder independiente y separado que sirva de contrapeso a los restantes, reglas que si son de tal sencillez y fácil aplicación no se llevan a efecto es precisamente porque acabarían con ese poder único y dominador que constituye el actual estado de partidos de la monarquía parlamentaria, llevando a su autodestrucción.

Ni los titulares del poder ni sus actuaciones pueden estar exentos de control, ya que si esto ocurriese nos precipitaríamos hacia el totalitarismo. Pese a que la separación de poderes y el Derecho ponen límites al poder, los gobiernos, cualquiera que sea su ideología, tienden a removerlos. Partiendo de esta tendencia natural, la independencia judicial debe ser elemento esencial de la Democracia. La independencia judicial exige que el Juez, en el ejercicio de sus funciones, esté libre de influencias o intervenciones extrañas que provengan del Gobierno, del Parlamento, del electorado o de cualquier otro grupo de presión.

Actualmente, en España, podemos afirmar sin ningún tipo de dudas que no existe independencia judicial ya que el poder judicial se encuentra ligado al resto de poderes por distintos vínculos. Para acabar con esta situación y garantizar la independencia judicial se debe atender a tres puntos básicos:

1º) Independencia Orgánica del Poder Judicial respecto del poder ejecutivo:

• Supresión del Ministerio de Justicia . No es posible mantener la independencia del Poder Judicial si el ejecutivo controla y dispone de su presupuesto y provee sus plazas. Se trata pues de una dependencia política y económica. Lo razonable es trasladar sus competencias al Consejo General a un Órgano de Gobierno de los Jueces independiente.

• El Fiscal General del Estado no puede ser elegido por el Gobierno . Siendo el Ministerio Fiscal una estructura jerarquizada, su independencia no está garantizada cuando el Fiscal General del Estado es nombrado y destituido por el Ejecutivo; en este caso, el Gobierno tenderá a situar en ese cargo a personas dóciles.

• Existencia real de la Policía Judicial . Dependiente única y exclusivamente del Órgano de Gobierno de los Jueces y al servicio de Jueces y Magistrados.

Su actual dependencia del Ministerio del Interior, como meras unidades adscritas funcionalmente adscritas a los Juzgados impiden su eficacia (como tristemente se ha podido comprobar en recientes casos de actualidad) y obediencia fiel de las órdenes judiciales, estando sometida en última instancia a la dependencia de mandos elegidos por el poder político.

2º) Independencia respecto de los partidos políticos:

• Los miembros del Consejo General del Poder Judicial deben ser elegidos mayoritariamente por Jueces y Magistrados . La elección de los vocales del CGPJ por parte del Parlamento tras la reforma de 1985 supone un reparto de cuotas de poder inadmisible y contrario a la independencia judicial.

Los miembros del órgano de Gobierno de los Jueces, deben ser elegidos en cuerpo electoral separado por todos los operadores jurídicos, desde Jueces y Fiscales integrados en un cuerpo único, pasando por Notarios, Registradores, Abogados, Procuradores y Oficiales de la Administración de Justicia.

• Eliminación del Tribunal Constitucional. La elección política de sus miembros, como ocurre por el CGPJ, lo configura como último filtro político de las decisiones judiciales según el juego político coyuntural. Esa es su única misión, ya que de ser cierto el principio de unidad jurisdiccional que la Constitución proclama, cualquier Juzgado de Instancia tendría capacidad suficiente para pronunciarse sobre la constitucionalidad o no de una determinada Ley o acto administrativo. El mero ejercicio de los recursos ordinarios hasta el Tribunal Supremo, en Sala Especial, decantaría la constitucionalidad o no de normas y actos.

3º) Separación de legislativo y ejecutivo.

La separación de la Justicia de los restantes poderes es indispensable pero no basta, debe existir una separación también entre los otros poderes del estado.

La mera existencia de un banco azul del gobierno en el parlamento constituye una auténtica burla al principio de separación de poderes.

A tal punto esto es así, que hoy en día la asamblea parlamentaria sobra. Dado el sistema electoral por listas de partido del que se ha hablado hoy aquí, bastaría que los jefes políticos de cada grupo parlamentario se reunieran en una pequeña habitación para votar las leyes que ellos mismos proponen haciendo valer su número de escaños, siempre invariable por mor del eficaz mandato imperativo y disciplina de grupo parlamentario.

En este sentido, el presidencialismo es la única manera que tiene la sociedad civil de poder constituirse en poder ejecutivo, eliminando la situación actual donde el poder ejecutivo es elegido por los diputados, es decir, por la sociedad política.

El sistema presidencialista debe basarse en la igualdad representativa del poder ejecutivo del Gobierno y del poder de control de la Asamblea.

Este principio queda asegurado con tres normas constitucionales*:

• El Presidente del Gobierno y los Diputados de la Asamblea deben ser elegidos por sufragio directo y secreto por todos los ciudadanos mayores de edad en elecciones separadas.

• El Presidente podrá disolver libremente la Cámara y convocar elecciones de diputados, mediante su propia dimisión y la convocatoria simultánea de elecciones presidenciales.

• La Asamblea podrá destituir libremente al presidente del gobierno, siempre que lo acuerde la mayoría absoluta de los Diputados y que se auto disuelva, para que se celebren elecciones presidenciales y generales.

Con estas normas constitucionales es siempre el ciudadano el que dirime los conflictos graves que surjan entre el poder ejecutivo y el poder legislativo.

Dadas estas sencillas y fácilmente comprensibles normas su ejecución, como decía al principio, encontrará la oposición de aquellos que al amparo del engranaje institucional actual han adquirido un desproporcionado y preponderante poder en el sistema respecto a su verdadera representación ciudadana, con la lógica resistencia a perderlo, y también la de aquellos que adquirieron igualmente una cómoda posición en el sistema fruto del pactismo entre los que ya la ocupaban en la dictadura y los que querían alcanzarla como premio a su oposición a la misma y que cristaliza con el texto de 1.978.

Frente a ello solo se puede hacer una cosa, destapar la “gran mentira”, que no es otra que decir que en España se vive en auténtica democracia.

Para ello, se trata de hacer ver que vivir en democracia no consiste únicamente en elegir entre la oferta electoral de unos pocos partidos convertidos en auténticos órganos administrativos del estado, sino llegar a la representación ciudadana en la vida política de forma efectiva que garantice el control de clase política y su responsabilidad, convirtiendo la sociedad cívica en sociedad política, que existan jueces realmente independientes no solo formalmente sino en cuanto a su propia autonomía funcional y la de sus medios de actuación y sin ligazón a criterios políticos en su designación que determinen sus decisiones, así como gobernantes que respondan ante las mismas leyes que las de aquellos que les eligen.

Es en este sentido, y así termino, es labor de todos nosotros cristalizar una propuesta democrática republicana seria, respetable, y con credibilidad intelectual, que mire hacia el futuro de forma decidida en la labor aún no comenzada de entregar a la ciudadanía la libertad política de la que es acreedora, una república de todos y para todos los españoles, proponiendo serena pero firmemente las reformas que para ello sean precisas.

Afrontemos pues decididamente esta tarea que a todos nos compete. Eso es todo.

ATENEO DE MADRID 24/ABR/08

*Estos principios constitucionales están tomados literalmente de la obra de Antonio García-Trevijano, “La Alternativa Democrática”.

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Pedazos de pastel

Pedro M. González escribe en Diario de la República Constitucional:

El Pleno del Congreso ha acordado tramitar la proposición de ley de los dos partidos mayoritarios y los nacionalistas de CiU y PNV para revisar la vigente legislación electoral. IU y UPyD expresaron airadas protestas contra la reforma al juzgarla insuficiente, postura a la que se unieron ERC y CC, mientras que el BNG se abstuvo. Entre las novedades figura la exclusión de los residentes en el extranjero en las elecciones locales y la posibilidad de ejercer el voto emigrante en el consulado correspondiente para el resto de convocatorias. Sin embargo, lo más notable de la reforma es el refuerzo del arraigo del candidato a la lista en la que se incluye mediante la adscripción definitiva del escaño al partido con la excusa de evitar el transfuguismo. La reforma contempla también una ligera variación de los criterios de proporcionalidad tanto en la atribución de escaños como en la de los tiempos televisivos, así como, y es la principal queja de IU y UPyD, la exigencia de un aval testimonial de firmas a las formaciones sin representación parlamentaria que opten a escaños en Cortes.

Todos estos cambios se basan en las recomendaciones de la Subcomisión del Congreso que a lo largo de casi dos años ha venido trabajando en el asunto bajo la presidencia de D. Alfonso Guerra en una amplia revisión de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General que data de 1.985, mismo año en que el propio D. Alfonso declaró difunto a Montesquieu con la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial que él mismo dirigió y que dejaba en manos de los partidos el control de la Justicia.

Si es cierto que la reforma asienta aún más el bipartidismo y el protagonismo de los partidos como únicos agentes políticos reconocidos aumentando la distancia entre la sociedad civil y la política, las protestas de IU y UPyD denotan una patética manifestación en la reclamación de su parte del pastel exigiendo más o distinta proporcionalidad en el sistema de integración de masas en la élite partitocrática en lugar de interesar criterios de verdadera representación ciudadana a través de la elección mayoritaria por distrito electoral. Eso sí, perdura el consenso sobre el mantenimiento de la jornada de reflexión, para que los votantes puedan reflexionar un día y permanecer ausentes de la vida pública otros tres años y trescientos sesenta y cuatro días más.

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Negocios Renovables

Para empezar a entender el negocio de las energias renovables nada mejor que leer lo escrito por Roberto Centeno en El Confidencial:

El expolio de las renovables en España, un sector que en el resto del mundo funcionan con modelos muy diferentes, con muchas menos subvenciones y siempre acordes con las posibilidades del país, fue un invento del PP. En el año 2000, el Ministerio de Industria y Energía elaboró un documento denominado 'Planificación de las redes de transporte eléctrico y gasista 2001-2011', que es el proyecto de planificación energética más disparatado hasta la fecha; no solo en España, país de gran tradición de Planes Energéticos razonables, sino también fuera de ella.

El documento, que no mostraba ni una sola cifra de costes o inversiones, apostaba simultáneamente por las energías más caras del planeta, por concentraciones de dependencia externa inasumibles (gas de Argelia, en concreto) y por el incremento de la intensidad energética, es decir, el consumo energético por unidad de PIB. Es imposible idear más despropósitos en un documento de planificación del input más importante en una economía. La planificación basaba el crecimiento de la potencia eléctrica en los ciclos combinados de gas y en las renovables, que además de subvenciones estratosféricas necesitan duplicar la potencia instalada con otras energías -es decir, necesitan una inversión multiplicada por dos para garantizar la producción cuando no haya viento o sol-. Asimismo, ignoraba completamente las dos fuentes más fiables y económicas: la nuclear y el carbón de importación.

El 12 de marzo de 2004, justo antes de las elecciones generales, el Gobierno del PP aprobaría deprisa y corriendo, cinco minutos antes de perder el poder, el R-D Ley 434 sobre Régimen Especial. En él se definían unas subvenciones disparatadas a las energías renovables, eólica y solar fundamentalmente. Además, el R-D no preveía la reducción gradual de las subvenciones cuando se alcanzaran mejoras tecnológicas, algo que era obvio que se produciría. En concreto, los costes de generación se han reducido en un 18,5% en la eólica y en un 42% en la fotovoltaica, mientras algunos se llevan la pasta como si nada de esto no hubiera sucedido. ¿En qué estaban pensando los autores de este expolio?, ¿no sabían lo que se traían entre manos o lo sabían perfectamente?. Un misterio que algún día alguien tendrá que investigar.

Adicionalmente, para rizar el rizo del disparate, serían las CCAA quienes tendrían las competencias en la adjudicación de autorizaciones, un chollo inimaginable para las mismas, ya que podían repartir unas concesiones de un valor inmenso entre parientes, amigos y correligionarios. Para que tengan una idea de lo que estamos hablando: una concesión de tamaño medio, es decir, un papel con las firmas puede valer 40 millones de euros, pero si se trata de una concesión más grande, o de un proyecto eólico importante, estamos hablando de cientos de millones, solo el papel. Aquí todo es legal; si tienes los amigos o los contactos adecuados te firman un papel y te llevas el dinero a carretadas sin arriesgar ni invertir nada, excepto el proyecto. El proyecto naturalmente lo ejecutan otros, los que pagan por el papel, quienes tienen disponibilidades económicas suficientes para llevar a cabo los proyectos y que, por supuesto, luego se llevan aún más dinero. Las cifras que tales pelotazos pueden mover, presuntamente por debajo de la mesa, las dejo a su imaginación.

Cómo lo hacen otros, o racionalidad frente a despilfarro

Para que comprendan mejor lo disparatado del modelo energético español, somos el cuarto país del mundo en energía eólica, después de gigantes como EEUU, China y Alemania, pero con enormes diferencias, porque los sistemas de retribución ni se parecen. Las subvenciones que se otorgan en España son tan enormes que hacen rentable cualquier proyecto, aunque carezca del mínimo de calidad exigible. Casi la mitad de los desarrollos eólicos realizados en España sería rechazada en otros países, porque el número de horas de viento es insuficiente. Aquí cualquier chapuza es rentable. Y en fotovoltaica, que se lleva el grueso de las subvenciones, somos el segundo país del mundo solo detrás de Alemania, aunque con una diferencia esencial. En Alemania se subvencionan las instalaciones familiares en viviendas y aquí se subvencionan huertos solares propiedad de un señor con su bigote y sus relaciones especiales, que ha conseguido la autorización correspondiente y que se forra a manos llenas. Spain is different.

Pero vayamos a las cifras. En el primer semestre de 2010, la electricidad eólica se pagó a una media de 75 euros por Mwh. La electricidad de origen fotovoltaico se pagó -en realidad, la acaban pagando ustedes en ese recibo de la luz cada día más imposible de abordar- a ¡460 euros por Mwh!. No es de extrañar que un papel con la autorización del cacique local de turno para producir y vender esta energía suponga un pelotazo para el que lo consigue de 40 o 100 millones de euros. ¿ Y a ésto le llaman energía sostenible? ¿Cuánto tiempo creen que España puede sostener este expolio?. Pero esto es lo que hay; Zapatero no sacará a España de la crisis, nos hundirá aún más mientras algunos amigos del poder se hacen casi multimillonarios. Como referencia, el coste de generación de la nuclear en funcionamiento actualmente, esa que los marxista-ecologistas quieren cerrar, es de 15 euros por Mwh. Mientras, la nuclear de nueva construcción y el carbón “limpio”, es decir, centrales con dispositivos que reducen drásticamente la contaminación, ronda los 36/39 euros Mwh.

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La política ya no es servicio sino privilegio

Publicado en Voto en Blanco:

El que no crea que la política ha dejado de ser sacrificio y servicio para convertirse en el mayor de los privilegios de nuestra época, que contemple la vida de los partidos y el comportamiento de los políticos, especialmente en campaña electoral. Parecen depredadores dispuestos a todo con tal de ganar y de seguir disfrutando de las impresionantes ventajas y privilegios del poder.

¿Alguien recuerda aquella época en la que la política era “vendida” a los ciudadanos como un generoso ejercicio de sacrificio y de servicio? Los políticos se presentaban entonces ante la sociedad como gente generosa y sacrificada, dispuesta a renunciar a un éxito seguro en la vida ordinaria para entregarse al servicio de los demás. Hoy, por fortuna, aquel hipócrita argumento ha dejado de utilizarse porque resulta evidente que la política actual es, probablemente, el mayor de los privilegios en nuestra cultura y los políticos son miembros la casta más poderosa del presente.

La política concebida como sacrificio y servicio a la comunidad ha pasado a la historia ante la evidencia de que ser político en nuestros tiempos significa ingresar en la “casta” de los poderosos, en un espacio exclusivo y privilegiado donde se vive rodeado de poder, dinero y una densa batería de ventajas y privilegios que muchas veces se extienden hasta los familiares y amigos.

La desaparición de la política como servicio y sacrificio ha sido una consecuencia de la degradación de la democracia y de la política en general. Hoy es demasiado evidente que ser político significa ingresar en el club exclusivo de los amos del mundo, la nueva clase privilegiada de los tiempos modernos en las falsas democracias, con fueros y privilegios propios, hasta con ciertos rasgos de inmunidad e impunidad, parecidos a los disfrutaron la nobleza y el clero en los tiempos del absolutismo.

Los políticos han desmontado todas las cautelas, controles y mecanismos de seguridad que tenía la democracia para evitar lo que era su mayor riesgo: que fuera pervertida y transformada en una oligocracia. El respeto a la voluntad popular, la duración limitada de los cargos, la separación de los poderes, la sagrada independencia del poder Judicial, la prensa libre y crítica con el poder, la existencia de una sociedad civil fuerte, el control del poder de los partidos políticos y el funcionamiento de unos procesos electorales libres, en los que los ciudadanos pudieran elegir libremente a sus representantes, son ya reliquias del pasado, tras haber sido desactivados en secreto por la casta de los políticos profesionales, que, una vez transformada la democracia en oligocracia, han podido ampliar sus privilegios, incrementar sus poderes y ejercer el dominio prácticamente sin límites y sin control alguno.

La degeneración de la democracia y su conversión a escondidas en una oligocracia de partidos es la más sucia traición a la ciudadanía perpetrada por los políticos profesionales y la mayor tragedia política de nuestro tiempo, además de ser también un foco de corrupción que envilece la convivencia, liquida los grandes valores, aleja a los ciudadanos del sistema y siembra en la sociedad la semilla de la discordia.

Por todas estas razones, la primera obligación para cualquier demócrata es exigir la regeneración de la democracia y lograr la erradicación de la cancerosa “casta” de los profesionales de la política sin control, los nuevos amos del mundo.

Es cívico, democrático y saludable reflexionar sobre esta tragedia antes de decidir a quien votar en las próximas elecciones autonómicas, municipales y generales.

Más allá de la huelga general

Publicado en El Economista el 23 de Septiembre de 2009:

La huelga general del próximo 29 de septiembre es una expresión cuasi perfecta del corporativismo, esto es, de la actitud de un grupo de interés dirigido a hacer prevalecer sus intereses sobre los generales. Esta práctica, fundamento básico y último de la filosofía inspiradora de los sindicatos, queda al desnudo con una claridad meridiana en un contexto como el español, azotado por una dura crisis económica con niveles de paro extraordinarios. Su previsible fracaso va a demostrar el creciente alejamiento de la tecnoestructura sindical de sus teóricos representados: los trabajadores.

Con salvadas excepciones, los sindicatos sólo han conseguido que una huelga general triunfe cuando ante la pasividad de los poderes públicos han podido recurrir al uso de la fuerza. Si esta vez no lo logran, será el canto del cisne de un sindicalismo que, curiosamente, juega el doble y esquizofrénico papel de tener asignadas funciones legales y constitucionales financiadas con carga a los Presupuestos y, al mismo tiempo, de agentes de desestabilización del propio sistema.

Sindicatos, sin representatividad

Si se analiza la situación con una cierta altura de miras que se ubica por encima del hecho concreto de la convocatoria de una huelga general, la pérdida de representatividad de los sindicatos supone la puesta en cuestión del modelo neocorporativista que preside las relaciones laborales en este país y la anomalía que representa en un sistema democrático moderno. El corporativismo ha reforzado la tendencia al monopolio y a la exclusividad de la representación e impedido la transformación de las centrales en un vehículo para expresar los verdaderos intereses de los trabajadores.

Parapetados en sus privilegios legales y financiados por el dinero público, los sindicatos carecen de los incentivos necesarios para servir a los intereses de sus supuestos representados. Esto ha conducido a la creación de una burocracia sindical que maximiza sus propios intereses a costa de los de la mayoría de los trabajadores. Con el poder y el dinero garantizados por los poderes públicos, han creado una auténtica aristocracia.

En este contexto, las centrales sindicales responden a la tipología de los buscadores de rentas, es decir, esos colectivos que obtienen recursos de poder y de dinero no a través de un intercambio libre, sino mediante la presión que ejercen sobre las autoridades. De este modo, el mercado basado en la cooperación voluntaria entre los agentes sociales y económicos se ve sustituido por el mercado político. En éste último, como es conocido, la lógica dominante es la del poder y no la de la economía.

Prevalecen los intereses de la minoría

Este esquema conduce a una dinámica que prima la distribución sobre la creación de la riqueza y del empleo, porque, en el primer caso, los beneficios se concentran en muy pocos, las burocracias sindicales, y en el segundo, se dispersan entre muchos. En consecuencia, la lógica del modelo sindical conduce a primar los intereses de una minoría elitista sobre los de la mayoría.

Todo el edificio del sistema de relaciones laborales en España se asienta en la concesión a los denominados interlocutores sociales de unas atribuciones que tienden a sustituir e incluso a imponer su voluntad por encima de la ley en el sentido de una norma aplicable a todos por igual. El individuo, como ciudadano que vota, cuenta en este esquema mucho menos que el que obtiene su estatus de la pertenencia a una corporación.

Quienes no forman parte de ella corren el riesgo de quedar marginados y/o de verse sometidos a decisiones tomadas por organizaciones sin legitimidad democrática. Esto implica la posición anti-individualista del esquema institucional en el que se enmarcan las relaciones industriales en España. Esto no puede confundirse con los acuerdos que se llevarían a cabo si los sindicatos fuesen instituciones de la sociedad civil creadas por la adhesión voluntaria de los trabajadores y cuyos ingresos proceden de las cuotas voluntarias suministradas por ellos.

Sindicalismo vs pluralismo

El sindicalismo español, su configuración y su comportamiento, es absolutamente contrario a los principios del pluralismo, entendido como la praxis de una sociedad siempre abierta a la formación de nuevos grupos que compitan con los existentes en la defensa de los intereses de los trabajadores. De nuevo, los privilegios legales y los fondos públicos aportados a unas centrales declaradas representativas por la ley, con independencia de su representatividad real, convierten el mercado sindical en monopolístico, con barreras de entrada artificiales, en un sistema blindado a la competencia y, por tanto, tendente al abuso de una posición dominante y, en consecuencia, excluyente.

En suma, la posición de las centrales en España es contraria a los criterios de representación democrática, basada en el individualismo del voto y del mercado, basado en la competencia.

Reforma de sindicatos

Por otra parte, la vigente tecnoestructura sindical es incompatible con la evolución económica y social del mundo moderno. Ésta se basa no en una tendencia a la uniformidad, sino a la diversidad, a la complejidad, lo que rompe uno de los ejes centrales del discurso sindical: la homogeneidad de los intereses y de las aspiraciones de los trabajadores.

Esta falta de adaptación de los sindicatos a las demandas y exigencias de una sociedad plural en la que los individuos tienen preferencias diferentes explica también en gran medida la creciente distancia entre los sindicatos y los trabajadores. En las sociedades avanzadas ya no hay un trabajador tipo representativo de todos, sino millones de individuos con habilidades, capacidades y deseos distintos. Esto supone la necesaria individualización del esquema de relaciones laborales y, por tanto, el fin del café para todos.

Fracase o no la huelga general, es imprescindible acabar con un modelo sindical obsoleto, heredero del corporativismo del antiguo régimen y recrear otro en el que se creen los incentivos necesarios para que los sindicatos sean de verdad expresión de la voluntad de los trabajadores. Esto supone liquidar los privilegios legales y económicos que les blindan y frenan su imprescindible modernización.

Lorenzo B. de Quirós, miembro del Consejo Editorial de elEconomista.

¿Es casual la mala calidad de nuestros políticos?

Publicado en El Confidencial

No resulta difícil percibir que la calidad de los dirigentes políticos en España ha sufrido un deterioro lento, pero intenso, durante las últimas décadas. “Cada país tiene los gobernantes que merece”, afirman algunos, señalando a los ciudadanos como responsables últimos del espectáculo tan poco edificante que ofrece nuestra clase política. Serían los votantes quienes, de forma deliberada y contumaz, encomendarían la responsabilidad de una gestión pública, cada vez más compleja, a unos líderes poco capaces, de honradez dudosa o inclinados a favorecer sus propios intereses.

Sin embargo, la escasa cualificación de los dirigentes no suele deberse a una supuesta ceguera o ignorancia de los votantes sino a un inadecuado diseño de algunos aspectos del sistema político. El voto es necesario para garantizar buenos gobiernos, pero resulta insuficiente si los incentivos para dedicarse a la política no son los correctos, los mecanismos de selección de los líderes son perversos y los electores no pueden discriminar con su voto las cualidades de cada candidato. Y, en España, estos procesos de selección e incentivos son manifiestamente mejorables, dando lugar a una peculiar ley de Gresham: los malos políticos tienden a expulsar de la circulación a los buenos.

La selección de los políticos

Es posible clasificar en tres categorías los atractivos que ejerce la actividad política sobre los sujetos: el salario, los ingresos poco justificables y lasganancias psicológicas (fama, prestigio, poder, posibilidad de servir al país, etc…) ¿Cómo afectan estos elementos a los distintos tipos de individuos? La dedicación a la política supone una importante pérdida salarial para las personas altamente cualificadas pero, con mucha frecuencia, una sustancial ganancia neta para los poco formados. También, por razones obvias, la actividad pública puede proporcionar unos enormes ingresos, pero sólo a los sujetos con una honradez mejorable. Por tanto, para las personas de acreditada valía y contrastada integridad, la política tan sólo ejerce el atractivo del prestigio y la satisfacción de servir a los ciudadanos, a costa de una pérdida material. Y, dado que este prestigio, se va reduciendo según se generalizan los políticos ignorantes o corruptos, la proclividad de los individuos honrados y profesionalmente competentes a dedicarse a la actividad pública no sólo es pequeña, sino que disminuye paulatinamente, lo que contribuye a una progresiva degradación de la clase política.

Los partidos realizan una segunda selección asignando cargos y puestos entre sus afiliados. La propia estructura de las formaciones, y el sistema de listas cerradas, conducen a que los criterios para obtener un puesto o ser incluido en una lista electoral no sean necesariamente la valía personal o profesional, sino otros como la lealtad al líder. El político individual se convierte, así, en un engranaje de la maquinaria del partido y puede permanecer años en un parlamento o en un ayuntamiento, callado, aplaudiendo al propio y abucheando al contrario (con independencia de lo que diga cada uno), limitándose a votar lo que diga el jefe de grupo. Es muy difícil que una mente independiente, íntegra, con criterio propio y altitud de miras pueda soportar mucho tiempo algo así. Además, la enorme proliferación de cargos de libre designación en las diversas administraciones crea un efecto llamada a personas con características negativas, pues perciben que, tarde o temprano, conseguirán alguno de los puestos. Por otro lado, la opacidad y las prácticas heterodoxas en la financiación de los partidos permiten a los corruptos pasar más desapercibidos en un ambiente de río revuelto.

En algunos países, el parlamento debe ratificar los cargos nombrados por el ejecutivo, ejerciendo un control de calidad efectivo cuando existe una verdadera separación de poderes. En España, la disciplina de voto de los diputados impide que el parlamento pueda cumplir, en la práctica, esta función: la ausencia de una auténtica separación de poderes juega también en contra de la calidad.

El mecanismo del voto puede permitir al ciudadano discriminar entre personas, eligiendo para representarle y gestionar lo público a aquellas que considera son más capaces y honradas, compensando así el fuerte atractivo que la política ejerce sobre individuos con perfiles dudosos. Por desgracia, en España el sistema de listas cerradas no permite al elector discriminar las cualidades de cada candidato individual ya que se ve obligado a votar un paquete elaborado por los partidos.

La única opción profesional

Todo este proceso contribuye a la creación de una casta de políticos profesionales, personas que, en palabras de Max Weber, no viven “para” sino “de” la política y difícilmente comparten valores, intereses y visión del mundo con los electores a los que, teóricamente, representan. Su inclinación por políticas absurdas o contraproducentes no sólo se debe a la ignorancia y el desconocimiento sino también a la necesidad de adoptar cualquier medida que favorezca su permanencia en el poder, ya que la ocupación de cargos públicos constituye su mejor (cuando no su única) opción profesional.

La banalización de la política, la repetición machacona de discursos huecos con frases pretendidamente ingeniosas, la primacía del corto plazo (o las meras ocurrencias) a la hora de tomar las decisiones o la preponderancia de la pura imagen sobre los argumentos y razonamientos, son algunas señales de la degradación a que nos lleva tan inadecuado diseño. Resulta una triste paradoja el hecho de tener unos puestos públicos muy mal remunerados para la responsabilidad que representan pero con un sueldo demasiado elevado para la competencia y actitud de muchas personas que los ocupan. Todavía quedan algunos políticos capaces y honrados, pero parecen constituir ya una especie en vías de extinción.

Es necesario revertir los incentivos y cambiar el sentido de la selección,reduciendo drásticamente el número de cargos políticos, mejorando la remuneración en los puestos de gran responsabilidad y estableciendo mecanismos que garanticen que los destinos sean ocupados por personas con una preparación y actitud adecuadas. Resulta imprescindible la ratificación de los nombramientos por un parlamento verdaderamente independiente (siguiendo el modelo de los EEUU), la generalización de elecciones primarias limpias dentro de los partidos y una reforma del sistema electoral, que obligue a los candidatos a someterse individualmente al escrutinio de los votantes y fomente la autonomía del político individual. Cierto, son cambios profundos, y alguno de ellos requeriría una reforma constitucional. Pero el esfuerzo nunca es excesivo cuando hay tanto por ganar en el terreno de lo material, en el plano de lo ético y, también mucho, en la esfera de lo estético.

Juan Manuel Blanco es profesor titular de Análisis Económico en la Universidad de Valencia.

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Justicia prevaricadora

Lo publica Manuel Molares en su blog Crónicas Bárbaras:

A pesar de la sentencia del Tribunal Constitucional en contra, Zapatero insiste en darle al nacionalismo catalán disfrazado de socialismo un nuevo poder judicial que se distinga del estatal en la creación e interpretación de la legalidad haciendo ajenos a ese sistema al resto de los españoles.

Más desbarajustes legales en la ya colapsada justicia, con nuevas superestructuras amontonándose sobre una base frágil y hendida. Más aún: la creación de un poder judicial semiindependiente en Cataluña hará imposible negárselo a otras CC.AA.

Pues no salga usted de su región de nacimiento, porque van a martirizarlo las leyes de cada región o comunidad ajenas. Hasta le llegarán oficios o denuncias en catalán, gallego o vasco.

Pues lo justo es que quien hable otras lenguas españolas exija trato equivalente en sus ámbitos culturales, como que las denuncias vayan en bable o en romaní.

Hubo un tiempo en el que los grandes jurisconsultos recomendaban que los jueces trabajaran en destinos lejos de su origen para evitar que se vieran forzados a favorecer a alguien cercano, cumplir un compromiso o devolver un favor.

Un ejemplo de la justicia que nos espera es el de Pascual Estevill, un superjuez que chantajeaba a media Cataluña mientras Jordi Pujol lo presentaba como ejemplo de payés honesto hecho a sí mismo porque había empezado como humilde cabrero.

Fue hallado culpable de cohecho, extorsión, prevaricación y detenciones ilegales, y condenado a nueve años de prisión, sentencia dictada por un Tribunal Superior de Justicia catalán con magistrados de diferentes zonas de España.

Con el proyecto Zapatero tendremos muchos admirables y endogámicos Pascual Estevill juzgándose entre ellos y protegiendo a sus jefes políticos: la justicia cercana no tiene nada que ver con el juez cercano del posible delincuente.

Caeremos bajo los caciques locales, bajo señores feudales de la justicia al servicio de poderes supuestamente cercanos al pueblo, pero que realmente es la corrupta aristocracia política localista que los nombra.

¿Democracia Abierta?

Juan Varela escribe en elcorreo.com sobre la nueva ley que garantizará el acceso de los ciudadanos a información pública. Lo titula Democracia Abierta, y a ese título yo le pongo interrogantes.

El derecho a saber es clave para evitar la corrupción, aumentar la eficacia de la administración y proteger los derechos individuales. El Gobierno anuncia al fin una ley para garantizar el derecho de los ciudadanos a conocer todo lo que los políticos y la Administración saben. La información es poder, pero ese poder es de los ciudadanos, no de quienes retienen y controlan la información en su propio beneficio o para no rendir cuentas. Es una ley largamente esperada para hacer la democracia más transparente, responsable e informada. Pero en pleno siglo XXI la transparencia debe ser activa y no esperar a las demandas de los ciudadanos. Las herramientas digitales permiten publicar los datos y la información pública de forma accesible, facilitar su reutilización para lograr un gobierno abierto y una democracia aumentada con la vinculación de los datos con la realidad a través de diversas herramientas como los teléfonos móviles.

Después de tanto esperar (somos el último gran país de la Unión Europea en adoptarla), la ley debe ser ambiciosa y no conformarse con trasladar el Convenio del Consejo de Europa para el Acceso a Documentos Oficiales. El borrador conocido es todavía más restrictivo. Una ley de acceso a la información debe ser hoy una ley de gobierno abierto y democracia transparente. Eso significa garantizar el mayor acceso a la información, cambiar la cultura política y de la función pública para hacer que administraciones y poderes sean activos para publicar y ofrecer la información pública en tiempo real o lo más actualizada posible; con datos en formatos abiertos y reutilizables, sin excepciones ni opacidades, y excluyendo sólo la información que afecta a los derechos de terceros, como los datos personales, de seguridad o los que puedan perjudicar intereses fundamentales.

La norma debe obligar a todos los poderes y administraciones, sin excusas. Es un cambio en la cultura política y democrática que culmina el pluralismo de la Transición y la descentralización democrática. Un proyecto para no arredrarse y ser ambiciosos.

De la necesidad totalitaria, virtud falsa

Publicado en Diario Español de la República Constitucional:

Los políticos, intelectuales, y tertulianos de este Régimen, que ocupan la práctica totalidad de los periódicos, radios y televisiones de la libertad de expresión en el país, nos van a relatar con incontables erudiciones, los mil y un detalles del inevitable espectáculo de lucha por el encabezamiento de la lista de un partido político en la próxima campaña electoral. Los españoles de todo sentimiento asistiremos a esta lid, entre la Sra. Jiménez y el Sr. Gómez u otros, mediados por esa legión de intermediarios, que como locutores deportivos, azuzarán nuestras pasiones e inducirán nuestras preferencias por uno u otro. Tendremos papel único, de espectadores pasivos. Nos darán el gato de unas primarias de partido como si fuera la liebre de una democracia política, que no existe.

No confundiremos la debilidad relativa en que se encuentra el órgano directivo del PSOE, la necesidad de recurrir a unas primarias para elaborar su lista electoral en vez de hacerlo a dedo -procedimiento normal que en esta ocasión ha fallado- con la virtud de una política democrática.

Encabece uno u otro, no cambiará lo esencial. Lo que por nada del mundo dejará de hacer ningún partido político de esta partidocracia es aquello que imprime naturaleza totalitaria a la política de este régimen de la Transición, que muchos creen o hacen pasar como democrático: la elaboración de la lista electoral de la que salen juntos, en una única convocatoria, las personas que ocuparán los poderes ejecutivo y el legislativo, y nombrarán el poder judicial. Estos políticos de lista,

Instalados en el Estado, venerarán, expresarán temor u obediencia a quien verdaderamente los ha elegido, al partido político, que no a los ciudadanos. El partido o partidos se hacen dueños de los poderes concentrados del Estado. Los partidos, y en ellos sus ejecutivas, son los verdaderos dioses de esta política, los que pueden hacer y deshacer.

Ni hay pueblo soberano, ni partido perfecto, ese que cada uno cree llevar en su fuero interno. Con estas reglas de juego, las derechas parecen izquierdas y las izquierdas derechas. Todas las ideologías están mediatizadas por igual en una misma política, no democrática, de gobierno del Estado. Con esta política se hace dejación de aquello que hubiera de formar parte de nuestro patrimonio humano colectivo fundamental, la libertad para separar los poderes del Estado y de elegir y revocar directamente a los representantes políticos. No hemos debido percibir la implicación que esto puede tener, si no ya para cambiar la naturaleza de la especie humana, sí para corregir mejor las condiciones en que sus individuos se desenvuelven: la ambición de poder, el oportunismo y la corrupción material y moral.

Pero como sucede en la evolución de muchos sistemas naturales, la modificación de las condiciones externas de su equilibrio actual, puede propiciar que pequeñas perturbaciones den lugar a la liberación de una energía potencial hasta entonces latente, que haga necesaria la búsqueda de un nuevo equilibrio en la relación de sus partes constituyentes.

Banalidad

La filósofa judía Hannah Arendt, tras asistir como reportera al proceso del general aleman Adolf Eichmann, elaboró una teoria sobre la banalidad del mal que le valió grandes críticas. Su principal descubrimiento fue que no era necesario ser un monstruo para cometer los actos más terribles, sino tan sólo dejarse llevar por un sistema, obedecer sus órdenes, no hacerse ninguna clase de pregunta acerca de las consecuencias de las propias acciones. Se trata, por tanto, de un tipo de acidia mental que impide comprometerse con el bien sin necesidad de desear el mal, tan sólo eludiendo la responsabilidad, negándose a decidir, cobijándose bajo un sistema de impunidad colectiva.

Lo escribieron Gustavo Martín Garzo y Elisa Martin Ortega en El Magazine de El Mundo el Domingo 1 de Agosto

Auden

No habrá tregua

Plántales cara, pues, con todo tu coraje

Y todas las argucias de que seas capaz,

Con la conciencia clara a este respecto;

Su causa, si es que causa tienen, la han olvidado;

Ellos odian tan sólo por el placer de odiar.

El dogma de las autonomías II

Artículo del profesor Juan Manuel Blanco publicado el 29 de julio de 2010

A partir de los años 90, la literatura económica y política comienza a analizar los graves problemas que generaba la descentralización territorial y a proponer ciertas normas para intentar paliarlos. Los gobiernos regionales tendían a llevar a cabo políticas contraproducentes para el crecimiento económico, a incidir en un enorme gasto clientelar y a incurrir en una intensa indisciplina presupuestaria. Y la causa estribaba en los perversos incentivosque crea el sistema de financiación regional a través de transferencias del centro, ya que rompe el nexo existente entre crecimiento económico de la región y mayores ingresos fiscales así como el vínculo entre gasto regional y presión fiscal.

Dado que las arcas regionales se benefician poco de la recaudación adicional generada por el crecimiento en la región, las políticas favorecedoras de este crecimiento se tornan menos atractivas para los políticos locales, que se inclinarían más por el trato de favor a ciertos grupos de presión a cambio de su apoyo electoral. Se generaría una tendencia hacia la indisciplina presupuestaria ante la perspectiva de que mayor gasto no lleva a la necesidad de tomar una medida impopular como aumentar la presión fiscal en la región: los ingresos dependen, en realidad, de otros criterios, como pudiera ser el poder de negociación con el centro. Por ello, se recomienda establecer un régimen de disciplina fiscal de las regiones, un sistema por el que cada región pueda beneficiarse fiscalmente del crecimiento económico que se genera en su territorio y un centro fuerte capaz de imponer un control del gasto a las regiones.

En contra de lo que se pensaba, el control que ejercen los votantes sobre los gobernantes tiende a ser más imperfecto a nivel regional que nacional. La existencia de varios niveles de administración hace difícil a los votantes atribuir la responsabilidad o los méritos a una administración o a otra. Es fácil que las administraciones autonómicas culpen al gobierno central de unos malos resultados que podrían ser atribuidos a sí mismas. Además, a los gobiernos regionales les resulta más sencillo controlar su parlamento, disfrutar de una relación más cercana con la judicatura o lograr un cierto grado de sometimiento de los medios de comunicación locales (que son más frágiles y pueden depender más de las concesiones o subvenciones de estos gobiernos).Si se añade el hecho de que, en un espacio más pequeño, existen más interacciones entre los agentes privados y los políticos, no resulta extraño que los gobiernos regionales o municipales tiendan a ser más corruptos que los nacionales.

Para reducir la incidencia de estos problemas, se recomienda que el sistema de descentralización esté muy bien diseñado e institucionalizado, con unas reglas del juego perfectamente definidas y una asignación de responsabilidades bien clara a cada una de las administraciones. Esto incluiría el traspaso a las regiones solamente de aquellas competencias cuyos servicios puedan prestarse mejor en el ámbito regional que en el nacional.

Tampoco se observaba la necesaria competencia sana entre regiones, prevista por la teoría del federalismo fiscal, ya que muchos gobiernos regionales tendían a entorpecerla estableciendo toda suerte de trabas, regulaciones, intervenciones administrativas etc., que llegan a poner en peligro la unidad de mercado. Por tanto, la descentralización debe preservar la unidad de mercado y la libre movilidad.

Algunos problemas en el diseño autonómico español

El Estado de las Autonomías español parece adolecer prácticamente de todos los defectos descritos en la literatura internacional sobre la descentralización. A pesar de que se ha intentado impulsar un sistema de financiación objetivo, fomentando la responsabilidad fiscal de las regiones, lo cierto es que, en la práctica, los ingresos de la mayor parte de la autonomías dependen, en mayor medida de un proceso negociador que de sus logros económicos .Esto fomentaría la indisciplina presupuestaria, la enorme expansión del gasto, los comportamientos clientelares y las prácticas contrarias a los intereses de los ciudadanos, observadas en buena parte de las autonomías.

Lejos de responder a un diseño meditado, que contemplase las consecuencias a largo plazo y estableciese un claro reparto de competencias entre el centro y las regiones, el proceso autonómico español estuvo caracterizado por la improvisación, la componenda y la falta de visión de futuro. Ante la imposibilidad de llegar a un acuerdo para cerrar y definir bien el sistema, los constituyentes tuvieron la feliz ocurrencia de dejarlo abierto, al albur de las necesidades e intereses de los gobernantes de cada momento y de la correlación de fuerzas parlamentarias. Desde entonces, el Estado de las Autonomías parece haber evolucionado respondiendo a los intereses de las clases políticas regionales y de los partidos y no a los intereses de los ciudadanos.

Los traspasos de competencias no han seguido un criterio racional de eficacia en la prestación del servicio sino una regla de conveniencia política. Raramente se han beneficiado los ciudadanos de unos servicios más baratos y eficientes pero los partidos políticos descubrieron que un traspaso de competencias del Estado a las Autonomías multiplica por 17 los cargos a repartir entre sus miembros. Aunque un partido pierda el gobierno nacional, siempre tendrá puestos para repartir en algunas regiones. Se crea, por tanto, una gran estructura política y burocrática que, ante la gran imperfección de los mecanismos de control locales, tiende a acaparar casi todos los resortes del poder, a politizar cada vez más espacio de la sociedad civil y a favorecer a los grupos de presión locales, como si en buena parte de nuestras autonomías se fuera instalando un sistema de favoritismo, privilegio y sumisión al poder. Y las políticas de los Gobiernos Autonómicos han tenido, en general, un carácter muy intervencionista incluyendo infinidad de regulaciones que, en opinión de muchos autores, ponen en peligro la unidad de mercado.

Es explicable la insatisfacción permanente de los Gobiernos Autonómicos con las competencias que manejan pues la autonomía va creando una casta política regional, una burocracia y unos grupos de presión que viven del presupuesto público, cuyo mantenimiento requiere más gasto, más presupuesto y más competencias. No es sorprendente que el enorme entusiasmo de estos grupos ante las reformas de los estatutos de autonomía contraste con la manifiesta indiferencia de la mayor parte de la ciudadanía.

Pero la crisis económica ha contribuido a poner sobre la mesa muchos problemas estructurales e ineficiencias que, en otros momentos, pudieron enmascararse fácilmente. Es hora de replantear el proceso autonómico, sacando el debate de la esfera de las emociones, los impulsos primarios, los tabúes y los dogmas para introducirlo en el de la racionalidad y la argumentación. Y, sobre todo, es momento de proponer las reformas necesarias para que los beneficiados sean los ciudadanos y no solamente los políticos y los grupos de presión aledaños.

Cierto, hay propuestas que parecen imposibles... ¡salvo en épocas de crisis!

*Juan Manuel Blanco es profesor titular de Análisis Económico en la Universidad de Valencia.