Ecologistas en Acción de Cantabria ha presentado alegaciones a los Estudios Informativo y de Impacto Ambiental de la Autopista Dos Mares (AP-69), una autopista innecesaria, inviable económicamente y con un enorme impacto ambiental, y una propuesta que ahonda en un modelo de movilidad que está agotado
La construcción de la Autopista Dos Mares produciría un gran impacto ambiental sobre áreas bien conservadas, afectando tanto a sus valores naturales intrínsecos como a sus valores extrínsecos, especialmente a su función de corredor faunístico entre la Cordillera Cantábrica y el Sistema Ibérico. De esta manera, la construcción de la autopista produciría un daño ambiental indirecto sobre los espacios protegidos, al contribuir de manera importante a su aislamiento.
Este proyecto tendrá una afección significativa sobre la Red Natura 2000 en 11 Lugares de Importancia Comunitaria (LICs) y 7 Zonas de Especial Protección para las Aves (ZEPAs), afectando directamente a 19 tipos de hábitat, 7 de ellos de carácter prioritario. por cuanto estos espacios contienen especies prioritarias por lo que se vulnerarían las Directivas de Aves y Hábitats, además de la Ley 42/2007 del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad, y que, además de innecesario, provocará una afección importantísima al paisaje y el patrimonio natural a lo largo de todo su trazado.
El proyecto es incompatible con la conservación de la biodiversidad ya que ocasionaría impactos de gran magnitud tanto a nivel general como a nivel particular. Los impactos más señalados son la fragmentación de hábitats, el efecto barrera sobre las especies animales, poner en peligro la cohesión global de la red Natura 2000. La destrucción de hábitats de interés comunitario alcanzaría gran intensidad principalmente dentro del LIC/ZEPA Montes Obarenes.
Sin duda, el talón de Aquiles de este proyecto radica en el estudio de rentabilidad económico-financiero que vulnera flagrantemente la normativa en vigor y no se sostiene si no es con la aportación económica directa del Estado mediante un crédito participativo que cubra el 40% de la inversión inicial. El proyecto solo sería viable con estos condicionantes, en abierta contradicción con el régimen de concesión. Pero antes de licitar la autopista, Fomento tendría que elaborar el correspondiente anteproyecto o proyecto que asegure el estudio de viabilidad económico-financiera, establecido por la ley de Contratos del Sector Público.
En el origen de esta propuesta están los problemas coyunturales del tráfico de vehículos pesados, que lejos de solucionarse con otra nueva infraestructura que se basa en proporcionar más oferta, mantendría los graves problemas estructurales y de reparto modal del transporte de mercancías en Cantabria y norte peninsular.
Ante la manifiesta ineficacia y enorme atomización del sector de transporte de mercancías por carretera, que genera grandes costes ambientales no internalizados, habría que dar un giro radical en las políticas públicas, en la línea de lo que se está planteando en Francia en el marco de la Grenelle del medio ambiente: la limitación de inversiones en carreteras y la decidida apuesta por el desarrollo del transporte ferroviario y marítimo, particularmente el de cabotaje, para el transporte de mercancías.
La alternativa al modelo de movilidad insostenible que este proyecto asume, nos remite a insistir en la necesidad, cada vez más urgente, de promulgar Leyes de Movilidad Sostenibles y Seguras, de ámbito estatal y autonómico, y a redactar Planes Regionales de Movilidad Sostenible, en coordinación con las administraciones implicadas en la gestión del transporte público y las organizaciones sociales, de manera que dé respuesta a las necesidades de movilidad de personas y mercancías.
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