57.000 liberados sindicales

Fuente: Libertad Digital

CATORCE VECES MÁS QUE LO ESTIMADO POR LA CEOE

Los 57.000 liberados sindicales cuestan a las empresas más de 1.600 millones al año

El número de liberados sindicales en España es uno de los secretos mejor guardados. CCOO y UGT emplean la táctica del avestruz mientras la patronal CEOE calcula que hay 4.127, con un coste de 250 millones de euros anuales. En realidad la cifra es, cuando menos, catorce veces mayor.

PEDRO DE TENA / L. RAMÍREZ / A. BARREDA

El número de liberados sindicales en España es uno de los secretos mejor guardados. CCOO y UGT emplean la táctica del avestruz mientras la patronal CEOE calcula que hay 4.127, con un coste de 250 millones de euros anuales. En realidad la cifra es, cuando menos, catorce veces mayor sin tener en cuenta los liberados de las secciones sindicales, sino sólo los correspondientes a los delegados de personal elegidos en las elecciones sindicales.

Como denuncian fuera de nuestras fronteras cada vez que CCOO y UGT obstaculizan las reformas en el mercado de trabajo, los sindicatos españoles conforman una "aristocracia" laboral que se dedica a apoyar al Gobierno socialista, a proteger a los trabajadores fijos, no siempre los más productivos, y a lanzar soflamas contra los empresarios, que son los únicos que pueden crear empleo y ayudar a la economía española a salir de la recesión.

Los sindicatos más subvencionados de España, dirigidos por Cándido Méndez (UGT) e Ignacio Fernández Toxo (CCOO), tienen como comportamiento habitual ocultar a la opinión pública el verdadero coste que supone su existencia para los trabajadores y las empresas, especialmente en lo referente a los liberados. Es decir, aquellas personas que reciben sus salarios de las compañías que les han contratado, pero no desempeñan labor alguna en ellas. En lugar de ello están al servicio de las organizaciones sindicales.

La falta de transparencia de las organizaciones sindicales mayoritarias, CC.OO y UGT, es, en este aspecto, total. Nadie sabe con certeza cuántos liberados tienen organizaciones a nivel estatal, autonómico, provincial o local. Siempre que se habla de ello, que es bastante y a menudo, se habla de miles de liberados, pero con escaso fundamento.

Recientemente, la patronal CEOE ha intentado calcular el volumen de este colectivo y el coste que supone para las empresas. En un estudio cifra el número de liberados sindicales en las empresas privadas en 4.127 personas con un coste para las empresas de 250 millones de euros anuales, lo que implica un salario medio bruto de 60.000 euros per capita al año.

Pero cuando se analizan los datos oficiales en profundidad, el volumen real supera con creces la cifra aportada por los empresarios. Ante el silencio sepulcral de los sindicatos acerca de la cantidad de sus liberados, ¿hay algún método riguroso, aunque sea aproximado, de conocer el número real?

Sí. Se trata de combinar adecuadamente los datos sobre el número de delegados existentes en España con la normativa vigente respecto a las horas llamadas "sindicales" en la Ley Orgánica de Libertad Sindical. Esa relación nos dará al menos el número de liberados potenciales y, desde luego, una cantidad mínima que puede considerarse certera.

Liberados sindicales de UGT Y CC.OO. en España

En el artículo 68, e, del Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, se especifica que "dispondrán de un crédito de horas mensuales retribuidas cada uno de los miembros del comité o delegado de personal en cada centro de trabajo, para el ejercicio de sus funciones de representación, de acuerdo con la siguiente escala:

Delegados de personal o miembros del comité de empresa:

1. Hasta cien trabajadores, quince horas.

2. De ciento uno a doscientos cincuenta trabajadores, veinte horas.

3. De doscientos cincuenta y uno a quinientos trabajadores, treinta horas.

4. De quinientos uno a setecientos cincuenta trabajadores, treinta y cinco horas.

5. De setecientos cincuenta y uno en adelante, cuarenta horas.

Y añade que "podrá pactarse en convenio colectivo la acumulación de horas" de los distintos miembros del comité de empresa y, en su caso, de los delegados de personal, en uno o varios de sus componentes, sin rebasar el máximo total, pudiendo quedar relevado o relevados del trabajo, sin perjuicio de su remuneración.

En el conjunto de España, el número de delegados de personal obtenidos por UGT y CCOO en las elecciones sindicales era de 250.153, correspondiendo a UGT 123.233 y a CC.OO 126.920, según consta en un informe reciente de Atlantis Seguros, una empresa de seguros europea participada por ambos sindicatos.

Dado que no hemos logrado saber cuántos de ellos corresponden a cada grupo de centros de trabajo previstos en la ley antes expuesta, hemos de optar por un número medio de horas sindicales/mes para cada delegado.

En nuestra hipótesis vamos a considerar que el número medio de horas sindicales por delegado es de 30 horas, teniendo en cuenta que en la Administración en general el uso habitual es el de 40 horas mensuales e incluso más y que el número de delegados en la Administración Pública se acerca al 30% del total. Que se superan las 40 horas sindicales al mes puede comprobarse en el siguiente documento de la Junta de Andalucía:

De esta forma, 250.153 delegados sindicales en toda España multiplicados por tales 30 horas liberadas por la acción sindical al mes nos dan un total de 7.504.590 horas empleadas al mes en tareas sindicales que, consideradas a lo largo de un año, es decir, multiplicadas por 12 meses, se convierten en 90.055.080 horas "liberadas".

Dadas que estas horas son acumulables y adjudicables por persona, y siendo la jornada media efectiva en España de 1.576,8 horas la cantidad total de horas sindicalmente liberadas, 90.055.080, equivalen a 57.112,5 puestos de trabajo de tiempo completo o, lo que es lo mismo, a 57.112,5 liberados sindicales posibles a tiempo completo, a los que habría que añadir los liberados sindicales existentes en las secciones sindicales de empresa de UGT y CCOO.

Dicho en términos económicos, los empresarios españoles y la Administración pública están pagando del bolsillo privado y público, respectivamente, a 57.112,5 funcionarios sindicales, salarios que no ingresan pero que sí se ahorran las organizaciones sindicales.

Si consideramos que el coste laboral medio en España (salario + Seguridad Social) por trabajador y mes alcanzaba los 2.428,69 euros en el tercer trimestre de 2009, esto es, 29.144 euros por trabajador al año, el coste total derivado por los liberados sindicales y soportado forzosamente por ciudadanos y empresas españoles asciende a 1.664 millones de euros al año. Si se tiene en cuenta que muchos de los trabajadores liberados deben ser sustituidos por otros que realicen sus trabajos, el coste real de los liberados debe ser mucho mayor.

Y, desde luego, de ser su salario el medio que indica la CEOE, de 60.000 euros anuales, el coste entonces se elevaría a casi 3.500 millones de euros anuales.

Ingresos sindicales no contabilizados ni fiscalizados

Lo que son efectivamente ingresos para las organizaciones sindicales no son contabilizados como tales. Es decir, a la subvenciones no finalistas recibidas por los sindicatos de la Administración debería sumarse la cantidad correspondiente a los salarios de los liberados aunque sean pagados por terceros. En la práctica, estos liberados se comportan como empleados de los sindicatos que disponen de estos delegados con toda libertad y autoridad.

Así, estamos ante la presencia de dos gigantescas empresas, UGT y CCOO muchos de cuyos ingresos no proceden de su propia actividad sino que los succionan de la actividad de otras empresas y de los impuestos de los ciudadanos sin que exista control alguno, al menos, sobre los fondos públicos recibidos, que son los mayoritarios. De hecho, estamos ante organismos que tienen miles de trabajadores asalariados a su servicio, pero cuyos salarios, en su mayoría, son abonados por otros.

Muy pocas empresas en España superan los 25.000 trabajadores. Telefónica asegura tener en España más de 100.000 profesionales pero no especifica si todos ellos son asalariados o si son meros colaboradores externos. El Corte Inglés tiene poco más de 50.000 trabajadores reconocidos. En cualquier caso, en toda España apenas hay una decena de empresas con más trabajadores asalariados que UGT y CC.OO, si bien los pagan ellas mismas y no terceros.

Para saber el número real de los trabajadores de los sindicatos mayoritarios, a los liberados habría que añadir los trabajadores contratados, estable o temporalmente por UGT y CCOO y sus fundaciones y organismos relacionados, número que tampoco es conocido por la sociedad española.

Si se suman unos y otros podríamos estar ante dos megaorganizaciones cuyo personal, en su mayoría, es pagado por otros y cuyos ingresos proceden en su mayoría de los impuestos u otras empresas.

Financiación Sindical, en Voto en Blanco

Post de Albatros en Voto en Blanco

Uno de los secretos mejor guardados desde el comienzo de la transición política ha sido la financiación de las organizaciones sindicales. Todo, según nos cuentan, para “garantizar la libertad sindical” proclamada en el artículo 28.1 de nuestra Constitución.

Hay una parte de financiación conocida: el Ministerio de Trabajo financia a las centrales sindicales, en 2009, con 15.798.500 euros para la financiación basada en la representatividad, según los delegados obtenidos en elecciones sindicales y con destino vago e indeterminado: actividades de carácter sindical, y con otros 4.800790 euros, que se destinan a “compensación económica por participación de centrales sindicales y organizaciones empresariales en los órganos consultivos centrales y territoriales del Ministerio de Trabajo e Inmigración, de sus organismos autónomos y de las entidades gestoras de la Seguridad Social”. ¡Genial!

Pero, hete aquí que estos 20 milloncejos son tan sólo una puntita de la parte visible del iceberg. Tan bajísimo es el grado de afiliación en España (cuentan con un millón largo de trabajadores afiliados ¡según sus propios datos!), que los sindicatos se “buscan” sus recursos en otras subvenciones, al margen de las de su representatividad (obviando que dicha condición se adquiere con el 10% del resultado electoral en las centrales de ámbito nacional), en función de otros conceptos como sus funciones consultivas o con el sufragio de actividades como la formación profesional.

Esos sindicatos a cuyos dirigentes se les llena la boca exigiendo transparencia a todo el mundo (empresarios, organismos oficiales, instituciones, etc.), llevan, sin embargo, más de 30 años ocultando sus finanzas, incluso en la parte de recursos que proceden del erario público, a través de las distintas administraciones descentralizadas del Estado.

La complejidad organizativa de los sindicatos con respecto a la estructura administrativa del Estado, de las Comunidades autónomas y de los Ayuntamientos, hacen poco menos que imposible ni tan siquiera aproximar la cifra de dinero que manejan. No olvidemos que se trata de más de 8.000 municipios, 17 comunidades autónomas y la Administración Central del Estado, y que todos, a cual más, son pródigos contribuyentes a estas organizaciones.

Por otra parte, otro pilar de la financiación actual de los sindicatos es a través de las empresas. Las grandes empresas, sobre todo, mantienen una gran parte del aparato burocrático de los sindicatos «liberados» por las llamadas «horas sindicales» que se consumen fuera de la propia empresa ante la tolerancia interesada de la patronal.

Hasta tal punto llegan en su descaro y avaricia que hay ejemplos tan vergonzantes como cuando en 1990, CCOO y UGT firmaron el III Convenio con la Administración y alcanzaron un pacto complementario, no publicado en el BOE, que reconocía a estos sindicatos una subvención de 1 millón de pesetas anuales. En junio de 1991, el acuerdo fue denunciado a la Audiencia Nacional por otra central, USO. La sentencia obligó a anular la subvención pactada por ambas centrales.

Y además, súmenle, al enorme agujero negro que venimos descubriendo, las subvenciones encubiertas, entre las que destacan, por su importancia, los fondos destinados a los cursos de formación que manejan un presupuesto de 800 millones de euros. Sólo en concepto de “formación intersectorial”, CCOO y UGT recibirán este año 21.083.110,63 euros, y en la “formación sectorializada” los sindicatos percibirán 172.667.675,5 euros (83.461.408,7 euros para CCOO, 85.025.943 para UGT, y otros 4.184.000 euros para el resto de sindicatos).

Pero, por si todo lo antedicho fuese poco, está el tema de los patrimonios sindicales. Los hay de dos tipos: el acumulado y el histórico.

El régimen de Franco instauró la Organización Nacional-sindicalista, de afiliación obligatoria, que fue acumulando un importante patrimonio. El uso y disfrute de los bienes que integran ese patrimonio se halla hoy cedido de manera gratuita a los sindicatos en virtud de la Ley 4/1986 de 8 de enero, de cesión de bienes del patrimonio sindical acumulado.

La citada Ley fue modificada por el Real Decreto Ley 13/2005, que introdujo importantes elementos de flexibilidad. La ley exigía que los bienes a restituir hubiesen sido incautados en su día y hubiesen pertenecido a las organizaciones reclamantes, o sus entes de carácter sindical afiliados o asociados, debiendo restituir o abonar el valor de mercado a fecha 14 de enero de 1986 de esos bienes y sin que hubiese un plazo para reclamarlos.

Bien… pues el Real Decreto Ley elimina la exigencia de que los bienes hubieren sido “incautados”, entiende aceptable que hubiesen pertenecido a cualesquiera personas jurídicas (aunque no fuesen de naturaleza sindical) afiliadas, asociadas o simplemente vinculadas a la organización sindical reclamante, y además añadió intereses desde el 14 de enero de 1986, fijando como fecha límite para la reclamación del patrimonio sindical histórico el 31 de enero de 2006.

La distribución de los bienes del patrimonio sindical acumulado, entre ellos numerosos inmuebles, se llevó a cabo por una Comisión Consultiva tripartita con doce miembros representando a la Administración, otros tantos a las organizaciones empresariales, seis a los sindicatos mayoritarios y seis a los minoritarios. El resultado ha sido que los grandes sindicatos se han apoyado en los otros grupos de interés, dejando a los minoritarios huérfanos de ningún poder de influencia en la Comisión. Así, en ámbitos territoriales de fuerte implantación de ciertos sindicatos, caso de ELA-STV en el País Vasco, CCOO y UGT se han quedado con 2,5 veces más metros cuadrados de inmuebles que lo que les correspondería a su representatividad.

Como resultado, y por acuerdo del Consejo de Ministros de de 24 de noviembre de 2006, UGT ha recibido un total, intereses incluidos, de 149.420.000 € y la titularidad de 26 inmuebles. “Casualmente” una cifra aproximada (exactamente 212.540 € menos) a lo que UGT le debía al ICO como resultado de haber sido declarada responsable civil subsidiaria por los fraudes de la PSV (Sociedad Cooperativa de Promoción Social de Viviendas) y de la IGS (Iniciativas de Gestión y Servicios Urbanos).

Y no era la primera vez que UGT cobraba una compensación financiera con cargo al patrimonio histórico incautado tras la Guerra Civil. En los años ochenta el Gobierno de González les había entregado 4.144 millones de pesetas (unos 25 millones de euros) por los bienes solicitados por el sindicato y cuya propiedad estaba acreditada.

Estas formas de financiación, no cabe duda que tienen relación directa con la burocratización y corrupción en los aparatos sindicales; pero, sobre todo, es un arma poderosa «de quienes pagan» para hacer valer sus derechos en los “momentos decisivos”, o para tener siempre moneda de cambio en las negociaciones.

¿Cuántas reconversiones o rebajas salariales tendrán como base una buena dosis de cursillos de formación?, ¿cuántos convenios se habrán cerrado con más “horas sindicales”?, ¿cuántos Pactos tendrán relación con el Patrimonio Sindical?

Pero a pesar de este volumen económico, no existe aún una ley que regule la financiación sindical; una situación similar a la de los partidos políticos.

El problema es que la financiación mediante subvención viene a ser lo mismo que un impuesto a pagar entre todos (incluidos pensionistas, empresarios o trabajadores que no se benefician, ni es previsible que vayan a beneficiar, de la labor de los sindicatos).

Ahora bien… debemos tomar conciencia de que este impuesto lo pagamos en cualquier caso, pero facilitamos la tarea del Gobierno si no marcamos ninguna casilla en nuestra declaración, y permitimos que el dinero no se destine a la Iglesia y a fines sociales, y vaya, por el contrario, directamente a los Presupuestos Generales del Estado. Es decir, si no marcas las casillas de asignación a la Iglesia y a fines sociales, tu asignación se imputará a los Presupuestos Generales del Estado y, por tanto, estarás delegando en el Estado la decisión sobre el destino de este dinero. ¡Y con Zapatero gobernando!

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autónomos, autorregulados y productivos

Reproduzco parte de un muy interesante artículo de Esteban Hernández sobre el mundo del trabajo y los suicidios en France Telecom, publicado en El Confidencial:

“Creemos que es posible comportarse durante el día como un sádico con los subordinados y luego llegar a casa y ser un padre ejemplar. Nos dicen que es posible estar sometidos a presión continua en el trabajo y después actuar como un marido estupendo. Y no es verdad”. Jesús Villena, editor de Modus laborandi, empresa especializada en la publicación de textos sobre el mundo del trabajo, se refiere a un entorno, el nuestro, que nos exige separar radicalmente la esfera laboral de la privada, que nos reinventemos si nos quedamos en paro y que respondamos perfectamente bajo presión (incluso mejor que sin ella); un entorno en el que, como afirma Amparo Serrano, profesora de psicología social en la Universidad Complutense de Madrid, “debemos ser trabajadores autónomos, autorregulados y productivos, predispuestos a cooperar y a formarnos continuamente, y en el que debemos, ante todo, saber estar”.

El problema es que la realidad va por caminos diferentes a los de ese discurso “que nos exige poder con todo”, como demuestran los casos de los 23 empleados que se han suicidado recientemente en France Telecom. Y llueve sobre mojado, porque hace un par de años Renault vivió problemas similares, y eso sin contar los muchos sucesos, dicen los expertos, que no salen a la luz. Por eso, asegura Villena, no deja de ser llamativo que no se promueva una reflexión profunda sobre nuestro modelo laboral.

“Todos somos conscientes de la importancia del trabajo y de lo que afecta a nuestros hijos o a nuestra vida privada. Por ejemplo, que los abuelos estén hoy educando a los nietos dice mucho de nuestros modelos productivos”. Sin embargo, apenas hablamos de las estructuras, prefiriendo señalar con el dedo a las personas. Así, “cuando alguien salta por la ventana, es sólo a causa de sus problemas personales”,

Esa fue también la explicación pública que ofreció France Telecom cuando los hechos se dieron a conocer. Como ocurrió con otras organizaciones, la telefónica gala se limitó a quitarse de encima toda responsabilidad, culpando a individuos de personalidad frágil que no supieron adaptarse a los cambios que conllevaba la presión. Y eso, apunta Villena, que quienes se suicidaron “eran personas que tenían un índice de responsabilidad muy alto, y a las que se las suponía, pues, una capacidad elevada para afrontar tensiones, que decidieron cometer el acto suicida en su propio puesto de trabajo y que dejaron una carta en la que aseguraban que su vida laboral resultaba insostenible”. Por eso, asevera Villena, no podemos afrontar estos acontecimientos como si estuvieran causados por simples reacciones patológicas de empleados inadaptados.

Sin embargo, según afirma Luis Enrique Alonso, catedrático de sociología de la Universidad Autónoma de Madrid, esa es la tendencia predominante en la última década, en la que se ha optado “por reducir los problemas sociales a problemas personales”. Así, el análisis de las disfunciones en el ámbito laboral “ha quedado limitado a aquellas a las que se podía dar una explicación desde la psicología, como es el acoso moral”. Igualmente, la solución contemporánea a los problemas “suele pasar por la oferta de tratamiento (desde la simple autoayuda hasta el paso por terapias conducidas por profesionales), con el objetivo de que quienes están sufriendo fortalezcan su carácter”. Así, ya no se abordan las cuestiones estructurales (tampoco las que conducen al acoso) sino que todo se reduce a incitar actitudes positivas ante los malos tiempos.

“Todos sabemos que las condiciones de expresión de comportamientos individuales están encuadradas en marcos sociales, pero en lugar de ser consecuentes y hablar de normas o de justicia, nos limitamos a decir a quienes están pasando por una situación de sufrimiento que se puede salir de ahí fortificando el carácter”. Lo que, además, suele provocar resultados contraproducentes: “Hemos visto en investigaciones realizadas con compañeros franceses cómo estas actitudes tenían un efecto rebote muy fuerte, ya que si alguien pasaba por un tratamiento y el problema no se solucionaba, la frustración era enorme, porque añadía un elemento de culpabilización: si te volvía a ocurrir estaba claro que te habías preparado mal”.

Y esta falta de cuestionamiento del papel que las organizaciones juegan en estos procesos está generando perjuicios a todos los implicados, empresas incluidas. Si en lugar de atajar adecuadamente las disfunciones, aquéllas se limitan a señalar como responsables a quienes están en la parte más débil de la relación, el resultado no puede ser otro que la perpetuación de los problemas: gran parte de la ineficiencia de las organizaciones actuales proviene de ese empeño en cerrar los ojos a lo que no funciona.

El ERE de Sidenor

Fragmentos de la noticia según distintos medios:

La dirección de la compañía siderúrgica Sidenor ha asegurado hoy que el Expediente de Regulación de Empleo que negocia con los sindicatos pretende adaptar la actividad a la demanda y no supondrá el despido de "ningún empleado fijo".

Sidenor , a través de un comunicado, ha explicado que este expediente, que afectará aproximadamente a 2.200 trabajadores de una plantilla total de 3.114, está motivado por la "fuerte caída" de la demanda de acero, especialmente por el sector de la automoción, "del que depende gran parte de su actividad".

Ante esta situación, la reducción de actividad y la aplicación de la flexibilidad prevista en el convenio colectivo se han revelado "insuficientes", según la compañía, por lo que se ha debido recurrir a un Expediente de Regulación de Empleo del 1 de enero al 30 de septiembre de 2009 en todos los centros de trabajo.

Este ERE va dirigido a aproximadamente 2.200 trabajadores de Sidenor Industrial, I+D y Forjanor.

El sector de grandes piezas forjadas y fundidas de la fábrica de Reinosa no está incluido en esta medida, pues su cartera de pedidos se mantiene de momento a un buen nivel.

Los otros centros pertenecientes al Grupo Sidenor (Trefusa, Rectificadora del Vallés y Gabilondo) ya han presentado su propio Expediente de Regulación de Empleo.

Se trata, según la empresa, de "reducir las jornadas de trabajo durante los meses de enero a septiembre de 2009".

La empresa negocia con los sindicatos la forma de paliar los efectos que estas medidas tendrán en los trabajadores involucrados, aunque ha recordado que la administración pública "asumirá una parte de las percepciones salariales de los trabajadores, aportando Sidenor un complemento en función de las condiciones pactadas con los representantes sindicales".

Cuando la situación de mercado mejore "estas medidas serán ajustadas en consonancia con la evolución de la demanda", ha precisado la compañía.

Sidenor ha recalcado que, en todo caso, el ERE "no supone ninguna extinción de contrato", por lo que no habrá "ningún despido de empleados fijos", sino que "busca reducir temporalmente el tiempo de trabajo efectivo de la plantilla ajustándolo al nivel actual de demanda del mercado".

Publicado en El Diario Montañés

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