Crónicas de municipios sin blanca

Publicado en El Economista:

Crónicas de un pueblo... de pueblos en crisis; de pueblos que no pueden pagar las nóminas a sus funcionarios, que se ven obligados a reciclar las bolsas de basura, que han cerrado la escuela de música o que apagan cada noche el alumbrado público para no gastar el dinero que ya hace tiempo que no tienen.

O lo que es peor, que lo deben. Crónicas de pueblos a oscuras... por una mala gestión o por la crisis económica generalizada que se vive en nuestro país.

Éste podría ser el titular de la situación que atraviesan los ayuntamientos de muchos municipios de España que,sólo por la burbuja del ladrillo, han dejado de recaudar unos 20.000 millones de euros al año.Como ya adelantó este periódico, el 30 por ciento de los ayuntamientos irá este año a la quiebra. Y no es sólo una teoría.

elEconomista ha recorrido algunos de los municipios para conocer a pie de calle su situación. Veredicto: las arcas municipales ya no dan para más. Tampoco la salud del alcalde de La Barca de la Florida (Cádiz), Roque Valenzuela, que ha abandonado la huelga de hambre después de dos semanas por problemas de salud. Valenzuela, que dirige esta pedanía de Jerez de la Frontera, reclama al Ayuntamiento matriz el ingreso de 25.000 euros para hacer frente a las deudas, para "apañarse". "Era el único arma que tenía para vencer la injusticia y la sinrazón", dice como protesta ante el consistorio jerezano que no paga sus deudas. Que no paga porque, entre otra cosas, tampoco tiene.

De hecho, ha pedido un anticipo de 2,5 millones de euros para poder sufragar las nóminas de sus 2.600 trabajadores.

Y como Jerez, la gran mayoría de los 8.112 ayuntamientos de España donde los números duelen. Desesperado está el alcalde de la también gaditana La Línea de la Concepción, Alejandro Sánchez, que ha decidido pasar a la acción y sacar dinero, nunca mejor dicho, de hasta debajo de las piedras.

Es decir, del Peñón de Gibraltar. El edil del Partido Popular quiere imponer una tasa municipal que grave a los 10 millones de entradas y salidas de vehículos por la frontera gibraltareña.

La ex colonia británica ingresará 360 millones de euros este año como producto de las visitas de miles de españoles. La Línea, sin embargo, soporta todas las molestias y nunca ha recibido nada a cambio. "Me niego a que mi pueblo siga así, los ingresos municipales se han desplomado y es un calvario pagar la nómina", denuncia el edil, que lo tiene muy claro. "No acepto que en La Línea haya dos colas, una la de los parados -unos 7.000- y otra la de los ciudadanos que cruzan la verja para comprar y luego revender cartones de tabaco".

Parón inmobiliario

La crisis pesa. Además del parón en el ladrillo y un exceso de gasto en los años de bonanza, también el Presupuesto General del Estado se ha reducido.

En Mataró (Barcelona), según denuncia la consejera de servicios centrales del Ayuntamiento, Montserrat López, esta bajada ha sido del 22 por ciento. La merma de ingresos ha obligado a establecer prioridades. "Hemos elaborado una lista con los temas que consideramos más urgentes", explica López.

Se han congelado gastos como el de la limpieza de grafitis, se controla el agua que se usa para limpiar las calles e incluso se han retirado o reducido las subvenciones a entidades locales. Agua, luz, llamadas de teléfono... todo está en el punto de mira con un solo objetivo: seguir pagando las nóminas y mantener el nivel de empleo en el municipio, "por lo que no hemos subido los impuestos", aclara la consejera.

Muy cerca, en el municipio barcelonés de Vilanova i la Geltrú, la reducción de ingresos por parte del Estado ha sido del 18 por ciento, lo que ha llevado al municipio a elaborar un plan de ajuste en cuanto a gasto corriente.

La concesión de licencias para la construcción de viviendas se ha reducido una tercera parte. "Actualmente éste ya no es uno de los ingresos más representativos del municipio", explica el alcalde Joan Ignasi Elena. Al igual que en el municipio de Mataró, se han congelado proyectos como la mejora de servicios de autobuses y ayudas a entidades locales.

Con la música a otra parte

También en L'Alcúdia (Valencia), sufren las consecuencias de la caída inmobiliaria. Las matemáticas no fallan: a menos construcción, menos recaudación de impuestos. Según su alcalde, Roberto Martínez, "no es fácil reajustar el presupuesto", sobre todo el gravamen por construcción, el segundo más importante, que apenas llega a un tercio de la media de los últimos años.

En su caso, además de esta caída de la recaudación se suman las deudas de la Generalitat, "que cada vez retrasa más sus transferencias". Martínez pone un ejemplo muy significativo.

"El Ministerio de Educación ofreció una subvención para construir escuelas infantiles igual a la que pusiera cada comunidad autónoma, pero nuestra Generalitat renunció a poner un euro y lo adelantamos nosotros", denuncia el responsable municipal, que reclama ahora el dinero. Nada menos que 632.000 euros "que llevamos esperando desde hace un año", denuncia el alcalde, al que se le acumulan otros problemas sobre la mesa como el pago a los proveedores, muchos de ellos empresas del pueblo. "Sólo faltaba que cerraran por culpa del Ayuntamiento", dice con preocupación.

Lo que sí ha hecho es reducir la plantilla, además de intentar salvar la escuela de música. El Centro Profesional de L'Alcúdia es uno de los grandes de la región (hay 525 sociedades musicales y un total de 60.000 alumnos). Sólo en L'Alcúdia hay cerca de 400. El recorte del Gobierno les ha quitado 25.000 euros, lo que les ha obligado a tomar medidas.

"Hemos subido las tasas un 3 por ciento, lo que ya ha provocado algunas bajas de alumnos, y hemos congelado los sueldos", aunque no duda de que otros centros, menos afortunados, tengan que cerrar, se queja el alcalde.

En Carcaixent (Valencia), la culpa es de todos, pero nadie tiene la culpa. El Ayuntamiento jura y perjura que sí paga las nóminas, pero los trabajadores de la limpieza llevan meses cobrando con retraso porque su empresa, una subcontrata, también jura y perjura que el alcalde no les paga. Y mientras tanto, las calles sin barrer.

El sindicato UGT se ha puesto en acción y amenaza con ir a la huelga. "Si esto sigue así en septiembre, habrá paros. Entendemos que las empresas lo estén pasando mal si la Corporación no les paga, pero peor lo pasan los trabajadores que tienen una familia y una hipoteca y llevan ya más de dos meses sin cobrar la nómina".

La siguiente parada nos lleva a Laguna de Duero (Valladolid). Pese a los recortes dacronianos, el Gobierno municipal deberá pedir un crédito para hacer frente a sus gastos ordinarios. La consigna del "presupuesto de subsistencia" ha llegado hasta tal punto que trabajadores de la limpieza como María Villar Fernández tienen que volcar el contenido de las bolsas de basura en vez de tirarlas directamente al contenedor para "ahorrar material".

Su concejal de Hacienda, José Mongil, reconoce que ya han terminado con los ahorros de tesorería de otros años que les ha permitido mantenerse a flote sin apenas endeudarse. Ahora, muy a su pesar, hay que recortar: la recaudación de algunos impuestos municipales como el de obras ha caído un 80 por ciento y la ley les impide pedir crédito a la vez que les obliga a pagar los contratos en 55 días. "

Por el momento, ya han disminuido prácticamente todas las partidas presupuestarias. La destinada a las ayudas a domicilio para personas mayores y discapacitadas se ha congelado y ha tenido que menguar el gasto en alumbrado público encendiendo únicamente las farolas imprescindibles".

Para ahorrar 90.000 euros, el concejal de fiestas, Román Rodríguez, se ha visto obligado a recortar el programa y a eliminar el torneo nacional de baloncesto en categoría cadete; un evento que atraía a más de mil personas al municipio.

Y a María Villar le han pedido expresamente que "no deje ninguna luz dada" y al encargado de medio ambiente, Adolfo San José, que optimice la calefacción para que no se encienda hasta que "no haga frío de verdad". Y en Calatayud (Zaragoza), los pagos llegan a cuentagotas y la deuda del señor alcalde se coloca en 6 millones de euros.

La crisis se nota, se ve y, lo que es peor, duele. En muchos ayuntamientos se está extendiendo el miedo a un otoño de pobreza.