Financiación de los partidos políticos

Cristina Falkenberg ha publicado en El Confidencial tres artículos sobre la financiación de los partidos políticos y otras irregularidades. Aquí aparecen encadenados:

Este diario se hizo eco antes que nadie de la presentación en la Asociación de la Prensa de Madrid del estudio sobre “La Financiación de los Partidos Políticos” del Catedrático de Derecho Administrativo y Vicepresidente del Foro de la Sociedad Civil, Gaspar Ariño, en que se denunciaban, entre otras cosas, la excesiva permisividad de los bancos con la deuda de los partidos. Sin embargo ésta no es sino la consecuencia del creciente gasto en que incurren quienes posteriormente son susceptibles de resultar los detentadores del poder. No parece muy realista esperar que nadie vaya a enfrentarse abiertamente a quien luego quizá, vaya a ser quien le gobierne.

Las necesidades ilimitadas de financiación de los partidos políticos, con miles de sedes y “burócratas” al servicio de líderes endiosados, junto a unas severas deficiencias en el sistema de contratación pública, de planificación del suelo y ordenación económica, entre otros factores, sólo han potenciado la arbitrariedad indispensable para saciar el voraz apetito financiero de estas organizaciones. Estamos en una materia caracterizada por la opacidad, tanto ad extra de los partidos -con poca información, incompleta y tardía-, como ad intra de los mismos. Cierto: los partidos funcionan en base a un sistema de caja única controlada por unos pocos individuos con un enorme poder y las cuestiones de los dineros no son objeto de debate ni siquiera a nivel de los órganos directivos de la organización política. La cuestión ha sido objeto de escándalos de corrupción, con frecuencia no aclarados del todo por unos partidos que pactan la omertá entre ellos, al tiempo que tratan de salvar a sus líderes máximos.

El coste de conquistar el poder

El Profesor Ariño sostiene que la financiación de los partidos es un elemento tan importante en la configuración de la democracia de un país, como la ley electoral o la forma de Estado. La financiación de la vida política tiene sin duda su cauce principal a través la financiación de los partidos políticos. La conquista del poder, las elecciones, son hoy en nuestras sociedades fuertemente dominadas por los medios de comunicación, costosísimas operaciones de marketing al alcance de muy pocos.

En España el fenómeno se agudiza a la vista de nuestro sistema electoral proporcional “del resto mayor” o sistema d’Hondt, diseñado en su día precisamente para reducir a unos pocos partidos la llamada “sopa de letras”, la miríada de partidos que surgieron al iniciarse la Transición. Las grandes circunscripciones, provinciales según el artículo 68.1 de la Constitución, encarecen enormemente las elecciones. Frente a él se propondría el sistema de los distritos unipersonales, que permiten unas campañas mucho más económicas -el famoso “puerta a puerta”-, donde los candidatos son responsables ante sus electores, a diferencia de la irresponsabilidad y por ende divorcio de la sociedad, que fomenta el actual sistema de listas cerradas y bloqueadas.

Lo ocurrido en aquellos años de la Transición fue clave en decidir la democracia que tenemos hoy. Y no sólo porque redujo la “sopa de letras” concentrando la representación popular en unos pocos grandes partidos, sino que se pensó que la financiación debía ser esencialmente pública, a fin de evitar que sólo aquellos partidos que tuviesen un grupo de interés económico privado respaldándoles, fuesen los que tuviesen los medios que les facilitasen el acceso al poder. Quizá fue cierto en su día: hoy no lo es.

Una función constitucional esencial que justifica la financiación pública

Financiación pública y crecimiento ilimitado de la misma con partidos incapaces de poner freno a su gasto son las notas que hoy caracterizan al sistema español. Sin embargo sería impensable una democracia moderna sin ellos: su función primordial, “expresando el pluralismo político”, concurriendo a la “formación y manifestación de la voluntad popular” a través las elecciones, los erige, como dice el artículo 6 de nuestra Constitución, en instrumento fundamental para la participación política. Lo que es más: es que su función de indudable interés general, justifica que reciban una porción de financiación pública.

Con una miríada de facciones y “prima donnas” el país sería simplemente ingobernable. Sin embargo entre ese extremo y las máquinas de poder en que se han convertido los partidos, hay una gran diferencia. Una primera exigencia a todos sería la de que su funcionamiento interno fuese democrático, como manda ese mismo artículo 6 de la Constitución en que se basan para vivir a costa del contribuyente a través los Presupuestos Generales del Estado.

Como pone de manifiesto Pilar de Castillo, la formación de la voluntad popular es un proceso previo al Estado. Los partidos políticos son en efecto asociaciones privadas. Como emanación de la sociedad —y no órganos del Estado—, deben hallar su principal sostén en los individuos que se identifiquen con sus ideas. Asimismo se exigen dos notas: transparencia en la gestión y control efectivo de la misma por organismos independientes.

La realidad se aparta empero de este ideal: actualmente el 90% de la financiación la acaparan PSOE y PP, auténticas supraestructuras paraestatales que tienen al ciudadano secuestrado, dice Ariño, oligarquías que viven desconectadas de la sociedad.

A las fuentes de financiación privada han de añadirse cuatro tipos de financiación pública: subvenciones para gastos de funcionamiento ordinario, para gastos electorales, a los grupos (parlamentarios y municipales) y a las asociaciones y fundaciones vinculadas orgánicamente a los partidos. Las subvenciones pueden provenir del Gobierno o de las Cámaras, sean del Estado o de las Comunidades Autónomas, además de las Corporaciones Locales. Pero toda la variedad se funde en la caja única, y el sistema premia claramente a los partidos que obtienen más votos y escaños: es una pescadilla que se muerde la cola pues ellos son de nuevo quienes más recursos tienen para financiar unas elecciones.

Cambiar algo para que nada cambie

La historia legislativa se inicia con el Decreto-Ley sobre normas electorales de 1977 y la Ley de Partidos de 4 de diciembre de 1978; la Ley Orgánica del Régimen Electoral general (LOREG) de 19 de junio de 1985 reguló las subvenciones electorales y la Ley Orgánica 3/1987 de 2 de julio la financiación de los gastos ordinarios. Desde aquella norma a la Ley Orgánica 8/2007 de 4 de julio, como afirma Ariño, los partidos estuvieron veinte años literalmente mareando la perdiz: era importante hacer algo cara a la galería, aunque en el fondo nada cambiase. Y al contrario: alguna vieja reivindicación se vio satisfecha, como la posibilidad de condonar deuda por los bancos, a la que el PSOE llevaba años aspirando y que finalmente consiguió. Lo resuelve la Disposición Transitoria Segunda de la nueva ley bajo la expresión eufemística de “poder llegar a acuerdos respecto de las condiciones de la deuda que [los partidos] mantengan con las entidades de crédito… según los usos y costumbres del tráfico mercantil habitual…” Vamos, que lo habitual es que el banco le perdone a uno el crédito hipotecario…

La semana que viene, más…

http://www.elconfidencial.com/valor-derecho/financiacion-partidos-politicos-20091121.html

Veíamos la semana pasada que los partidos políticos tienen una función constitucional esencial: la de intervenir en la formación de la voluntad popular, lo que justifica que reciban financiación con fondos públicos. Ello garantiza que vayan a poder cumplir su función, con independencia y unaigualdad mínima para todos. La cuestión de la independencia debe sin embargo matizarse porque es obvio que los partidos no están para ser entes insensibles a cualquier presión de la sociedad sino que su función es precisamente la de hacerse eco de las demandas de sus afiliados, simpatizantes y votantes.

Sin embargo hace tiempo que nuestros partidos dejaron de ser representativos de la sociedad. Se desconfía sistemáticamente de “la casta”: políticos profesionales rodeados de grandes organizaciones de asalariados que sustituyen a la militancia voluntaria de otros tiempos. Una de las causas de la actual situación hay que buscarla en la excesiva financiación pública, en torno al 90 % del dinero que manejan los partidos… y sin límite presupuestario alguno. El resultado de estos excesos ha sido desastroso. Hemos pasado de partidos fuertes, “de masas”, a débiles partidos “de aparatos”, según diagnosticó Touraine. Son organizaciones con fuertes aparatos, al servicio de un líder ultramediático, sonriente y omnipresente, aunque carezca de discurso político.

La falta de límite presupuestario sólo hace que los partidos gasten cada vez más. No hay incentivos ni para mejorar la gestión ni para promover el ahorro: basta con aprobar un nuevo techo de gasto en los Presupuestos Generales del Estado del año siguiente. Es dinero sencillísimo de conseguir: basta con meter la mano en el bolsillo del contribuyente.

Las subvenciones públicas para gastos de funcionamiento ordinario ascienden a unos 150 millones de euros anuales (unos 25.000 millones de las antiguas pesetas) y a unos 40 millones de euros (aproximadamente 6.500 millones de pesetas), en medio anual, para gastos electorales: un “robo a mano armada”. ¿Pero alguien tiene interés en que esto cambie? Desde luego PP y PSOE, no: entre ambos acaparan aproximadamente el 90% de estos fondos.

Otros efectos perversos

Además de alejar a los partidos de la sociedad, el exceso de financiación y el hecho de funcionar por el sistema de caja única tiene el efecto perverso de reforzar increíblemente el aparato central, en detrimento de las organizaciones territoriales y las locales, las que deberían conectar con las fuerzas sociales y los ciudadanos.

El sistema de caja única potencia el caudillismo, pues unos pocos controlan además de las listas electorales, también el dinero. ¿Dónde está la democracia interna en tales organizaciones?

Nuestra democracia tiene el serio problema. El sistema de financiación y el electoral de listas cerradas y bloqueadas, sólo hace que los partidos tiendan a modelos leninistas… ¡cuando son precisamente las organizaciones que más democráticas debían ser! Porque su función constitucional ineludible es precisamente la de ser el principal cauce para la participación de los ciudadanos en la vida política.

Como concluye Touraine, “una limitación de la financiación pública y una reducción forzada de los gastos electorales y de funcionamiento de los partidos, no debilitaría a éstos, sino que los reforzaría en su función representativa, algo indispensable para una democracia sana.”

La financiación privada: indispensable

Si en su día se pensó en la financiación pública como indispensable para que todos los partidos pudiesen concurrir a las elecciones y no sólo aquellos respaldados por grupos de interés económico, hoy esto no es una realidad. Al contrario: el sistema de tan generosa financiación pública pero otorgada sólo a aquellos partidos que hayan obtenido alguna representación, unido a lo costosísimo de las campañas electorales, hace que el sistema resulte especialmente injusto para con quienes aspiren a crear un nuevo partido. No es exagerado calificar de prohibitivo el coste de entrada al panorama político para un partido nuevo. Por supuesto que quienes ya tienen representación parlamentaria tienen escaso o nulo interés en cambiar la situación con el fin de hacerla algo más justa.

Amén de reducirse, no cabe duda de que la financiación pública ha de combinarse con otra de carácter privado. En Europa se sitúa en torno al 40 – 50% del total de los fondos que manejan los partidos. Los partidos políticos son organizaciones privadas, creadas a iniciativa de ciudadanos que sienten que tienen puntos de vista afines, aunque cumplan una función esencialmente pública. “Parece … incoherente que todos los ciudadanos tengan que contribuir … con sus impuestos a financiar todas las organizaciones políticas, incluso aquéllas consideren dañinas o perniciosas”, dice el Profesor Ariño, cuyo estudio venimos siguiendo.

Se trata ésta de una materia donde se han hecho todas las trampas del mundo en nuestro país: Fadesa, Matesa… Gürtel… informes inexistentes, empresas fantasma: para qué abundar.

La nueva Ley Orgánica 8/2007, de 4 de julio, sobre financiación de los partidos políticos en este sentido ha venido a introducir una serie de innovaciones dignas de alabanza. Así su artículo 5 número 1 prohíbe las donaciones anónimas mientras que su artículo 4 impone una serie de limitaciones importantes a la manera en que puedan captarse los recursos privados. Se prohíben las donaciones finalistas (letra a), debiendo identificarse el donante, sea la donación en especie o en dinero, en cuyo caso deberá ingresarse en cuenta abierta en una entidad de crédito, abierta exclusivamente para dicho fin (letra d). Asimismo deberá llevarse contabilidad detallada de todo (artículo 14).

Queda prohibido recibir donaciones de organismos, entidades o empresas públicas o empresas contratistas de la Administración (letras b y c) o de más de 100.000 euros cuando procedan de una sola persona (artículo 5, número 2). Lo que no tiene tanto sentido es que dicho límite ascienda a 150.000 € cuando la donación se haga a una fundación orgánicamente vinculada a un partido… a quien además sí que podrán hacer donaciones los contratistas de la Administración. ¿Dónde está la justificación? Pero lo que es más grave: no hay limitación alguna a la condonación de deudas. ¿Y acaso no es esta una donación encubierta?

http://www.elconfidencial.com/valor-derecho/financiacion-partidos-politicos-saqueo-contribuyente-20091128.html

Veníamos siguiendo el trabajo del Gaspar Ariño sobre La Financiación de los Partidos Políticos, editada por el Foro de la Sociedad Civil. Como pone de manifiesto tan solvente autor, “Cualquier reforma de la financiación de los partidos será insuficiente si no se adoptan medidas para limitar los gastos desenfrenados que éstos generan… hay que organizar su acción de manera que no requiera una burocracia masiva, que consume y gasta dinero de manera incontenible.”

Como denuncia Ariño, PSOE y PP vendrían a tener del orden de 4.000 sedes cada uno, con unas 1.500 personas en plantilla, un 30% de su gasto. Sus líderes no escatiman en dispendios y prebendas: hoteles de cinco estrellas, viviendas a su disposición y restaurantes de lujo: todo ello en un tiempo en que la ciudadanía puede estar pasando auténtica necesidad. Sin embargo son los gastos de campaña, incontrolables, donde se observan cifras de vértigo. “…en lugar de presentar y debatir los programas de forma pausada y racional… los partidos se convierten… en máquinas de propaganda, [que] estudian… los temas que a la gente le interesan y qué… quiere oír; una vez detectados, se monta la maquinaria propagandística para su difusión…” La limitación del gasto electoral no ha pasado de las buenas intenciones. Limitar la duración de las campañas no impide las precampañas… Y limitar los medios se podría entender como una discriminación a favor de los partidos en el poder.

El gasto es ciertamente inmenso y requiere tanto acudir al endeudamiento como a la corrupción. “Una vez en el Gobierno todo se podrá pagar, pues es tal la vinculación actual de política y negocios, que el dinero llegará al partido gobernante sin mayores problemas. Y si no se ganan las elecciones, pues se dejan de pagar los préstamos bancarios y se aumenta el endeudamiento, que al final será condonado, total o parcialmente.”

El control del gasto empezaría por la reforma de la ley electoral, modificando las circunscripciones para que sean unipersonales, permitiendo el debate entre el candidato y los electores, a nivel local. No sería necesario tanto espectáculo. Eso, entre otras medidas posibles: pero la actual ley electoral desde luego no ayuda a controlar el gasto… y si éste no se puede controlar habrá que “poner límite a los ingresos [con cargo a los Presupuestos] y coto al endeudamiento”, dice Ariño.

Endeudamiento… e impago

Las cifras no son exactas y tampoco están demasiado claras… ni en lo que respecta a la financiación pública… ni mucho menos en lo tocante a la privada. Sin embargo la información proveniente en su mayoría del Tribunal de Cuentas arroja una serie de datos. El partido más endeudado (entre 60 y 70 millones de euros) ha sido el PSOE. También es el más transparente. La información que presenta el PP “es más escasa e incompleta”, aunque también es considerablemente menor su deuda: en torno a los 18 millones.

En cuanto a los impagos las cifras también son incompletas: el Banco de España ha dado alguna vez la cifra total de 300 millones de euros sólo de principal. Como pone de manifiesto el autor, las entidades de crédito “no renuncian a cobrarla [la deuda], pero tampoco la ejecutan. Las pólizas se aparcan y se dejan dormir durante años sin un compromiso expreso para su perdón, hasta que llega el momento en que borrarla de un plumazo es más fácil de hacer discretamente”. El hecho es que “los bancos… jamás ejecutan judicialmente a los partidos (especialmente a los grandes o a los nacionalistas con fuerte implantación territorial). … Podríamos hacer una larga lista de condonaciones de deudas, principalmente al PSOE… pero no sólo a él”. La Disposición Transitoria Segunda de la nueva Ley de Financiación de los Partidos, como ha venido a subrayar Lucas Murillo de la Cueva, sólo facilita la continuidad de esta práctica que en ningún momento se impide, haciendo de los límites a las donaciones, auténtico papel mojado. Se hacer urgente pues tanto poner freno al endeudamiento como a las prácticas crediticias.

Incumplimiento y falta de control

“La fiscalización de los partidos en España”, escribe Pilar del Castillo, de cuyo trabajo se hace eco el autor, “ha tropezado con numerosos problemas debidos en ocasiones a una insuficiente regulación sobre la contabilidad que deben presentar los partidos; en otros casos porque los partidos han incumplido de forma generalizada y reiterada con la presentación de documentos justificativos de las cuentas presentadas; y finalmente, en otros momentos, por razones de tensión política en el seno del propio Tribunal [de Cuentas].”

Fue la Ley Orgánica del Régimen electoral general de 1985 la que estableció el control de los gastos electorales de los partidos y la Ley Orgánica de Financiación de los partidos políticos de 1987, reguló la supervisión de las finanzas por actividad ordinaria. El control se encomendaba al Tribunal de Cuentas, aunque ni se le dotó de los necesarios poderes, ni está siempre claro que los hubieran querido usar, dice Ariño. La dependencia política de los Consejeros del Tribunal de Cuentas respecto de los partidos que los nombran es absoluta, una vergüenza y un vicio grave de nuestra democracia que se extiende a casi todas las instituciones, dicho sea de paso.

Pero el mayor absurdo es que el Tribunal remite sus informes finalmente a las Cortes Generales para su aprobación definitiva… ¿No es absurdo que controlador y controlado al final sean la misma persona?

La nueva Ley de Financiación de los partidos políticos de 2007 ha tratado de mejorar las cosas… pero no en serio. Porque en organizaciones fuertemente jerarquizadas es ridículo exigir un sistema interno que garantice la intervención y el control si no hay luego una auditoría externa, independiente, obligatoria: y la ley no la exige. Y ni se ha dotado al Tribunal de Cuentas de nuevos poderes de control y sanción reales… ni se ha tocado el sistema de nombramiento de sus Consejeros para que sean verdaderamente independientes, en un Tribunal que es pieza clave de un Estado moderno y por cuyas manos pasa más del 50% del PIB.

En suma, para que cese el secuestro de la sociedad por las oligarquías de los partidos procede limitar lo que pueden gastar con cargo a los Presupuestos Generales del Estado —esencialmente para cubrir sus gastos electorales—, controlar de quiénes puedan recibir donaciones… y condonaciones, que deberían prohibirse.

La financiación privada cubriría los gastos ordinarios y debería suponer al menos el 50% de los ingresos de los partidos, que se verían obligados a tomar contacto con la sociedad si quieren recibir sus aportaciones económicas. Los mecanismos de fiscalización y control deberían ser realistas y eficaces.

Finalmente, sería imprescindible romper el sistema de caja única, a fin de promover la democracia interna de los partidos, y no el control de los mismos por sus aparatos.

http://www.elconfidencial.com/valor-derecho/financiacion-partidos-politicos-gasto-endeudamiento-incumplimiento-20091205.html