Desde que comenzó la crisis, tan sólo los gobiernos autonómicos de Murcia, Madrid y Galicia han recortado el número de altos cargos y departamentos. Y, mientras la economía destruía empleo, la contratación total de efectivos públicos repuntó un 4% en 2008.
Este esfuerzo no ha contrarrestado la agonía del mercado laboral. Ni tampoco ha ayudado a aliviar el gasto público. Los 2.494.970 funcionarios del Estado, las comunidades y los ayuntamientos –sin contar los 100.000 de la Universidad– absorben 103.285 millones de euros al año, según datos del Ministerio de Política Territorial y del Ministerio de Hacienda. Estas cifras equivalen a más del 10% del PIB nacional, o a la suma de la recaudación total del Impuesto de la Renta (72.000 millones) y el de Sociedades (35.000).
Las grandes cifras se pueden bajar a pie de calle.El número total de trabajadores en España es de tan sólo 23 millones. Por tanto, cada uno de ellos paga 2.270 euros al año para mantener la administración regional, 770 euros por la local y 1.430 euros para el Estado. La losa pública total asciende a 4.471 euros al año. O lo que es lo mismo, tres meses completos de sueldo, teniendo en cuenta que el salario medio ronda los 1.500 euros.
Las autonomías, al frente
Las comunidades poseen más de 1,3 millones de trabajadores en nómina que absorben 52.400 millones de euros del presupuesto del Estado, según datos del Ministerio de Economía. La cesión de competencias tan importantes como la Sanidad, la Educación o la Justicia explican buena parte de la factura de personal que arrastran las autonomías. No obstante, desde que comenzó la gran descentralización a principios de los noventa, el número de funcionarios ha crecido un 52%, más del triple que la población total, que avanzó en el mismo periodo un 15%, según un estudio de la consultora Roland Berger.
Mientras que el ejecutivo murciano gestiona la comunidad con nueve consejeros y Madrid, con 10; Andalucía emplea a 15, y Baleares, Castilla y León, Valencia y Cataluña, a 14. Por su parte, el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, recién remodelado, mantiene 17 ministerios más una nueva vicepresidencia. Desde que llegó a La Moncloa en 2004, ha engordado un 35% el número de altos cargos del Estado.
Suma y sigue en la contratación
La tendencia parece no tener tope. Castilla y León, Galicia, Navarra, País Vasco y La Rioja son las únicas redujeron o mantuvieron en 2008 el número total de empleados a su cargo [no sólo altos cargos y consejeros]. El resto de autonomías ha intentado aplacar la sangría del paro –la ocupación en empresas privadas retrocedió un 4,9% en 2008– con la contratación de efectivos públicos –con un avance medio del 4%–, según un informe de la Asociación de Grandes Empresas de Trabajo Temporal (Agett).
Baleares encabeza la lista de contrataciones, con un 23% más de nuevos funcionarios, seguida de Canarias, con un 7%. En Andalucía, los trabajadores del sector privado se recortaron un 9,4% el año pasado, mientras que la Administración engordó sus plantillas un 5%.
Sea fruto de la política del rigor presupuestario o no, un murciano o vasco paga 760 y 860 euros al año para mantener a los empleados autonómicos, respectivamente. Menos de la mitad que en Navarra, donde cada ciudadano financia 1.780 euros; Extremadura, donde el coste medio es de 1.680 euros; o Aragón, de 1.500 euros. Las cifras no son blancas o negras y en ellas influyen otros factores. Pero al final, paga el ciudadano.
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