El escandaloso sobrecoste de las comunidades autónomas

Artículo de Jaime de Pinies publicado en Libertad Digital:

La Fundación Progreso y Democracia acaba de publicar un libro sobre las duplicidades, redundancias y excesos de un Estado con tres administraciones. ¡Aleluya!, bienvenido sea. Es el primer estudio que empieza a destapar las escandalosas ineficiencias e ineficacias de nuestras administraciones públicas. Es un estudio que debería haberlo llevado a cabo hace tiempo el Estado o aquellas administraciones públicas competentes, dado que son ellas quienes disponen de toda la información para realizarlo en profundidad y de forma completa.

A pesar de ser sólo un primer paso que se centra en las comunidades autónomas, el presente estudio rompe el hielo y apunta a cifras que producen absoluto vértigo. Estableciendo un baremo basado en tres comunidades identificadas como eficientes, el sobrecoste anual estimado para el conjunto de las comunidades autónomas está por encima de los 26.000 millones de euros, o lo que es igual al 2,6% del PIB de España. Es decir, los ciudadanos españoles podrían ahorrase todos los años más de 26.000 millones de euros y, atención, sin perder un solo servicio. Para ello sólo se tendría que poner en marcha las mismas medidas implementadas por las comunidades autónomas reveladas en el estudio como las más eficientes y que no despilfarran el dinero de todos los ciudadanos.

Si se ponen estos más de 26.000 de euros en perspectiva, se entiende el agujero negro que supone el modus operandi del Estado de las autonomías. Ahora bien, los datos obtenidos no deben diluirse en una crítica política sobre el sistema autonómico propiamente dicho, no. El estudio es relevante porque, por fin se pone en blanco y negro cifras económicas concretas y que son consecuencia directa y exclusiva del modus operandi de las autonomías. Ni más ni menos, cifra el monto del enorme derroche que se ha consentido en su nombre. Por ejemplo y buscando la perspectiva de lo que suponen los miles de millones indicados: todo el gasto en la seguridad social del Estado español representa el 3% del PIB, es decir, son cantidades del mismo orden de magnitud que el sobrecoste de las comunidades autónomas, el referido 2,6% del PIB.

Pero ahondemos más en este agujero negro y lo que revela el estudio. Recientemente, el Gobierno del Sr. Rodriguez Zapatero ha indicado la toma de medidas con el objetivo de reducir el déficit público en 50.000 millones de euros durante los tres próximos años. El reparto de tareas las ha establecido en un 80% de reducción para el Estado, dejando la reducción del 20% entre las demás Administraciones Públicas. Pues bien, con los datos revelados en el estudio de la UPyD, los porcentajes de reducción deberían ser justo a la inversa. El 20% para el Estado y el 80% de reducción ajustado entre las comunidades autónomas. Éstas sí pueden y deben apretarse el holgado cinturón que han ido adquiriendo.

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