Contra la corrupción urbanística en Cantabria

Fuente: ARCA

17 MEDIDAS CONTRA LA CORRUPCION URBANISTICA EN CANTABRIA, documento que fue presentado durante la fiesta de celebración del 25 cumpleaños de ARCA

Excepciones aparte, en Cantabria, como en el resto de España, decir ayuntamiento es decir corrupción urbanística, fundamentalmente porque el urbanismo se ha convertido, ante todo, en un instrumento para el enriquecimiento personal y la financiación irregular de los partidos políticos y de los propios ayuntamientos. No es de extrañar, por tanto, que el planeamiento municipal se haga a la medida de los promotores inmobiliarios y los grandes grupos financieros, sin tener en cuenta las necesidades de vivienda de los vecinos.

Esto es posible, entre otros factores, gracias, en primer lugar, a que partidos políticos y ayuntamientos se comportan como sectas de poder, con un escaso componente democrático en su funcionamiento interno. Disfrutan, además, de la impunidad que le garantizan una administración de justicia excesivamente lenta, unos medios de comunicación acomodaticios y una sociedad insolidaria y adormecida, incapaz de ejercer sus derechos civiles.

Se precisan muchas iniciativas a largo plazo para controlar la actividad de los ayuntamientos y los cargos públicos. Citemos, entre otras, los cambios en la mentalidad y en la normativa, así como aumentar la transparencia y perseguir con eficacia los comportamientos contrarios a la legalidad y a la ética. Pero ello no significa que haya que renunciar a tomar medidas inmediatas, aquí y ahora, contra la corrupción urbanística.

Para demostrarlo, ARCA propone la adopción de 17 medidas esenciales que servirían para poner freno a la impunidad de la que gozan los corruptos y que supondrían un giro importante hacia comportamientos más éticos y respetuosos con el interés general:

1. Recortar competencias urbanísticas municipales. Se trata, sobre todo, de que los Ayuntamientos no puedan aprobar definitivamente Planes Parciales, Modificaciones Puntuales de Planes Generales, ni cualquier otro instrumento de ordenación territorial, tales como Planes Especiales.

2. Eliminar de la legislación urbanística de Cantabria el “silencio positivo” y los Proyectos Singulares de Interés Regional (PSIR).

3. Establecer en el 50% la fiscalidad sobre las plusvalías generadas en las recalificaciones urbanísticas, evitando que los beneficios provocados por un simple acto administrativo queden en manos del propietario o promotor y sean destinados a mantener un sistema social y ambiental sostenible.

4. Obligar a que las cesiones de suelo sean destinadas, única y exclusivamente, a la adquisición de un patrimonio público para la construcción de vivienda protegida.

5. Introducir en el Código Penal un delito de omisión o rechazo por parte de los administradores públicos de los actos debidos a su función; y establecer las garantías necesarias para ejecutar las sentencias de demolición dictadas en el ámbito de lo contencioso administrativo, restringiendo al máximo la técnica del incidente procesal.

6. Acceso a la “justicia gratuita” para las ONG que acrediten una trayectoria en defensa de la legalidad urbanística.

7. Integrar a los secretarios e interventores municipales en la Intervención General del Estado para garantizar una correcta fiscalización de la gestión municipal.

8. Poner en marcha todos los cauces políticos y legislativos para la completa erradicación de los paraísos fiscales.

9. Mayor transparencia y control sobre las operaciones financieras de Bancos y Cajas de Ahorros ligadas a transacciones inmobiliarias, así como sobre notarios y registradores de la propiedad, con la obligatoriedad legal de que se declare en las transacciones inmobiliarias el valor real de las mismas.

10. Mayor dotación de medios humanos y materiales a los Tribunales de Justicia y a la Fiscalía, de modo que se impida que un expediente urbanístico tarde más de un año en tener sentencia firme.

11. Aportar herramientas para que los Juzgados de lo Contencioso puedan adoptar medidas cautelares de paralización de obras cuando existan indicios suficientes de ilegalidad.

12. Elevar las penas en todos aquellos delitos instrumentales en relación a la corrupción urbanística. En este sentido, y en particular, es imprescindible situar la pena privativa de libertad para la prevaricación urbanística en un mínimo de cinco años; esa sanción debería ir acompañada por una pena de inhabilitación para el ejercicio de cargos públicos no inferior a diez años.

13. Favorecer y agilizar la disolución de los ayuntamientos implicados en casos de corrupción urbanística.

14. Legislar estrictamente sobre incompatibilidades de alcaldes, concejales y familiares en primer grado de dichos cargos públicos, obligando a todos ellos a hacer público su patrimonio.

15. Aprobación de leyes que obliguen a los partidos políticos a democratizar su funcionamiento interno y a que hagan públicos todos sus ingresos y gastos.

16. Obligatoriedad de declarar cuantos regalos y donaciones reciban los cargos públicos y familiares en primer grado de dichos cargos públicos.

17. Establecer un máximo de ocho años para los cargos públicos.

Otros PSIR: Val de San Vicente

Fuente: ARCA

La Asociación para la Defensa de los Recursos naturales de Cantabria (ARCA) ha presentado alegaciones al Proyecto Singular de Interés Regional (PSIR) de Val de San Vicente, solicitando que las zonas de mayor valor agronómico de la zona, ubicadas al sur del mismo y paralelas a la A-8, sean excluidas o protegidas para garantizar su uso agropecuario.

Estos suelos están clasificados en la categoría “A”, la de mayor valor productivo, y constituyen un escaso 2% de todo el territorio regional, según el estudio “Zonificación agro-ecológica de Cantabria” que fue entregado por la Universidad de Cantabria a la consejería de Desarrollo Rural en 2005.

Pero a pesar de disponer de este importante documento y de que el Plan de Ordenación del Litoral (POL) recoge expresamente la necesidad de contar con estudios complementarios en materia geológica, paisajística y agrológica, el Gobierno de Cantabria sigue promoviendo la destrucción de los mejores suelos agrícolas de Cantabria para construir polígonos industriales.

Esta forma de actuar es profundamente insostenible, muy negativa para el futuro de la agricultura y la ganadería de Cantabria, y radicalmente contraria a las directivas europeas a favor de la ordenación territorial y la conservación de los recursos naturales.

Por último ARCA denuncia que mientras el repetidamente anunciado Plan Regional de Ordenación del Territorio (PROT) sigue sin ver la luz, la consejería de Obras Públicas sigue tramitando unos PSIR que se han convertido en la mayor figura de abuso y arbitrariedad urbanística que sufre Cantabria.

Otros PSIR: Tanos-Viérnoles

Un polígono aletargado

Fuente: Cantabria Económica 03/02/2010

Solo dos naves se han construido en Tanos-Viérnoles y una de ellas no tiene actividad

Dos años después de acabado, el polígono industrial de Tanos-Viérnoles continúa muy lejos del lleno que prometía. Tan solo dos empresas han levantado sus instalaciones y únicamente una de ellas, Ballestas y Basculantes Martín, tiene actividad. A ella se unirá este verano Codelse, pero seguirán siendo muy pocas para un polígono que era reclamado insistentemente por los empresarios torrelaveguenses y que parecía pequeño para las necesidades de la comarca. La tardanza en la ocupación de las parcelas deja entrever que la demanda era muy volátil y, como va a ocurrir en otros polígonos en proyecto, la crisis ha cambiado radicalmente las necesidades: lo que antes resultaba escaso, ahora sobra.

Pocas veces ha habido tanta unanimidad sobre un proyecto ni tanta aparente urgencia para concluirlo, pero ocho años después de que se constituyera la empresa pública que lo promovió, la ocupación del polígono de Tanos-Viérnoles no puede ser más decepcionante. Tan sólo dos empresas han levantado allí sus naves y nada más que una de ellas, Ballestas y Basculantes Martín, está realmente operativa. En pocos meses podría unírseles una tercera instalación, la que ha comenzado a construir Codelse para trasladar allí su sede. Un magro resultado para un polígono que venía siendo reclamado desde hace décadas por los torrelaveguenses, una comarca donde, además, permanece en comercialización el Parque Empresarial Besaya y hay fuerzas políticas que también pretenden convertir en un polígono industrial el amplio corredor que media entre Solvay y Sniace.

Una demora fatal

Los primeros pasos para la ejecución del proyecto de Viérnoles se dieron en octubre de 2003, cuando se constituyó Sitor (Suelo Industrial de Torrelavega), una promotora creada por la empresa pública Sican, del grupo Sodercan, que posee el 90% de las acciones, y el Ayuntamiento de Torrelavega. El objetivo era desarrollar en una mies que comparten Tanos y Viérnoles un polígono de 322.000 m2, retomando una idea que manejó la Corporación torrelaveguense a mediados de la década de los noventa.

Desde asociaciones como Apemecac, que aglutina a las pymes locales, se insistía en la urgente necesidad de suelo de las empresas torrelaveguenses, obligadas a salir del municipio si querían expandir sus negocios.

El Gobierno regional no dudó en declarar el proyecto de interés regional (Psir) para agilizar su ejecución. Aún así, entre las negociaciones para la compra del suelo con los más de 70 propietarios afectados, para evitar la expropiación, y los trámites administrativos para redactar el proyecto y adjudicar la urbanización del polígono, las parcelas no estuvieron disponibles hasta finales de 2007.

El interés por ese suelo era tan evidente como la carencia de alternativas a corto plazo en el entorno torrelaveguense, aunque el polígono de Reocín comenzaba a ser más valorado por los empresarios de la comarca. Pero Tanos-Viérnoles era un emplazamiento más cercano a Torrelavega y su puesta a punto parecía inminente. Con esas ventajas, alrededor de 180 empresas manifestaron su interés por ubicarse en el nuevo polígono, una demanda que excedía con mucho las posibilidades de un recinto que tan solo contaba con 180.000 m2 útiles para la instalación de naves.

Tras el proceso de selección de candidatos, se comenzaron a conocer los nombres de las primeras empresas que habían adquirido suelo en Tanos-Viérnoles. Firmas como Codelse, Velfair, Ricelec, Digassol, Artipubli, Hierros y Aceros de Santander, Ballestas y Basculantes Martín, Talleres Santiago Martín, Grupo Herreros Mobiliario o la empresa burgalesa Santaolalla e Hijos, eran algunas de las elegidas para un polígono que debía haberse llenado de inmediato. La realidad sin embargo, ha sido muy distinta.

La urbanización, llevada a cabo por la UTE Ascan-FCC, costó 8,6 millones de euros y concluyó a finales de 2007, pero las empresas que anhelaban, por entonces, empezar a construir se encontraron con un obstáculo con el que nadie contaba: la imposibilidad de escriturar la compra del suelo por obstáculos impuestos por el Registro de la propiedad torrelaveguense.

Para ganar tiempo, y aunque no estaba hecho el reparto, Sitor les autorizó a acceder provisionalmente a las que iban a ser sus parcelas para ejecutar los estudios geotécnicos, mediciones y otros trabajos preparatorios. Incluso firmó contratos privados otorgando la propiedad de los terrenos, con la salvaguarda de la futura inscripción registral. Pero para entonces surgió una circunstancia con la que nadie contaba. La crisis económica empezaba a emitir sus primeras señales de alarma y los adjudicatarios de las parcelas no estimaron oportuno arriesgarse a invertir en la construcción de sus naves o no encontraron entidades que les financiaran para hacerlo.

Defectos de acabado

Para colmo de males, empezaron a aflorar las deficiencias de urbanización del polígono, tantas que el Ayuntamiento de Torrelavega continúa sin recepcionar la obra. A los fallos en las canalizaciones de aguas pluviales se unió el desmoronamiento de taludes, que ha obligado a construir escolleras dos años después de finalizada la urbanización.

El polígono está, además, carente de servicios tan básicos como el cableado telefónico. A pesar del compromiso inicial, ninguna operadora se ha decidido a hacerlo para dar servicio al único cliente que, hoy por hoy, tendría en este recinto. Tampoco la acometida de gas natural cubre las necesidades de las industrias que se asientan en Tanos-Viérnoles. La presión que ofrecen las canalizaciones existentes bastan para un uso doméstico, como la calefacción, pero no para las necesidades de una industria de oxicorte. Tampoco cuenta el polígono con iluminación nocturna, a pesar de que las farolas sí están colocadas. La falta de vigilancia policial en un recinto que todavía no ha sido recibido por el Ayuntamiento torrelaveguense, lo ha dejado expuesto al vandalismo y son varias las veces que Sitor ha tenido que reponer los cables de iluminación robados. Los empresarios también se quejan de que el polígono no cuenta con la señalización adecuada para orientar a los que quieren llegar hasta él. Por no tener, Tanos-Viérnoles no tiene todavía ni dirección postal, como si de un polígono fantasma se tratase.

En opinión de Fermín García Balbás, presidente de la asociación de empresarios de este parque empresarial, la construcción de las naves nido proyectadas, podría insuflar vida a un recinto que tanto prometía. La promotora del Parque se dispone a sacar a licitación la ejecución de esas naves modulares pero la demora ha dado ventaja al cercano polígono de Reocín, donde la construcción de 60 naves nido está muy avanzada, aunque ni siquiera éstas tienen garantías de comercializarse.

Tanos-Viérnoles no ha nacido en el mejor momento pero antes o después se llenará con los proyectos empresariales ya comprometidos. Aún quedarán para entonces las dos grandes parcelas de 19.000 y 13.000 m2 que forman su reserva estratégica y que podrán ser aprovechadas por las fábricas que han ofrecido los licitadores del Plan Eólico.

Jesús Polvorinos

Otros PSIR: Marina y Medio Cudeyo

Publicado el 20OCT2009 en El Diario Montañés:

Los afectados por el PSIR piden un precio justo por la expropiación de sus terrenos

Rechazan los 11,27 euros por metro cuadrado que les ofrece el Gobierno

«Págame la vaca por lo que vale, no por lo que dices que vale». Y lo que dicen que vale es 11,27 euros el metro cuadrado, el justiprecio marcado en el expediente de expropiación forzosa relativo al Proyecto Singular de Interés Regional (PSIR) en la zona donde se pretende crear un área industrial entre Marina de Cudeyo y Medio Cudeyo. Y el que da el ejemplo de la vaca es el portavoz de la plataforma de afectados, Jesús Acebo, pedáneo también de la junta vecinal de Orejo (Marina de Cudeyo), que aglutina, junto con Solares (Medio Cudeyo), a los más de setenta afectados por este PSIR.

Hasta el próximo 6 de noviembre permanecerá sometido a información pública este expediente de expropiación forzosa, periodo en el que los vecinos, uno a uno, pueden acudir a presentar sus alegaciones. Mientras, se reúnen de vez en cuando para valorar las herramientas jurídicas a su alcance en su lucha contra este expediente y para acordar futuras movilizaciones. «La gente está unida y dispuesta a pelear para que no se rían de ellos», dijo Acebo. Le parece «irrisorio» el precio pactado, «el Gobierno dice que no hay dinero», cuenta, aunque también asegura que hay «comisionistas a sueldo» que están ofreciendo a los vecinos más dinero, «a unos les expropian y a otros les ofrecen negociar... Esto esconde algo», dice.

El portavoz dice que los afectados se quejan de la «poca ayuda del Ayuntamiento, que no ha hecho ni un solo movimiento de apoyo a sus vecinos. Sólo le importa el dinero que va a entrar el año que viene por licencias y demás», y observa en la tramitación claros intereses partidistas, «los dos ayuntamientos son del mismo partido, el mismo del Gobierno regional. Blanco y en botella».

Deja claro que la gente no está en contra del desarrollo empresarial, de la riqueza que reportará esta actuación y que a esta zona vaya el Centro de Proceso de Datos del banco Santander, pero la estela que deja el proyecto es mucho peor, advierte: «Hay 32 casas afectadas, se llevan ganaderías, explotaciones, pequeñas industrias...». Por las viviendas que se van a derribar «ofrecen la mitad que por una VPO», y muchas son chalés con terrenos de varios miles de metros. ¿La opción que se les da? «Viviendas mucho menores en medio de la nada. Si al lado, en Hoznayo, por carro pagan 60.000 euros, aquí sólo 1.800. Es un agravio más que mayúsculo», concluye Acebo.

Otros PSIR: Cuchía (Miengo)

Publicado por El Diario Montañés el 19FEB10

La Dirección General de Ordenación del Territorio y Evaluación Ambiental Urbanística, perteneciente a la Consejería de Obras Públicas, ha decidido paralizar el Proyecto Singular de Interés Regional (PSIR), figura necesaria para construir la Ciudad del Cine en las canteras de Cuchía (Miengo).

En una resolución, firmada el pasado viernes por el director general Luis Ángel Collado, se resuelve «suspender temporalmente» los trámites para la aprobación del PSIR «mientras no exista resolución penal firme» en el procedimiento que se instruye en el Juzgado nº5 de Santander, a instancias de la empresa Celtus, contra los promotores de la Ciudad del Cine -José Chaffleur y Armando Valladares-, la empresa VFM, funcionarios del Gobierno de Cantabria y «terceros desconocidos» que pudieran haber participado en la posible comisión de delitos de estafa, falsificación, apropiación indebida, revelación de secretos, cohecho, tráfico de influencias y de abusos en el ejercicio de su función.

El procedimiento para la aprobación de este PSIR, denominado 'Regeneración ambiental de las canteras de Cuchía y cambio a usos dotacionales relacionados con el cine', ya estaba iniciado y contaba con su evaluación ambiental desde mayo del año pasado. Sin embargo, después de la querella presentada por Celtus, la Consejería de Obras Públicas solicitó un informe sobre «cuestión jurídica compleja» -según consta en los antecedentes de la resolución, a la que ha tenido acceso este periódico- a la Dirección General del Servicio Jurídico.

En dicho informe -emitido el pasado 19 de enero- se señala que la decisión que tomen los jueces «podría acarrear la nulidad de lo actuado de continuarse con el procedimiento administrativo». Por ello, y «por el principio de prudencia», se recomienda a la Administración que adopte las medidas necesarias para asegurar «la eficacia y validez» del PSIR, «evitando una declaración de nulidad sobrevenida».

Además, por un lado se estima que la suspensión temporal del procedimiento «no produce a los interesados perjuicios de difícil o imposible reparación» y, en el extremo opuesto, se considera que continuar podría producir «perjuicios irreparables al interés público». Se ponen como ejemplo dos posibles consecuencias de continuar con los trámites: que una de las dos empresas litigantes se convierta en beneficiaria de las expropiaciones derivadas del PSIR, o que se cambie el uso del suelo de las canteras y que ninguna de las dos esté legitimada por la situación judicial.

De esta forma, ponderando los intereses en conflicto, se concluye que resulta «necesaria» la suspensión del procedimiento mientras la jurisdicción penal no se haya pronunciado mediante sentencia firme.

La resolución de la Dirección General de Ordenación del Territorio -órgano competente en este caso-, ya ha sido notificada a todas las partes (Celtus Inversión y Desarrollo, VFM Investments Group for Europe, Ayuntamiento de Miengo, Juzgado de Instrucción nº 5 de Santander, Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJC, Dirección General del Servicio Jurídico, y las secretarías generales de las consejerías de Cultura y Obras Públicas).

Contra la resolución cabe interponer un recurso de alzada ante el consejero de Obras Públicas, José María Mazón.

Otros PSIR: Alto Asón

Recogido del blog UrbanismoPatasArriba, y de Europa Press

EUROPAPRESS 29ENE10 : La asociación ecologista ARCA ha denunciado que Suelos Industriales de Cantabria (SICAN) está construyendo y urbanizando el Parque Empresarial Alto Asón "sin la preceptiva autorización de la Confederación Hidrográfica del Cantábrico (CHC)" y, además, lo está haciendo "sobre una llanura de inundación del río Carranza a su paso por la extraordinaria mies agrícola de Riancho", en Ramales de la Victoria.

En un comunicado, la agrupación ecologista ha recordado que venía denunciando esta situación desde hace "mucho tiempo". A su juicio, "la prueba de que tenía razón" es que hasta el 15 de enero ha estado sometido a información pública el expediente denominado 'Solicitud de autorización para la ejecución de las obras contempladas en el proyecto de urbanización del parque Empresarial Alto-Asón', cuando las obras "comenzaron hace varios meses y están a punto de concluir".

Dichas obras consisten en la aportación de rellenos y la instalación de viales, alcantarillado y suministro eléctrico, explicó ARCA.

"Estamos, por tanto, ante un nuevo episodio de la política de hechos consumados que se practica habitualmente en Cantabria en materia urbanística y que viene amparada por la ausencia del Plan Regional de Ordenación del Territorio (PROT) que tiene congelado por voluntad personal el consejero José María Mazón", titular de Obras Públicas, Ordenación del Territorio, Vivienda y Urbanismo.

Según señala la asociación, SICAN "siempre ha sido consciente de que necesitaba con el permiso de la Confederación", debido, entre otras cuestiones, a que cuando se modificó el planeamiento urbanístico de Ramales y cuando se aprobó el Plan Parcial del citado polígono industrial, "la CHC evacuó sendos informes en los que requería que antes del inicio de las obras se tramitase la autorización preceptiva" de dicho organismo de cuenca.

"Pero SICAN ha hecho lo que le ha dado la gana y la CHC ha hecho la vista gorda durante todo este tiempo" asegura ARCA, para quien la "presión" que ha ejercido ha "obligado" a la iniciación de un expediente que, "como tantas veces se ve en Cantabria, es una pura pantomima sin el menor rigor técnico".

Frente a este "cúmulo de despropósitos" ARCA ha presentado ante la CHC una serie de alegaciones solicitando que deniegue la aprobación del citado expediente promovido por SICAN y que ordene la "inmediata paralización" de las obras que "está llevando acabo sin permiso, exactamente igual a como hacen cuando los infractores son personas a título particular".

ZONA INUNDABLE Y DE ALTO VALOR AGROLÓGICO

La asociación ecologista subraya que la mies de Riancho es una zona "inundable" del río Carranza. "Los periodos de grandes avenidas se han sucedido a lo largo de la historia reciente, con violentas inundaciones durante el siglo XX hasta alcanzar las viviendas del núcleo de Riancho y motivar costosas obras de restauración a cargo del desaparecido IRYDA", recuerda.

"Está realidad incómoda pretende ser desvirtuada por SICAN presentando para el cálculo de los niveles de inundación del terreno la situación topográfica posterior a los rellenos que están realizando sin permiso en la mies, cuando obviamente el estudio de inundaciones debe hacerse sobre las cotas del terreno anteriores al inicio de las obras", asegura ARCA.

Además, sostiene que los terrenos sobre los que se pretende construir el Parque Empresarial Alto Asón poseen "un gran valor ambiental y agroganadero", equivalente a la de la mies de Galizano y solo se encuentra en un 3% del territorio cántabro, por lo que, en su opinión, "debe orientarse a la producción agroganadera de calidad y a coadyuvar al desarrollo de empresas transformadoras y de turismo rural".

El ladrillo y los políticos [españoles]

La europarlamentaria danesa Margrete Auken da nombre al informe Auken sobre el impacto del negocio del ladrillo en los intereses de los ciudadanos, el medio ambiente, el urbanismo y en la casta política, especialmente PP y PSOE que han intentado boicotear el informe en Europa. El informe en Scribd.

Información obtenida en El Confidencial:

“Los ciudadanos estamos hartos de tanta suciedad en la política española, estamos perdiendo la confianza en el sistema y las elecciones al Parlamento europeo están a menos de tres meses”, firman los más de 600 colectivos que han unido sus fuerzas en un comunicado común hecho público a propósito del boicot entre los europarlamentarios de PP y PSOE contra el informe Auken sobre el urbanismo español. El informe, demoledor para con el ladrillazo que ha sufrido este país, será votado en el Pleno del Parlamento Europeo el próximo 26 de marzo.

Los colectivos firmantes critican que el urbanismo español pone en situación de indefensión a los ciudadanos que tienen la desgracia de ser pequeños propietarios de suelo, sea rústico o urbano y lo culpan de destruir el territorio y buena parte del patrimonio histórico y cultural de España. Asimismo, dudan de las leyes autonómicas, que no ofrecen ninguna garantía de equidad y justicia.

También critican que las leyes urbanísticas autonómicas, e incluso en la Ley del Suelo estatal, institucionalizan la figura del Agente Urbanizador, responsable de los abusos y atropellos que se han producido al aplicar las leyes urbanísticas. Y no dudan en atribuir a este urbanismo depredador la responsabilidad de la crisis, recesión y depresión económica que vive España, así como de la dramática evolución del paro.

Críticas a la corrupción política y a la Justicia

La corrupción política asociada al urbanismo tampoco se escapa de las críticas. "Ya podemos presumir de algo a nivel internacional, de ser uno de los países más corruptos de Europa", aseguran. El escrito destaca que en medio de la recesión-depresión que sufrimos, los partidos políticos mayoritarios se dedican a ventilar sus trapos sucios, que son muchos, ya que la corrupción que nos aflige es achacable en su mayor parte a políticos de todo nivel en activo, adscritos a esos partidos, porque políticamente es más rentable hundir al rival que solucionar los problemas de los españoles.

Del mismo modo que el Informe Auken, los ciudadanos claman contra la Justicia española, a la que tildan de lenta, cara y, lo que es peor, está contaminada por influencias políticas. "Los españoles quisiéramos disfrutar de una Justicia que auténticamente fuera un poder independiente, separado y distinto del poder ejecutivo, pero asistimos impotentes al triste espectáculo de la vergonzosa rebatiña que protagonizan los partidos mayoritarios para controlar la constitución de organismos como el Tribunal Constitucional o el Consejo General del Poder Judicial", denuncian.

Los grupos denunciantes, entre los que se encuentran Abusos Urbanísticos No, la Coordinadora Ciudadana en Defensa del Territorio y la Asociación Europea de Perjudicados por la Ley de Costas, critican especialmente la Ley de Costas, aprobada hace más de 20 años, que "juega con los derechos de los españoles".

MARGRETE AUKEN 2008 755463es

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UPyD se manifiesta ante la pasividad del Ayuntamiento de Campoo de Enmedio

La Coordinadora regional de UPyD en Cantabria hizo una petición al Ayuntamiento de Campoo de Enmedio el pasado 1 de Octubre. Se espera alguna respuesta del Alcalde.

Nota de Prensa de UPyD de Cantabria

Desde la Coordinadora Regional de UPyD en Cantabria queremos denunciar la situación que viven los vecinos la localidad de Bolmir (Ayto. Campoo de Enmedio) debido a la actividad que la empresa Recuperaciones Reical S.L. lleva desarrollando desde el año 1998. Asimismo, queremos destacar el silencio intencionado del Ayuntamiento pese a la existencia de denuncias ante la Consejería de Medio Ambiente y ante la Guardia Civil cuyo contenido ha llegado a ésta Coordinadora.

Los perjudicados esperan la calificación de delito ecológico y en todo caso quieren que se subsanen las irregularidades existentes en cuanto al cambio de razón social y permisos concedidos para las actividades de la empresa en cuestión.

Si el ayuntamiento actuase con la cautela necesaria este problema estaría subsanado, nos preguntamos por los motivos de su pasividad.

Dicha empresa mantiene una actividad que hace insostenible la vida de los vecinos de esta localidad, dañando la salud y el bienestar de éstos.

Es por ello que le pedimos al alcalde de este ayuntamiento que de explicaciones sobre las circunstancias en las que se ha dado permiso a esta empresa para realizar esta actividad, y de si piensa tomar alguna medida de control para que cesen las actividades que hacen tan complicada la vida diaria en dicha localidad.

UPyD apoya cualquier iniciativa que se encamine al mantenimiento y cuidado del Medio Ambiente en Cantabria.