artículo del profesor del Instituto de Empresa Rafael Pampillón en elmundo.es
La publicidad ha sido hasta ahora la principal fuente de financiación de Televisión Española (TVE). Sin embargo, el Gobierno español está promoviendo una reforma para que TVE deje de emitir anuncios. ¿Cómo se puede compensar a la televisión pública por la pérdida de los ingresos publicitarios?
Una opción que se estudia es obligar a los canales privados de televisión y a las operadoras de telefonía (móvil, fijo y banda ancha) a financiar una parte de lo que cuesta TVE. A nadie se le escapa que no existe relación entre las llamadas telefónicas (y la utilización de internet) y la televisión pública. Por eso el encaje legal de la nueva norma que pretende impulsar el Ejecutivo es complejo.
La Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones rechazó en un dictamen el proyecto de ley, aunque sus conclusiones han sido poco comentadas. El Gobierno francés, manteniendo su tradicional intervencionismo económico, intentó hacer lo mismo en su país y las empresas lo han llevado a los tribunales europeos. Estas circunstancias deberían haber hecho reflexionar a nuestro Gobierno, que pretende aprobar a la vuelta del verano una ley para que los ciudadanos que utilizamos los servicios telefónicos paguemos una parte de la televisión pública, ya que las operadoras telefónicas, en la medida que puedan, repercutirán este nuevo impuesto sobre los usuarios.
¿Existen otras soluciones? Otros países han preferido exigir el pago de un canon a los poseedores de un televisor. Desde mi punto de vista, la solución pasa por privatizar TVE. Es muy difícil defender la existencia de televisiones como empresas públicas (servicio público) cuando emiten programas y contenidos parecidos y competitivos a los que ofrecen las cadenas privadas. De ahí que la privatización conseguiría, por un lado, reducir las distorsiones económicas en el sector de los medios de comunicación y, por otro, evitaría el adoctrinamiento ideológico de los televidentes. Se eliminaría, además, la politización de nombramientos de presidentes, consejeros, directivos y locutores en TVE.
La privatización tendría además la ventaja de generar unos recursos muy necesarios en estos momentos para el Estado. La venta de TVE no sólo eliminaría los problemas económicos provocados por su financiación a cargo de las demás cadenas televisivas y operadoras telefónicas, sino que el ingreso obtenido por el Estado reduciría la deuda pública.
De ahí que no sólo se deba privatizar TVE, sino también los aeropuertos, el transporte por ferrocarril, las cajas de ahorros, etcétera. Evidentemente, no se trata únicamente de privatizar para hacer caja y reducir deuda, sino sobre todo para mejorar la eficiencia empresarial. La privatización, tal como se ha demostrado en España en los últimos años, mejoraría la racionalización, la eficiencia y la modernización económica de empresas que no tienen ningún fundamento para que sigan permaneciendo en el ámbito público.
La experiencia privatizadora española en los últimos años ha demostrado de forma efectiva que el sector público no tiene por qué tener compañías telefónicas, ni bancos, ni fábricas de aluminio, acero o de pasta de papel, ni debe dedicarse a la generación de energía eléctrica, ni a transportar a los ciudadanos por tierra, mar y aire.
Ni tampoco debe tener televisiones. Es poco defendible que el Estado se dedique a esas actividades y privatizarlas es lógico. De ahí que el Gobierno debe favorecer el debate para que TVE deje de ser pública y pase a manos privadas. Sin embargo, la mayor dificultad para su privatización es el gobierno de turno, independientemente de su color, porque guste o no TVE es un instrumento a su servicio. Cualquier ejecutivo sabe que, en unas elecciones, TVE le dará un puñado de votos.
En definitiva, en mi opinión, no tiene sentido mantener TVE como empresa pública, ya que no se diferencia en nada del resto de las televisiones, excepto en el botafumeiro que le da al gobierno del momento. Por el mismo motivo, tampoco tienen sentido las televisiones autonómicas. Y menos sentido tiene que las televisiones privadas y los ciudadanos las financiemos.
La crisis económica está generando un fuerte endeudamiento del Estado. De ahí que el producto de la venta de TVE y de otras empresas públicas (activos del Estado) se podría dirigir a la reducción de esa deuda pública (pasivos). Una disminución del endeudamiento podría reducir los tipos de interés de la economía y, por tanto, los costes financieros que tendrían que pagar las empresas, las familias y las administraciones públicas del Reino de España.
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