El capítulo del programa electoral del PP sobre “regeneración democrática” es igual a cero, no hay nada de nada, lo del sistema de elección del Tribunal Constitucional es una broma que no impide su politización, y todo eso de la transparencia y el buen gobierno no compromete a nada. El contrapunto a este vacío programático lo ha querido poner el diario El Mundo al presentar “100 propuestas para defender y fortalecer la democracia”, un empeño tan desmedido como inútil -aunque aparezcan propuestas de interés- en línea con el empeño ‘pedrojotista’ del “todo a 100″: cien medidas anti-crisis; cien interrogantes sobre el caso Faisán; y cien preguntas al que fue ministro de Interior Rubalcaba, sobre la conspiración del 11-M, que nunca existió. ¿Se acuerdan?
No ponemos en duda el talento y la vocación democrática (y monárquica) del profesor Jorge de Esteban que parece haber coordinado el trabajo, pero previamente tenemos que plantear unas cuestiones que conviene despejar: ¿es plenamente democrático el vigente sistema político que tenemos en España? ¿Acaso las carencias del sistema, mas bien partitocrático, español no están en el origen del deterioro político, social y económico que invade España, incluido el deterioro de la cohesión nacional? Si esto es así no se debe hablar de la regeneración sino de reforma (revolución será excesivo) del sistema político español, el que entre otras cosas no garantiza algo tan esencial en toda democracia como es la separación de los poderes del Estado. Lo que es peor favorece la acumulación de dichos poderes y evita todo control democrático del poder ejecutivo. Lo que acompañado del vigente sistema electoral conduce al secuestro de la soberanía nacional por parte de los aparatos de los partidos que habitan la mayoría gobernante (o que esperan su turno en la alternancia). Y todo ello a medias con poderes ‘fácticos’ ajenos al campo democrático como son el financiero (la obscena intervención actual de los mercados en la vida democrática, dan fe de ello); y en el caso español la ‘cama redonda’ de la política, finanzas y grandes medios de comunicación, así como las injerencias en la soberanía nacional de potencias ajenas a nuestro país como la Iglesia Católica (desde tiempo inmemorial) o Estados Unidos(desde el franquismo).
Si esto no fuera así sería impensable que personajes de la escasez política e intelectual como Zapatero y sus ministros -del “todo a 100- hubieran llegado al Gobierno de España; o que nadie los hubiera podido controlar o expulsar del poder ejecutivo ante los destrozos causados, que han llevado el país a la ruina y a la desunión nacional, sin control alguno. O que aún siga floreciendo en España la corrupción; o que se tapen o indulten los abusos y escándalos de los poderosos del dinero; o que España se trague el escudo anti misiles por decreto; o una reforma encubierta de la Constitución para el insolidario estatuto catalán; o unas reformas de la Carta Magna en quince días y sin referéndum; o la legalización de Bildu y otras tantas cosas más, y sólo citamos casos recientes y a la vista de todos (y muchos de ellos bajo el pacto del Gobierno y la Oposición).
El debate sobre la necesaria reforma democrática en España es apasionante y bien merece una extensa disertación. Pero permítasenos en esta crónica de urgencia resumirlo en muy pocas ideas, o propuestas para la reforma del sistema partitocrático español (hijo menor de la Democracia): en un primer lugar sobre el Poder Ejecutivo: se ha de elegir al presidente del Gobierno, (en una Monarquía Parlamentaria), o al Jefe del Estado (en una República, previo referéndum sobre ambas formas de gobierno) en unas elecciones presidenciales a dos vueltas de circunscripción única nacional y ajenas a las Legislativas. Dos: el Poder Legislativo: el Parlamento debe elegirse con los candidatos en las listas abiertas en circunscripciones de toda España (el sistema mixto alemán, con una lista global incluye el virus partitocrático, aunque no es malo del todo). Tres: El Poder Judicial: ni el poder Ejecutivo ni el Legislativo pueden intervenir en la elección de los órganos gestores del poder Judicial (tal y como ocurre ahora) y por lo tanto tampoco deben influir en la formación de los altos tribunales del Estado. Los órganos judiciales del Estado deben tener jurisdicción nacional y ser elegidos solo por todos los cuerpos jurídicos del Estado.
Sin estas tres reformas esenciales todo lo demás -las “propuestas a 100″- son variantes para lavar la cara y para consolidar la partitocracia vigente. A ellas hay que añadir medidas importantes como la retirada de financiación a los partidos políticos (el modelo actual vicia el sistema electoral y crea una discriminación flagrante con las minorías); y otras relativas a la separación definitiva en España de la Iglesia y el Estado; el fin de bases extranjeras en nuestro territorio; y el cumplimiento inexcusable de la legalidad tanto a los poderosos como a los nacionalistas, cuyo chantaje permanente se tiene que acabar. Si conseguimos, además, erradicar la partitocracia de los medios de comunicación (al menos en los públicos), para que la prensa ejerza con su independencia la función de contrapoder que le corresponde, pues todavía mejor. Si se ponen en pie estas reformas democráticas esenciales que son el núcleo de todo sistema democrático y la garantía de la soberanía nacional, a partir de ahí podremos hablar de otras mejoras y ocurrencias más o menos positivas. Pero sin todo esto, empezando por la elección directa y el control democrático ecutivo lo demás es dejar las cosas como están.
Publicado en República.com http://www.republica.com/2011/11/01/la-democracia-del-todo-a-100_405687/
1.- Reforma constitucional que reconozca y potencie la Iniciativa legislativa popular, con: Reducción del número de firmas acreditadas necesarias; extensión de la iniciativa a materias propias de ley orgánica y de reforma constitucional; simplificación del procedimiento de presentación y de tramitación parlamentaria de la iniciativa popular; y finalmente, reconocer la iniciativa legislativa popular revocatoria de leyes aprobadas por el Parlamento.
2.- Reforma constitucional para la independencia judicial, por la que ningún militante de partido ni miembro de Gobierno y asimilados, puedan acceder al ejercicio de la función jurisdiccional.
3.- Transformar el actual Estado de las Autonomías y en general, crear una organización territorial del Estado eficiente susceptible de ser costeada.
4.- Reducción del número de Ayuntamientos allí donde el tamaño, la viabilidad económica y la proximidad, aconseje agrupar varios municipios y pedanías bajo un único órgano rector.
5.- El Articulo 2 de la Constitución. deberá quedar redactado como sigue: “La Constitución se fundamenta en la indisoluble unidad de la Nación Española, patria común e indivisible de todos los españoles, y reconoce y garantiza la igualdad y el derecho a la solidaridad, entre todas las regiones y provincias de España.”
6.- El Articulo 3 de la Constitución, en sus apartados 1 y 2, quedará redactado del modo siguiente.
3.1.- El castellano es la lengua española oficial del Estado. Su enseñanza, uso y aprendizaje es irrenunciable.
3.2.- Las demás lenguas españolas gozarán de protección estatal, pudiendo ser objeto de enseñanza y aprendizaje como segunda lengua a elección de los progenitores, pero nunca en detrimento del idioma oficial de España.
7.- Una nueva ley del Referéndum Popular, tanto consultivo como vinculante, ampliando las materias que puedan ser objeto del mismo, modificando las mayorías necesarias para su convocatoria y su aprobación, introduciendo los medios de la era digital en la que actualmente vivimos, constituyendo Internet una herramienta necesaria y práctica para el voto no presencial, con todas las garantías.
8.- Sistema financiero: Recapitalización con fondos públicos de las entidades financieras que lo necesiten, incluso nacionalizándola si fuera preciso, siempre antes del 31 de diciembre de 2011. Aprobación de límites a la compra de deuda pública.
9.- Reforma del sistema de convenios colectivos, para que dejen de ser obligatorios.
10.- Obligación de que Sindicatos y Asociaciones empresariales presenten sus balances y cuentas de resultados en el registro mercantil, como hacen la totalidad de empresas y otro tipo de entidades empresariales y fundaciones en España
11.- Supresión de las subvenciones generalizadas por parte de todas las administraciones a todo tipo de empresas, fundaciones y organismos, salvo casos claros, y expuestos públicamente.
12.- Transferir el sistema de formación de los trabajadores, es decir, las políticas activas de empleo, a un organismo dependiente del Ministerio de Educación, sin intervención sindical.
13.- Reformar el Estatuto del Ministerio Fiscal, en todos los aspectos que limitan su independencia.
14.- Introducir modificaciones en el sistema de financiación de las elecciones, estableciendo límites a los gastos electorales, perfeccionando el sistema de control por parte del Tribunal de Cuentas.
15.- Reforma del Sistema Electoral Español, en orden a consagrar, incluso constitucionalmente, el principio democrático de “un hombre, un voto y con el mismo peso político.”
16.- Instar al Gobierno de la Nación y a las Cortes Generales, para que implementen herramientas digitales de democracia participativa y deliberativa.
17.- Eliminación de cualquier estatuto jurídico privilegiado para la clase política.
18.- Responsabilidad civil, o penal, para todas aquellas personas que gestionen irresponsablemente, o irregularmente, fondos públicos.
19.- Eliminación de la financiación pública de los partidos políticos, sindicatos, patronales, fundaciones de partidos y ONG de dudoso servicio a la sociedad.
20.- Establecimiento por Ley de penas muy severas para aquellos jueces y fiscalesque con abandono del derecho, dicten resoluciones o actúen por servilismo político o por motivos espurios de las personas físicas que encarnan el poder judicial en cada momento.
21.- Realizar una profunda reestructuración de las funciones y cometidos del Estado. Recuperar el principio de excelencia en la Administración Pública. Recuperar el principio de Administración Única y eficiente, descentralizando funciones para acercar el control del poder a los ciudadanos.
22.- Sin censura previa, se reclama una ley que regule la actividad de los medios de comunicación y que establezca responsabilidades civiles y penales capaces de disuadir de la utilización torticera de su poder, especialmente cuando se usa en calidad de terminal mediática de los partidos políticos
23.- Creación de una Facultad Universitaria de Administración Pública con el grado de licenciado para la formación de los futuros funcionarios, sin perjuicio de tener que superar las oposiciones que puntualmente se convoquen para los puestos específicamente demandados en cada convocatoria.
24.- Arbitrar el sistema para que cada electo responda directa y personalmente de sus decisiones políticas ante sus electores, al margen de cuál sea el partido político que lo nomine.
PETICIONES FINALES
FUENTE: Fundación Civil
La corrupción política solo puede combatirse mediante la libertad política colectiva y la separación de poderes. Es decir, mediante una Cámara de diputados elegidos directamente en candidaturas unipersonales en distritos pequeños (sujetos al elector bajo mandato imperativo y revocable), un poder ejecutivo independiente, elegido en elecciones separadas de las legislativas, y un poder judicial elegido también independientemente por un cuerpo electoral compuesto por todos los agentes del mundo judicial. Es necesario que exista además un mecanismo de mutuo control de la Cámara y el Gobierno, de modo que puedan disolverse entre sí ambos poderes en caso de conflicto político insoluble o corrupción de cualquiera de los poderes. La justicia debe operar, a mayor abundancia, sin privilegios para la clase política. Este sistema político que ampara la libertad colectiva, separa los poderes del Estado y combate la corrupción mediante instituciones y mecanismos inteligentes, se llama República Constitucional. En España, el grupo civil Movimiento Ciudadano por la República Constitucional (MCRC), fundado por el jurista y político Antonio García-Trevijano, promueve dicho sistema político en Europa, frente al monopolio del poder de la oligarquía de partidos, en vigor desde la II Guerra mundial, que sustituyó a los regímenes dictatoriales fascio-nacistas. Los libros Teoría Pura de la República y Libertad Constituyente, de Antonio García-Trevijano, publicados recientemente en España, dan cuenta de las bases teóricas de la República Constitucional y del proceso de acción, ya iniciado, de conquista de la libertad política colectiva y la democracia representativa (formal o política).
Publicado en Facebook por José María Aguilar Ortiz
Si alguien tenía la esperanza de que la democracia se recuperase en España de la mano de estos políticos y de estos partidos habrá quedado chasqueado: la reforma constitucional anunciada por los dos partidos dominantes es una operación de imagen, probablemente baldía, para defender ante propios y extraños la capacidad de un sistema político, carcomido por la partitocracia, que desprecia a los ciudadanos y que utiliza sus tribulaciones para venderles elixires curalotodo. Por eso, no es extraño el desapego y la irritación creciente de parte de la sociedad ante tal estafa.
Quienes proponen esta reforma constitucional, cuyo contenido no es más que un breve recordatorio de algunos principios de buen gobierno, saben de su inutilidad, si no se hacen los cambios constitucionales necesarios para ordenar seriamente el Estado y para vigorizar el poder público. Es como trazar una raya en el agua de la tormenta económica. También lo saben, y si no lo averiguarán pronto, los inversores y los llamados mercados, para los que la crisis española es una pieza de caza mayor en la cacería del euro y de la unión monetaria europea, sobre cuya ruptura o desaparición se cruzan ya apuestas. Tampoco parecen ajenos a este enjuague los capitanes de la Unión Monetaria y del Banco Central Europeo, los de la carta-ukase secreta, atrapados en el laberinto de la crisis financiera, producto de la expansión crediticia que estimularon con entusiasmo. Por ello, parece justificado huir de los consejos turbios y de las amalgamas imposibles y enfrentarse a los problemas con energía, claridad de ideas y autenticidad democrática.
Creo que para abordarlos, y no eludirlos con meras campañas de imagen como la que nos ocupa, conviene insistir en que la crisis española, salvo demostración en contrario, es política y económica y trasciende a la internacional, aunque es verdad que ésta ha creado una situación crítica en Europa que agrava nuestros males. Pero en tanto no se reconozca así, seguiremos condenados a ser rehenes de la estulticia y del instinto de supervivencia de un sistema cuyo único objetivo es resistir. La meta ahora es procurar la sustitución del gobierno en las elecciones anunciadas y ya se verá. Aunque todos saben que el problema es de mayor enjundia, nadie quiere asumir el fracaso de un modelo político y económico que ha agostado para largo tiempo las ilusiones de los españoles.
Un Estado hipertrófico
En lo político tenemos los españoles un Estado hipertrófico, producto y cosecha de la Constitución otorgada en 1978, que ha engordado a lomos de la bonanza económica y del esfuerzo fiscal de sucesivas generaciones, y que ahora se nos muestra incapaz de responder a las necesidades de sus ciudadanos: las múltiples y variadas administraciones públicas, ansiosas otrora de competencias y presupuestos, se desgañitan sobre sus penurias actuales y su incapacidad para atender los compromisos; pero, eso sí, la estructura política existente es sagrada y ninguno plantea su cambio o simple abrogación.
En lo económico, sufrimos el desmoronamiento de un modelo excesivamente especulativo, que tiene malherido al sistema crediticio y que ha devastado el tejido empresarial. La recuperación tardará porque nuestras capacidades financieras y educativas están muy mermadas, aunque si se insuflase algo de seriedad y ejemplaridad por parte de las clases dirigentes, la sociedad conseguirá salir del pesimismo y de la desesperanza, sobre todo si no se ve tratada como una menor de edad, con espectáculos como el de esta proyectada reforma constitucional y otros parecidos que pueden venir en los meses próximos. Parece que nos aguardan grandes tardes de gloria.
Lo sucedido y anunciado en estos días es tan burdo y tan poco democrático que hasta algunos componentes del sistema de partidos y de sindicatos han elevado sus protestas, incluso los del partido del gobierno, que patrocina la reforma. Bien es verdad que protestan contra tal reforma, pero no hacen ni la menor mención a los cambios constitucionales que sí podrían oxigenar la vida pública. De todas maneras, las protestas no pasarán de un pequeño lío de familia y todo el mundo votará sumiso la propuesta de reforma constitucional, porque la han fabricado en una noche los señores que hacen las listas electorales. Y, de momento, no hay más.
Después de año y medio de gobernar por decreto-ley, ahora se propone una reforma constitucional con métodos análogos. Lo que venga después no lo sabemos, desde luego nada bueno, porque con elecciones o sin ellas, si se persiste en el fraude democrático y en el embalsamiento de la crisis española, la incertidumbre seguirá dueña de nuestros destinos. Por eso, la democracia en España tiene primero que ser rescatada y luego reconstruida.
*Manuel Muela es economista
Editorial en Libre Mercado
Hay que reconocer a Rubalcaba la habilidad con que ha colocado la eliminación de las diputaciones en el centro del debate político. Es cierto que otros países europeos con problemas han comenzado a reformar y reducir su estructura administrativa. Pero cabe preguntarse si la socialista es la única propuesta posible o siquiera la mejor alternativa. No nos cabe duda de que el PSOE ha optado por promover la supresión de las diputaciones porque, como ha recordado el PP, prácticamente se ha quedado sin ninguna tras las últimas elecciones. Es difícil tomarlo como una propuesta seria cuando el propio Rubalcaba apoyaba una simple reforma y no su eliminación hace poco más de un mes. Pero no es menos cierto que estas instituciones serían las que menos echarían en falta esas "quince millones de personas" que Ana Mato calculaba que se verían afectadas por su supresión. Primero porque no se elige directamente a nuestros representantes en ellas y, en segundo lugar, porque resulta difícil encontrarles competencias que no puedan asumir entre ayuntamientos y comunidades autónomas. De hecho, las regiones que cuentan con una sola provincia ya carecen de diputaciones, y nadie parece haberlas echado de menos. La medida no estaría exenta de problemas. Para empezar, en el País Vasco las diputaciones forales sí que tienen bastante presupuesto y muchas competencias que en el resto de España corresponderían a las comunidades autónomas, y su eliminación sería constitucional y políticamente muy complicada. Otro tanto sucede, aunque en menor medida, con los cabildos y consejos insulares de Canarias y Baleares. Aunque siempre podría establecerse la supervivencia de estas instituciones, eliminando las demás diputaciones. Por otro lado, siendo la Constitución tan explícita en su artículo 141.2, que regula el Gobierno de las provincias, es posible que su eliminación obligara a una reforma constitucional, de modo que sólo podría llevarse a cabo con el acuerdo de ambos partidos, salvo un descalabro del PSOE sin precedentes. Así que la propuesta de Rubalcaba no deja de ser un brindis al sol, como previsiblemente lo serán todas y cada una de las que haga en campaña. Sin despreciar esta propuesta, posiblemente necesaria, cabe pensar que no es la única posible, ni siquiera la mejor forma de reducir duplicidades y gastos superfluos en nuestra estructura administrativa. Cuando tenemos 8.112 ayuntamientos, casi los mismos que Alemania con aproximadamente la mitad de su población, de los que el 80% gobiernan municipios de menos de 5.000 habitantes, parece claro que su reducción es un imperativo. Mientras que en España se han creado 32 nuevos consistorios desde el año 96, Gran Bretaña ha pasado de 1.500 a 400, Alemania de 25.000 a 8.4000, Bélgica de 2.359 a 596 y Grecia de 5.300 a poco más de mil. Italia, que es el país que más recientemente ha presentado una reforma de su estructura administrativa, eliminará las provincias más pequeñas, sí, pero también obligará a fusionar casi 2.000 ayuntamientos de menos de mil habitantes de los 8.094 que hay en el país. De hecho, mientras que el PSOE no ha estimado cuánto se ahorraría por la supresión de las diputaciones, UPyD ya calculó en16.000 millones de euros al año el gasto público que podría reducirse fusionando ayuntamientos pequeños. Es la diferencia entre una ocurrencia y una propuesta seria.
Lo hizo Grecia, ahora Italia fusiona ayuntamientos de menos de 1.000 habitantes. ¿Cuando nos toca?
Hace ya casi un año, cuando nadie hablaba de estas cosas en España, presentamos un estudio que abordaba este problema y ofrecía soluciones. Nuestro objetivo era demostrar que el modelo municipal español -diseñado en las Cortes de Cádiz y que se mantiene prácticamente inalterable desde entonces- necesita un repaso urgente si queremos garantizar la universalidad y la calidad de los servicios que se prestan a los ciudadanos.
La España liberal de hace casi dos siglos definió un modelo municipal campesino-parroquial que aún perdura. Sirvan algunos datos como ejemplo: España tiene 8.114 municipios para 46.951.532 habitantes; 6.821 municipios (el 84,1%) tienen menos de 5.000; 907 (el 11,2%) tienen entre 5.001 y 20.000, y sólo 240 (el 1,04%) tienen entre 20.001 y 50.000 habitantes.
Somos el único país europeo que no ha hecho reformas para reducir el número de municipios en el último siglo, lo que ofrece un panorama de descompensación en tamaño y población que trae como consecuencia directa que no todos los municipios prestan los mismos servicios considerados esenciales con una calidad mínimamente homologable a los ciudadanos. Por otra parte, el tamaño excesivamente pequeño propicia un exceso de alcaldías y órganos de gobierno local en modo alguno justificado desde la exigencia de los servicios que se prestan.
Como demostramos en el estudio de referencia, los datos sobre eficacia y eficiencia en relación con el tamaño de los municipios aconsejan la puesta en marcha de políticas públicas para promover de forma urgente la fusión de municipios. El ahorro de recursos en diferentes capítulos sería evidente.
Se produciría una importante supresión de cargos políticos, pasando, por ejemplo, de los 48.733 concejales que hay en los 6.821 municipios de menos de 5.000 habitantes a 13.000 concejales si se fusionasen en 1.000 municipios de 5.000 habitantes; o a 7.500 concejales si la fusión se hiciera en municipios de 10.000 habitantes.
Se suprimirían un buen número de empresas y fundaciones redundantes; se reduciría considerablemente el número de empleados públicos; se suprimiría un importante número de coches oficiales, dietas, gastos de representación, etcétera; se liberarían inmuebles que podrían venderse… En suma, aflorarían recursos públicos que podrían destinarse a prestar más y mejores servicios a los ciudadanos en vez de utilizarse para mantener estructuras duplicadas y obsoletas que no tienen, en muchos casos, otro objeto o sentido que la representación institucional.
La ley que regule las fusiones debe obedecer al principio de que la estructura territorial no es un fin en sí mismo, sino un instrumento al servicio de los ciudadanos. En nuestra propuesta consideramos la continuidad geográfica, con un núcleo principal que sea el más poblado, y el establecimiento de un periodo voluntario con ayudas finalistas condicionadas a la fusión, que pasaría a ser obligatoria cumplido un determinado plazo.
En definitiva, dentro del proceso de racionalización del conjunto de las administraciones públicas, es preciso que España acometa también la reforma de los municipios. No podemos seguir manteniendo un modelo obsoleto, que se ha mostrado ineficiente, sólo por atender las apetencias de poder de los dirigentes políticos. Esta reforma -que deberá ser impulsada y dirigida por el Estado, como garante de la igualdad y la estabilidad de las instituciones- es imprescindible.
Me consta que habrá muchas resistencias (tenemos una clase política tremendamente conservadora, más allá de la descripción ideológica con la que quieran definirse), pero lo que no hemos sido capaces de hacer como consecuencia de una reflexión rigurosa habremos de abordarlo obligados por las circunstancias. Una España solvente, con una Administración moderna, debe poner las instituciones al servicio de los ciudadanos, profesionalizando la Administración, luchando contra la corrupción y evitando la descapitalización social.
Rosa Díez es diputada nacional y portavoz de UPyD
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Juan Seoane escribe "Una tarde con Mario" en Diario de la República Constitucional
Hace unos días, movido por la coincidencia de haber nacido en el mismo año, el mismo mes y compartir la afición por E. M. Cioran, acudí a escuchar a Mario Conde en la conferencia que impartió sobre la situación actual de España. Como era de esperar, el conferenciante mostró alardes de un dominio del entramado y evidenció una excepcional brillantez en la descripción de los efectos de la actual crisis política y económica que estamos padeciendo. Sin embargo, a la conferencia del ilustre personaje, “la faltó” lo que en el argot taurino se define como rematar la faena.
Enumerar los efectos de la crisis a estas alturas, no es nada novedoso y a buen seguro, la mayoría de los asistentes los conocían de manera directa o indirecta. Pero lo que se espera de estas conferencias y conferenciantes con pedigrí, no es solamente la descripción de los efectos de una crisis, sino descubrir las causas que nos han llevado a esta situación de precariedad, para poder articular las medidas oportunas, que impidan el abuso y la corrupción de los poderes públicos.
No se mencionó, la situación real de estos partidos políticos artífices del bipartidismo, donde todos defienden la misma ideología gremial con un sentido conspiratorio del voto y ponen el mismo celo en agradar con privilegios insultantes, a las oligarquías financieras y mediáticas. Partidos estatales, que están anclados en el Estado y que no representan a la sociedad civil en absoluto, resultando inútil la sustitución de un partido por otro, donde la ausencia de vocación por la verdad ha consagrado la falsedad de llamar partidos a meras facciones de poder integradas en el Estado.
No se analizó, el sistema electoral de representación proporcional, que produce dos efectos nocivos para la sociedad. Uno, el visible que impide la representación de los electores, y otro el invisible, de considerar al Estado como sociedad política, eliminando la posibilidad de que emerja de la sociedad civil una corriente que pueda ser mediadora entre la comunidad nacional y el Estado para llevar las aspiraciones de la sociedad civil al mismo.
Tampoco se analizo el dignificar la vida pública con unas reglas de juego, que garanticen la Libertad política y la democracia, inexistentes actualmente.
No se mencionó, que las leyes emanadas del parlamento son en realidad anticonstitucionales, porque todos los diputados las votan bajo mandato imperativo de los partidos, prohibido por la Constitución Española del 78.
Sobre la figura del Jefe del Estado, responsable de garantizar la cohesión territorial de la nación, y de la igualdad de los españoles frente a la ley, ni se le mencionó en estos momentos de quiebra institucional, donde es más necesario que nunca, abrir un periodo con total libertad de información para configurar una nueva forma de Estado.
El Sr. Conde manifestó que lo deseable es que de esta situación “se sale”. Pero la única forma pacifica de “salir”, es aislando a esta clase política estatal, provocando una crisis de legitimación del sistema oligárquico actual a fin de sustituirlo por el único sistema que permita elegir en conciencia opciones realmente diferentes y otorgar a los diputados, el carácter representativo de los electores mediante organizaciones políticas sacadas del Estado y devueltas a la sociedad civil, donde cada una se pagará sus gastos mediante las cuotas de sus afiliados exclusivamente. Y a este proceso, se le llama pacíficamente; abstención. Palabra esta no mencionada en ningún momento por el conferenciante, siendo clave para la ruptura con el sistema oligárquico que impera en España.
La brillantez de la conferencia hubiese sido total, sin las sombras de la falta de compromiso en el análisis de las causas de la actual crisis moral y económica, que nos está arruinando como nación.
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