Gracias a los buenos oficios del ministerio de Hacienda nos enteramos de las deudas que tienen los ayuntamientos españoles con los bancos. Cifra que nos sacude las entretelas: supera los 40.000 millones si se incluye lo que deben las empresas municipales. Se trata -sobre todo- de préstamos a los que han accedido los ayuntamientos para hacer frente a gastos corrientes, de personal, y en la compra de bienes y servicios. Y que los pagarán cuando puedan, es decir, el “deber y no pagar” de la opereta Katiuska del maestro Sorozábal. La conclusión a la que se llega es que los ayuntamientos han estado en los últimos años viviendo alegremente, haciendo lo que se llamaba en la literatura antigua “cuentas galanas”, fiados en que las circunstancias económicas se mantendrían inalterablemente favorables. La crítica situación actual, que está haciendo aflorar todos los agujeros económicos, debería llevar a una serena reflexión sobre lo que ha pasado y cómo debería evitarse en el futuro.
Porque los datos son, como digo, de escalofrío: en cinco años, de 2002 a 2007, muchas corporaciones locales aumentaron sus ingresos un 50%. Y lo malo es que se los gastaron en aumentar personal y en gasto corriente. Se advierte cómo a medida que se aproximan unas elecciones, aumenta la nómina municipal y lo mismo sucede cuando se producen cambios de signo político.
Aunque la justicia obliga a añadir que algunas están en paz con los números y también las hay que han colocado sus fondos en inversiones industriales, muchas de ellas relacionadas con las nuevas técnicas. Es decir, que hay alcaldes que han hecho bien sus deberes y otros que han holgazaneado comprometiendo gravemente el dinero de sus vecinos.
¿Qué hacer? A mí no me asusta especialmente la deuda pública porque puede ser riqueza para mañana. Quiero decir que una Administración puede -y debe- endeudarse si se trata de allegar fondos para actividades económicas relevantes que creen riqueza y sean fecundas. No debe endeudarse -por contra- para contratar más personal o subir el sueldo a los concejales. En la prudencia política hay que confiar.
Pero, si tal prudencia nos juega alguna mala pasada (y es frecuente que nos la juegue), es preciso tener aprestados mecanismos eficaces de control del gasto. Probablemente algo tendrá que ver con las cifras escandalosas en las que se hallan empantanados muchos municipios el hecho de haber suprimido -o trivializado- el control que ha estado tradicionalmente confiado a los funcionarios con habilitación de carácter nacional.
Los municipios quieren una mejor financiación y es lógico. Yo mismo he sostenido en estas páginas que el arreglo de la financiación municipal es más urgente que el de las comunidades autónomas. Así lo sigo pensando. Pero lo cierto es que los municipios parecen haberse olvidado de sus reivindicaciones en esta materia, enmudecidos por las aportaciones del plan especial pilotado por el Gobierno. No entro a enjuiciar este último pero ¿a quién se le ha ocurrido que ambas acciones sean excluyentes? Todo parece indicar que el Gobierno ha querido poner sordina a la reforma de las finanzas locales y muchos desde las instituciones locales están colaborando en ello. ¿Por razones partidistas?
Si es cierto que la financiación local un día u otro habrá de ser tratada sin sectarismos, no es menos cierto que también habrá de ser abordada la instauración de un control racional de los gastos de los Ayuntamientos. Con las técnicas que están previstas en la legislación vigente de haciendas locales y con otras que será necesario crear.
Lo que deberíamos descartar resueltamente para el futuro es la figura del alcalde haciendo de Gran Capitán.
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