En positivo: una revolución democrática imparable

Publicado en El Confidencial por Proyecto Cívico:

Decía Octavio Paz que “la política es la habilidad de situarse en la Historia” y eso implica saber ver lo que pasa alrededor. Existen las revoluciones silenciosas: pacíficas, firmes e imparables. Es el caso de Internet, la gran revolución de estas dos legislaturas y que ha dotado al panorama mediático de una dimensión completamente nueva.

Cuando se redactó la vigente Constitución veníamos de una Dictadura y hubo que buscar inspiración en constituciones afines y los tratadistas. Autores como Kelsen, Perez Serrano, Hintze, García-Pelayo o Loewenstein se retomaron con fruición, aunque nuestro constituyente no fue precisamente un europós (“el que ve lejos”), hábil para situarse en la Historia.

Algunos de los redactores de la Carta Magna aspiraban a ocupar los puestos de mayor poder político en nuestro país: es una realidad. Sin que desde Proyecto Cívico queramos restar ni un ápice al mérito que tuvieron, tampoco queremos reconocer más del que hubo. La participación popular y el control de los poderes constituidos se redujeron, desde luego, a su mínima expresión.

La Constitución se basó en algo tan ilusorio como asumir que quien ocupe una alta magistratura sea necesariamente una persona llena de virtudes morales. La experiencia prueba justo lo contrario, que por algo decían los griegos que “el poder es la prueba del hombre”, pues a ver qué elige uno hacer cuando puede. Tan bueno era el refrán popular que lo recogió Aristóteles en su Moral a Nicómaco, ese librito a cuya relectura animamos vivamente desde Proyecto Cívico, en estos tiempos de crisis y dislates.

La limitación y el control del poder fueron una conquista fundamental del estado constitucional, que para ello decidió servirse, de la separación de poderes acogida en su versión contemporánea en la Constitución. Sin embargo luego, tanto por deficiencias técnicas como por falta de arrestos morales de quienes debieron poner freno a los excesos del poder político, el poder Ejecutivo ha ido fagocitando a los demás. El resultado es que la llamada “ley de hierro de las oligarquías” de Triepel es una realidad cotidiana: quienes se tienen que aplicar las leyes coinciden con sus redactores e incluso quienes deben juzgar sobre su recta aplicación.

Sin embargo de la verdad no escapamos nadie, y lo que lleva adelante las sociedades es la inteligencia, la visión y el conocimiento; el trabajo continuado en pro del bien común: no la ciega avaricia del político profesional, cuyo objetivo es, por definición, maximizar su cuota de poder, aunque excluya a todos de cualquier participación en la vida pública.

Si queremos que España progrese nuestra democracia tiene que adaptarse a los tiempos. No estamos en el Siglo XIX, con constituciones dictadas a sociedades con un sufragio rara vez universal y tasas de alfabetización que no excedían del 30%. Las limitaciones decimonónicas de la democracia directa hoy carecen de sentido, desperdiciando lo que lleva adelante el país: la inteligencia, el conocimiento, la iniciativa de cada uno.

Nuestra cerrada oligarquía política no es ni la más capaz, ni la más leal para con el bien común. ¿Por qué la vida pública debería estarle reservada sólo a ella? ¿Sólo ellos son ciudadanos? ¿Acaso el país es suyo?

Reactivar los mecanismos de participación democrática directa es lo único que rompe la ley de hierro de las oligarquías. La gente es incontrolable: no se sabe nunca dónde aparecerá un grupo de ciudadanos lúcidos con una propuesta que logre la adhesión de sus conciudadanos.

Del Blog al BOE

La ampliación de los mecanismos de la democracia directa es una revolución imparable, del mismo modo que lo ha sido Internet, hoy parte de la vida cotidiana. Hace veinte años no era así. Pero nadie lo impuso por la fuerza, por ley, ni a voces. Lo mismo ocurrirá con los mecanismos de democracia directa: a ampliar y a hacer efectivos en la práctica.

“Del blog al BOE” se convertirá en una realidad. Habrá un recurso de inconstitucionalidad popular, ¿500.000 ciudadanos, un millón? Los ciudadanos tendremos derecho a pedir que ciertas normas se sometan a referéndum, y los temas tributarios dejarán de ser un tabú, acabando con las arbitrariedades y el saqueo de una Hacienda tan injusta como voraz. Se pondrá freno al despilfarro de dinero público y habrá un control popular eficaz complementario al del Tribunal de Cuentas y que podrá sentar en banquillo al más pintado. Las iniciativas legislativas populares serán una realidad. Los distritos electorales serán unipersonales, con representantes que responderán de manera efectiva ante sus electores. Y la firma electrónica servirá para avalar el voto por Internet, no sólo para pagar impuestos y multas.

¿Qué se requiere reforma Constitucional? Bien, pues para eso precisamente la Constitución prevé los mecanismos para su propia reforma.

Los beneficios directos son evidentes: los indirectos también. Recuperar la condición ciudadana hará que acaben los abusos y el atosigante intervencionismo del Ejecutivo, de otros poderes y de sus administraciones. Y el centro de la vida pública volverá a ser la persona, con profundo respeto por ella en una sociedad donde la igualdad de oportunidades —y no de limitaciones— sea una realidad.

La revolución empieza hoy, según usted lee esto. Usted es testigo. Y entretanto, como todas las semanas, esperamos sus comentarios, porque con ellos construimos nuestro Manifiesto Cívico.