Falta de decencia la de la casta política española...
Así publica ABC:
Mientras la comisión parlamentaria del Pacto de Toledo no se puso ayer de acuerdo sobre la propuesta del Gobierno de alargar la edad legal de jubilación de los 65 a los 67 años, lo que sí que ha acordado por mayoría esa comisión es recomendar al Gobierno que amplíe el número de años necesarios para cobrar el 100% de la pensión. Casualmente, esta recomendación no afectará a los diputados y senadores, que mantendrán intactos los privilegios de que gozan sus pensiones.
Actualmente, cualquier trabajador tiene que cotizar un mínimo de 15 años para tener derecho a una pensión de jubilación. Con los actuales 15 años, se tiene derecho a cobrar tan solo el 50% de la pensión correspondiente. A partir de ahí, se aumenta un 3% por cada anualidad hasta los 25 años de cotización, que correspondería el 80% de la prestación. Desde los 25 años hasta los 35 de cotización, el porcentaje se incrementa en un 2% cada año (mira aquí el gráfico explicativo).
Pero para cobrar el 100% de la pensión no es suficiente haber cotizado 35 años, sino que hay que tener 65 años cumplidos. Hay que recordar que la edad legal de jubilación —pues no existe una edad obligatoria— es los 65 años y que cualquier persona se puede jubilar anticipadamente a partir de los 61 años, pero con unos coeficientes reductores de entre el 6,5 y el 8% por cada año que falte para cumplir los 65. Por el otro extremo, se puede seguir trabajando hasta los 70 años, con una bonificación anual del 2%.
Recortes de más del 5%
La reforma del Gobierno elevará seguramente de 15 a 20 años los años necesarios para percibir el 50% de la jubilación. Esto supondrá unrecorte de las pensiones del 5%, según USO, y un ahorro de 10.000 millones para la Seguridad Social, según el Ministerio de Economía. El portavoz del PP en la comisión del Pacto de Toledo, Tomás Burgos, reconoció ayer que la rebaja media en estas prestaciones sería de entre el 5% y el 10% hasta 2040.
Todos estos recortes no afectarán a los 350 diputados y a los 264 senadores españoles, que mantendrán el privilegio de cobrar el 100% de la pensión en el momento que superan los 11 años de actividad parlamentaria. Es más, si cualquier trabajador necesita cotizar a la Seguridad Social 15 años para cobrar una pensión, mejor dicho, solo el 50% de la misma, sus señorías con siete años de actividad en cualquiera de las Cámaras ya tiene derecho a percibir el 80% de su pensión. Ese porcentaje se eleva al 90% si cotizan 10 o 11 años.
Además, mientras un trabajador no puede jubilarse antes de los 61 años y, a partir de esa fecha y hasta los 65 se le restará anualmente entre un 6% y el 8% del importe de la pensión, sus señorías pueden jubilarse a los 60 años con 40 de cotización, según recoge el reglamento de pensiones parlamentarias de 11 de julio de 2006. Sobre la reunión de ayer de la junta de portavoces del Pacto de Toledo hay que añadir que el informe que emitirá esta comisión sobre la prolongación de la edad legal de jubilación propuesta por el Gobierno en enero pasado plasmará el desacuerdo de los partidos políticos a través de una recomendación que deja clara dicha discrepancia.
De esta forma, la comisión del Pacto de Toledo, que se reunió durante más de tres horas, zanjó la redacción de la recomendación propuesta por el grupo socialista en la que no fijaba la edad legal de jubilación y que para el PP, IU, ERC y BNG deja la puerta abierta al Ejecutivo para elevar dicha edad en el proyecto de ley que redactará a finales de enero.
Valeriano, «en sus trece»
Esta falta de consenso hizo que el ministro de Trabajo e Inmigración, Valeriano Gómez, compareciera ante la prensa de forma urgente a las nueve de la noche para no defraudar a los mercados y asegurar que el Gobierno sigue pensando que elevar la edad de jubilación a los 67 años es el «planteamiento correcto» a pesar de que el Pacto de Toledo no haya llegado a un acuerdo en este sentido. Gómez dijo que el Ejecutivo seguirá haciendo «todos los esfuerzos» para que el proyecto de ley sobre la reforma de las pensiones reúna el máximo consenso posible en el Parlamento y con los agentes sociales.
No obstante, pese a que el texto se esfuerza en no fijar ningún tope a la edad legal, sí menciona la necesidad de incentivar la prolongación de la vida laboral más allá de los 65 años «de manera voluntaria», cuestión que siempre han exigido los partidos de la oposición y los sindicatos.
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