El ajuste inmobiliario en España

artículo del catedrático José García Montalvo publicado en El País el 29-XI-2009, vía burbuja.info

Con el paso del tiempo se está consolidando la idea de que la crisis económica empieza a quedar atrás. Pero España no pertenece al numeroso grupo de países que están saliendo de la recesión. El motivo aducido por organismos internacionales y expertos es el gran peso que tenía el sector de la construcción, en particular el residencial, en la estructura productiva española.

El mercado inmobiliario

A FONDO

El grueso del ajuste en el inmobiliario, como en otros sectores en España, se da en cantidades y no en precios

Por tanto, parece apropiado preguntarse por la situación actual del sector y los factores que determinan la velocidad de ajuste del sector inmobiliario español. En primer lugar hay que resaltar que el sector inmobiliario muestra las mismas características que otros mercados en España: la mayor parte del ajuste se produce en las cantidades y no en los precios. Pensemos en el mercado laboral: mientras el desempleo aumenta de forma desbocada, los salarios reales siguen aumentando. En el mercado inmobiliario el ajuste también se está produciendo vía cantidades: mientras, según las estadísticas oficiales, los precios han caído desde su máximo en torno al 9%, la cantidad de viviendas iniciadas se ha desplomado. Hace tres años se comenzaron 860.000 viviendas mientras 2009 cerrará seguramente con menos de 190.000. Por comparación, en Estados Unidos los precios de la vivienda han caído un 33% desde el máximo, mientras la iniciación de viviendas ha caído bastante menos que en España.

¿En qué punto se encuentra el ajuste inmobiliario en España? Constructores y promotores se apresuran a asegurar, con el beneplácito del Ministerio de Vivienda, que el ajuste ha acabado. "Es momento para comprar", nos llevan diciendo desde que comenzó la crisis con unos argumentos u otros, o a veces sin argumentos. Recordemos que el presidente de Martinsa-Fadesa, cuando los signos del declive del sector inmobiliario se acumulaban, auguró una subida "vertiginosa" de los precios de la vivienda en 2009. El argumento actual para justificar que el ajuste ha finalizado señala que el índice de accesibilidad, medido como la relación entre cuota hipotecaria y renta familiar, ha vuelto a los niveles de 1996. Desafortunadamente este índice hoy es absolutamente irrelevante. En las condiciones actuales de concesión de hipotecas, el esfuerzo teórico para el pago de la cuota hipotecaria al tipo de interés corriente no tiene relevancia a la hora de conseguir un crédito. Las entidades financieras, en su vuelta a una política más responsable de concesión de hipotecas, evalúan el esfuerzo a un tipo de interés razonable de largo plazo, por ejemplo el 4% o el 5%. Una de las frases que más se escucha en las sucursales bancarias cuando se solicita un crédito es "y si el tipo de interés subiera al 5%, ¿podría pagar la cuota hipotecaria sin dedicar la mayor parte de su renta?".

El indicador relevante en la actualidad, y en el largo plazo, es la ratio del precio de la vivienda sobre la renta familiar bruta disponible. Este índice no está afectado por las condiciones crediticias (oscilaciones a corto plazo de los tipos de interés, condiciones más o menos restrictivas en la concesión de crédito o duración de las hipotecas). Según este indicador al ajuste inmobiliario español todavía le queda mucho por recorrer. La burbuja inmobiliaria aumentó hasta 7,7 años completos de renta familiar disponible para comprar una vivienda media. En la actualidad ha retrocedido hasta 6,6, pero está aún muy lejos de la media histórica anterior a la burbuja (en torno a 4 años). En Estados Unidos este indicador ha vuelto a 4 años y se nota cómo el sector inmobiliario comienza a dar síntomas de cierta mejoría.

Por tanto, queda ajuste para largo. ¿De qué dependerá el ritmo de ajuste futuro del sector? El primer factor es la capacidad de absorción del stock de viviendas nuevas por vender que se sitúa, dependiendo de la estimación, entre un millón y millón y medio de viviendas. Se argumenta que muchas de estas viviendas están localizadas en la costa, pero la realidad es que la mayoría (en torno al 70%) son primeras residencias y que las dos comunidades autónomas que tienen más viviendas por vender respecto a la población no tienen mar.

Un segundo factor importante son los cambios en la fiscalidad de la vivienda. El Gobierno decidió antes del verano eliminar la desgravación a la vivienda con efectos diferidos (en 2011). El objetivo era intentar adelantar la decisión de compra de aquellos que pudieran perder la desgravación en el futuro, lo que podría ralentizar el ajuste del sector para desplazarlo al futuro. Pero como ya señalaba en estas mismas páginas en su momento, una vez llegado el día de eliminar la desgravación existirá una tentación irresistible a desdecirse y no eliminarla. De hecho esta hipótesis se ha visto confirmada en el caso de Estados Unidos. El Gobierno norteamericano aprobó a principios de año una desgravación de 8.000 dólares para la compra de primera vivienda, pero con una extensión temporal limitada: de enero a noviembre de 2009. Hace pocas semanas el senado de Estados Unidos aprobó la extensión de esta desgravación hasta abril de 2010. Por tanto la efectividad de estos anuncios depende de la credibilidad que los potenciales compradores asignen al anuncio del Gobierno.

Finalmente, los cambios en la regulación bancaria tienen un efecto muy importante en el ritmo de ajuste del sector. Con la consigna de ganar tiempo, el sector financiero está utilizando múltiples estrategias para maquillar la tasa de morosidad contable: la dación en pago o entrega del activo a cambio de la cancelación de la deuda; la compra del activo por parte de una sociedad inmobiliaria propiedad de la entidad crediticia, y, por último, las moratorias y reestructuración de deuda. Esta última práctica está creando inmobiliarias zombies a la espera de un hipotético resurgimiento del sector. El interés de las entidades financieras por aceptar activos inmobiliarios en pago de deuda y su propensión a vender estos activos rápido y con grandes descuentos dependen de la regulación. Por ejemplo, antes del verano se aprobó una "reinterpretación" de la circular 4/2004 que supone una rebaja sustancial de las dotaciones por morosidad para hipotecas "buenas", o aquéllas con un préstamo valor inferior al 80%. La nueva normativa permite que cuando la morosidad supere los dos años la vivienda conserve un valor residual de al menos el 70%, en lugar de provisionarse el 100%. La suavización de las provisiones por morosidad hipotecaria reduce la presión en bancos y cajas de ahorros para aceptar rebajas de precios en la venta de su stock y aumenta la propensión a aceptar viviendas a cambio de deuda, lo que reduce la velocidad del ajuste. Pero la regulación también puede afectar en la dirección contraria. El pasado octubre el Banco de España, ante el rápido crecimiento de las daciones, decidió incrementar las provisiones para los inmuebles que fueran aceptados como pago por una deuda. La nueva normativa aumenta del 10% al 20% del valor de tasación las provisiones a aplicar por estos inmuebles pasado un año desde su aceptación. Además, la medida obligará a tasar de nueva gran parte de la cartera en manos de entidades financieras. Esta medida reduce la propensión de las entidades financieras a aceptar inmuebles en pago de deuda y genera incentivos para que quieran deshacer de sus inventarios lo más rápido posible, lo que aumenta el ritmo de ajuste del sector inmobiliario.

En resumen, al ritmo actual el ajuste inmobiliario tardará en completarse. Las medidas para liquidar el stock de viviendas por vender y los cambios regulatorios en el sector financiero pueden estimular, o retrasar, el ritmo de ajuste. Favorecer la vivienda en alquiler puede ayudar enormemente pues aceleraría el ajuste y permitiría alcanzar una nueva situación con una proporción de vivienda en alquiler razonable y similar a la de países de nuestro nivel de desarrollo. Lo que no debe considerarse como una opción es una salida en falso basada en los mismos criterios que nos llevaron al desastre actual y, en particular, pensar que los tipos de interés actuales se mantendrán durante los próximos cuarenta años. -

José García Montalvo es catedrático de Economía de la Universitat Pompeu Fabra

El ajuste inmobiliario en España · ELPAÍS.com

El fragmento de vídeo que el viento se llevó

Inventando la pólvora: Defensor del Pueblo de Cantabria

En el mes de julio se entrevistaba en Gente Digital en Santander al presidente del Parlamento de Cantabria, D. Miguel Ángel Palacio, y una de las preguntas que se le planteaban entonces era:

¿Ve necesaria la figura del Defensor del pueblo?

Sí, es necesaria. Los ciudadanos que en algún momento puedan sentirse maltratados por la administración, deberían tener un defensor al que acudir. Hay que ponerlo en marcha.

Ahora vuelven a las andadas, el Consejero de Presidencia y Justicia del Gobierno de Cantabria, Vicente Mediavilla, ha declarado que el Gobierno de Cantabria propondrá la creación de la figura del Defensor del Pueblo en la región, mediante la presentación en marzo de 2010 de un proyecto en el Parlamento en el que primará el "máximo consenso".

Quiero recordar aquí que tal figura ya existe en nuestro ordenamiento jurídico: el Defensor del Pueblo, dependiente de las Cortes Generales.

¿Por qué la administración maltrata a los ciudadanos? ¿Por qué se quiere crear una nueva figura de Defensor del Pueblo?

Entre sus principales beneficios, Mediavilla destacó que se trata una institución "adecuada y acorde" para presentar fórmulas de conciliación con las autoridades, proponer modificaciones legislativas o cambios en la forma de actuar de las administraciones públicas."

¿Que sucede? ¿Acaso no es suficiente con el Defensor del Pueblo, residente en Madrid?

Algunos ciudadanos ya utilizamos la figura del Defensor del Pueblo para quejarnos de la falta de respuesta de algunas administraciones y autoridades a nuestros escritos, como es el caso de nuestras peticiones y quejas al Alcalde de Campoo de Enmedio, a la anterior alcaldesa de Reinosa, a SEPES, Presidente del Gobierno de Cantabria, y a algunos de sus consejeros, señores Mazón, Sota y Martín.

Y obtenemos algunas respuestas una vez interviene el Defensor del Pueblo; así nos contestó SEPES, y a través del Defensor obtuvimos una exigua respuesta de nuestro alcalde, la que él no nos da de forma directa.

Recientemente he recibido un escrito de la Adjunta Primera del Defensor del Pueblo, señora Cava de Llano y Carrió, fechado en Madrid el 20 de noviembre de 2009 en la que se me comunica "..ante la tardanza en recibir el informe solicitado de la administración competente, con esta misma fecha se ha solicitado que sea remitido urgentemente." Se refiere al informe solicitado a la consejería de la que es titular el señor Mazón. ¡Sin comentarios!

Darían respuesta los referidas administraciones y autoridades a un Defensor del Pueblo de la Tierruca, cuando ahora no dan respuesta ni envían los informes preceptivos al Defensor del Pueblo del Estado en Madrid. O sólo pretenden un Defensor del Pueblo a su medida; a la medida de la aldea, a la altura del mini-Estado. Una figura a la que manipular y modelar desde el parlamento regional y al servicio de los partidos de gobierno.

No necesitaríamos OTRO Defensor del Pueblo si tuviéramos más democracia: diputados que nos representasen y administraciónes que funcionasen. Lo demás son zarandajas. ¡Que no nos tomen el pelo!

En positivo: una revolución democrática imparable

Publicado en El Confidencial por Proyecto Cívico:

Decía Octavio Paz que “la política es la habilidad de situarse en la Historia” y eso implica saber ver lo que pasa alrededor. Existen las revoluciones silenciosas: pacíficas, firmes e imparables. Es el caso de Internet, la gran revolución de estas dos legislaturas y que ha dotado al panorama mediático de una dimensión completamente nueva.

Cuando se redactó la vigente Constitución veníamos de una Dictadura y hubo que buscar inspiración en constituciones afines y los tratadistas. Autores como Kelsen, Perez Serrano, Hintze, García-Pelayo o Loewenstein se retomaron con fruición, aunque nuestro constituyente no fue precisamente un europós (“el que ve lejos”), hábil para situarse en la Historia.

Algunos de los redactores de la Carta Magna aspiraban a ocupar los puestos de mayor poder político en nuestro país: es una realidad. Sin que desde Proyecto Cívico queramos restar ni un ápice al mérito que tuvieron, tampoco queremos reconocer más del que hubo. La participación popular y el control de los poderes constituidos se redujeron, desde luego, a su mínima expresión.

La Constitución se basó en algo tan ilusorio como asumir que quien ocupe una alta magistratura sea necesariamente una persona llena de virtudes morales. La experiencia prueba justo lo contrario, que por algo decían los griegos que “el poder es la prueba del hombre”, pues a ver qué elige uno hacer cuando puede. Tan bueno era el refrán popular que lo recogió Aristóteles en su Moral a Nicómaco, ese librito a cuya relectura animamos vivamente desde Proyecto Cívico, en estos tiempos de crisis y dislates.

La limitación y el control del poder fueron una conquista fundamental del estado constitucional, que para ello decidió servirse, de la separación de poderes acogida en su versión contemporánea en la Constitución. Sin embargo luego, tanto por deficiencias técnicas como por falta de arrestos morales de quienes debieron poner freno a los excesos del poder político, el poder Ejecutivo ha ido fagocitando a los demás. El resultado es que la llamada “ley de hierro de las oligarquías” de Triepel es una realidad cotidiana: quienes se tienen que aplicar las leyes coinciden con sus redactores e incluso quienes deben juzgar sobre su recta aplicación.

Sin embargo de la verdad no escapamos nadie, y lo que lleva adelante las sociedades es la inteligencia, la visión y el conocimiento; el trabajo continuado en pro del bien común: no la ciega avaricia del político profesional, cuyo objetivo es, por definición, maximizar su cuota de poder, aunque excluya a todos de cualquier participación en la vida pública.

Si queremos que España progrese nuestra democracia tiene que adaptarse a los tiempos. No estamos en el Siglo XIX, con constituciones dictadas a sociedades con un sufragio rara vez universal y tasas de alfabetización que no excedían del 30%. Las limitaciones decimonónicas de la democracia directa hoy carecen de sentido, desperdiciando lo que lleva adelante el país: la inteligencia, el conocimiento, la iniciativa de cada uno.

Nuestra cerrada oligarquía política no es ni la más capaz, ni la más leal para con el bien común. ¿Por qué la vida pública debería estarle reservada sólo a ella? ¿Sólo ellos son ciudadanos? ¿Acaso el país es suyo?

Reactivar los mecanismos de participación democrática directa es lo único que rompe la ley de hierro de las oligarquías. La gente es incontrolable: no se sabe nunca dónde aparecerá un grupo de ciudadanos lúcidos con una propuesta que logre la adhesión de sus conciudadanos.

Del Blog al BOE

La ampliación de los mecanismos de la democracia directa es una revolución imparable, del mismo modo que lo ha sido Internet, hoy parte de la vida cotidiana. Hace veinte años no era así. Pero nadie lo impuso por la fuerza, por ley, ni a voces. Lo mismo ocurrirá con los mecanismos de democracia directa: a ampliar y a hacer efectivos en la práctica.

“Del blog al BOE” se convertirá en una realidad. Habrá un recurso de inconstitucionalidad popular, ¿500.000 ciudadanos, un millón? Los ciudadanos tendremos derecho a pedir que ciertas normas se sometan a referéndum, y los temas tributarios dejarán de ser un tabú, acabando con las arbitrariedades y el saqueo de una Hacienda tan injusta como voraz. Se pondrá freno al despilfarro de dinero público y habrá un control popular eficaz complementario al del Tribunal de Cuentas y que podrá sentar en banquillo al más pintado. Las iniciativas legislativas populares serán una realidad. Los distritos electorales serán unipersonales, con representantes que responderán de manera efectiva ante sus electores. Y la firma electrónica servirá para avalar el voto por Internet, no sólo para pagar impuestos y multas.

¿Qué se requiere reforma Constitucional? Bien, pues para eso precisamente la Constitución prevé los mecanismos para su propia reforma.

Los beneficios directos son evidentes: los indirectos también. Recuperar la condición ciudadana hará que acaben los abusos y el atosigante intervencionismo del Ejecutivo, de otros poderes y de sus administraciones. Y el centro de la vida pública volverá a ser la persona, con profundo respeto por ella en una sociedad donde la igualdad de oportunidades —y no de limitaciones— sea una realidad.

La revolución empieza hoy, según usted lee esto. Usted es testigo. Y entretanto, como todas las semanas, esperamos sus comentarios, porque con ellos construimos nuestro Manifiesto Cívico.

Factual

vídeo viral sobre el nuevo medio digital Factual. Fuente: yorokobu

De la falta de libertad en la opinión pública española

José A. Sanchidrian publica en el Diario Español de la República Constitucional:

¿Cómo serían las cosas en un congreso en el que los diputados no dependieran de su inclusión en una lista de partido por los aparatos dirigentes de estas organizaciones, sino que hubieran de ser personalmente elegidos, mediante la norma de la mayoría, por el grupo de ciudadanos que van a representar? ¿Qué sucedería si el presidente del Gobierno no fuera el jefe del partido cuyas listas resulten proporcionalmente más votadas, nombrado por un parlamento en el que sus propios delegados son mayoría absoluta, o entrando en oscuras componendas con otros partidos cuando le falten apoyos, sino que hubiera de ser personalmente ganador en otra elección democrática en circunscripción única nacional? Si la ecuación “mayoría del Congreso de diputados de aparato = presidencia del Gobierno de jefe(s) de aparato” es constitucionalmente obligatoria, ¿qué sentido tiene hablar de separación de poderes y control al Gobierno?

Preguntas como éstas, que remiten a un nuevo orden institucional que impediría la oligarquía de las jefaturas de partido, no se pueden plantear en el espacio público español. No hay ni un solo medio de comunicación social, ni un solo periódico, ni una sola radio y ni una sola tv que puedan abordar con profundidad —y no muy ocasionalmente organizar algún debate o entrevista puntual— semejantes cuestiones, y menos tomar una línea editorial a favor de la alternativa. Esto a pesar de la crisis económica y de la “descomposición institucional” que muchos reconocen. O, ¿es que acaso los citados interrogantes carecen de interés, pertinencia, inteligencia y profundidad? No. No nos engañen, lo que falta en la opinión pública española es la libertad.

Los grandes grupos de comunicación están vinculados con los intereses que defiende el Régimen del posfranquismo. Y los pequeños carecerían de licencia administrativa o verían, si osaran emprender el camino de la esperanza, cómo les cancelarían la publicidad. La cobardía hace el resto. Pero sabed, los afamados líderes de opinión, periodistas y contertulios, que en la sociedad civil ya hay quienes conocemos vuestros cínicos manejos. El momento de la verdad está próximo. Así que id pensando lo que hacéis. Y más os vale comenzar a abandonar la podredumbre del Estado de partidos, porque cuando la catarsis de la libertad desborde vuestros diques, los españoles despreciarán a aquellos que les han estado engañando. Y la publicidad buscará entonces las caras creíbles.

Del periodismo de trinchera al de cloaca

Artículo de Enrique de Diego publicado en Periodista Digital:

Enrique de Diego, 24 de noviembre de 2009 a las 13:11

La sociedad española tiene tres muy graves problemas que pueden abatirla y cuestionan su supervivencia como sociedad abierta: los políticos, devenidos en casta parasitaria expoliadora; los apesebrados sindicatos, degenerados en parásitos fiscales contra los trabajadores; y la traición de los medios que han pervertido su función natural de contrapoder para asumir la de lacayos y masturbadores de la casta, de forma que se han convertido en medios de incomunicación y en empresas de entretenimiento.

No se hubiera llegado tan lejos en la crisis de modelo que padecemos si esa traición de los medios no hubiera sido tan profunda y generalizada.

ACOMODADOS AL PODER

En vez de servir a sus usuarios, los medios se han acomodado al poder, se han sometido a sus dictados y se han convertido en estrictos centros de tráfico de influencias.

Su cliente real, al que se pliegan, es el poder político, quien reparte las concesiones administrativas e ingentes cantidades de publicidad institucional –estricta propaganda vacua, abundante en monsergas moralina propia de un Estado tan confesional como degenerado.

ENGAÑO CIUDADANO

El periodismo, sometido a ese esquema, pero ya chapoteando complacidos sus mandarines, se ha convertido en la forma más constante y edulcorada de adulación al poder y de engaño al ciudadano, al que se sitúa en el desmerecido papel de espectador de un circo engañoso y virtual, mientras se le desarma ante la expoliación que padece, y le va llevando a la indigencia, a los comedores de Cáritas, preludio del hambre.

NO ES CUESTIÓN DE SOPORTE

La crisis de los medios no es sólo la consecuencia de la competencia de Internet –reducto de libertad pues no es objeto de concesión administrativa, aunque lo pretenden- sino de su propia pérdida de sentido. No es sólo cuestión de soporte, sino de autodestrucción.

Los medios han sido conducidos sin resistencia, y luego se han movido con alborozo, a la corrupción moral de la que hablaba Lord Acton, que es más letal y degradante que la económica, aunque de común la presupone, y es el caso.

INFLUENCIA Y CHANTAJE

La cuenta de resultados ha dejado de depender de la ley de la oferta y la demanda, para medirse en términos de influencia y relaciones; primero, de chantaje; luego, de sometimiento.

Grupos como Prisa llevan décadas literalmente en quiebra técnica exigiendo cíclicas resoluciones a cargo del contribuyente, aumentando de continuo su deuda, que se sitúa en torno a los 5.200 millones de euros. Los medios de Prisa, en un desfonde perverso, sólo son críticos cuando tratan de conseguir algo del poder.

Empresarios como José Manuel Lara –la Patria española, en Madrid, la secesión catalana, en Barcelona, todo vale, no hay escrúpulos- ha sido beneficiado con jugosas recalificaciones de terrenos y tiene en nómina de autores a los Aznar, quienes le concedieron la licencia televisiva, con fuerte adelanto a cambio de productos tan curiosos y cuestiones como las selecciones de cuentos de Ana Botella, la del impuesto de basuras en Madrid, en comandita con Gallardón.

El caso de Jaume Roures, el troskysta de opereta y comedia bufa, es caso aparte. A pesar de contar con el favor del poder en niveles de corrupción flagrante, hasta hacer leyes estivales a su medida, está consiguiendo, de manera tortuosa, llevar a la práctica su crítica al capitalismo; con 3.200 millones de euros de deuda en tiempo récord puede decirse que ha llevado al capitalismo al ridículo, aunque ello no es óbice para que despida al amanecer o que la mayoría de sus accionistas evadan impuestos hacia los paraísos fiscales de Holanda.

Incluso se han llegado a niveles de componenda tan rastrera con el poder como los alcanzados por la trama de la agencia de publicidad Lavinia, lustroso chiringuito del PSC, que hace negocio con la propaganda del plan E, siendo el plan E exclusivamente propaganda, y teniendo a sueldo a Enric Sopena y a su digital ‘El Plural’. He aquí la oscuridad del circo mediático llevada a las tinieblas y haciendo negocio sobre el sufrimiento de las buenas gentes.

Mientras lastra las cuentas de Rizzoli, Pedrojota se ha puesto a hacer competencia desleal a Sopena, y ora adula a Zapatero, ora ensalza al dechado de Fernández de la Vega, de manera tan vergonzosa que se nos debería haber evitado el bochorno. Todo sea por si le cae algo, antes la caída en las pérdidas, en 26,5 millones de euros.

AEDE, TODO POR LA PASTA

Atrapados en su propia trampa, hundidos en su degeneración, la última impostura, la definitiva traición es acudir como menesterosos, agrupados en lobby, sin diferencia de ideas ni líneas editoriales, todo por la pasta, reunidos en la Asociación de Editores de Diarios Españoles (AEDE) para solicitar al ejecutivo –como piratas somalíes o como los cineastas o la UGT- dádivas a costa del sangrado contribuyente.

Jefferson prefería que no hubiera Gobierno a que no hubiera prensa, pero una prensa genuflexa, claudicante y dependiente del Gobierno no merece el nombre de tal. El periodismo como la nueva forma de lacayez no merece sobrevivir, precisa de urgente regeneración.

A costa del contribuyente, del mismo que, al tiempo, es número anónimo del share, del EGM o de la OJD. Los medios se traicionan a sí mismos –se reúnen en vicepresidencia con el secreto de las mafias, sin ni tan siquiera dar información de tenidas ni infectos conciliábulos- porque han traicionado a sus clientes del pasado: a los ciudadanos. Estos han dejado de interesar y ninguna atención se les presta.

MAGNETOFONES DE LOS POLÍTICOS

Fuera de la constante masturbación de la casta, para los medios, los ciudadanos se difuminan en datos estadísticos, ahora, fundamentalmente, del paro. Sólo aparecen en las páginas de sucesos o, ridículos y ridiculizados, en la telebasura contando sus miserias a cambio de unos minutos de protagonismo y algunos euros. El ciudadano normal ha desaparecido. De hecho, los géneros periodísticos que exigían contacto con la calle y la abrían ventanas, como el reportaje, han sido erradicados. En las redacciones ya no hay reporteros, hay magnetofones al servicio de los políticos.

Pueden analizarse las fotos de los diarios y sólo salen los dirigentes políticos y esa ficción hilarante de los agentes sociales (¡aquí hasta la patronal está a sueldo y subvencionada!)

DEL PERIODISMO DE TRINCHERA AL DE CLOACA

Para enterarse de la corrupción de la izquierda es preciso acudir a un medio de derechas. Para informarse de la corrupción de la derecha, imprescindible recurrir a medios de izquierda. No hay repudio moral de la corrupción, sino estrategia, la misma utilización instrumental de las miserias ajenas por los partidos. El ‘y tú más’ ya no sale de Ferraz o Génova, sino de las redacciones, los columnistas y los tertulianos.

A quienes cuestionan la casta se les silencia o se les condena al ostracismo. La sociedad española no está adormecida, está simplemente... secuestrada, como ha indicado Javier Benegas, por los medios de incomunicación.

Desprestigiados los políticos, utilizan en interesada y contra natura coyunda, a los periodistas para desgranar los manidos y recurrentes argumentarios. Sin la incisividad de Quevedo (algún émulo ha sostenido sobre Gürtel veintisiete posturas contradictorias, unas con otras, pero siempre al servicio del PP y con el argumentario oficial y oficioso del día), ni la elegancia estilística de Valle-Inclán para describir el esperpento y la corte de los milagros actuales, el periodismo se ha convertido en la cloaca de los políticos profesionales.

A fuerza de instalarse en el periodismo de trinchera -sin principios deontológico ni respeto a la verdad- ésta se ha ido llenando de detritus hediondos, de modo que quien más se ha acostumbrado a la mugre y mejor se sostiene en el lodazal, con más desenvoltura muestra su podredumbre y exhibe su vitola de chambelán o su argolla de esclavo. De los periodistas de partido se ha pasado a los periodistas de facción de partido, que participan de las intrigas internas, y de ahí a los periodistas de político concreto. Apenas restan periodistas en esta selva de apasionados portavoces oficiosos o de simples recaderos de consignas.

El periodismo agoniza. No ha muerto, pero se tambalea en el escenario. No se dedica a informar, sino a entretener. Es pura industria de entretenimiento, sostén de la casta parasitaria y ahora, herido, pide su parte en el festín de la expoliación de las clases medias. Nada más lógico. Méritos ha hecho y hace y muchos.

La reunión a la que no vamos a asistir

El alcalde de Campoo de Enmedio -saltándose la legislación vigente en cuanto a la guarda de la confidencialidad exigida, según la Ley del Derecho de Petición-, nos convoca a una reunión a celebrar en Diciembre en el salón del Plenos del Ayuntamiento junto con la Junta Vecinal de Bolmir, La Asociación de Mujeres, y el "público en general". Todo ello parece ser consecuencia de un escrito firmado por 43 vecinos. Y claro, no estamos por la labor: NO VAMOS A ASISTIR.

A la reunión también pudo convocar a los sindicatos con mayor representación en el término municipal, a la CEOE-CEPYME, a los invitados en el show de Buenafuente y a los vecinos que -por ejemplo- frecuentan el bar del pueblo habitualmente de 19 a 21 horas.

Por sí no le queda claro, reproducimos algunos artículos de la Ley L.O. 4/2001, de 12 de Noviembre reguladora del Derecho de Petición:

artículo 4.4 "Los peticionarios podrán exigir la confidencialidad de los datos".

artículo 10.2 "Cuando un órgano u autoridad se estime incompetente para el conocimiento de una petición remitirá directamente las actuaciones al órgano que considere competente si ambos pertenecieran a la misma institución, administración u organismo".

artículo 11.1 " Una vez admitida a trámite una petición, la autoridad u órgano competente vendrán obligados a contestar y a notificar la contestación en el plazo máximo de tres meses a contar desde la fecha de su presentación. Asimismo podrá, si así lo considera necesario, convocar a los peticionarios en audiencia especial".

artículo 12. Protección Jurisdiccional.

El derecho de petición es susceptible de tutela judicial efectiva mediante las vías establecidas en el artículo 53.2 de la Constitución, sin perjuicio de cualesquiera otras acciones que el peticionario estime procedente.

Por ello le hemos hecho seguir al señor alcalde un escrito del que entresaco algunos párrafos:

Recibimos su convocatoria para una reunión en el Salón de Plenos del Ayuntamiento a celebrar en Diciembre con esa Alcaldía, la Junta Vecinal de Bolmir, Asociación de Mujeres y “público en general”, y con un orden del día prefijado por usted.

Le informamos que NO ASISTIREMOS a la reunión propuesta. Por las siguientes razones:

• Nosotros hemos dirigido un escrito al Alcalde que hemos firmado hasta 43 vecinos acogiéndonos al Derecho de Petición, y esperamos respuesta a ese escrito.

• El artículo 4.4 de la L.O. 4/2001 de 12 de Noviembre señala que “Los peticionarios podrán exigir la confidencialidad de sus datos”, cosa que hicimos el día 4 y ahora hacemos explícita, de nuevo, esta exigencia. Por ello estos asuntos no son para tratar en una reunión asamblearia.

• El escrito se dirigió a una autoridad –usted, el Alcalde- y esa autoridad es la que debe dar respuesta en el plazo prefijado de tres meses. Esperamos no suceda lo acontecido con nuestro escrito de Enero que usted contestó a través del Defensor del Pueblo.

• Creemos en la sociedad abierta, en la sociedad civil autónoma que se auto-organiza, no en la que se organiza desde las administraciones o el ayuntamiento, en consecuencia no entendemos por qué hemos de participar en un evento asambleario que usted convoca, y con un orden del día fijado por usted.

• Queremos hacerle llegar nuestro criterio: No vamos a participar en una posible maniobra de política clientelar que obedezca a sus intereses, y por ello no tenemos interés en participar en reunión alguna con terceros, la Asociación de Mujeres y “publico en general”, con los que no tenemos nada que debatir. Conocemos el trato que usted dispensa a algún ciudadano, en público, cuando se plantean cuestiones del interés de algunos vecinos.

• Nosotros no hemos solicitado una reunión con usted ni con toda la gente que usted menciona, sólo hemos ejercido el Derecho de Petición por escrito. Si usted quiere reunirse con nosotros SÍ estamos dispuestos a ello –en Enero y en fecha a concretar- sólo con usted, o con usted y la Junta Vecinal de Bolmir. Por cierto ¿Cuándo se reunió formalmente por última vez con la Junta Vecinal de Bolmir? Es posible que a la Junta Vecinal de Bolmir sí le interese la reunión.

• Ahora nos interesa como se han gastado los fondos del Plan E en nuestro pueblo en 2009 [número de puntos de luz y gasto, superficie pavimentada y gasto], la mejora del alumbrado, las aceras en la travesía CA-730 y otros aspectos de la obra, y la Seguridad Vial. No resulta de nuestro interés hoy asuntos como las subvenciones. En el futuro posiblemente nos interesen otros asuntos de los que le daremos cuenta.

Y por ello acogiéndonos al Derecho de Petición

SOLICITAMOS DE NUEVO la siguiente Información: ...

Dejo aquí acceso a todo el escrito en Scribd, y al orden del día para la reunión prevista [parece se quiere resolver en unas horas el deficit de gestión de veintitantos años...]

Alcalde13NOV2009 Scribd

orden del día

Carta de Derechos y Deberes de los Ciudadanos en el Sistema Autonómico de Salud de Cantabria

Información extraida de las página web oficial:

Estimado amigo/a:

El Sistema Autonómico de Salud de Cantabria, dentro del proceso de modernización de la Administración de la Comunidad Autónoma, tiene como referente de sus actuaciones a los Usuarios de los diversos servicios sanitarios que presta.

En este contexto, la Consejería de Sanidad, al amparo del contenido de la Ley de Autonomía del Paciente, Ley 41/2002, de 14 de noviembre y en la Ley de Ordenación Sanitaria de Cantabria, 7/2002, de 10 de diciembre, cuyos principios básicos emanan de la propia Ley General de Sanidad, extrae de los mismos y resalta la protección de los derechos de respeto a la autonomía y voluntad de los usuarios, así como a cualesquiera de sus necesidades, en relación con la protección de su salud.

La Carta de Derechos y Deberes de los Usuarios del Sistema Autonómico de Salud de Cantabria es, pues, un instrumento de mejora que recoge el compromiso de nuestra Administración Sanitaria para con los ciudadanos, asumiendo el mandato de la Ley como filosofía y principios básicos de actuación propios en la relación de los profesionales sanitarios con los usuarios de nuestros servicios.

Consejero de Sanidad
Luis Truan Silva

DERECHOS DE LOS CIUDADANOS EN RELACIÓN CON LA SALUD Y LA ASISTENCIA SANITARIA

1.1. Los ciudadanos de Cantabria tienen derecho al disfrute de un medio ambiente saludable con el adecuado control sanitario, así como a recibir información sobre los riesgos reales y potenciales para la salud de la comunidad.

1.2. Los ciudadanos tienen derecho a ser informados por la autoridad sanitaria de los problemas de salud de la colectividad que supongan un riesgo real, una incidencia significativa o un interés para la comunidad.

1.3. Los ciudadanos tienen derecho a ser informados de los planes, las acciones y las prestaciones en materia de prevención, promoción y protección de la salud y a participar en la política sanitaria y en la actividad de los organismos sanitarios públicos, con lealtad al interés general y a la promoción del bienestar social.

1.4. La autoridad sanitaria reconoce el derecho de los ciudadanos a recibir información sanitaria clara, veraz, relevante, fiable, equilibrada, actualizada y de calidad.

1.5. En los centros sanitarios, los usuarios tienen derecho a recibir información sobre:

a) La Carta de Derechos y Deberes como marco de relación entre el centro y los usuarios.

b) El funcionamiento general del centro y sus normas, las prestaciones y la cartera de servicios, así como las vías para obtener información complementaria.

c) La identidad de los profesionales bajo cuya responsabilidad se presta la atención sanitaria.

d) Los procedimientos para presentar sugerencias y reclamaciones, que deberán ser contestadas por el centro en los plazos y términos reglamentariamente establecidos.

1.6. El usuario tiene el derecho de acceso a los servicios sanitarios públicos, los cuales ofrecerán una asistencia de calidad en el marco del aseguramiento público.

1.7. El usuario tiene derecho a la libre elección de médico, dentro del Sistema Sanitario Público de Cantabria, sin otras limitaciones que las derivadas de las necesidades de la organización sanitaria; asimismo, tiene derecho a la calidad en la prestación, a la continuidad de cuidados, al tratamiento por procesos y a la disponibilidad efectiva en el momento que se necesite la prestación del servicio.

1.8. Se reconoce a los usuarios el derecho a solicitar una segunda opinión de otro profesional con el objetivo de obtener información complementaria o alternativa sobre el diagnóstico y las recomendaciones terapéuticas de gran trascendencia.

1.9. El usuario tiene derecho a rechazar acciones preventivas cuando no comporten riesgos a terceros.

1.10. El usuario tiene derecho a no sufrir mayor demora, para primera consulta de especialistas, pruebas diagnósticas e intervenciones quirúrgicas que la reconocida en el marco de la Ley de Cantabria 7/2006, de 15 de junio, de garantías de tiempos máximos de respuesta en la atención sanitaria especializada en el Sistema Sanitario Público de Cantabria.

DERECHOS RELACIONADOS CON EL RESPETO A LA AUTONOMÍA DEL PACIENTE

2.1. El consentimiento previo e inequívoco del paciente constituye un requisito indispensable para la realización de cualquier procedimiento diagnóstico o terapéutico y deberá estar precedido de la información precisa, clara y completa por parte del equipo responsable de los mismos, excepto cuando existe una situación de riesgo en la que la demora asistencial pueda ocasionar perjuicios irreversibles o la muerte.

2.2. Los pacientes podrán rechazar cualquier procedimiento diagnóstico o terapéutico, estando obligados a registrar tal negativa por escrito.

2.3. El paciente tiene derecho al respeto de su voluntad expresada con carácter previo, para aquellos casos en que las circunstancias del momento le impidan expresarla de manera personal, actual y consciente.

2.4. El paciente afectado por un proceso en fase terminal, tiene derecho a afrontarlo con dignidad y a que sus familiares y personas próximas le acompañen en la intimidad y reciban el trato apropiado al momento.

Además, tiene derecho a recibir tratamientos paliativos y a aliviar el dolor, aunque esto acelere el éxitus.

2.5. El paciente de los servicios sanitarios tiene derecho a ser atendido en un medio que garantice su intimidad, dignidad, autonomía y seguridad.

2.6. El paciente tiene derecho a que se garantice la confidencialidad de toda la información relacionada con su proceso y estancia en centros sanitarios 2.7. El paciente tiene derecho a ser informado de los resultados de las pruebas diagnósticas y terapéuticas. Además, es el titular del derecho a la información asistencial, respetando también su voluntad en el caso de que no quiera ser informado.

2.8. El paciente tiene derecho a disponer de la información escrita sobre su proceso asistencial y estado de salud en términos comprensibles. En este contexto, tiene derecho a acceder a la documentación de su historia clínica y a obtener una copia de los datos que en ella figuren.

2.9. El paciente tiene derecho a una asistencia sanitaria de calidad humana, que incorpore en lo posible los adelantos científicos y que sea cuidadosa con sus valores, creencias y dignidad.

2.10. El paciente tiene derecho a conocer y autorizar, en su caso, si los procedimientos y el tratamiento que ha recibido pueden ser utilizados en investigación y experimentación.

DEBERES DE LOS CIUDADANOS EN RELACIÓN CON LA SALUD
Y LA ATENCIÓN SANITARIA

3.1. El ciudadano debe hacer buen uso de las prestaciones y derechos de acuerdo con sus necesidades de salud y en función de las disponibilidades del Sistema Sanitario.

3.2. El ciudadano debe cumplir las prescripciones generales de naturaleza sanitaria y comunes a toda la población, así como aquellas específicas determinadas por los servicios sanitarios, sin perjuicio de ejercer el derecho a la libre elección entre las opciones terapéuticas y de renunciar a recibir el tratamiento médico o las actuaciones sanitarias propuestas.

3.3. El ciudadano debe utilizar de manera responsable las instalaciones y los servicios sanitarios con el fin de garantizar su conservación y funcionamiento.

3.4. El ciudadano debe mantener el respeto a las normas establecidas en cada centro y a la dignidad personal y profesional de los trabajadores que prestan los servicios, así como a los otros enfermos o personas que se encuentren en los centros sanitarios.

3.5. El ciudadano está obligado a firmar el documento pertinente en el caso de negarse a las actuaciones sanitarias propuestas.

3.6. El ciudadano, en aras de un correcto uso de los servicios sanitarios, está obligado a aceptar el alta:

a) Una vez finalice su proceso asistencial.

b) Cuando se compruebe que su situación clínica no mejorará prolongando su estancia.

c) Cuando la complejidad de su enfermedad aconseje su traslado a un centro especializado.

4.1. Los centros, servicios y establecimientos sanitarios públicos y privados, deberán disponer y, en su caso, tener permanentemente a disposición de los usuarios:

a) Información accesible, suficiente y comprensible sobre los derechos y deberes de los usuarios.

b) Formularios de sugerencias y reclamaciones.

c) Personal y locales bien identificados para la atención de la información, reclamaciones y sugerencias del público.

4.2. El Sistema Autonómico de Salud de Cantabria dispondrá de un Servicio de Atención al Usuario, que dependerá orgánicamente de la Consejería competente en materia de sanidad y ejercerá su cometido con autonomía funcional.

Este Servicio tendrá, entre otras, las siguientes misiones:

a) Recabar información sobre aspectos relativos al funcionamiento de los servicios del Sistema Autonómico de Salud de Cantabria.

b) Recibir cuantas sugerencias u observaciones deseen realizar los ciudadanos en su relación con el Sistema Autonómico de Salud.

c) Favorecer la intermediación en los conflictos que planteen los ciudadanos como usuarios del Sistema Autonómico de Salud.

d) Canalizar todas aquellas quejas, reclamaciones o propuestas de los ciudadanos no resueltas en los distintos niveles del Sistema Autonómico de Salud.

e) Obtener, en los plazos y con los procedimientos que reglamentariamente se determinen, la información relativa a las quejas y reclamaciones formuladas por los usuarios de los servicios sanitarios.

GARANTÍAS DE LOS DERECHOS Y DEBERES DE LOS CIUDADANOS

La gran invasión

Muy interesante artículo sobre la oligarquía de los partidos políticos, los sistemas electorales y su reforma, escrito por Jordi Barbeta, publicado hoy en La Vanguardia

Efectivamente, un efecto pernicioso del sistema de candidaturas electorales cerradas y bloqueadas es que establece una relación jerárquica entre el partido y los parlamentarios electos. La más grande hazaña de los diputados es obedecer al líder con razón o sin ella, en vez de defender los intereses de la gente que los ha votado. Así se fomenta la mediocridad, se premia la mezquindad y se generaliza la incompetencia, pero la ley electoral no se va a cambiar y aunque se cambiara no resolvería todos los problemas y menos la corrupción.

Cuando se defienden con ardor las listas abiertas, se olvida a menudo que un triste ejemplo de ellas son las candidaturas al Senado, donde la más grande hazaña es tener el favor del partido y un apellido que empiece por a. La primera candidata de la Entesa, que es socialista, se llama ahora Arqué y antes se llamaba Aroz. De ninguna manera el PSC habría aceptado que ERC o ICV presentaran un candidato a la coalición apellidado, pongamos por caso, Abián.

Una cosa son las listas abiertas y otra las circunscripciones uninominales, propias del sistema británico, con distritos reducidos que eligen un solo representante y que generalmente reducen el debate a dos contrincantes... de los dos partidos mayoritarios. La autonomía de los diputados respecto del partido es mayor, pero la estabilidad de los gobiernos, bastante más frágil. A Tony Blair le amargaron la vida sus propios diputados contrarios a la guerra de Iraq. Si al tripartito catalán ya le cuesta ponerse de acuerdo en casi todo, con el sistema británico Montilla se quedaría afónico, y el grupo del PP en el Congreso sería estudiado como una curiosidad aritmética... No caerá aquí esa breva, entre otras cosas porque la Constitución y el Estatut imponen un sistema electoral proporcional, que permite a Zapatero ser presidente al votarlo tres de cada diez españoles.

La listas cerradas son un problema, pero el problema es ahora la gran invasión: el oligopolio que han creado los partidos políticos extendiendo sus tentáculos por todos los rincones. Del Tribunal Constitucional se puede decir todo menos que es un árbitro imparcial. Está integrado por juristas políticamente decantados, que han hecho méritos para ganarse la confianza de un partido que les sitúe. Lo mismo ocurre con el Tribunal de Cuentas, el Consejo General del Poder Judicial, la Fiscalía, las cajas de ahorros, el consejo de RTVE y el de TV3, el Defensor del Pueblo y el Síndic de Greuges... Las biografías, como el algodón, no engañan. La casta dirigente de los partidos políticos se ha convertido en una oligarquía que ha privatizado la política y ha neutralizado todos los contrapoderes. El sistema está desequilibrado y no se atisba solución alguna. El reequilibrador que lo reequilibre, buen reequilibrador será.