"El presupuesto debe equilibrarse, el Tesoro debe ser reaprovisionado, la deuda pública debe ser disminuida, la arrogancia de los funcionarios públicos debe ser moderada y controlada, y la ayuda a otros países debe eliminarse para que Roma no vaya a la bancarrota. La gente debe aprender nuevamente a trabajar, en lugar de vivir a costa del Estado."
Fuente: La República Constitucional. El blog de Antonio García-Trevijano
I. Porque los seres humanos no nacen iguales en capacidad física y mental, ni en condición social, la Sociedad y el Estado deben garantizar la igualdad de derechos y de oportunidades.II. Porque existe un imperativo moral en todas las conciencias, es condenable el oportunismo personal, social y político.III. Porque los individuos no pueden desarrollar sus vocaciones ni sus acciones fuera del contexto social, la lealtad es fundamento de todas las virtudes personales y sociales.IV. Porque los españoles padecen temores derivados de su tradicional educación en el Estado autoritario, sólo la valentía personal puede crear la fortaleza de la sociedad civil frente al Estado.V. Porque durante siglos se ha sacrificado y despreciado la inteligencia y el espíritu creador, apartándolos de los centros de enseñanza, del Estado y de los Partidos, esas facultades individuales han de organizarse para tener presencia activa en la sociedad civil.VI. Porque la decencia constituye el decoro de la civilización, la sociedad civil debe civilizar a los Partidos y Sindicatos, sacándolos del Estado.VII. Porque entre el Estado de Partidos y la sociedad civil no existe una sociedad política intermedia, la parte más civilizada de aquella debe orientar la formación de ésta, sin el concurso del Estado.VIII. Porque la política afecta al universo de gobernados, si el lenguaje de políticos y medios comunicativos no es directo, correcto y expresivo del sentido común, disimula una falsedad o esconde un fraude.IX. Porque no son legítimas las razones ocultas del poder político, siempre será ilegitima la razón de Estado.X. Porque a la razón de gobierno sólo la legitima la libertad política de los que eligen el poder ejecutivo del Estado, son ilegítimos, aunque sean legales, todos los gobiernos que no son elegidos directamente por los gobernados y no pueden ser revocados por éstos.XI. Porque la razón de la ley está en la prudencia de legisladores independientes, elegidos por los que han de obedecerlas, no son respetables, aunque se acaten, las leyes emanadas de Parlamentos dependientes del Gobierno.XII. Porque la razón de la justicia legal está en el saber experto de una judicatura independiente del gobierno y del parlamento, no pueden ser justas ni dignas las resoluciones de una organización judicial dependiente de ambos poderes.XIII. Porque la razón del elegido está en el mandato unipersonal, imperativo y revocable del elector, es fraudulento el sistema proporcional de listas, que sólo representa a los jefes de partido.XIV. Porque los medios de comunicación forman la opinión publica, no puede ser imparcial ni veraz la información controlada por un oligopolio de poderes económicos.XV. Porque la corrupción es inherente a la no separación de los poderes estatales, sólo la puede evitar, con su separación, el recelo y la desconfianza entre sus respectivas ambiciones.XVI. Porque las Autonomías fomentan los nacionalismos discriminadores o independentistas, deben ser compensadas integrándolas en la forma presidencial de Gobierno.XVII. Porque las Autonomías fomentan gastos públicos improductivos, sus competencias susceptibles de ser municipalizadas deben de ser transferidas a los Ayuntamientos.XVIII. Porque la Monarquía de Partidos carece de autoridad para garantizar la unidad de la conciencia española, y ha sido foco de golpes de Estado y corrupciones, debe ser sustituida por una República Constitucional, que separe los poderes del Estado, represente a la sociedad civil y asiente el natural patriotismo en la forma presidencial de Gobierno.XIX. Porque la única razón de la obediencia política reside en el libre consentimiento de los gobernados, éstos conservan su derecho a la desobediencia civil y resistencia pasiva, sin acudir a la violencia, frente a todo gobierno que abuse del poder o se corrompa.XX. Porque el pasado no puede ser revivido, sin imponerlo la fuerza del Estado, no es posible la restauración pacífica de la II República, cuya forma de gobierno parlamentario tampoco era democrática.XXI. Porque el sistema de poder de las naciones europeas, ideado para la guerra fría, no es democrático, los españoles están obligados a innovar su cultura política para llegar a la democracia como regla formal del juego político.
Publicado en Yahoo! Noticias / Europa Press:
CORE denuncia el inicio "ilegal" del proyecto eólico de Vestas, en Celada
Critican la colocación de dos "gigantescas" antenas "de más de 90 metros" en una zona de interés natural, histórico y cultural SANTANDER, 9 (EUROPA PRESS) La Plataforma CORE (Cántabros por la Ordenación Racional de la Energía Eólica) denuncia el inicio "ilegal" de un macroproyecto eólico en el monte Cotío de Celada Marlantes (Campoo de Enmedio) en una zona de "especial interés arqueológico, patrimonial y natural".
"Rodeadas del oscurantismo a que nos tienen acostumbrados el Gobierno de Cantabria, todo parece indicar que las obras iniciadas por la multinacional Vestas carecen de las preceptivas autorizaciones y licencias del Ayuntamiento de Campoo de Enmedio, la Comisión Regional de Ordenación del Territorio y Urbanismo, y de las Consejerías de Industria, MedioAambiente,Cultura y Desarrollo Rural", asegura la plataforma.
En un comunicado, CORE explica que el proyecto para instalar un prototipo de aerogenerador de 150 metros de altura se ha iniciado con la colocación de dos "gigantescas" antenas "de más de 90 metros" en una zona definida recientemente por la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte del Ejecutivo cántabro como "zona arqueológica del mayor interés para el patrimonio cultural y la historia de Cantabria".
Añade que este lugar es "parte de un teatro de operaciones" de las denominadas "Guerras cántabras", y afecta al campamento romano de La Poza y al castro cántabro de Las Rabas, además de "destrozar" la vía romana de Peña Cutral, que comunica con la cercana Julióbriga.
Por otra parte, CORE destaca que se trata de un espacio "de alto valor ecológico y medioambiental", ya que está incluido en la Red Natura 2000, la ZEPA (Zona Especial Protección para las Aves) del embalse del Ebro y declarado como Refugio Nacional de Aves Acuáticas.
Asimismo, "a menos de 2 kilómetros" existen "importantes" colonias de cría de aves, en Quintanilla y Horna, además de ser un lugar de paso "importante" de especies protegidas en su migración hacia el sur.
Por último, señalan que las "gigantescas antenas de acero y hormigón de más de 90 metros de altura que se están instalando también suponen un peligro para la seguridad de las personas", al ubicarse cerca del mirador final de la senda natural de Peña Cutral, acondicionado por la Consejería de Medio Ambiente.
La Plataforma CORE está integrada por ADIC, ARCA, Asociación ARCERA, Cantabria Nuestra, Federación ACANTO, Foro Becedo, Fundación Naturaleza y Hombre, Mortera Verde, SEO/Birdlife y Revista Cantárida.
A algunos economistas les gusta recurrir a la metáfora de la pasta dentífrica para definir ciertos fenómenos económicos. La utilizan frecuentemente para referirse a la inflación, y suelen decir que los precios son como la pasta de dientes. Es muy fácil sacarla de su envoltorio pero muy difícil -por no decir imposible- lograr que vuelva al punto de partida.Algo parecido le sucede a las subvenciones. Es sencillo concederlas pero extremadamente difícil recortarlas, lo que convierte a esta partida en una especie de peaje que año tras año se incrusta en los Presupuestos Generales del Estado. Ni que decir tiene que no se trata de un asunto menor. Todo lo contrario. Este país -tan sólo la Administración central- concede cada año más de 11.600 millones de euros en subvenciones (algo más del 1,1% del PIB), pero curiosamente el parlamento está huérfano de debates sobre su eficacia y buen uso. Y no sólo eso. La información que proporciona la Administración es tan escasa que hay razones fundadas para pensar que su permanencia tiene que más que ver con la capacidad de presión de los lobbys que con una política económica rigurosa.El problema, sin embargo, es mucho mayor. El Gobierno no sólo ofrece subvenciones sino que, además, es generoso a la hora conceder toda suerte de deducciones, lo que convierte los tipos impositivos nominales en una simple filfa estadística. Los tipos reales son en realidad mucho más bajos de lo que normalmente se dice, y sí a usted le cuentan que una empresa tributa al 30% en Sociedades o un contribuyente al 43% en IRPF es simplemente falso. Precisamente por la existencia de deducciones que achatan la presión fiscal nominal.Tampoco en este caso se está ante un asunto menor. El presupuesto de beneficios fiscales para este año -lo que deja de ingresar Hacienda por todo tipo de impuestos- asciende a una cantidad a todas luces desorbitada; pero que, sin embargo, no suele llamar la atención. Se está hablando, de nada menos que de 47.474 millones de euros. O lo que es lo mismo, alrededor de un 4,7% del producto interior bruto.Entre unas cosas y otras cada año -y sin contar las exenciones y prebendas fiscales que conceden ayuntamientos y comunidades autónomas- Hacienda deja de ingresar cerca de 60.000 millones de euros que desaparecen de las arcas públicas por arte de birlibirloque. Como se ve, una cantidad enorme que serviría, por ejemplo, para reducir el déficit público a la mitad.
El próximo 4 de Mayo entrará en vigor la Ley 3/2.009, de 3 de Noviembre, para la implantación de las normas procesales de adaptación a la nueva Oficina Judicial. Dicha reforma incluye la atribución a los Secretarios Judiciales de funciones cuasi jurisdiccionales, cuando no directamente decisorias de las que carecían en su tradicional oficio de fedatarios públicos procesales y de dirección de la sede jurisdiccional. En aplicación de la nueva ley y más allá del mero impulso de las actuaciones, los Secretarios podrán dictar resoluciones motivadas (decretos) y resolver sobre ciertos recursos, señalar y suspender vistas, habilitar días y horas inhábiles para actuaciones judiciales, apreciar la incompetencia del órgano jurisdiccional, examinar el contenido mínimo de los escritos de demanda y contestación, e incluso decretar y levantar embargos.
Vaya por delante el reconocimiento a la admirable y noble función de la Secretaría del Juzgado, tan minusvalorada como imprescindible. Y es que la reforma operada no pasaría de la simple redistribución de funciones judiciales en aras a la eficacia de funcionamiento, sino fuera por un importante aspecto que el legislador o no ha advertido, o bien, y seguramente sea este el caso, ha ignorado a sabiendas: Que los Secretarios Judiciales no forman parte del llamado Poder Judicial, sino que se trata de funcionarios dependientes orgánica, funcional y económicamente del Ministerio de Justicia, tal y como refiere el artículo 1 de su Reglamento Orgánico.
Por tanto a la inseparación no reconocida formalmente del mal llamado Poder Judicial, debe añadirse ahora otro lazo más dependencia del poder político al atribuir potestad jurisdiccional a funcionarios ministeriales. En román paladino, cuestiones de fondo y forma tan importantes como las aquí citadas a modo de ejemplo, serán resueltas en sede judicial y con efecto jurisdiccional de cosa juzgada material por alguien que ni es Juez, ni pertenece si quiera formalmente al poder judicial. El espíritu de la reforma alfombrando el camino de administrativización de la Justicia queda subrayado por detalles tan llamativos y nada casuales como la sustitución terminológica en muchos de los preceptos procesales modificados de las palabras “Tribunal”, “Juzgado” o “Secretaría” por el genérico y uniformador de “Oficina Judicial”. Porque de lo que se trata es precisamente de eso, de transformar poco a poco a la Justicia en un negociado burocrático.
La lógica legislativa hubiera pasado por todo lo contrario, es decir integrar el Cuerpo de Secretarios Judiciales en el Poder Judicial independizándolo de un Ministerio de Justicia cuya mera existencia es incompatible con la separación de poderes. Claro que tal solución es inútil si la independencia de ese Poder Judicial es sólo formal declaración de una inexistente separación en origen.
Publicado en Gente Campurriana:
El pedáneo de Bolmir advierte al alcalde del municipio de Campoo de Enmedio que “no discrimine a vecinos por haber firmado uno o varios escritos dirigidos a su persona”
El presidente de la Junta vecinal de Bolmir, Eduardo Ramos Cabria, registró en el Ayuntamiento de Campoo de Enmedio una carta el 26 de marzo de 2010, dirigida a su alcalde Carmelo Hijosa, en la que comparece ante él, haciendo uso del Derecho de Petición según los artículos 29.1 y 53.2 de la Constitución Española y regulado por la Ley Orgánica 4/2001 de 12 de noviembre, para manifestar que ha llegado a conocimiento del represente vecinal y de distintos miembros de la Junta vecinal, que desde la Alcadía se estaría discriminado a algunos vecinos de Bolmir mediante advertencias, admoniciones, llamadas al orden, reconvenciones, y/o amenazas, en razón a que habrían firmado uno o varios escritos dirigidos a su persona para recabar información y haciendo uso del Derecho de Petición, y habiendo solicitado que se guardase la confidencialidad de sus datos. “El último de los conocidos es el caso de un vecino que acudió a esa alcaldía en busca de empleo y recibió este tipo de trato”.
Caso de confirmarse esta situación añade Eduardo Ramos, le recuerda que “usted estaría vulnerando Derechos Fundamentales de los vecinos de este pueblo y por ello podría ser sujeto de un litigio para la Protección Jurisdiccional de esos derechos; también podría estar vulnerando derechos fundamentales por la ausencia en la contestación de los requisitos mínimos establecidos. Según esta Ley “los peticionarios podrían exigir la confidencialidad de sus datos, según el artículo 4.4 Formalización, y así lo hicieron”.
Cuando la petición se estime fundada, la autoridad u órgano competente para conocer de ella, vendrá obligada a atenderla y a adoptar las medidas que estime oportunas a fin de lograr su plena efectividad, incluyendo, en su caso, el impulso de los procedimientos para adoptar una disposición de carácter general”, según el artículo 11.2 Tramitación y contestación de peticiones admitidas.
La contestación recogerá, al menos, los términos en los que la petición ha sido tomada en consideración, por parte de la autoridad u órgano competente e incorporará las razones y motivos por los que se acuerda acceder a la petición o no hacerlo. En caso de que, como resultado de la petición, se haya adoptado cualquier acuerdo, medida o resolución específica, se agregará a la contestación”, según el artículo 11.3 Tramitación y contestación de peticiones admitidas.
Si fueran ciertos los hechos que aquí denuncio concluye explicando el pedáneo, “le pido cese inmediatamente en el ejercicio de tales actuaciones”. Una última precisión, los vecinos sólo quieren transparencia, que usted les informe, haga un esfuerzo.
Es evidente que en la gestión pública local se ha abusado de la fuente de ingresos que provenía de la actividad inmobiliaria. Fuente agotada y que dotaba de ingresos extraordinarios las arcas de los ayuntamientos de este país. Un canal de aportación que sólo se produce en fase económica expansiva, que en ciclos de cuatro años es fácilmente identificable en su contexto, pero que cuando ésta se produce durante mucho tiempo seguido se acaba pervirtiendo su origen y sus funciones. Muchos ayuntamientos se han olvidado de que esos ingresos extraordinarios eran cíclicos puesto que muchos alcaldes y concejales, de hecho, nunca conocieron otro modelo de financiación que no fuera ese.Si esos ingresos extraordinarios se han utilizado para sufragar gasto corriente puesto que muchos de los responsables de las arcas municipales ya no diferenciaban lo extraordinario de lo ordinario. Esa burbuja de ingresos extraordinarios que provienen de las plusvalías y los impuestos derivados a la actividad inmobiliaria y de la construcción explotó hace un par de años y ahora se evidencian sus efectos.Al igual que los miembros de una familia que aportan un capital extraordinario (por horas extras) al conjunto del núcleo, este no lo pueden disponer para gastos recurrentes indefinidamente, los ayuntamientos tampoco pueden. La familia que convierte en valor ordinario unos ingresos que puede que dejen de obtenerse quiebra tarde o temprano, los municipios también. Últimamente escuchamos casos de que eso es así, pero la gran mayoría de alcaldes evitan comprometerse y eluden la realidad. El comportamiento como si esto no fuera con ellos es una irresponsabilidad que arrastra a demasiada gente “inocente”. Hay muchos concejales de hacienda y alcaldes que consideran que “a ellos no les puede pasar”, que la crisis flota pero no les puede afectar dramáticamente a sus corporaciones.Algunos técnicos que conozco en ayuntamientos importantes me comentan que tiene muchos problemas para hacer entender a sus responsables políticos la gravedad de la situación. Cuentan que parece como si no detectaran el acantilado, como si la crisis no fuera con ellos. Incluso confiesan que en muchos casos se están dopando conscientemente los balances previstos. Se incorporan gastos sobre obras o proyectos y gastos corrientes de funcionamiento a sabiendas que los ingresos que garantizarían el pago están inflados muy por encima de lo sabido o está previsto ingresar. Es decir, la burbuja presupuestaria, la más tonta y breve de todas las burbujas, explosionará en muy poco tiempo en aquellas poblaciones donde se disponen gastos basados en presupuestos que no se podrán aportar nunca.El nivel de la política en este país es de todos sabido: indigencia intelectual por todas partes. Si le das una patada a una piedra, de debajo salen diez inútiles dedicados a la política corriendo en todas direcciones. Hay muchísimas cucarachas ejerciendo de concejal. El valor de la chapa y el salvoconducto para aparcar donde quieran concede pretensiones a personas que en la vida civil tendrían serios problemas para comer cada día. Esos son los que ahora exigen a los funcionarios locales que arreglen sus entuertos. Se de buena fuente que muchos técnicos andan desconsolados pues las órdenes, tras advertir a sus superiores políticos la incapacidad para ingresar lo previsto, son de “arréglalo, tú sabrás como”.La verdad es tóxica y tiene color marrón. La inmensa mayoría de los alcaldes de este país no recortaron un duro en sus presupuestos y ahora se dan cuenta del drama. Los técnicos no podrán inventar dinero inexistente y poco a poco las quiebras municipales se irán sucediendo. El remedio a esas fallidas será la retirada indiscriminada de servicios públicos locales. Algunos casos serán especialmente duros pues gran parte de los ingresos extraordinarios de estos últimos años estaban destinados a integración social y valores de convivencia. Pinta mal en ese sentido. Otro es el de las miles de empresas privadas que dependen de contratos recurrentes con la administración local, estos dejarán de cobrar y, en su defecto, de trabajar. Nadie está analizando el coste en ocupación que va a suponer dicho agujero local.A finales de este año las nóminas de los trabajadores municipales estarán en franco peligro. Fundamentalmente por un motivo técnico. En este país un buen número de municipios aplicaban al capítulo I una póliza de crédito que muchos no lograrán renovar en el cuarto trimestre cuando la mayoría disponen de esta herramienta. El motivo es claro, el riesgo de impago será muy alto.Por lo tanto, los ayuntamientos, diputaciones y consejos comarcales deben adaptarse a la difícil situación que van a vivir y están viviendo. Deben olvidarse de esos ingresos que no volverán en años. La economía no se recuperará en tiempo, los ingresos por impuestos inmobiliarios y de la construcción serán piezas de museo y las transferencias del Estado no se irán engordando hasta dentro de un lustro cuando los impuestos de sociedades y otros se recuperen. La mayoría de impuestos dependen del consumo y de los beneficio de las empresas que llevan más de 2 años cayendo y eso repercutirá en las transferencias de los próximos años todavía. Es decir, van a tener que asumir la situación real a corto y a medio plazo.El principal elemento que va a diferenciar la convivencia en los próximos meses va a ser el de la vigilancia ciudadana. Esos juicios populares a la política local que obligarán a los políticos a “informar” porque cortan un servicio o gastan en otro puesto que con tan poco dinero todo no se podrá hacer. Será muy complicado justificar cuando se hace un evento y se deja de subvencionar otro. Al tiempo. Además será muy difícil ocultar realidades como ahora que sabemos que algunos municipios no pagan la recogida de basura por incapacidad financiera. Deben saber que hay grandes ciudades que hace más de medio año que no pagan sus obligaciones con algunas concesionarias. ¿Quién pagará eso? A la larga los impuestos con los que nos crujirán a todos. Por primera vez en la historia reciente los ayuntamientos no podrán endeudarse, ni tampoco podrán ser rescatados por nadie puesto que el estado y las autonomías también tendrán su sarampión público por culpa de una deuda de no retorno.Tengo ganas de ver a muchos alcaldes explicando que servicios van a recortar y porque. Estoy impaciente para ver como piensan definir una situación económica empobrecida en términos municipales. Quiero ver como los ciudadanos examinan los gastos superfluos y exigen otros más estratégicos. Los ayuntamientos deberán explicar a los ciudadanos el problema, la caída de servicios y el aumento de impuestos. Se acabó la fiesta municipal definitivamente. Ha llegado el momento de los buenos gestores, el de los que asumen la realidad, la transmiten y ejecutan estratégicamente un modelo de salida de todo este barrizal.No todo será malo. En muchos casos, la estrechez resultante provocará que algunos servicios que hasta la fecha se hacían sin mesura, deban adaptarse a los nuevos y gélidos tiempos. Las corporaciones municipales que quieran apostar por un valor en el servicio público deberán modificar sus objetivos si estos son faraónicos o desmedidos. Procurarán, los que puedan, atender exactamente a las necesidades de sus vecinos. El entendimiento por mancomunidades será uno de los efectos inmediatos a esta nueva situación. Algunas poblaciones que ahora no puedan afrontar la construcción, por ejemplo, de un polideportivo de según que dimensiones o coste de mantenimiento, podrán asociarse con otras para afrontar el proyecto con garantías de uso y equilibrio económico. Esto es diferente, duro y poco electoral pero no habrá otro remedio. Lo bueno que conlleva es que el dinero público deba invertirse de un modo mucho más eficiente.Como en otros factores, esta crisis que el stablishment sigue queriendo relativizar, es de tal envergadura que permite afrontar cambios extraordinarios. Es tan difícil el escenario que no quedan muchas opciones. La parte mala sigue siendo el sufrimiento de muchos, la buena que, al no haber más remedio, estamos ante una de las metamorfosis gigantesca de la gestión pública y de su control. Me gusta pensar que será así.
¿Existe en España una verdadera democracia? ¿Existe una división de poderes? ¿Es legítima la Constitución española? ¿Son realmente los ciudadanos los que eligen al gobierno?
Jesús Neira, profesor de Teoría del Estado, ha sido y continúa siendo noticia en todos los medios de comunicación por haber sufrido en 2008 una brutal paliza tras intentar defender a una mujer que discutía violentamente con su pareja, lo que le produjo terribles secuelas de las que todavía hoy se sigue recuperando. Ahora nos sorprende con este contundente ensayo en el que explica por qué en España no hay una verdadera democracia ni libertad política, por qué el gobierno es débil, siempre sometido al chantaje de las minorías, y el régimen parlamentario, un profundo error.
Se suele considerar la transición como un proceso modélico que puso fin a la dictadura y trajo a España la democracia. Sin embargo, para el profesor Neira la realidad innegable es que el llamado «consenso» fue acordado por unos pocos privilegiados y a la sociedad española se le hurtó el derecho de debatir en público asuntos tan fundamentales como la forma de gobierno o el sistema electoral, entre otros. De esta manera se logró imponer una Constitución sin legitimidad alguna, elaborada en reuniones secretas, sin participación del poder constituyente.
Por esto, Neira mantiene que en España no existe una verdadera democracia, sino un régimen parlamentario, que es algo muy distinto. Para ello hace una selección de los puntos esenciales en los que se sustenta y fundamenta una auténtica democracia como son la existencia de una efectiva separación de poderes, una verdadera representación de los ciudadanos y la igualdad de derechos, y analiza si en España se cumplen o no. Además, al hilo de todo esta línea argumental, aparecen otros temas de especial trascendencia como son la función de la justicia, el papel de la monarquía o la reforma de la Constitución. España sin democracia es un libro sin duda polémico, escrito con un lenguaje senc
CON FRECUENCIA los términos políticos sufren graves distorsiones. Tal es el grado del impacto que reciben, que las palabras no responden a su significado original. Ya advertía Orwell que «el lenguaje político sirve para encubrir la verdad, para hacer lo claro oscuro, para hacer respetable el asesinato». Si ésta es la realidad del lenguaje político, no nos puede extrañar lo que ocurre con un término de uso frecuente como es el de democracia. Se le ha sometido a una fuerte polisemia. En el pasado, era un término despreciado por referirse a la democracia directa, la vieja democracia de las polis griegas, que fue su fórmula original. Con el siglo XX, el vocablo fue ascendiendo a la cabeza del éxito, refiriéndose entonces a la democracia moderna, a la democracia representativa.En España, la voz democracia se ha usado con gran profusión, incluso se le ha sometido a claros abusos, como aquel eslogan de los años 70 que decía que «socialismo es democracia». A la democracia se la ha adjetivado de muy diversas formas: «a la española», «vicaria», «concedida», «de partidos», «de consenso», «vigilada», «de deshecho», «social», «avanzada», «tutelada», «felipista», «socialista», «de futuro», «parlamentaria», «progresista», «reducida», «domesticada», «de compromiso», «improvisada», «instalada», «consolidada», «adulta».Además se ha querido aplicar el término a realidades muy lejanas de su concepto original. Así, se ha llegado a hablar de las parejas en la democracia, la virtud en ella o, incluso, de las características psicológicas de la democracia. Pero con este uso intenso de la voz democracia no sólo hemos perdido su significado concreto, formal, sino que se emplea para otras realidades que no tienen que ver con ella, e incluso significan opciones incompatibles. Así ocurre con el régimen parlamentario, que es el régimen vigente hoy en España. ¿Por qué no adjetivarlo con la voz democracia? Porque la democracia significa un régimen político con tres precisas características, con una arquitectura de los poderes del Estado que se alza sobre ellas. La primera nota distintiva hace referencia a un régimen representativo. Así, la cámara legislativa está compuesta de personas que han sido elegidas personalmente sin listas de partido, que han sido votadas en competencia abierta en el distrito electoral. Por tanto, cámara en efecto representativa del cuerpo electoral, y no de las cúpulas de los partidos políticos con su respectivo jefe a la cabeza.En segundo lugar, la democracia, lejos de ser una unidad de poder y distinción de funciones, según la imaginativa fórmula del almirante Carrero Blanco, es un régimen político donde el poder está dividido, siendo esa división el primero y más fornido dique para el control político. Poderes divididos en el Estado. No superpuestos en pirámide, sino surgidos del pueblo mismo en elecciones libres. La democracia sin división de poderes es una burla, una vieja burla, pero una burla. Una irrisión que, como señalase la Declaración de los derechos del hombre y del ciudadano, no otorgaba reconocimiento constitucional al régimen que no tuviera división de poderes.En tercer lugar, sobreviene la última característica de la democracia. Su verdadero ADN inconfundible, original e inequívoco, como es la libertad política. Es decir, la capacidad de un pueblo de elegir a su gobierno. No a través de interpuestos, sino directamente. Sin necesidad de que se tenga que interpretar qué es lo que los electores han querido votar, sin insultos demagógicos. Porque es absurdo, desigual e injusto, que el gobierno sólo pueda ser elegido por una Cámara y que sea de ésta de la que pende, en vez de serlo del pueblo en verdadera posición de soberano, en uso de su libertad política.Esas tres características son las fundamentales para poder referirnos en verdad a una democracia. Son fácilmente detectables. Se trata de características formales del régimen político.Para hablar con propiedad de democracia, tiene que existir representación, división del poder y elección del gobierno. España no se da ninguna de las tres características, porque no estamos en una democracia, eso es falso, sino en un régimen parlamentario, como informa la propia Constitución... y la historia de España, que nunca ha conocido la democracia. La Restauración poseía una representación corrompida por el caciquismo. Sí disponía de división de poderes, como correspondía al modelo importado de la monarquía constitucional.Tampoco la Segunda República deparó una democracia, sino otro régimen parlamentario que había suprimido la figura del monarca, pero sin alcanzar la democracia. Es un abuso político del léxico cuando lo importante no es enmascarar una realidad a través de falsas adjetivaciones, sino sus contenidos característicos. Ya Tocqueville introdujo un gran equívoco con su uso del término democracia. No porque no la distinguiese, sino porque quiso adjetivar a la sociedad en la que progresaba la igualdad como «sociedad democrática», en su expresión específica de «Estado social democrático».Tocqueville inauguraba así un tortuoso recorrido por adjetivaciones grandilocuentes y demagógicas, como las llamadas «democracias reales», cuando se trataba de dictaduras comunistas. Algunos autores como Max Weber utilizaron el nombre con profusión para distintos aspectos como democracia de masas», «la democracia de la calle». «democracia plebiscitaria», «democracia de jefes», «democracia de caudillaje», «democracia pura».A VECES se ha tratado de distinguir a los regímenes políticos con expresiones que han puesto el énfasis en alguna característica concreta. Así hizo Duverger con su expresión de «democracias de pleno ejercicio», en referencia a Francia y a Inglaterra, frente a aquellas otras realidades políticas que denominaba «democracias mediatizadas», donde el pueblo no elige directamente a su gobierno, es decir, un régimen parlamentario. Fue un intento de clasificación confusa, porque Inglaterra es un régimen parlamentario que sí es representativo, como el francés, por su sistema electoral de distrito uninominal.Como demuestra la historia, llega a premier quien dirige el partido que vence en unas elecciones, no se da en Inglaterra la división de poderes, sino los poderes del Estado en relación piramidal. El caso francés es distinto, porque aunque el pueblo elige directamente al presidente de la República, el primer ministro, que es el jefe del Gobierno, se mantiene con la confianza de la Asamblea Nacional. Por tal motivo, ambos regímenes no son formalmente democracias en sentido estricto. La libertad política no admite «mediatizaciones» que ya rechazaba Montesquieu frontalmente. Existe o no existe, y ése es el elemento decisivo para saber si estamos hablando de una democracia.Los españoles seguimos a la espera de una verdadera democracia, y sería conveniente no jugar mas con los nombres porque el maquillaje no cambia la realidad de un régimen político. Llamar a las cosas por su nombre es una higiene necesaria, y España es un régimen parlamentario, no una democracia. El parlamentarismo supuso en Inglaterra suspender la evolución natural hacia la democracia. La sustracción al pueblo de la elección del gobierno. Sir Robert Walpole sabía lo que hacía al inaugurar el parlamentarismo en las aguas de la corrupción como sistema, corrompiendo a la Cámara de los Comunes. En opinión de Dorothy Pickles, «la democracia es la mas difícil y compleja forma de gobierno». Así es, en efecto, pero no hasta el extremo de no distinguir sus componentes esenciales. Ya advertía Polibio que es «el nombre más bello de todos libertad y democracia, pero la denominación de la realidad será lo peor, la demagogia».
En un principio, se le tomó por un héroe. Rescatar a una mujer de la agresión de su pareja, recibir golpes que a punto estuvieron de matarle y pagar por tal coraje cívico con más de ocho meses de hospitalización, parecía digno de encomio, de premio y de obtener la consideración de ejemplar ciudadano. Oh, ingenuidad de ingenuidades. Las cosas ya no van así en España.Mientras aún estaba en coma, la telebasura encumbró a la desagradecida mujer por la que había arriesgado la vida. Su defensa cerrada del agresor y su rencor hacia Neira sembraron las primeras dudas. Las dudas mutaron en sospechas en cuanto el profesor salió del grave trance y comenzó a hacer declaraciones. Resultó que el héroe no se ajustaba al molde. ¡Parecía de derechas! Ello arrojaba nueva luz sobre su acción. Había sido el típico acto de un machista. De un hombre patriarcal y protector. No había salvado a una mujer movido por convicciones feministas. Mal asunto.Pronto cruzaría Neira esa frontera sutil que separa la condición de sospechoso de la de culpable. El Partido Socialista de Madrid ha pedido su cabeza. Alega razones curiosas. Como escribir un libro. Los socialistas piensan que los libros son peligrosos. Su dirigente cree incompatible criticar la Constitución en letra impresa y ocupar cargos públicos. Dígaselo a Zapatero, a ver si, de una vez, expulsa a los proetarras de los ayuntamientos. Y a los de ERC y del BNG y a cuantos rechazan y hasta desacatan la Carta Magna, al tiempo que son grandes amigos y aliados de su partido.Todo ello hace ruido, pero no es más que la espuma. La ruindad de costumbre. El proceso de la destrucción civil de Neira no hubiera tenido lugar sin la existencia de una ruindad más profunda. No se le condena sumariamente por no ser de izquierdas ni feminista ni por criticar al PSOE. El pecado capital de Neira consiste en haber sobresalido en el piélago de la mediocridad moral como un raro islote. Eso sí que es mal asunto. La supervivencia del mediocre moral exige eliminar a quien deje en evidencia su falta de virtudes ciudadanas. Como en la esfera profesional y en la política, el rebaño castiga a los que rompen la grupal atonía. Los héroes no son bienvenidos. Nadie puede ser mejor que nadie.
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