Otros PSIR: Cuchía (Miengo)

Publicado por El Diario Montañés el 19FEB10

La Dirección General de Ordenación del Territorio y Evaluación Ambiental Urbanística, perteneciente a la Consejería de Obras Públicas, ha decidido paralizar el Proyecto Singular de Interés Regional (PSIR), figura necesaria para construir la Ciudad del Cine en las canteras de Cuchía (Miengo).

En una resolución, firmada el pasado viernes por el director general Luis Ángel Collado, se resuelve «suspender temporalmente» los trámites para la aprobación del PSIR «mientras no exista resolución penal firme» en el procedimiento que se instruye en el Juzgado nº5 de Santander, a instancias de la empresa Celtus, contra los promotores de la Ciudad del Cine -José Chaffleur y Armando Valladares-, la empresa VFM, funcionarios del Gobierno de Cantabria y «terceros desconocidos» que pudieran haber participado en la posible comisión de delitos de estafa, falsificación, apropiación indebida, revelación de secretos, cohecho, tráfico de influencias y de abusos en el ejercicio de su función.

El procedimiento para la aprobación de este PSIR, denominado 'Regeneración ambiental de las canteras de Cuchía y cambio a usos dotacionales relacionados con el cine', ya estaba iniciado y contaba con su evaluación ambiental desde mayo del año pasado. Sin embargo, después de la querella presentada por Celtus, la Consejería de Obras Públicas solicitó un informe sobre «cuestión jurídica compleja» -según consta en los antecedentes de la resolución, a la que ha tenido acceso este periódico- a la Dirección General del Servicio Jurídico.

En dicho informe -emitido el pasado 19 de enero- se señala que la decisión que tomen los jueces «podría acarrear la nulidad de lo actuado de continuarse con el procedimiento administrativo». Por ello, y «por el principio de prudencia», se recomienda a la Administración que adopte las medidas necesarias para asegurar «la eficacia y validez» del PSIR, «evitando una declaración de nulidad sobrevenida».

Además, por un lado se estima que la suspensión temporal del procedimiento «no produce a los interesados perjuicios de difícil o imposible reparación» y, en el extremo opuesto, se considera que continuar podría producir «perjuicios irreparables al interés público». Se ponen como ejemplo dos posibles consecuencias de continuar con los trámites: que una de las dos empresas litigantes se convierta en beneficiaria de las expropiaciones derivadas del PSIR, o que se cambie el uso del suelo de las canteras y que ninguna de las dos esté legitimada por la situación judicial.

De esta forma, ponderando los intereses en conflicto, se concluye que resulta «necesaria» la suspensión del procedimiento mientras la jurisdicción penal no se haya pronunciado mediante sentencia firme.

La resolución de la Dirección General de Ordenación del Territorio -órgano competente en este caso-, ya ha sido notificada a todas las partes (Celtus Inversión y Desarrollo, VFM Investments Group for Europe, Ayuntamiento de Miengo, Juzgado de Instrucción nº 5 de Santander, Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJC, Dirección General del Servicio Jurídico, y las secretarías generales de las consejerías de Cultura y Obras Públicas).

Contra la resolución cabe interponer un recurso de alzada ante el consejero de Obras Públicas, José María Mazón.