En los últimos días, el Gobierno ha llegado a la conclusión de que para lograr el ajuste en los gastos de las comunidades autónomas la mejor medida es crear una comisión que estudie cómo se pueden realizar estos recortes y cómo se puede conseguir que las autonomías cumplan los límites que les marca la ley a la hora de incurrir en déficit.
En definitiva, en la última reunión del Consejo de Política Fiscal se aplaza la decisión de tomar cartas en el problema autonómico hasta el verano, la excusa esta vez es crear una comisión que haga propuestas y analice cómo se puede afrontar el tema.
Esto no sería una noticia tan negativa si no se conocieran los datos de la situación y la historia del tema autonómico:
1. La desmesura del gasto autonómico no es ninguna novedad, basta saber que en los últimos 20 años, el endeudamiento de las administraciones periféricas para poder financiar dicho gasto se ha multiplicado por más de 15 y su participación en el PIB ha pasado de ser un 2,7% en 1984 a un 11,2% en 2009.
2. El endeudamiento de las administraciones territoriales es más caro y ha crecido más, la prima de riesgo de sus emisiones de deuda se sitúa entre 40 y 80 puntos básicos por encima de la pagada por el Estado y llega en algunos casos hasta los cien.
3. Los últimos años han sido especialmente graves en cuanto al derroche autonómico tanto en el gasto financiado con endeudamiento oficial como en el extraoficial.
4. La Administración Central no ha sido, en cuanto a este tema, lo que se dice un ejemplo de moderación, lo que agrava todavía más el problema, hasta convertirlo en una bomba de relojería.
Según un estudio que acaba de publicar Foment del Treball Nacional, La Metástasis del INI, la situación es bastante más delicada de lo que reflejan los datos oficiales. A pesar del crecimiento extraordinario del endeudamiento de las Administraciones Territoriales, éstas tienden a saltarse los límites impuestos por la ley, por cierto mucho más laxos desde 2006, buscando otros mecanismos para conseguir fondos que no computen en su contabilidad oficial y sobre los que no tengan que rendir cuentas.
Dichos subterfugios contables se manifiestan de muchas formas: avales, obtención de préstamos alemanes, contratos de leasing, etc., sobre los que no existen cifras oficiales. Y otros sobre los que dicho trabajo da estimaciones y datos concretos: la fundación de compañías, consorcios, entes públicos empresariales, etc., que se endeudan, teniendo como responsable último la Administración de que dependen y cuyo endeudamiento no se incluye en el oficial a la hora de rendir cuentas a la Comisión Europea.
La deuda de las empresas públicas
La deuda de dichas formaciones empresariales ronda la quinta parte del total de endeudamiento de las Administraciones Territoriales. Por tanto, si dichas empresas quebrasen la deuda autonómica y local aumentaría en un 20%.
Continuando con los datos del estudio de Foment, otro punto llamativo es la evolución de la deuda de la Administración Central y, sobre todo, de las empresas adscritas a ella. La deuda de estas compañías estaba en un claro proceso de reducción desde los tiempos del INI. Sin embargo, a partir de 2004 ha vuelto a tener incrementos significativos. Tanto es así que, según los últimos datos de 2009, la cifra de dicha deuda se ha multiplicado por 2,5 desde 2004.
Si se agrega la deuda extraoficial de las Administraciones subcentrales y del Estado Central, la cifra total supera los 47.000 millones de euros, es decir, alrededor de un 4,5% del PIB español. Esta cantidad rebasa con creces, por ejemplo, la recaudación total por IVA (subida incluida) prevista en los PGE 2010, duplica holgadamente el gasto previsto en servicios públicos básicos, es el 150% del gasto total en desempleo para 2010, multiplica por seis el gasto en Defensa y por 12 el de Educación.
Es más, si este endeudamiento aflorase, la deuda oficial según el Protocolo de Déficit Excesivo crecería en estos momentos alrededor de cuatro puntos y medio del PIB.
La Administración Pública legitima la fundación de entes y empresas, su participación en ellos y su financiación presupuestaria para atender las necesidades de los ciudadanos que no pueden ser cubiertas de otro modo; es decir, para favorecer el bien común.
Creadas con un objetivo cuestionable
Sin embargo, el análisis pormenorizado de los hechos, como se hace en La Metástasis del INI, muestra una realidad muy diferente. De facto, existen compañías estatales, locales y en todas las autonomías, con gobiernos de todos los signos políticos, cuyo objeto social resulta cuanto menos cuestionable, y en los cuales es imposible detectar a qué interés público, bien común, etc., sirven.
Por tanto, en el documento de Foment queda clarísimo que la creación de empresas públicas especialmente por parte de las comunidades autónomas se ha utilizado de manera sistemática para escapar a los límites de endeudamiento que tienen impuestos las autonomías por la legislación. Esto constituye un claro ejercicio de fraude de ley.
En este contexto, el dar una patada hacia delante a la toma de medidas con respecto al despilfarro autonómico es un ejercicio de irresponsabilidad por parte del Gobierno, especialmente en un periodo de crisis aguda como el que está atravesando España en estos momentos, en el que los tres meses de demora que se han decidido pueden resultar claves, y con un ejemplo tan cercano como el griego. El lema del gabinete de "pan para hoy, hambre para mañana" vuelve a repetirse, y son ya muchas veces.
Lorenzo B. de Quirós, miembro del consejo editorial de elEconomista
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