Escribe Ignacio de la Torre en Cotizalia:
Hace unos meses una encuesta del Centro de Investigaciones Sociológicas desprendió una sorprendente conclusión: los españoles se sentían más preocupados por su clase política que por el terrorismo. Dicho resultado se ha mantenido en encuestas sucesivas. En un país sano cabría esperar, a) que la clase política se horrorizara ante semejante resultado, e inmediatamente procediese a purgarse estructuralmente para no merecer a futuro tan repugnante honor, y b) que los ciudadanos (la sociedad civil), con independencia de que la clase política hubiera hecho sus deberes, se lanzaran al debate con propuestas para presionar a que la clase política efectuara reformas para preocupar menos que los terroristas. Lamentablemente España ha demostrado de nuevo su condición de nación enferma, tanto por la ausencia de a) como de b). Y, francamente, dada la condición de la clase política actual, es probablemente más preocupante b) que a), aunque semejante conclusión sea triste. Como este medio y sus lectores vienen desde hace tiempo poniendo los puntos sobre las íes señalando los procesos políticos y sus abusos que conducen ante tan patético resultado, seamos constructivos y señalemos las reformas que podrían provocar que se invirtiese tan monstruoso resultado, por el medio de que los políticos preocupen algo menos. Primero, obligatoriedad de listas abiertas en la ley electoral, como elemento substancial de la regeneración política. Dicha ley pasaría de un sistema proporcional como el actual a un sistema mayoritario por circunscripciones (como el del Reino Unido), para así acabar con el poder desorbitado para su base electoral de partidos bisagras, poder que el actual régimen electoral les concede. Segundo, garantizar la democracia efectiva en los partidos políticos, hoy patéticas estructuras dictatoriales. El sistema de primarias habría de ser consustancial a la democracia interna del partido que ordena la Constitución. Los partidos que burlen este precepto según el Tribunal Supremo, no podrán presentarse a elecciones parlamentarias. Tercero, limpiar las finanzas de los partidos políticos. Ya que el 90% de sus ingresos proceden de subvenciones (nuestros impuestos) sus sistemas de contratación deberían regirse por la ley de contrataciones públicas. Además, sus cuentas deberían ser consolidadas (incluyendo fundaciones y filiales en el extranjero), auditadas, y hechas públicas en Internet. Por último, el Tribunal de Cuentas tendrá poder para fiscalizar estas cuentas y publicar todo tipo de abusos. El que, por ejemplo, los consejeros de la financieramente ruinosa RTVE, nombrados por los partidos, tengan derecho a cocheoficial y chófer pagado por el Ente (que financia sus pérdidas con nuestros impuestos) es deplorable. Es igualmente insultante que muchos de los préstamos que los bancos hacen a los partidos políticos sean perdonados o no se paguen nunca. Semejante práctica será prohibida bajo responsabilidad civil y penal de banqueros y tesoreros de los partidos. Cuarto, exigir dedicación exclusiva de diputados y a senadores que no estén en el Gobierno. La situación actual en la que esa supuesta dedicación es violada impunemente mediante subterfugios legales, es una vergüenza nacional. Es inadmisible que ejecutivos permanentes de partidos, como un tesorero nacional o una secretaria de organización nacional sumen a su sueldo del partido sobresueldos como Senadores (cámara ya de por sí de dudosa utilidad), como consejeros de gestoras de cajas de ahorro, o cobrando sueldos como ex-secretarios de Estado. Escandaloso que diputados nacionales estén presentes en consejos de administración de Holdings financieros, cuando la ley claramente lo prohíbe o que compatibilicen su función como legisladores con sus despachos o consultoras profesionales. Todos estos lamentables subterfugios habrían de ser cortadas de raíz mediante la exigencia de dedicación exclusiva a su labor legisladora. Los más de cuatro mil euros más dietas que devengan mensualmente, los cuatro meses de vacaciones, las asombrosas ausencias a un número elevado de sesiones y un mínimo de dignidad hacia los contribuyentes, sus electores, y a la nación, lo exigen. Diputados y senadores habrán de publicar anualmente su patrimonio. Sus privilegios en materia de pensiones y viajes gratuitos por España serán abolidos. Sus privilegios en materia de inmunidad e inviolabilidad, justificables en el medievo pero no en un Estado moderno de derecho, también serán abolidos, de forma que los legisladores serán tan iguales ante la ley como los legislados, como exige el derecho natural y la razón. Quinto, todas las administraciones públicas (desde un Ayuntamiento hasta el Estado Central) habrán de publicar todo el detalle de ingresos y gastos en Internet, de una forma sencilla e inteligible para los ciudadanos, de forma que éstos puedan fiscalizar qué ocurre con cada 1.000 euros que pagan de impuestos. La presión social limitaría así los despilfarros que tanto indignan a los ciudadanos. Sexto, se procederá a limitar o eliminar la presencia de miembros de partidos políticos en instituciones clave para la justicia, como el CGPJ, o el Tribunal Constitucional, para acabar con la escandalosa situación actual en la que se presume el sentido de un fallo (TC) o decisión (CGPJ), no en función de su adecuación a la Constitución o a su justicia o efectividad, sino en función del partido que ha inspirado el nombramiento del magistrado. Es importante señalar a un enfermo que padece enfermedad, así como indicar posibles remedios para evitar que la afección siga infectando al cuerpo y provocando más putrefacción. Si la situación económica del enfermo, es además ruinosa, la necesidad de regenerar al convaleciente se hace aún mayor. Lamentablemente, aunque a los ciudadanos les preocupe más los políticos que los terroristas, “el pueblo ha perdido la confianza de su clase política”. Sin embargo, el pueblo puede conseguir el mayor servicio que se puede plantear en este momento a la nación: regenerar el liderazgo estableciendo el buen gobierno en el gobierno.
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