La marcha protesta

Fuente: Europa Press

Decenas de personas procedentes de Cantabria y Burgos han participado hoy en la marcha de protesta contra la Autopista Dos Mares convocada por Ecologistas en Acción Cantabria, SEO-Birdlife, ARCA en el valle de Aguayo.

La marcha recorrió los puntos de "mayor impacto" de la autopista por su tramo cántabro, los montes de El Acebal y de las Ánimas, el viaducto sobre el río Hirvienza, las laderas sur del embalse de Alsa y el Campo de los Tablones.

Para los convocantes, la autopista es "innecesaria, inviable económicamente y con un enorme impacto ambiental". En su opinión, las infraestructuras viarias para acceder desde Cantabria al valle del Ebro y a la costa mediterránea a través de vías de alta capacidad están "sobredimensionadas", siendo "más que suficientes" las que hay.

Así, señalan que cuando entrase en servicio la autopista en 2014 habría otras dos vías de acceso más al Valle del Ebro desde Cantabria: una por la A-67 hasta Osorno y desde ahí por la autonómica A-231 a Burgos y la A-12 (Burgos-Logroño); y otra por la A-73 (Aguilar de Campoo-Burgos) y la A-12.

Destacan además que el proyecto es "incompatible" con la conservación de la biodiversidad y tendrá una "afección significativa" sobre la Red Natura 2000 en 11 Lugares de Importancia Comunitaria (LIC) y siete Zonas de Especial Protección para las Aves (ZEPA), afectando directamente a 19 tipos de hábitat, siete de ellos de carácter prioritario, por lo que "se vulnerarían" las directivas de aves y hábitats y la Ley de Patrimonio Natural y Biodiversidad.

Junto a ello, subrayan el "gran impacto ambiental" sobre áreas bien conservadas, especialmente a su función de corredor faunístico entre la Cordillera Cantábrica y el Sistema Ibérico ya que contribuiría al aislamiento de las poblaciones de estas dos zonas.

Asimismo, consideran que la autopista "no tiene rentabilidad social ni económica" y su estudio de rentabilidad económico-financiero "vulnera" la normativa en vigor y "no sesostiene" si no es con la aportación económica directa del Estado mediante un crédito participativo que cubra el 40% de la inversión inicial.