El dogma de las autonomías II

Artículo del profesor Juan Manuel Blanco publicado el 29 de julio de 2010

A partir de los años 90, la literatura económica y política comienza a analizar los graves problemas que generaba la descentralización territorial y a proponer ciertas normas para intentar paliarlos. Los gobiernos regionales tendían a llevar a cabo políticas contraproducentes para el crecimiento económico, a incidir en un enorme gasto clientelar y a incurrir en una intensa indisciplina presupuestaria. Y la causa estribaba en los perversos incentivosque crea el sistema de financiación regional a través de transferencias del centro, ya que rompe el nexo existente entre crecimiento económico de la región y mayores ingresos fiscales así como el vínculo entre gasto regional y presión fiscal.

Dado que las arcas regionales se benefician poco de la recaudación adicional generada por el crecimiento en la región, las políticas favorecedoras de este crecimiento se tornan menos atractivas para los políticos locales, que se inclinarían más por el trato de favor a ciertos grupos de presión a cambio de su apoyo electoral. Se generaría una tendencia hacia la indisciplina presupuestaria ante la perspectiva de que mayor gasto no lleva a la necesidad de tomar una medida impopular como aumentar la presión fiscal en la región: los ingresos dependen, en realidad, de otros criterios, como pudiera ser el poder de negociación con el centro. Por ello, se recomienda establecer un régimen de disciplina fiscal de las regiones, un sistema por el que cada región pueda beneficiarse fiscalmente del crecimiento económico que se genera en su territorio y un centro fuerte capaz de imponer un control del gasto a las regiones.

En contra de lo que se pensaba, el control que ejercen los votantes sobre los gobernantes tiende a ser más imperfecto a nivel regional que nacional. La existencia de varios niveles de administración hace difícil a los votantes atribuir la responsabilidad o los méritos a una administración o a otra. Es fácil que las administraciones autonómicas culpen al gobierno central de unos malos resultados que podrían ser atribuidos a sí mismas. Además, a los gobiernos regionales les resulta más sencillo controlar su parlamento, disfrutar de una relación más cercana con la judicatura o lograr un cierto grado de sometimiento de los medios de comunicación locales (que son más frágiles y pueden depender más de las concesiones o subvenciones de estos gobiernos).Si se añade el hecho de que, en un espacio más pequeño, existen más interacciones entre los agentes privados y los políticos, no resulta extraño que los gobiernos regionales o municipales tiendan a ser más corruptos que los nacionales.

Para reducir la incidencia de estos problemas, se recomienda que el sistema de descentralización esté muy bien diseñado e institucionalizado, con unas reglas del juego perfectamente definidas y una asignación de responsabilidades bien clara a cada una de las administraciones. Esto incluiría el traspaso a las regiones solamente de aquellas competencias cuyos servicios puedan prestarse mejor en el ámbito regional que en el nacional.

Tampoco se observaba la necesaria competencia sana entre regiones, prevista por la teoría del federalismo fiscal, ya que muchos gobiernos regionales tendían a entorpecerla estableciendo toda suerte de trabas, regulaciones, intervenciones administrativas etc., que llegan a poner en peligro la unidad de mercado. Por tanto, la descentralización debe preservar la unidad de mercado y la libre movilidad.

Algunos problemas en el diseño autonómico español

El Estado de las Autonomías español parece adolecer prácticamente de todos los defectos descritos en la literatura internacional sobre la descentralización. A pesar de que se ha intentado impulsar un sistema de financiación objetivo, fomentando la responsabilidad fiscal de las regiones, lo cierto es que, en la práctica, los ingresos de la mayor parte de la autonomías dependen, en mayor medida de un proceso negociador que de sus logros económicos .Esto fomentaría la indisciplina presupuestaria, la enorme expansión del gasto, los comportamientos clientelares y las prácticas contrarias a los intereses de los ciudadanos, observadas en buena parte de las autonomías.

Lejos de responder a un diseño meditado, que contemplase las consecuencias a largo plazo y estableciese un claro reparto de competencias entre el centro y las regiones, el proceso autonómico español estuvo caracterizado por la improvisación, la componenda y la falta de visión de futuro. Ante la imposibilidad de llegar a un acuerdo para cerrar y definir bien el sistema, los constituyentes tuvieron la feliz ocurrencia de dejarlo abierto, al albur de las necesidades e intereses de los gobernantes de cada momento y de la correlación de fuerzas parlamentarias. Desde entonces, el Estado de las Autonomías parece haber evolucionado respondiendo a los intereses de las clases políticas regionales y de los partidos y no a los intereses de los ciudadanos.

Los traspasos de competencias no han seguido un criterio racional de eficacia en la prestación del servicio sino una regla de conveniencia política. Raramente se han beneficiado los ciudadanos de unos servicios más baratos y eficientes pero los partidos políticos descubrieron que un traspaso de competencias del Estado a las Autonomías multiplica por 17 los cargos a repartir entre sus miembros. Aunque un partido pierda el gobierno nacional, siempre tendrá puestos para repartir en algunas regiones. Se crea, por tanto, una gran estructura política y burocrática que, ante la gran imperfección de los mecanismos de control locales, tiende a acaparar casi todos los resortes del poder, a politizar cada vez más espacio de la sociedad civil y a favorecer a los grupos de presión locales, como si en buena parte de nuestras autonomías se fuera instalando un sistema de favoritismo, privilegio y sumisión al poder. Y las políticas de los Gobiernos Autonómicos han tenido, en general, un carácter muy intervencionista incluyendo infinidad de regulaciones que, en opinión de muchos autores, ponen en peligro la unidad de mercado.

Es explicable la insatisfacción permanente de los Gobiernos Autonómicos con las competencias que manejan pues la autonomía va creando una casta política regional, una burocracia y unos grupos de presión que viven del presupuesto público, cuyo mantenimiento requiere más gasto, más presupuesto y más competencias. No es sorprendente que el enorme entusiasmo de estos grupos ante las reformas de los estatutos de autonomía contraste con la manifiesta indiferencia de la mayor parte de la ciudadanía.

Pero la crisis económica ha contribuido a poner sobre la mesa muchos problemas estructurales e ineficiencias que, en otros momentos, pudieron enmascararse fácilmente. Es hora de replantear el proceso autonómico, sacando el debate de la esfera de las emociones, los impulsos primarios, los tabúes y los dogmas para introducirlo en el de la racionalidad y la argumentación. Y, sobre todo, es momento de proponer las reformas necesarias para que los beneficiados sean los ciudadanos y no solamente los políticos y los grupos de presión aledaños.

Cierto, hay propuestas que parecen imposibles... ¡salvo en épocas de crisis!

*Juan Manuel Blanco es profesor titular de Análisis Económico en la Universidad de Valencia.

El dogma de las autonomías

Artículo del profesor Juan Manuel Blanco publicado el 28 de julio de 2010

A pesar del carácter modélico con el que la propaganda oficial ha venido presentando el proceso autonómico español, algunos de sus aspectos no dejan de resultar, cuando menos, sorprendentes. Se ha acometido un intenso proceso de traspaso de competencias del Estado a las Autonomías sin analizar previamente qué servicios pueden prestarse más eficientemente en al ámbito nacional y cuales en el ámbito autonómico. Se han identificado, con frecuencia, los traspasos de competencias con derechos o logros para los habitantes de una región, olvidando que lo que realmente importa a los ciudadanos es la prestación eficaz del servicio, con independencia de cual sea la administración que lo proporcione. La descentralización nunca acaba de cumplir sus objetivos pues cuantas más competencias van asumiendo las Autonomías, mayor insatisfacción se genera en éstas y más reivindicaciones de otras nuevas aparecen.

Se han presentado los traspasos de competencias como una manera de prestar los servicios de manera más eficiente y barata pero, dado que el gasto de las Autonomías ha crecido por encima de la asunción de funciones, podría sospecharse justamente lo contrario. Se ha argumentado, como justificación de la descentralización, que ésta acerca la administración al ciudadano pero, en contradicción con este argumento, no ha existido una segunda descentralización hacia otros entes menores y, teóricamente, más cercanos al ciudadano, como las diputaciones o los ayuntamientos (descentralización en España, pero centralismo en cada Autonomía). Y se ha identificado frecuentemente la descentralización con una profundización de la democracia y de la libertad de los individuos pero la creciente imposición de regulaciones, control de la vida ciudadana y establecimiento de barreras a la movilidad y a la competencia en muchas Autonomías, son hechos que invitan a poner en duda este planteamiento.

Desde su inicio, los análisis críticos rigurosos del Estado de las Autonomías español han constituido una rara excepción. En su lugar, hemos escuchado durante muchos años un discurso plagado de lugares comunes, frases hechas, declaraciones altisonantes, supuestos agravios regionales o apasionados llamamientos a defender la dignidad mancillada de un territorio. En definitiva, mucha carga ideológica y política, muchos elementos emocionales y frases huecas pero poco debate racional, como si de un dogma cuasi religioso se tratase. Y la controversia acerca del nuevo Estatuto de Autonomía de Cataluña tiene visos de desarrollarse con la misma pobreza argumental. Por ello, se echa en falta un nuevo enfoque que, lejos de tabúes y autocensuras, proponga una visión crítica serena y objetiva, que ponga de manifiesto los elementos que hay detrás de este proceso autonómico, señale sus ventajas e inconvenientes, explique los fallos y aciertos cometidos e inicie el debate sobre el mejor camino que debe seguirse en el futuro.

La descentralización de un país puede aportar ciertas ventajas si se realiza de forma adecuada pero, si el proceso no está bien diseñado, como ocurre en el caso español, esta descentralización puede acarrear muchos más problemas que ventajas, favoreciendo los intereses de ciertos grupos locales a costa del resto de los ciudadanos. En los años en que se establece el Estado de las Autonomías en España, la literatura económica y política era claramente favorable a la descentralización pero los malos resultados en muchos países y la investigación posterior han llevado a un serio replanteamiento: ahora los estudiosos son mucho más críticos y cautos con estos procesos.

Las primeras teorías sobre la descentralización

Los líderes de la independencia los Estados Unidos de América consideraron que el esquema de un país unido pero descentralizado (en este caso federal) permitía combinar las ventajas de un país grande (comercio a mayor escala, mejores posibilidades de defensa ante una agresión exterior, facilidad de recaudación de impuestos) con los de un país pequeño (mayor cercanía al ciudadano, que puede controlar mejor a sus representantes) y evitaba la concentración del poder en un solo gobierno, repartiendo éste entre diversos entes territoriales.

Ya en el siglo XX, la literatura económica comenzó a formalizar lo que hoy se conoce como “primera generación de federalismo fiscal” o una teoría sobre las ventajas de la descentralización. Con este esquema, la prestación de ciertos servicios en el ámbito regional lograría adaptar mejor las características de estos servicios a las particularidades locales y, debido a una mayor cercanía, los votantes podrían ejercer un mejor control sobre los gobiernos regionales. Se generaría una sana competencia entre las administraciones regionales por realizar una buena política y gestionar los recursos eficientemente con el fin de atraer ciudadanos de otras regiones que contasen con peores servicios y mayores impuestos. Como corolario, los gobiernos regionales tenderían a reducir su tamaño, contribuyendo así a la consecución de un estado pequeño y eficaz.

Todo este consenso científico, junto con el buen funcionamiento de sistemas federales como los Estados Unidos o la República Federal de Alemania, llevó a la puesta en marcha de procesos de descentralización territorial en algunos países. Sin embargo, ya en los años 90 del siglo XX, los estudios observan que, al contrario de lo que predecía la teoría, los resultados habían sido, en general, bastante decepcionantes. La descentralización parecía generar más corrupción, una gran ineficiencia, una administración hipertrofiada y crecientemente intervencionista, enorme inestabilidad presupuestaria con tendencia a déficits abusivos, mayor inflación y, en ciertas condiciones, menor crecimiento ¿En que había fallado la teoría? ¿Cómo podía explicarse que la descentralización funcionase bien en algunos países pero generase nefastos efectos en otros?

La teoría del federalismo fiscal había fallado por sus erróneos supuestos acerca del comportamiento de la administración y del sistema político: a) los gobernantes no son meros entes altruistas que buscan el bienestar de los ciudadanos, sino agentes que tienen sus propios intereses y b) el mecanismo del voto no constituye un control directo sobre los gobiernos sino un control muy indirecto e imperfecto. Por ello, el tipo de instituciones que se crean en la descentralización van modelando los incentivos de los dirigentes regionales para desarrollar unas políticas u otras, en busca de sus propios beneficios. Se hacía necesario, a la luz de estas nuevas consideraciones, explicar los problemas que crea la descentralización, describir los intereses particulares que pueden impulsarla y definir las condiciones óptimas que debe cumplir. Todo esto se expondrá en la segunda parte del artículo, comparando las condiciones recomendadas con las que han caracterizado el caso español.

*Juan Manuel Blanco es profesor titular de Análisis Económico en la Universidad de Valencia.

Veguerías

Albert Rivera Díaz escribe en Facebook:

Hoy el tripartito aprueba la creación de un nuevo nivel administrativo en Catalunya, las Veguerías. Un capricho nacionalista que nos costará cientos de millones de euros. Ya tenemos UE, Estado, CCAA, diputaciones, veguerías, consejos comarcales y 948 municipios en Catalunya para 7millones. En NY tienen un ayuntamiento para 9 millones. Más puestos para colocar a los amigos y encima con desacato a la sentencia del TC.

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Si a esto llaman Democracia...

Escribía GABRIEL ALBIAC en ABC el Miércoles , 04-11-09

EL peor de los sistemas políticos. Si exceptuamos a todos los otros. No hay más modo de definir la democracia. La política es un mal. Siempre. Y, a finales del siglo XVIII, las escasas sociedades civilizadas del planeta maquinaron ese modo de atenuar la potencia homicida del Estado. Duró dos siglos. Sin extender demasiado su área de influencia: los Estados Unidos, que la inventaron en 1776; Europa, que la adoptó a partir de 1789; alguna ex colonia británica... Y se acabó. El resto del mundo es hoy tan ajeno a ese refinamiento cuanto lo fuera el hombre de las cavernas. Basta hacer un catálogo de los monstruos que se sientan en la ONU: jamás en la historia de la especie humana tanto asesino gozó de tantos privilegios. Ha sido un lujo ese pésimo sistema, el menos pésimo. Un lujo que se muere.

No hablo de España, desde luego: aquí la democracia no ha sido más que un acto escénico. La democracia en Europa es hoy la carcasa de un dinosaurio fósil. Yo sospecho que es así desde 1914: la Gran Guerra no fue la convencional contienda que exhiben los engañosos manuales; un horrible desgarro civil nació en sus trincheras; la certeza de que todos los ideales de convivencia habían sido asesinados, la certeza de que nunca más las convenciones, sobre las cuales la vida social se hacía tolerable, volverían a tener peso verídico. Basta leer al atroz Céline del Viaje al fondo de la noche, para percibir esa tentación de masacre que se estaba abriendo paso; basta leer al Freud más grande, para entender su trama microscópica: rota la red protectora de la ilusión en cultura y progreso, a Europa no le queda más que esa fascinación que pone siempre el destruirse. La imagen del Titanic que zozobra en su indolencia, ha sido, desde que Paul Valéry la formulara en 1919, el retrato fiel de un continente que de sus grandes ideales de democracia no conserva más que una bien fogueada retórica. Hasta llegar a este apoteosis del despotismo político exento de controles ciudadanos que es la Comisión de Bruselas. Hasta llegar a la aberración formal de tratar de erigir una Constitución europea sin sujeto constituyente: una carta de crédito infinito para la hambrienta casta de los que gobiernan.

De España, en esta historia, da una esencial vergüenza hablar. Aquí no hemos pasado por aquel siglo y medio de tensa primacía ciudadana que define los tiempos europeos más brillantes. Entramos en la democracia tarde -cuando ya se disolvía en todo el continente- y por la puerta falsa. Llamar democrática a la Constitución de 1978 era un exceso de euforia. Comprensible. Llamar democrático a lo que ha venido luego, es, sin más, una locura. Salimos de la dictadura; lo cual fue estupendo. Entramos en un régimen de partidos; lo cual no lo fue tanto. Nos resignamos. Al fin es perdonable, viniendo de donde veníamos. Pero hemos llegado al límite. Nada de lo que define una democracia funciona aquí. Un puñado de próceres, con los hilos y finanzas de esas redes de empleo llamadas partidos en sus manos, deciden acerca de todo sin el menor freno de control ciudadano. Dirigen Cajas, nombran jueces, deciden qué es cultura subvencionando a amigos y bufones, roban, sangran sin piedad los ingresos de quienes deben pagarles sueldo y prebendas, hacen correr dinero negro en dimensiones que ninguna red delictiva se atrevería a gestionar... En suma, nos arruinan y nos humillan. Lo aceptamos. Estamos tan entontecidos por su propaganda, que ni nos atrevemos ya a blasfemar en el silencio de nuestras casas. Ni a maldecirlos. Ni a odiarlos. Somos ya los perfectos siervos. Voluntarios y encantados. Si a esto llaman democracia...

Hemeroteca 18 de Julio de 2010

Publicado por Violeta Santiago en El Diario Montañés:

A las once de la mañana, en Bolmir no se mueven ni las hojas de los árboles. Calma chicha: ni un alma a la vista, ni coches por la carretera, ni una sola pegatina de las que se repartieron por San Juan para pedir la anexión a Reinosa. Y, cuando aparece el primer vecino el asunto no mejora: el hombre no quiere pronunciarse, ni que se le nombre, ni que se dé una sola referencia que pueda servir para identificarle. Pero acaba diciendo que el ambiente de Bolmir está muy deteriorado, «la gente está de un lado o de otro» y, las relaciones, «de lo más enrarecidas».

Él apenas hace ya vida en el pueblo. Se va a Reinosa, «como tantos otros». Pura metáfora. «Aquí todos tienen algo que callar..., nadie va a contar la verdad», augura. Eso sí, señala culpables de lo extraño que se ha vuelto el lugar: «los cuarentones y los treintañeros» que se han puesto a revolver «sólo porque el ayuntamiento no les da absolutamente todo lo que piden». «Y Matamorosa (la capital de Enmedio) no da porque no puede, no porque no quiera. Que aquí somos 200 y en otros sitios también hay necesidades».

Queda establecido, pues, que en Bolmir son 243 vecinos (con el último padrón oficial) y que no pueden estar más divididos. Unos, conformes con seguir como siempre, lindando con Reinosa, cabecera de comarca a la que acceden en 20 minutos andando por un camino que -ahora- pasa por debajo de una autovía. Los otros, inflamados contra la gestión de un alcalde (Carmelo Hijosa) que ha sido reelegido en siete ocasiones (lleva casi 28 años en el puesto), al que acusan de no tenerles en cuenta, no consultar, no informar.

Critican «lo de las farolas, lo del paso de cebra», lo de la senda a Reinosa, lo del PSIR (Plan Singular de Interés Regional)». Le han presentado al gestor municipal cuatro contenciosos, uno de ellos por la vía penal. Y, en junio, la guinda. Empezó a circular la idea de anexionarse a Reinosa, donde, por cierto, se les recibiría con los brazos abiertos.

La propuesta partió de dos vecinos, Pedro Manuel Martínez Montero y José Ramón Magán, pero la hizo suya la junta vecinal, cuyo presidente, Eduardo Ramos, está de acuerdo con los anteriores en que «algo hay que hacer». Ramos es socialista, exactamente igual que el alcalde de Enmedio, si bien todos los consultados en Bolmir coinciden en que no se entienden. Qué les ha pasado ya tiene más misterio. El enfrentamiento de este grupo con el alcalde Hijosa se dirime en escritos que cruzan de un lado a otro: de la junta al ayuntamiento, de éste al colectivo vecinal, del alcalde a todas las casas, de unos y otros a EL DIARIO MONTAÑÉS. Incluso se han enviado cartas al Defensor del Pueblo, al que los 'díscolos' piden la información que su propio regidor les niega.

Para entender de qué va el intento de anexión de la citada localidad a otro término es fundamental situarse. Bolmir limita con Reinosa, que es municipio más pequeño de España, con sólo 4,12 kilómetros cuadrados de extensión que acogen a 10.307 habitantes. Reinosa no tiene forma de crecer puesto que se se encuentra rodeada, por completo, por Enmedio. Éste va sobrado de espacio -con 91 kilómetros y 16 núcleos -, para sus apenas 3.800 parroquianos.

Como Reinosa padece cierta asfixia, su alcalde, José Miguel Barrio, no vería con malos ojos esta unión y así se ha pronunciado públicamente, lo que ha provocado ampollas en el alcalde de Enmedio, que ha tachado la iniciativa de «barbaridad». Hijosa echa humo al ser preguntado, porque hace un mes que los rebeldes están en campaña y le han acusado de ser un cacique, algo que le duele ya que ha sido elegido democráticamente «en siete ocasiones. Esto no pueden decirlo ellos, porque no les ha votado nadie».

Bolmir es interesante para Reinosa debido a que, en toda la vega que les separa ahora, está previsto levantar un polígono industrial. Los desobedientes no quieren que éste sea gestionado por Hijosa, del que no se fían. «Tiene un interés especial en sacar adelante un PSIR, pero de forma oscura, sin haber informado de nada». «Se ríe de nosotros», aseguran Martínez Montero y Magán. A sus ojos, lo ha hecho con el cambio de médico que hubo hace meses, con los horarios del telecentro, con el permiso para abrir una planta de reciclaje que no cumplía la normativa y que ha acabado con una imputación judicial.

La lista de agravios no tiene fin y la guerra es manifiesta. «Estamos hartos de las administraciones», concluye Magán. Tanto, que ya no pasan ni una. «El poder corrompe», resumen los dos descontentos, que tienen su centro de operaciones en la tienda del pueblo. Este detalle molesta visiblemente al alcalde de Enmedio, quien considera que las reivindicaciones de todo un núcleo no pueden dirimirse entre latas de tomate y bolsas de fideos, sino en la sede de la junta vecinal.

Este argumento, a su vez, enciende a los anteriores, que se ven legitimados para llevar adelante cualquier proposición. También para sacar a Bolmir de Enmedio, ya que pueden, teniendo en cuenta el derecho administrativo local, presentar la petición en ambos ayuntamientos, convocar un referéndum consultivo y elevar la propuesta a la comunidad autónoma, que tendría que dar el visto bueno.

Para más inri, el sentimiento parcial de separatismo de la localidad ha dividido a la junta vecinal. Una de sus integrantes, presidenta al tiempo de la asociación de mujeres, se descolgó diciendo que no quiere integrarse en Reinosa y este viernes la llamaron al orden, en una reunión de la junta que ella impugnó por no haber sido convocada en tiempo y forma. María del Mar Zubelzu está «totalmente en contra» de que su pueblo se una a Reinosa y, sobre todo, de que se plantee sin haber consultado a los habitantes del lugar. En su asociación militan en la actualidad 32 mujeres, en su mayoría veteranas. Zubelzu, ahora mismo, se siente en el punto de mira del colectivo vecinal que integran (junto al presidente Eduardo Ramos) Leopoldo Martínez Hoyos, Santiago Martínez Montero, José Olivera y Pilar Venero.

¿Y los vecinos de a pie?

Y aunque el primer vecino de a pie no se pronuncia sobre si está a favor o en contra de 'irse' a otro municipio, casi todos los demás encuestados tienen una opinión. Unos hablan de oídas, como María Jesús Fernández o las veteranas Sagrario Hoyos y Ángeles López, todas a favor de 'pasarse' a Reinosa. La primera no está descontenta con su ayuntamiento, («me atienden estupendamente»), pero Reinosa está más cerca que Matamorosa («vamos andando en 20 minutos») y eso le parece motivo suficiente para cambiarse. La segunda se queja de que Bolmir «está bastante abandonado» y no ve con malos ojos la iniciativa. La tercera no le pone ni una pega a la atención que recibe de Enmedio...y, pese a ello, se iría sin problema.

Otros, como Zubelzu, votarán en contra, si les preguntan. En el bar, dos parroquianos afirman que «esto es una patochada. El que ha pensado esto no lo ha reflexionado, lo ha dicho por decir». Vamos, que no les parece ni medio serio.

En este bloque de los que creen que «esto es una chorrada» están Rafael Ruiz y su madre, Isabel Bárcena. Ruiz se tomó el asunto «a chiste» cuando lo oyó y atribuye el envite a «una picadilla» entre el alcalde y el presidente de la junta vecinal. Reside en Reinosa y, por eso mismo, sabe que en la capital de Campoo se pagan más impuestos. «Este pueblo está bastante decente, con las calles arregladas, con luces... Cuando ya está todo hecho ¿para qué pasarnos a Reinosa?. ¿Qué nos van a aportar ellos que no tengamos? Que me digan tres cosas en las que nos vamos a beneficiar».

Ruiz señala que en Bolmir hay un grupo «que todo es ponerle trabas a la prosperidad. Se instaló aquí una chatarrería y no pararon hasta que la cerraron». Esos mismos, en su opinión, se oponen a que se construya el polígono «y a todo lo que sea avanzar». Y concluye: si Hijosa y Ramos «tienen un problema de diálogo, que lo resuelvan. Que no tengamos que pagar nosotros sus politiquillas».

Politiquillas o no, el presidente de la junta vecinal declaró a este periódico que «es posible» que más adelante se plantee hacer un referéndum para que la gente dé su parecer. Sería el primer caso en Cantabria, donde sólo existe un precedente que tenga comparación: Isla, localidad del Ayuntamiento de Arnuero, quiso administrarse sin el resto de localidades en los años ochenta. El caso llegó hasta el Tribunal Supremo, que en los noventa decidió que no había lugar.

Porque no es tan fácil dar un salto de esta clase. El reclamante tiene que aportar argumentos económicos, de identidad histórica y de deslindes territoriales. Razonamientos que, hoy por hoy, en Bolmir no han salido a relucir.

http://www.eldiariomontanes.es/v/20100718/cantabria/cisma-bolmir-20100718.html

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Hemeroteca Diario Montañés, 17 de julio de 2010

El alcalde y cuatro concejales de Enmedio, imputados en la causa abierta a la empresa Reical

El juez encausa al equipo de gobierno por votar a favor de la utilidad pública de la actividad de la firma

El alcalde de Campoo de Enmedio, Carmelo Hijosa; y los cuatro concejales que forman junto a él equipo de Gobierno; María Ángeles García, Juan Luis Ruiz, Carlos Javier Rayón y Antonio Ramón Valdizán, han sido imputados por un presunto delito contra los recursos naturales y el medio ambiente, en la causa abierta en el Juzgado de Instrucción y Primera Instancia de Reinosa contra la empresa del municipio Reical Recuperaciones, SLU. El juez ha encausado al equipo de gobierno socialista por haber votado a favor de la utilidad pública de la actividad ejercida por la citada firma.

Lo que ha llevado al equipo de gobierno del consistorio al completo a esta situación, ha sido la denuncia interpuesta por la Junta Vecinal de Bolmir contra la empresa Reical Recuperaciones, SLU. Otra de las consecuencias de esa denuncia es que el responsable de la empresa, Miguel Ángel Calderón, se ha visto obligado a trasladar parte de la planta a la localidad de Matamorosa, al ver imposibilitada su actividad en Bolmir.

Los hechos se remontan al año 2004, cuando la empresa solicitó a la Consejería de Medio Ambiente la licencia para la gestión de residuos peligrosos y no peligrosos en su planta de Bolmir. Tras realizar un estudio de estimación de impacto ambiental, en el que participaron diversos órganos competentes como la Dirección General de Cultura, la Dirección General de Obras Hidráulicas y Ciclo Integral del Agua, y la Confederación Hidrográfica del Ebro entre otros; el Gobierno de Cantabria aprobó la actividad. Sin embargo, según ha explicado Miguel Ángel Calderón, la empresa no pudo comenzar a trabajar en aquello para lo que se había preparado, ya que desde la Junta Vecinal de Bolmir se presentaron alegaciones que finalmente paralizaron el proceso.

No obstante, la Junta Vecinal ha denunciado que la actividad se ha estado realizando sin las autorizaciones y licencias legalmente exigibles. Por otro lado, también desde la Junta Vecinal se acusa a la comisión de Obras Urbanismo y Vivienda del Ayuntamiento de Campoo de Enmedio de no paralizar la actividad como medida cautelar, «a sabiendas de que se estaba realizando sin licencia»; ni emprender ningún procedimiento sancionador contra lo que denominan «una industria clandestina».

Para Miguel Ángel Calderón, «el problema es que la guerra que la Junta Vecinal de Bolmir y el Ayuntamiento de Campoo de Enmedio libran desde hace años salpica a los que están en medio, a los que trabajan para crear empleo en el municipio». Por otro lado, según Calderón, la empresa no contó únicamente con el apoyo del Ayuntamiento de Campoo de Enmedio, si no que fueron ocho ayuntamientos de la zona los que consideraron que la actividad que pretendía realizar la factoría era de especial interés económico y social para la comarca.

El abogado de la empresa ha solicitado que la causa contra su defendido sea sobreseída. Mientras, la planta de Bolmir se ha destinado únicamente al transporte. Es la localidad de Matamorosa la que alberga la factoría de gestión de residuos peligrosos y no peligrosos, la única en Cantabria autorizada para la descontaminación de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos.

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