Pelotazo de interés regional

Si más de 100 vecinos de Bolmir [con un censo que no llega a los 250 habitantes] piden por escrito la suspensión de la tramitación de un PSIR [una actuación urbanística discrecional que modifica el territorio y recalifica terrenos con dinero público] como el que se quiere ubicar en la Vega de Bolmir, desde la alcaldía se tacha a tal actividad, y a los autores del escrito de manipulación y abuso de confianza sobre los vecinos que firmaron el mismo. Un psicólogo o un psiquiatra lo llamaría "proyección". Si la manipulación y la mendacidad se realiza desde la alcaldía a eso se le llama democracia.

Si a una parte de esos vecinos se les advierte, amedrenta, amenaza y/o discrimina desde la alcaldía por haber firmado tal escrito se estaría vulnerando Derechos Fundamentales como es el Derecho de Peticion, cuando hicieron petición expresa de que se trataran sus datos con confidencialidad, amén de practicar el caciquismo.

Si el Alcalde de Campoo de Enmedio en el Pleno de 26 de Febrero de 2010 desmiente las declaraciones hechas a El Mundo Cantabria -en las que manifiesta que los vecinos de Bolmir habrían contribuido a la suspensión del PSIR-, eso ¿era la verdad conveniente para la ocasión o una burla más a los vecinos?

Si se declara en el mismo Pleno el Interés Social de la actuación urbanística previa ocultación de la Memoria de SICAN y pasado el plazo de los tres meses para la declaración de Interés Regional, en presencia de los miembros de la Junta Vecinal de Bolmir - a la que no se considera parte interesada en el procedimiento pese a las declaraciones del Director General Sr. Collado-, y de algunos vecinos, y pese a la oposición de estos, a eso se le llama también democracia.

Si desde la arrogancia y la prepotencia que permite nuestro sistema político y electoral - sin controles - se emprende una huida hacia adelante y el alcalde, en plan paternalista, ya tiene decidido cuan buena es la actuación urbanística / PSIR, y evaluados los beneficios tangibles para el ayuntamiento - y desconocidos para Bolmir- y a pesar de las alegaciones y de los intereses de los vecinos se hace caso omiso de los mismos, a esto se le llama Lotería (en expresión del alcalde que debe de disponer ya de los billetes a los que va a tocar el premio).

Si el día 26 de Marzo de 2010 la Comisión de Peticiones del Parlamento de Cantabria trata el asunto del PSIR Prado Cervera, después de recibir escrito de la Junta Vecinal de Bolmir, y da traslado del mismo al Gobierno de Cantabria, al Ayuntamiento de Campoo de Enmedio, y a los grupos parlamentarios, y recaba del Gobierno y Ayuntamiento información sobre las resoluciones que adopten al respecto, parecería que las cosas se están moviendo.

Y se mueven, como se verá más adelante y en un claro ejemplo de la NO separación de poderes autonómicos. El Alcalde Hijosa trae a Matamorosa (Campoo de Enmedio) el 30 de Marzo a la Vicepresidenta del Gobierno de Cantabria junto a su Consejero de Medio Ambiente ("missing") y a la Directora General de la Mujer, para presentar una guía de recursos para la educación ambiental, y se le vende una vez más las bondades del polígono, y el Miércoles Santo casualmente -no podia ser de otra manera-, se aprueba el Interés Regional en el Consejo de Gobierno de Cantabria, pasados más de cinco meses desde que se inició el procedimiento; a eso lo llamaremos con todo tranquilidad "Pelotazo de Interés Regional" o actuación pre-electoral.

Si todo ello sucede cuando no hay demanda de suelo industrial por la crisis, el Polígono Industrial La Vega de Reinosa entregado hace 17 años está vendido en más del 90% de sus parcelas y un gran número de estas parcelas no tienen industria alguna construida, y la gestión del suelo industrial por parte del gobierno regional es un gran fiasco, alguien nos tendrá que contar ¿cuales son los intereses reales que se esconden detrás de este PSIR? La actuación discrecional pasa a ser arbitraria.

Si al Alcalde Hijosa, después de 20 años y de estas maniobras, se le comunica en público -como es el caso- que "Haremos lo posible para BOTARLE del cargo" no se trata de un insulto ni de manipulación de los ciudadanos: se trata solo de que estamos hartos hasta el hartazgo de su gestión de lo público (?) y de los sectarios de la partitocracia autonómica en Cantabria que le respaldan. Ya no nos creemos que llueve cuando su corporación nos orina en la cara.

Si el Gobierno de Cantabria, que está avisado, actua de esta manera -de espaldas a los vecinos, igual que la alcaldía-, debemos entender que actua a sabiendas y en connivencia con los caciques locales que nos ha tocado en suerte.

Seguiremos el procedimiento administrativo y acudiremos a la vía jurisdiccional. Puestos a elegir entre Política y Compadreo preferimos el ejercicio legítimo de la Política pero de eso "no quedan existencias" y apenas tenemos confianza en los cargos electos. Aparte del recurso a los tribunales valoraremos detenidamente la conveniencia de trabajar para la Integración de Bolmir en el Ayuntamiento de Reinosa.

Trabajaremos, ya que el Alcalde no lo hará, por la conservación del Camino de Bolmir a Reinosa, el tratamiento adecuado de la ESCORRENTÍA y otros aspectos; en su día conoceremos la empresa, o empresas, adjudicatarias para realizar los movimientos de tierra, y a quién se venden las primeras parcelas, y algunos negocios colaterales, también el empleo generado, y comprobaremos como todo ello NO guarda relación alguna con el Interés General y/o el Interés Social y sí, por supuesto, con determinados Intereses Particulares (¡que no nos chupamos el dedo!).

La clase política es el problema

Escribe Roberto Centeno en El Confidencial:

“Los españoles ven ahora a los políticos como un problema mayor que el terrorismo”, señala The Economist en su último número, a la vez que denuncia la incapacidad de Zapatero para hacer frente a la “crisis política y económica” que atraviesa España, y afirma que la sensación generalizada es la de que el país se encuentra a la deriva. Ante una situación de emergencia nacional, Zapatero en lugar de tomar medidas saca leyes fantasmagóricas, como la de economía sostenible, que produce sonrojo y estupor, crea comisiones para echar balones fuera, reparte dinero como si fueran cromos, y miente masivamente sobre la situación. Y es este irresponsable, junto con la casta política parasitaria de uno y otro signo, los grandes culpables de habernos llevado a esta situación sin salida.

Es la casta política la que debe reducir los 100.000 millones de euros anuales que despilfarra allá donde gobierna; reducir de una santa vez los coches oficiales en un 90%; los asesores y cargos de confianza en otro 90%; las plantillas un 40 %, excepto sanidad, justicia y seguridad; los “estudios”, viajes de lujo y similares al 90%; las embajadas a cero; los escandalosos plurisueldos como la mujer de Montilla, la baronesa Cospedal, la Pajín, la mamá Pajín, y tantos y tantos otros a un solo sueldo; los ayuntamientos deben quedar reducidos a la mitad, de 8.000 a 4.000; el número de diputados, concejales, y altos cargos en un 30%, y crecimiento cero de las transferencias destinadas a las autonomías, que se han incrementado en un 36,9% desde primero de año, justo cuando tienen que devolver 20.000 millones de euros en 2010, que recibieron de más por la incompetencia de Solbes, y de los que la Sra. Salgado no ha dicho ni pío. Y esta vez, no hay aplazamientos, o se aplica ya una cirugía radical o estamos muertos.

Esta casta política parasitaria que está arruinando a la nación mientras sigue expoliándola sin contemplaciones, es ciertamente una amenaza mucho mayor que el terrorismo .El daño que están perpetrando a España y a los españoles con su incompetencia, su corrupción y su estulticia, raya lo delictivo, y los responsables deberán pagar por ello. No se pueden ir de rositas, tienen que responder de sus actos, el daño será demasiado grande, quebrará la sanidad, las pensiones, la riqueza de las familias se verá seriamente dañada -van a resucitar el impuesto de Patrimonio- y el coste de la deuda generada por estos sátrapas, afectará a varias generaciones de españoles. Es como un avión que hubiera entrado en pérdida, y el piloto en lugar de tratar de remontar, hiciera todo lo posible para acelerar aún más la caída.

... aunque las situaciones empeoran gradualmente, el hundimiento siempre se produce de forma súbita, es decir, de la noche a la mañana los mercados toman conciencia de una situación, retiran el crédito y se produce la crisis. Y esto es lo que va a suceder con España. Los desequilibrios de las cuentas públicas no se sostienen, no hay plan de austeridad ni nada que se aproxime a lo mínimamente necesario. El déficit 2009 superó el 16% del PIB no el 11,4% oficial, la deuda el 87% no el 55% como falsamente afirman gobierno y el BdE, y nuestras necesidades de emisión en 2010 ascenderán a la astronómica cifra de 250.000 millones como mínimo, ¡el 25% del PIB!, ¿de verdad creen que los mercados nos lo van a prestar a tipos de interés asumibles?

Desconfianza

desconfianza.

1. f. Falta de confianza.

La que tenemos respecto a la casta política y algunos de los cargos electos más próximos y conocidos.

confianza.

(De confiar).

1. f. Esperanza firme que se tiene de alguien o algo.

2. f. Seguridad que alguien tiene en sí mismo.

3. f. Presunción y vana opinión de sí mismo.

4. f. Ánimo, aliento, vigor para obrar.

5. f. familiaridad (‖ en el trato).

6. f. Familiaridad o libertad excesiva. U. m. en pl.

7. f. desus. Pacto o convenio hecho oculta y reservadamente entre dos o más personas, particularmente si son tratantes o del comercio.

de ~.

1. loc. adj. Dicho de una persona: Con quien se tiene trato íntimo o familiar.

2. loc. adj. Dicho de una persona: En quien se puede confiar.

3. loc. adj. Dicho de una cosa: Que posee las cualidades recomendables para el fin a que se destina.

en ~.

1. loc. adv. confiadamente.

2. loc. adv. Con reserva e intimidad.

□ V.

abuso de confianza

cuestión de confianza

voto de confianza

Fuente: DRAE

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¡Bienvenidos los apoyos!

Publicado en El Diario Montañés:

El Grupo popular de Campoo de Enmedio, a través de un comunicado remitido a eldiariomontanes.es, manifiesta su "disconformidad con las formas" en las que se está llevando a cabo la gestión del PSIR de Bolmir por parte del Ayuntamiento, "dando de lado a los vecinos del pueblo".

En el escrito, el PP recuerda que llevaba en su programa electoral la creación de suelo industrial en Bolmir, "pero gestionado a través del Plan General y no a través de un PSIR, como ha optado el equipo de Gobierno PSOE-PRC. "El PSIR, explican los 'populares', expropiará a los propietarios al precio estipulado sin margen de negociación, extremo que el PP no ve con buenos ojos y cosa que no pasaría de haberse gestionado a través del Plan General como deseaban los 'populares'".

Por otro lado, el PP insiste en el arreglo permanente del camino que une Bolmir con Reinosa a través de La Vega. Actualmente la empresa SICAN asfaltará este camino, pero desde el PP lo considera "pan para hoy y hambre para mañana" porque lo realmente necesario es que tanto SICAN como el equipo de Gobierno de Enmedio se comprometan a mantener este camino en su lugar al ejecutar el proyecto del futuro polígono industrial, así como al arreglo del puente sobre el río Izarilla.

En este sentido, los populares advierten, en su comunicado, "de que este camino no figura entre las afecciones contenidas en la declaración de interés regional del PSIR, por lo que se arreglará provisionalmente para callar las bocas a los vecinos de Bolmir hasta las elecciones del año que viene, pero desaparecerá de su ubicación con toda probabilidad al urbanizar el futuro polígono". "Eso es lo que calla el regidor municipal Carmelo Hijosa", denuncian en el comunicado.

Comentar también, revelan 'los populares', que esta Declaración de Interés Regional "ha estado en un cajón del Ayuntamiento desde el pasado mes de octubre hasta febrero para ver si por silencio administrativo podría ser aprobada sin que nadie se enterase". "Menos mal que estas cosas no admiten el silencio administrativo y al fin y al cabo se han visto obligados a sacarlo a la luz deprisa y corriendo a finales de febrero para ser aprobado urgentemente en el pleno". En este pleno el Partido Popular solicitó el mes de marzo como plazo para estudiar el PSIR, pero PSOE y PRC insistieron en la necesidad urgente de su aprobación en febrero, se explica en el comunicado que recoge esta expresión: ¡Qué se le va a hacer, donde se juntan dos los votos ganan!

El PP entiende que las reivindicaciones vecinales son asumibles ya que éstos piden cosas lógicas como que el camino con Reinosa figure en el proyecto del PSIR, que figure el nombre de Bolmir en el futuro polígono así como que se tengan en cuenta las escorrentías de las aguas al tratarse de zona inundable y se cuide especialmente la calidad y tipo de las futuras empresas, al encontrarse a tan sólo 150 metros de sus casas, pudiendo resultar nocivas para la salud determinadas industrias.

165.000 millones

Publicado en El Confidencial:

El Banco de España ha puesto por fin nombre a la magnitud real del problema inmobiliario que tiene la banca española: 165.500 millones de euros. Esta exposición "potencialmente problemática" es la suma de los créditos concedidos al sector que han entrado en mora, los calificados como subestándar (no son morosos pero probablemente lo serán), los ladrillos adjudicados y los créditos fallidos, y supone el 37,2% de la exposición total al sector, que alcanza 445.000 millones.

Según el último informe de estabilidad financiera publicado este viernes por el supervisor, actualmente hay 42.800 millones de euros de crédito moroso a constructoras y promotoras en el conjunto del sistema financiero. Para hacer frente a este riesgo, los bancos y cajas han dotado 17.700 millones, lo que supone una tasa de cobertura del 41,4%.

A eso se añaden otros 59.000 millones con consideración de subestándar (no han incurrido en impago ni tampoco proceden de empresas en situación de alto riesgo), con unas provisiones de sólo 7-600 millones, el 12,9% -las exigencias de provisiones para estos créditos son menores que para los morosos-.

Pero el supervisor también incluye en los activos problemáticos las adjudicaciones de activos, de acuerdo con la teoría que sostienen los analistas internacionales -que las suman a la tasa de morosidad- y que critican duramente las entidades españolas. Según sus cifras, la banca española se ha 'comido' ladrillos por valor de 59.700 millones, de los que ha provisionado 13.000 millones, es decir, el 21,8%. En cambio, no incluye en el total las refinanciaciones, la famosa "patada a seguir" -se aplaza el pago a la espera de que las inmobiliarias puedan afrontarlo en el futuro-, cosa que sí hacen los analistas.

Por último, el Banco de España cifra en 4.000 millones los activos fallidos del sector, es decir, los créditos incobrables. La normativa exige que se provisionen al 100%, por lo que las provisiones de esta partida alcanzan también 4.000 millones. Si se suman todas estas partidas, se alcanzan los 165.500 millones citados.

Si sumamos también las provisiones dotadas para cada uno de estos activos, nos encontramos con que bancos y cajas se han anotado 42.300 millones al cierre de 2009, lo cual supone una tasa de cobertura del 25%. Pero el informe recuerda que el sistema de cobertura de insolvencias en España también está formado por las provisiones genéricas dotadas por el sector en los años de bonanza. Si dedicara la totalidad de este fondo (excluyendo la parte asociada a los negocios en el extranjero), la cobertura ascendería al 35% de los activos inmobiliarios problemáticos.

Con los beneficios, se llegaría a una cobertura del 50%

Esas son las cifras reales. El Banco de España va un paso más allá para contar como defensa contra las pérdidas en el ladrillo la generación de beneficios de las entidades; bajo la hipótesis de que los ingresos (margen de explotación) en 2010 son similares a los de 2009, la cobertura del riesgo inmobiliario se situaría en el 71%. Como suponer que este año no van a caer los ingresos de los bancos y las cajas es mucho suponer, y el supervisor es consciente de ello, rebaja su estimación al 50% de los 165.500 millones, es decir, 82.750 millones.

"A la luz de los datos anteriores, parece que el conjunto del sector tendría cubiertos descensos superiores al 50% en los precios medios de realización de las garantías sin tener que anotar pérdidas adicionales", es la conclusión del informe.

Gran diferencia entre entidades

Por tanto, no parece que la exposición al ladrillo sea un peligro mortal para el conjunto del sector. Pero sí lo es para algunas entidades con una exposición más elevada o menores niveles de provisiones para hacerla frente. Algo que se pone de manifiesto en el gráfico adjunto, que compara el grado de exposición inmobiliaria de cada entidad como porcentaje de su cartera de crédito y la morosidad de este sector. Lamentablemente, el informe no identifica la entidad que corresponde a cada punto.

Asimismo, esta heterogeneidad se traslada al valor de las garantías (no es lo mismo vivienda urbana terminada que suelo rústico) y a la capacidad de recuperación de los créditos por parte de las entidades.

Democracia y partitocracia

Escribe Carlos Mendo en El País:

¡Qué espectáculo democrático impensable en Europa, quizás con la excepción de Reino Unido, el que ofreció al mundo la democracia americana con motivo del debate parlamentario y posterior votación en el Congreso de la ley de reforma del sistema sanitario estadounidense, el proyecto estrella de política interior del presidente Barack Obama! Democracia parlamentaria en acción al otro lado del Atlántico frente a la partitocracia imperante en esta orilla. Cuerpos legislativos vibrantes en el Capitolio de Washington frente a clubes de robots en las capitales europeas, cuyos miembros no actúan de acuerdo con los intereses de sus votantes, sino que responden a las rígidas instrucciones de sus respectivos partidos, que acatan sin rechistar no sea que, si se mueven, no salgan en la próxima lista electoral.

¿Se imagina alguien a un líder europeo buscando como Obama los votos de sus diputados uno a uno?

Desde que la Cámara de Representantes aprobara el primer borrador del proyecto, el presidente de Estados Unidos ha trabajado mañana, tarde y noche para conseguir el apoyo de congresistas y senadores a su reforma. Ha tratado de que una ley considerada histórica contara con el apoyo de republicanos y demócratas. El rechazo frontal republicano a sus planes, respaldado por unas encuestas según las cuales el 53% de la población se oponía a la aprobación de la legislación, hizo que Obama cambiara de táctica y dedicara esfuerzos y persuasión, de los que anda sobrado, a convencer no ya a los republicanos, sino a los legisladores demócratas de su propio partido. No ha escatimado esfuerzos para conseguir que los suyos -repito: los suyos- le apoyen, desde la promesa de prebendas para sus distritos electorales en el caso de los congresistas o para sus Estados en el de los senadores, hasta la presión dirigida a los obstinados.

¿Se imagina alguien al presidente Zapatero, o a cualquier primer ministro europeo, buscando uno a uno el voto de sus diputados para la aprobación de un determinado proyecto de ley? Es la diferencia entre democracia y partitocracia, entre el gobierno del pueblo y el de los partidos. Ya sabemos que Estados Unidos es un régimen presidencialista y no parlamentario. Pero eso no obsta para que algunos consideremos el sistema americano más auténtico y representativo, más cercano a los ciudadanos, que son, al fin y al cabo, los que, a través de primarias, eligen a los representantes de sus partidos en las asambleas estatales y en el Congreso de Washington. Y lo admirable en el caso que nos ocupa es que Obama, al final, ha conseguido aprobar una reforma en la que fracasaron la mayoría de sus antecesores republicanos y demócratas desde Theodore Roosevelt hace ahora 100 años hasta Bill Clinton en 1993, pero con sólo siete votos de diferencia (219-212). Sus ímprobos esfuerzos no han podido evitar que 34 congresistas demócratas, representantes de distritos electorales conservadores, se unieran a los republicanos en el rechazo a una ley que sus electores consideran una intromisión intolerable del Gobierno federal en sus vidas privadas.

Los padres fundadores hicieron todo lo posible para insertar dos principios fundamentales en la construcción de la arquitectura constitucional americana. Un sistema bipartidista que, a través de la protección de las minorías, impidiera el monopolio del poder por parte de un solo partido. Nada que se pareciera al sistema parlamentario británico. Y un sistema de controles y equilibrios, los famosos checks and balances, de los que John Adams, sucesor de George Washington en la presidencia, contaba hasta 18, para evitar que uno de los tres poderes dominara a los otros dos. Y en esa tradición siguen inmersos después de más de 200 años de vigencia de la Constitución de 1787. Pero la ley de reforma sanitaria demuestra que la discusión constitucional sigue vigente dos siglos después de promulgada la Carta Magna. Parece como si las interminables polémicas entre Thomas Jefferson, defensor de los derechos de los Estados, y Alexander Hamilton, favorable a un Gobierno federal fuerte, hayan vuelto a plantearse en el siglo XXI.

Hasta ayer, 14 fiscales generales de 14 Estados desde Florida hasta Arizona habían anunciado la interposición de querellas contra el Gobierno federal por intromisión en la libertad de los Estados y en la de los individuos al imponer, entre otras cosas, la obligatoriedad de contar con un seguro médico. Invocan la X Enmienda de la Constitución, que delega en los Estados todas las cuestiones no incluidas específicamente en la Carta Magna. Los expertos constitucionalistas creen que estas medidas constituyen un brindis al sol y no conseguirán su propósito. Desde que Obama convirtió con su firma el proyecto en ley, the law of the land, la legislación federal tiene preeminencia sobre la de los Estados. Pero pueden conseguir mantener la tensión hasta las legislativas del próximo noviembre y causar más de un disgusto a las aspiraciones demócratas para las dos Cámaras de Washington.

The Pain in Spain

Artículo de Ignacio de la Torre, de IE Bussines School, en El Confidencial:

“El rápido declive de una de las economías de mayor crecimiento de Europa ha dejado a muchos culpables. ¿Cómo pudo el país, infante beneficiado de la integración económica y monetaria europea de repente encontrarse alineado junto a economías más pequeñas y enfermas como las de Grecia, Portugal e Irlanda?”.Así abre un pequeño artículo publicado recientemente por Wharton, la prestigiosa escuela de negocios norteamericana.

En él, se defienden varias tesis: Primera: el éxito o fracaso de los políticos españoles en revertir la desastrosa situación fiscal será clave para el futuro del euro. En esta tesis se apoyan en analistas de renta fija de JP Morgan, que a su vez aducen el enorme tamaño del mercado de bonos español, comparado a otros más pequeños como el griego o el portugués (la economía española es dos veces superior a la lusa y griega juntas). Un default soberano español (con o sin rescate alemán) supondría probablemente la ruptura del euro y un aumento del proteccionismo a nivel mundial. Por supuesto, la escuela de negocios menciona los incidentes lamentables de las declaraciones de un ministro del Gobierno achacando la debilidad de los bonos a una “conspiración internacional” y al hecho de que el gobierno pusiera a trabajar al CNI en investigar los “ataques especulativos”. España cerró en 2009 con un déficit fiscal del 11,4% del PIB. El plan es reducir el mismo al 3% en 2013, pero como se observará en el siguiente párrafo el denominador de esta ecuación no resulta muy creíble (España proyecta un crecimiento del 1,8% del PIB en 2011, mientras que The Economist Intelligence Unit pronostica un modesto 0,8%).

Segunda: la burbuja inmobiliaria es la génesis última de la actual situación de España. La burbuja no solo se gestó en la vivienda de primera o segunda residencia, sino que afectó al mercado de oficinas y a todo tipo de infraestructuras “el 45% de la construcción total de Europa estaba teniendo lugar en España” afirma el profesor de Wharton Mauro Guillén, probablemente refiriéndose a la zona euro (Europa del Este también pecaba de los mismos males patrios). Al ser la construcción un sector intensivo en mano de obra, cuando la burbuja explota se magnifica el impacto en la economía vía desempleo, déficit público y hundimiento del consumo. Eso explica que el PIB español probablemente siga en negativo 2010, cuando la mayoría de los países de la zona Euro experimenten ya terreno positivo.

Tercera: la situación de endeudamiento nacional convierte a España en una economía extremadamente vulnerable en el entorno de crisis crediticia. Aquí hay que recordar que el endeudamiento nacional es la suma del endeudamiento de los agentes públicos, empresas y ciudadanos. El gobierno italiano tiene más deuda que el español, pero empresas y ciudadanos italianos están mucho menos endeudados que los españoles. Citando un informe de Mc Kinsey “el nivel de deuda nacional español como % del PIB supera al de todos los países desarrollados, exceptuando al Reino Unido y Japón”. Una subida de tipos de interés agravará este problema (el 95% de las hipotecas españolas están contratadas a tipo variable). Una eventual salida del euro dispararía el coste de esta deuda, de ahí que bajo ningún concepto España se pueda plantear esta posibilidad. La corrección de este desequilibrio provocará muchos años de sacrificio.

Cuarta: la raíz estructural de esta situación es la baja productividad española, y ahí también reside la esperanza: una mejora de la productividad mejorará la situación competitiva de España, muy deteriorada desde la entrada en el euro. Sin embargo, el ajuste, de nuevo, provocará muchos años de sacrificio.

Releyendo sobre el artículo se me plantean varias reflexiones: I) el ajuste del nivel de deuda no implicará un sacrificio de años, como dice Wharton, sino de generaciones; el endeudamiento asumido es similar al provocado en una guerra de primer nivel; el Reino Unido, por ejemplo acabó de pagar en 1900 las guerras napoleónicas, II) el impacto del reconocimiento entre medios e instituciones académicas extranjeras de los males de la economía española tendrán una externalidad negativa: la imagen del país se deteriora a ritmos agigantados, y esa imagen afectará sin remedio a la capacidad diplomática, financiera y empresarial de España, III) precisamente gracias a esa imagen negativa se limitará el populismo y la estulticia de la clase política; los políticos tienen al toro delante, que es el mercado (the bond vigilantes), y cuando se está delante del toro no caben soflamas: cambiar a Colón de sitio con los ahorros de nuestros hijos (que por cierto no votan) no crea valor.

En fin, destacar una frase de esperanza que utilizamos en el IE: el mejor remedio ante una pésima clase política es una excelente clase empresarial.

El desmadre autonómico, local... y estatal

Escribe Lorenzo Bernaldo de Quirós en El Economista:

En los últimos días, el Gobierno ha llegado a la conclusión de que para lograr el ajuste en los gastos de las comunidades autónomas la mejor medida es crear una comisión que estudie cómo se pueden realizar estos recortes y cómo se puede conseguir que las autonomías cumplan los límites que les marca la ley a la hora de incurrir en déficit.

En definitiva, en la última reunión del Consejo de Política Fiscal se aplaza la decisión de tomar cartas en el problema autonómico hasta el verano, la excusa esta vez es crear una comisión que haga propuestas y analice cómo se puede afrontar el tema.

Esto no sería una noticia tan negativa si no se conocieran los datos de la situación y la historia del tema autonómico:

1. La desmesura del gasto autonómico no es ninguna novedad, basta saber que en los últimos 20 años, el endeudamiento de las administraciones periféricas para poder financiar dicho gasto se ha multiplicado por más de 15 y su participación en el PIB ha pasado de ser un 2,7% en 1984 a un 11,2% en 2009.

2. El endeudamiento de las administraciones territoriales es más caro y ha crecido más, la prima de riesgo de sus emisiones de deuda se sitúa entre 40 y 80 puntos básicos por encima de la pagada por el Estado y llega en algunos casos hasta los cien.

3. Los últimos años han sido especialmente graves en cuanto al derroche autonómico tanto en el gasto financiado con endeudamiento oficial como en el extraoficial.

4. La Administración Central no ha sido, en cuanto a este tema, lo que se dice un ejemplo de moderación, lo que agrava todavía más el problema, hasta convertirlo en una bomba de relojería.

Según un estudio que acaba de publicar Foment del Treball Nacional, La Metástasis del INI, la situación es bastante más delicada de lo que reflejan los datos oficiales. A pesar del crecimiento extraordinario del endeudamiento de las Administraciones Territoriales, éstas tienden a saltarse los límites impuestos por la ley, por cierto mucho más laxos desde 2006, buscando otros mecanismos para conseguir fondos que no computen en su contabilidad oficial y sobre los que no tengan que rendir cuentas.

Dichos subterfugios contables se manifiestan de muchas formas: avales, obtención de préstamos alemanes, contratos de leasing, etc., sobre los que no existen cifras oficiales. Y otros sobre los que dicho trabajo da estimaciones y datos concretos: la fundación de compañías, consorcios, entes públicos empresariales, etc., que se endeudan, teniendo como responsable último la Administración de que dependen y cuyo endeudamiento no se incluye en el oficial a la hora de rendir cuentas a la Comisión Europea.

La deuda de las empresas públicas

La deuda de dichas formaciones empresariales ronda la quinta parte del total de endeudamiento de las Administraciones Territoriales. Por tanto, si dichas empresas quebrasen la deuda autonómica y local aumentaría en un 20%.

Continuando con los datos del estudio de Foment, otro punto llamativo es la evolución de la deuda de la Administración Central y, sobre todo, de las empresas adscritas a ella. La deuda de estas compañías estaba en un claro proceso de reducción desde los tiempos del INI. Sin embargo, a partir de 2004 ha vuelto a tener incrementos significativos. Tanto es así que, según los últimos datos de 2009, la cifra de dicha deuda se ha multiplicado por 2,5 desde 2004.

Si se agrega la deuda extraoficial de las Administraciones subcentrales y del Estado Central, la cifra total supera los 47.000 millones de euros, es decir, alrededor de un 4,5% del PIB español. Esta cantidad rebasa con creces, por ejemplo, la recaudación total por IVA (subida incluida) prevista en los PGE 2010, duplica holgadamente el gasto previsto en servicios públicos básicos, es el 150% del gasto total en desempleo para 2010, multiplica por seis el gasto en Defensa y por 12 el de Educación.

Es más, si este endeudamiento aflorase, la deuda oficial según el Protocolo de Déficit Excesivo crecería en estos momentos alrededor de cuatro puntos y medio del PIB.

La Administración Pública legitima la fundación de entes y empresas, su participación en ellos y su financiación presupuestaria para atender las necesidades de los ciudadanos que no pueden ser cubiertas de otro modo; es decir, para favorecer el bien común.

Creadas con un objetivo cuestionable

Sin embargo, el análisis pormenorizado de los hechos, como se hace en La Metástasis del INI, muestra una realidad muy diferente. De facto, existen compañías estatales, locales y en todas las autonomías, con gobiernos de todos los signos políticos, cuyo objeto social resulta cuanto menos cuestionable, y en los cuales es imposible detectar a qué interés público, bien común, etc., sirven.

Por tanto, en el documento de Foment queda clarísimo que la creación de empresas públicas especialmente por parte de las comunidades autónomas se ha utilizado de manera sistemática para escapar a los límites de endeudamiento que tienen impuestos las autonomías por la legislación. Esto constituye un claro ejercicio de fraude de ley.

En este contexto, el dar una patada hacia delante a la toma de medidas con respecto al despilfarro autonómico es un ejercicio de irresponsabilidad por parte del Gobierno, especialmente en un periodo de crisis aguda como el que está atravesando España en estos momentos, en el que los tres meses de demora que se han decidido pueden resultar claves, y con un ejemplo tan cercano como el griego. El lema del gabinete de "pan para hoy, hambre para mañana" vuelve a repetirse, y son ya muchas veces.

Lorenzo B. de Quirós, miembro del consejo editorial de elEconomista

Contra la corrupción urbanística en Cantabria

Fuente: ARCA

17 MEDIDAS CONTRA LA CORRUPCION URBANISTICA EN CANTABRIA, documento que fue presentado durante la fiesta de celebración del 25 cumpleaños de ARCA

Excepciones aparte, en Cantabria, como en el resto de España, decir ayuntamiento es decir corrupción urbanística, fundamentalmente porque el urbanismo se ha convertido, ante todo, en un instrumento para el enriquecimiento personal y la financiación irregular de los partidos políticos y de los propios ayuntamientos. No es de extrañar, por tanto, que el planeamiento municipal se haga a la medida de los promotores inmobiliarios y los grandes grupos financieros, sin tener en cuenta las necesidades de vivienda de los vecinos.

Esto es posible, entre otros factores, gracias, en primer lugar, a que partidos políticos y ayuntamientos se comportan como sectas de poder, con un escaso componente democrático en su funcionamiento interno. Disfrutan, además, de la impunidad que le garantizan una administración de justicia excesivamente lenta, unos medios de comunicación acomodaticios y una sociedad insolidaria y adormecida, incapaz de ejercer sus derechos civiles.

Se precisan muchas iniciativas a largo plazo para controlar la actividad de los ayuntamientos y los cargos públicos. Citemos, entre otras, los cambios en la mentalidad y en la normativa, así como aumentar la transparencia y perseguir con eficacia los comportamientos contrarios a la legalidad y a la ética. Pero ello no significa que haya que renunciar a tomar medidas inmediatas, aquí y ahora, contra la corrupción urbanística.

Para demostrarlo, ARCA propone la adopción de 17 medidas esenciales que servirían para poner freno a la impunidad de la que gozan los corruptos y que supondrían un giro importante hacia comportamientos más éticos y respetuosos con el interés general:

1. Recortar competencias urbanísticas municipales. Se trata, sobre todo, de que los Ayuntamientos no puedan aprobar definitivamente Planes Parciales, Modificaciones Puntuales de Planes Generales, ni cualquier otro instrumento de ordenación territorial, tales como Planes Especiales.

2. Eliminar de la legislación urbanística de Cantabria el “silencio positivo” y los Proyectos Singulares de Interés Regional (PSIR).

3. Establecer en el 50% la fiscalidad sobre las plusvalías generadas en las recalificaciones urbanísticas, evitando que los beneficios provocados por un simple acto administrativo queden en manos del propietario o promotor y sean destinados a mantener un sistema social y ambiental sostenible.

4. Obligar a que las cesiones de suelo sean destinadas, única y exclusivamente, a la adquisición de un patrimonio público para la construcción de vivienda protegida.

5. Introducir en el Código Penal un delito de omisión o rechazo por parte de los administradores públicos de los actos debidos a su función; y establecer las garantías necesarias para ejecutar las sentencias de demolición dictadas en el ámbito de lo contencioso administrativo, restringiendo al máximo la técnica del incidente procesal.

6. Acceso a la “justicia gratuita” para las ONG que acrediten una trayectoria en defensa de la legalidad urbanística.

7. Integrar a los secretarios e interventores municipales en la Intervención General del Estado para garantizar una correcta fiscalización de la gestión municipal.

8. Poner en marcha todos los cauces políticos y legislativos para la completa erradicación de los paraísos fiscales.

9. Mayor transparencia y control sobre las operaciones financieras de Bancos y Cajas de Ahorros ligadas a transacciones inmobiliarias, así como sobre notarios y registradores de la propiedad, con la obligatoriedad legal de que se declare en las transacciones inmobiliarias el valor real de las mismas.

10. Mayor dotación de medios humanos y materiales a los Tribunales de Justicia y a la Fiscalía, de modo que se impida que un expediente urbanístico tarde más de un año en tener sentencia firme.

11. Aportar herramientas para que los Juzgados de lo Contencioso puedan adoptar medidas cautelares de paralización de obras cuando existan indicios suficientes de ilegalidad.

12. Elevar las penas en todos aquellos delitos instrumentales en relación a la corrupción urbanística. En este sentido, y en particular, es imprescindible situar la pena privativa de libertad para la prevaricación urbanística en un mínimo de cinco años; esa sanción debería ir acompañada por una pena de inhabilitación para el ejercicio de cargos públicos no inferior a diez años.

13. Favorecer y agilizar la disolución de los ayuntamientos implicados en casos de corrupción urbanística.

14. Legislar estrictamente sobre incompatibilidades de alcaldes, concejales y familiares en primer grado de dichos cargos públicos, obligando a todos ellos a hacer público su patrimonio.

15. Aprobación de leyes que obliguen a los partidos políticos a democratizar su funcionamiento interno y a que hagan públicos todos sus ingresos y gastos.

16. Obligatoriedad de declarar cuantos regalos y donaciones reciban los cargos públicos y familiares en primer grado de dichos cargos públicos.

17. Establecer un máximo de ocho años para los cargos públicos.