Interesante post publicado en El blog de esPúblico:
Un colaborador anónimo nos ha enviado el texto que reproducimos a continuación: «Los ayuntamientos españoles están en quiebra. Al cierre del tercer trimestre de 2008, el conjunto de las administraciones locales tenían ya una deuda acumulada de 30.792 millones de euros y, si se cumplen los nada halagüeños pronósticos sobre la evolución de nuestra economía, esta cifra se disparará en un futuro próximo hasta amenazar la viabilidad del sistema. La cantinela oficial atribuye la causa de semejante fracaso colectivo a la insuficiente financiación de la administración local "obligada" a asumir competencias que no le son propias, sobre todo en la prestación de servicios sociales. Aunque puede haber algo de verdad en este argumento cualquiera que conozca o haya seguido mínimamente los entresijos de la administración local sabe que no pocas veces la causa real de esta situación es la desastrosa y vergonzante gestión que ha caracterizado a la inmensa mayoría de los ayuntamientos. Desprovistos de prácticamente cualquier mecanismo de control, algunos políticos locales han hipotecado sus ayuntamientos con plantillas exhorbitantes (de amiguetes y enchufados claro), han recurrido sistemáticamente a proveedores de "confianza" y han realizado inversiones faraónicas sin la debida planificación.
El sentido común nos llevaría a pensar en la necesidad de poner coto a los desmanes de alcaldes y concejales estableciendo más control sobre la actuación de los políticos. La manera más inmediata sería reforzar a los secretarios e interventores locales, cuya función, ya desde tiempos de la segunda república, es precisamente asesorar y fiscalizar la actuación de las corporaciones municipales desde la independencia del poder político de turno. Uno de los elementos esenciales para que estos funcionarios cumplan su función de manera independiente es que los procesos para su selección cumplan escrupulosamente los principios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad. Pero el sentido común no es aplicable a las decisiones de nuestros gobernantes, al menos en lo que respecta a la reciente modificación de las oposiciones a secretarios e interventores de la Administración Local que ha dejado en manos de las autonomías la convocatoria y selección de plazas para estos funcionarios. Nadie ha sabido o querido explicar las razones de este cambio, cuya gestación está relacionada con el mercadeo entre el PSOE y ERC para asegurar la investidura del Presidente Zapatero. Por alguna razón, los nacionalistas de Carod Rovira, que controlan las convocatorias de empleo público de Cataluña, han decidido seleccionar ellos mismos a los funcionarios que supuestamente fiscalizarán su actuación en los ayuntamientos, algo a lo que el gobierno central no parece haber puesto objeciones. Paradójicamente el cuerpo mantiene la habilitación estatal, por lo que se da la kafkiana situación de que, por ejemplo, un secretario que ejercerá en Canarias ha sido seleccionado por su dominio del idioma y el estatuto catalán,es decir una vez ganada la oposición de habilitación estatal puedes optar a un puesto en cualquier municipio de España ¿Cómo se puede entender entonces, que se haya exigido el catalán como exámen eliminatorio en las recientes oposiciones convocadas en Cataluña? Como consecuencia se ha propiciado la descomposición del cuerpo opositor que, después de años de duro trabajo para preparar un temario único para toda España y de poder concurrir a procesos anuales se ha encontrado con 17 temarios distintos y 17 posibles convocatorias sin ninguna regularidad en el tiempo.
Nuestros gobernantes afirman un día sí y otro también que su prioridad es luchar contra el marasmo económico en el que ha entrado España, incapaz de crear empleo y oportunidades para la gente joven y desbordada por la ineficiencia de sus administraciones, mayor cuanto más se desciende en el ámbito competencial. Sin embargo sus actuaciones están marcadas por la búsqueda de la poltrona a toda costa, sin ninguna consideración sobre las implicaciones de sus actos para el resto de los ciudadanos. La liquidación “de facto” de un cuerpo independiente de secretarios e interventores de la administración local se ha consumado en 2009, las consecuencias negativas para nuestra democracia perdurarán más en el tiempo.»
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